Buenos Aires: zona liberada para la represión
16 de diciembre del 2002
Sergio Di
Gioia
Asamblea Permanente (*)
/ La Insignia.
Argentina, diciembre del 2002.
El 19 de diciembre se
cumple un año de los lamentables episodios que terminaron con el gobierno de
Fernando de la Rúa -aunque eso en verdad sea lo menos lamentable-, pero que,
sobre todo, terminaron con la vida de más de treinta personas de este país.
Se va a cumplir un año y
hay mucho movimiento, mucha información cruzada, mucha precaución, mucha campaña
política y mucha operación psicológica. Mucho amedrentamiento y mucha
manipulación. Se entrecruzan los intereses de quienes realmente defienden sus
derechos tan gravemente conculcados, como son los derechos económicos y
sociales de los habitantes de este país que, como nunca, está sumergido en la
peor de las crisis de su pobreza, de su indigencia, pero no de su dignidad,
porque la sociedad argentina sigue siendo digna, a pesar de la indignidad a la
que nos quieren someter y a la cual vamos a seguir resistiendo.
Y entre este maremagnum de
entrecruzamientos y de campañas de prensa, y de la interferencia de los
servicios de inteligencia y de provocaciones, yo quisiera comentar dos o tres
cosas: el 19 y el 20 va a haber movilizaciones en la Argentina, se va a recordar
aquella fecha, se va a repudiar la acción represiva de las fuerzas policiales
que, volviendo a las peores costumbres que las caracterizaron durante los años
de las dictaduras militares en este país, y que las siguieron caracterizando
aun después del advenimiento de la democracia en 1983, terminaron salvajemente,
impunemente, cobardemente, con la vida de muchos argentinos que habían salido a
expresar su repudio a un gobierno, a expresar su voluntad de cambio.
Quiero al respecto hacer un
señalamiento, los organismos de derechos humanos están armando un mecanismo de
prevención de crisis. No porque queramos alarmar, lejos está de nuestra
intención generar algún tipo de temor, porque ese es el temor que quieren
generar algunos sectores del gobierno, o de algunos gobiernos como el de la
provincia de Buenos Aires -podemos decirlo con todas las letras- para que la
gente no manifieste. No, los organismos de derechos humanos queremos que la
gente se exprese con libertad, que participe, que ejerza el derecho a
manifestarse, a expresarse, a reunirse en paz, como corresponde en democracia,
con claridad y con firmeza.
Muchos no están queriendo
eso; por tanto, los organismos estamos generando algún mecanismo de prevención,
por si a algún miembro de los cuerpos de seguridad, si a alguna fuerza policial
o parapolicial, se le ocurre hacer alguna cosa que no tiene que hacer. No sólo
para denunciarlo, sino para actuar de forma inmediata, porque va a haber
abogados a disposición, personal de los organismos para cubrir las zonas, para
atender a cualquier circunstancia represiva que pueda surgir.
En este marco, no podemos
dejar pasar las declaraciones del gobernador bonaerense Felipe Solá, un hombre
que en muchos aspectos venía diferenciándose de lo peor del peronismo, de la
mano dura de Ruckauf, del discurso de Hadad, Feimann y Laje, de los que tienen
canales de televisión y radios desde los que transmiten mensajes autoritarios a
una sociedad que lo que necesita es más democracia. Felipe Solá estaba o parecía
estar lejos de eso, pero lamentamos decir que se ha puesto muy cerca. No sabemos
si es que quiere conformar a esos sectores, no sabemos si estas declaraciones
están inscriptas en esa eterna, permanente y salvaje interna del partido
justicialista que históricamente ha arrastrado a este país con sus internas a
situaciones lamentables, violentas, de enfrentamientos y cargadas de muerte.
Felipé Solá ha dicho algo
que no debiera haber dicho. Ha dicho que aquellos que intenten pedir comida en
los supermercados serán considerados sediciosos. La sedición es un delito del
código penal, un delito que está contemplado en la constitución nacional,
quiere decir que aquellos que vayan a pedir comida serán objeto de represión
por orden del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Serán objeto de
procesamiento porque dijo que ha instruido a los fiscales para que acusen por
ese delito, y dijo también que no les temblará el pulso para procesar y
condenar. Una manifestación muy particular: señala que si la gente va a pedir
comida y no se la dan, no habría ningún problema, pero si la gente se queda y
sigue reclamando, él consideraría que esto es una actitud de delincuentes.
Esto es lo que ha dicho el gobernador.
Qué peligroso, señor
Felipe Solá, que usted, un hombre que hasta ahora venía exponiendo ideas
medianamente razonables, realice ese discurso. Porque más allá de la interna
para la que esté jugando, y que a nosotros no nos importa, su mensaje llega a
las fuerzas policiales. Y sabemos cómo interpreta la policía de la provincia
de Buenos Aires los mensajes que dicen que hay que meter mano dura, que hay que
meter bala a los delincuentes. Porque ya se ha dicho y tenemos una larga lista
de tragedias para recordarle. Porque usted lo está diciendo y esperamos,
sinceramente, no tener que hacerlo responsable de ninguna nueva tragedia. Porque
si no, usted no pasará a la historia como el gobernador que reemplazó a
Ruckauf con una doctrina diferente; usted pasará a la historia, y esperamos que
esto no suceda, como el hombre que organizó una represión salvaje, con
consecuencias impredecibles en la provincia de Buenos Aires.
Los organismos de derechos
humanos no queremos que esto suceda, por eso le pedimos que rectifique públicamente
sus declaraciones, por eso le exigimos que transmita a las fuerzas de seguridad
una señal muy clara de que al pueblo no se lo debe reprimir, de que al pueblo
se le deben dar respuestas, de que la manifestación callejera es un derecho y
no un crimen, como usted está sosteniendo.
Esperamos que sea un desliz,
y esperamos no equivocarnos en esa esperanza porque, señor gobernador Felipe
Solá, a nosotros tampoco nos temblará el pulso a la hora de querellarlo por
las consecuencias de la represión.
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