El CHILE de Salvador Allende vs. el dictador genocida Pinochet


15 de agosto de 2000

Chile: Lo que viene después del desafuero

Sergio Ramírez

En 51 páginas, los 20 magistrados de la Corte Suprema desarrollan argumentaciones para desaforar a Pinochet, basadas en aspectos jurídicos y no políticos como acusa el pinochetismo. Mientras que la reacción tratará de "pinochetizar" el escenario político y el ex dictador de proclamar su inocencia y destacar las virtudes de "su obra", nuevos procesos se abren en la lucha por castigo a los asesinos del período dictatorial, comenzando por el propio Pinochet.

La resolución de desafuero de Pinochet destrozó todos los falaces argumentos de su defensa. La verticalidad de mando fue el argumento que desarrollaron los jueces contra el ex dictador como una nueva sospecha fundada: Si se considera que al grupo de asesinos del general Arellano se la dotó de todos los elementos logísticos para llevar a cabo su criminal cometido y que ante los horribles asesinatos no hubo ninguna reacción ni sanción a los responsables, "debe concluirse que la orden de proceder en la forma que se ejecutó debió haber sido decretada por el propio comandante en jefe de la época". Para ejemplificar este cargo, los jueces citaron parte del libro que escribió el propio Pinochet llamado "Política, politiquería y demagogia": "En la organización militar quién no sepa mandar, no sirve. Y quién no sepa obedecer, tampoco sirve (...) Creo que para ejecutar bien el mando, es imprescindible haber aprendido a obedecer. Y obedecer en plenitud, en forma comprometida, sin vacilaciones. Es mal jefe, por tanto, quién haya sido un mal subalterno". Otro fundamento es el careo entre Arellano y el asesino integrante de la Caravana Sergio Arredondo (actualmente procesado), donde este último reconoció que al partir la comitiva, "él sabía que se iban a efectuar ejecuciones, y que de ello se enteró por el propio general Arellano".

Al igual que la Corte de Apelaciones, los jueces de la Suprema consideraron sospechoso que Pinochet haya ascendido a todos los oficiales que participaron en los crímenes de la Caravana de la Muerte, así como se llamó a retiro a los oficiales que se opusieron y/o denunciaron los hechos. A su vez ratificó las pruebas de la Corte de Apelaciones en cuanto a la delegación de funciones que entregó Pinochet como comandante en Jefe del Ejército a Arellano y que aunque el documento que dotó de poderes a su subordinado no está en el expediente, se certifica por las declaraciones de los jefes militares que conocieron su contenido. También consideró como prueba la declaración del general (R) Joaquín Lagos, quien en Iquique le informó a Pinochet de los crímenes cometidos por la Caravana, sin que el tirano ordenara ninguna investigación.

La Corte Suprema establece además que el fallo en primera instancia dejó establecido que los eventuales exámenes médicos deben resolverse dentro del proceso penal y ante el juez competente (Guzmán). A su vez, estimó que pese a que la ley le otorga a las cortes a pronunciarse de oficio por los desafueros, sin siquiera escuchar a las partes, "en el presente caso, en cambio, la defensa del senador Pinochet fue ampliamente desplegada a través de todo un equipo de abogados, según ha sido de público y notorio conocimiento".

Frente a los reclamos por la falta de un debido proceso, la Corte aclara también que la "Convención Americana sobre Derechos Humanos" -invocada por la defensa- establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. No obstante, la sentencia estimó que esa misma convención establece que esas garantías tendrán aplicación en el desarrollo de un proceso penal, al interior del juicio, y no pueden ser anticipadas al trámite de una autorización previa para procesar, es decir que no cabía tal argumento en el desafuero.

La sentencia de la Corte Suprema refutó, además, la tesis del juicio político en contra de Pinochet que esgrimió la defensa, argumentando que los tribunales carecían de competencia para juzgarlo, al tratarse de un ex Presidente de la República. Los 14 ministros que aprobaron el desfuero, rechazaron tales argumentos en base a un decreto de junio de 1974 dictado por la Junta Mlitar. El decreto sostiene que el Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la Junta de Gobierno quien, con el título de Presidente de la República de Chile, administra el Estado y es el Jefe Supremo de la Nación, con las facultades, atribuciones y prerrogativas que este mismo Estatuto le otorga. Ante esto, la Corte Suprema establece que los crímenes de la Caravana de la Muerte no podrían haber dado lugar a un juicio político, ya que como el Congreso Nacional había sido disuelto y las funciones legislativas asumidas por la misma dictadura, no existió la posibilidad de que la Junta, que tenía la suma de los poderes del Estado, se juzgara a sí misma. A su vez, que "como no hay mayores antecedentes de que las actuaciones a que se refirió el fallo en alzada, al considerar las sospechas fundadas en que se basó el desafuero, fueran de la Junta de Gobierno, sino por el contrario, constituyeron acciones individuales directas del apelante en su calidad de comandante en jefe del Ejército, no cabe encuadrarlas en el concepto de actos de administración del Poder Ejecutivo, para los efectos del juicio político establecido en la carta de 1925".

PRIMERO PROCESAR, DESPUES AMNISTIAR

La jurisprudencia que sentó el fallo de desafuero sobre la aplicación de la ley de amnistía y la prescripción no sólo traerá consecuencias para el destino judicial de Pinochet y demás asesinos procesados en el caso Caravana de la Muerte. En efecto, ella confirma la tesis que la Corte Suprema ha estado aplicando en los últimos fallos sobre los casos de desaparecidos: que la prescripción y la ley de amnistía no son de aplicación automática. Al contrario, el fallo dice que los jueces deben aplicar la amnistía, si lo estiman pertinente, cuando la investigación criminal esté concluida y determinadas las responsabilidades penales. Esto significa que primero deben procesar. A la vez, los ministros ampliaron las posibilidades de investigar delitos distintos del secuestro calificado, al estimar en su considerando 63 que "se encuentran acreditados hechos que presentarían caracteres de delito", tales como homicidio, inhumaciones ilegales y asociación ilícita. Esto debiera obligar al juez Juan Guzmán a ampliar su investigación a los mencionados delitos y amnistiar, si lo estima, sólo una vez agotada la investigación e identificadas las personas. Esta juridisprudencia determina que Guzmán debiera ampliar a otros delitos los procesamientos a los asesinos que ya están encausados, como Sergio Arellano Stark. Y lo mismo debería ocurrir con el ex dictador. Entonces se podría afirmar que realmente se está aplicando justicia en Chile.

Tan explícito fue el planteamiento de los "supremos" que el abogado José María Eyzaguirre, uno de los defensores del tirano, estimó que la Corte Suprema "derogó, simbólicamente, la ley de amnistía" y que el fallo hay que examinarlo "con mucho cuidado" por sus conclusiones, "…implican que las bases por las cuales se había sustentado la transición en este país, dejaron de ser tales. Porque hoy esta ley prácticamente ha quedado relegada a aplicarse solamente al término de la investigación, con lo cual la amnistía no va a operar como se pensó cuando se estableció". En efecto, el fallo reitera que la amnistía se aplica a personas y no a hechos, por lo que se debe investigar hasta el final. Por tanto, "indica que primero se debe procesar". Hecho de insospechadas proyecciones porque el juez Guzmán ha tipificado los casos de detenidos desaparecidos a través del delito de secuestro calificado, el cual es de carácter permanente y por tanto imprescriptible e inamnistiable, hasta que aparezcan los cuerpos. Así queda en claro el verdadero objetivo del acuerdo de la Mesa de Diálogo, que busca antecedentes de osamentas y/o información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, lo cual de acuerdo a la tesis de Guzmán permitirá aplicar la ley de amnistía ante cualquier evidencia que fueron asesinados.

SE CONSIDERA INOCENTE

Mantenerse aislado y eludir las apariciones públicas es una cínica estrategia que ha terminado para Pinochet. Su "círculo de hierro" ha evaluado que tal falaz actitud no dió ningún beneficio. Personalmente el ex dictador comunicó la noticia: "Voy a hacer una carta como la que hice en Londres". En efecto, trabaja en una misiva en la que pretenden destacar tres mentiras: su obra, el contexto en que asumió el gobierno y su inocencia en los crímenes que se le han comprobado. Esta decisión de la derecha de que Pinochet enfrentara al público se concretó cuando saludó a sus partidarios en el frontis de su casa. A ello se agregó la visita de los parlamentarios de la derecha. En la reunión, Pinochet habló durante 10 minutos. Lo hizo en forma normal y sin cortar la lógica que estaba desarrollando, desmintiendo su supuesta incapacidad metal y ratificando su voluntad de encubrir sus crímenes de lesa humanidad. Se refirió a su gobierno y a "la injusticia" que significó para él ser desaforado: "Nunca dispuse ningún crimen. Fui duro, eso sí, porque se trataba de detener una guerra civil". Explicó las razones por las cuales asumió el gobierno dictatorial en 1973 y recalcó que el país necesitaba de su intervención, reivindicando su papel y su obra, y que la visita le daba mucha fuerza porque "soy un hombre que en este momento está viviendo una tremenda injusticia". Luego les pidió a los parlamentarios que estuvieran tranquilos: "Soy inocente y lucharé por demostrarlo. Lo haré como le corresponde a un soldado…. No le pido a nadie que me acompañe en esto, el que quiera que lo haga y el que no, tan amigos como antes, pero voy a demostrar mi inocencia". La derecha ratificó su respaldo al asesino confeso. El jefe de la bancada de diputados de la UDI, Rodrigo Alvarez, le respondió que no lo dejarán sólo y seguirán apoyándolo: "Le dije que había sido llamado en un momento en que el país estaba en medio de una crisis política, económica y social y él habia logrado recuperar a Chile". Y, según declararon los presidentes de la UDI y RN, Pablo Longueira y Alberto Cardemil, respectivamente, la decisión de ambas colectividades de entregar su respaldo a Pinochet fue acordada en sus comisiones políticas. Mientras que Longueira expresó que no se puede pretender creer que existe una justicia independiente en Chile, pues el fallo era "groteso", ya que nuevamente afirman que las personas desaparecidas están secuestradas. "Cuando se inventa un delito para sortear las leyes y la Constitución, es evidente que no tiene sentido seguir creyendo que la salida a esto es jurídica, porque estamos frente a jueces que han votado políticamente", dijo.

PINOCHETIZAR EL ESCENARIO POLITICO

Todas estas acciones se orientan a hacer sentir al Gobierno que el desafuero no es un asunto menor, y que si el Ejecutivo decide jugarse por proceso y condena a Pinochet deberá asumir las consecuencias. "No le saldrá gratis a La Moneda", aseguran voceros de la derecha. En base a tal objetivo, tratarán de "pinochetizar" la agenda política, en los mismos instantes que Lagos ha tomado la decisión de bajar el perfil al caso, para tender una cortina de silencio y un manto de olvido a su rol de defensor ("por razones humanitarias") del tirano. Las afirmaciones del presidente de que el país no está preocupado por las consecuencias del desafuero y su actitud de generalísimo de la campaña electoral de los candidatos a regidores de la Concertación, se estrellarán con la estrategia de convertir nuevamente a Pinochet en protagonista estelar. Para ello, en la embestida comunicacional de Pinochet han resuelto que aparezca en algún medio televisivo (Megavisión) para que hable de su su "obra e inocencia". Además, todas las "fechas simbólicas" del período dictatorial serán "profusamente aprovechadas". De hecho, se ha confirmado su asistencia, el 23 de agosto, al acto de celebración de su ascenso a la jefatura del Ejército en 1973.

Inmediatamente de conocida la resolución de desafuero, Marco Antonio, hijo del ex dictador, descalificó el dictamen de la justicia al calificarlo de "poco serio". Pero, a la vez, sostuvo que el desafuero de su padre tiene un aspecto positivo, ya que dará al ex dictador "la oportunidad histórica de defenderse de esta gran mentira, avalada por el Gobierno". Además, reiteró la posición de su familia de no aceptar que se le practiquen exámenes médicos, "porque ésa es la manera de que él no pueda defenderse". Agregó que su padre no está en condiciones para enfrentar un proceso tan largo, por lo que "aquí tiene que haber factores políticos que lo resuelvan". En cuanto a la actitud del Ejército durante el proceso, dijo que ha cumplido su deber dentro de lo posible, "aunque uno siempre espera más". Así llamaba al gobierno a continuar defendiendo a Pinochet, como en el proceso de Londres, y profundizaba las diferencias entre sectores del pinochetismo.

En tanto, integrantes del equipo defensor se reunieron con el Chacal para saber si continuaban asumiendo su defensa. "Con mucha delicadeza le planteamos esta cuestión porque él bien podría haber pensado otra cosa distinta, pero nos dijo que siguiéramos porque nos tenía confianza", relató uno de los abogados. Además, explicó que durante la conversación con Pinochet se habló de reforzar el actual equipo. La defensa de Pinochet deberá impulsar -en esta etapa- una línea más política, pero ello no será labor del equipo jurídico, sino de los parlamentarios de la derecha y otro equipo comunicacional que ya está funcionando.

El futuro inmediato en torno a los DD.HH y el enjuiciamiento de Pinochet estará determinado por el enfrentamiento entre los defensores del tirano y de las "realizaciones" de la dictadura y el movimiento defensor de los DD.HH. El gobierno de Lagos, con su inconsecuencia y vacilaciones será indirecto "compañero de ruta" del pinochetismo. El ministro del Interior, José Miguel Insulza (PS) anticipó la posición concertacionista cuando declaró (10.08) que no cree que el general (r) Augusto Pinochet sea detenido algún día a causa de su enjuiciamiento por el secuestro de opositores. "Siempre he dicho que no creo que el señor Pinochet vaya a ir a la cárcel ni vaya a ser condenado en lo que le queda de su vida…". Al mismo tiempo, afirmó: "Yo estoy muy convencido de que él realmente está enfermo".


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