Hitos de la resistencia contra la prision en
Chile
Campo Antimperialista
INTRODUCCION
(1973-1999)
Desde el primer día de la dictadura militar en
Chile - el 11 de septiembre de 1973 -, miles de chilenos
conocieron la prisión política; los que se entregaron
voluntariamente o fueron detenidos en los primeros meses y
ejecutados y desaparecidos, como los que pasaron algunos o largos
años detenidos en virtud de leyes especiales destinadas a
penalizar toda resistencia contra el poder militar y su Estado
terrorista.
Los centros de tortura-cárceles clandestinas
como Londres 38, la Venda Sexy, Villa Grimaldi, etc., las
cárceles-campos de concentración como el Estadio Chile, el
Estadio Nacional, la Isla Dawson y, más tarde, Pisagua, Chacabuco,
Cuatro Alamos, Ritoque, Puchuncaví, etc. y las cárceles comunes
de todo el país, fueron lugares en que la dictadura militar
terrorista intentó inútilmente doblegar la voluntad de
resistencia de los que se levantaron, con armas y con ideas, para
combatir por la libertad, la justicia y la democracia.
La prisión política fue y sigue siendo, hoy
en Chile, territorio de resistencia a la opresión, de rescate de
la dignidad y de solidaridad intransables.
La libertad condicionada de los presos
políticos por el gobierno de la Concertación.
A partir de 1990, al producirse el traspaso
negociado del gobierno desde manos militares a civiles y durante
los 3 primeros años de la administración Aylwin, coinciden en la
prisión política dos realidades: la de los presos políticos
encarcelados por la dictadura y la de los nuevos presos que
reivindican la legitimidad política de su lucha.
Por estar en su programa, el gobierno civil que
asume el 11 de marzo de 1990 está obligado a buscar una solución
al problema de la prisión política. De los 397 presos y presas
políticos encarcelados a esa fecha, un 89 % estaba siendo
procesado por la Justicia Militar, principalmente por delitos
tipificados en las siguientes leyes:
- Ley N° 12.927 sobre Seguridad Interior del Estado;
- Ley N° 17.798 sobre Control de armas y
explosivos, y
- Ley N° 18.314 sobre conductas terroristas,
además de algunas normas especiales contenidas en el Código de
Justicia Militar.
En este contexto, el 30 de enero de 1990, medio
centenar de presos políticos se fuga de la Cárcel pública a
través de un túnel. Al recuperar la libertad por sus propios
medios, rompen el proceso de recuperación simbólica de la
cárcel política iniciado por la Concertación. No sólo el
gobierno de Aylwin no tuvo la voluntad política para poner en
libertad a todos los presos políticos, sino que el poder
legislativo y el poder judicial entrabaron e impidieron
constantemente asegurar a los presos políticos procesos justos
ante un tribunal independiente y reconocer su derecho a un debido
proceso.
El gobierno de Aylwin negoció entonces con la
derecha, especialmente con Renovación Nacional, una serie de
reformas constitucionales que se concretaron en la ley Nº 19.055
del 26 de marzo de 1990, más conocida como "leyes
Cumplido", que permitían conceder la libertad provisional a
los procesados por Ley Antiterrorista, otorgar indultos generales
y amnistía. Estas modificaciones permitieron que en el curso de
1990 fueran cerrados los procesos y otorgada la libertad por
indulto presidencial a 47 presos políticos, 13 de los cuales se
encontraban en libertad provisional. Sin embargo, el gobierno,
presionado por la derecha, no pudo extender el beneficio a la
totalidad de los presos, lo que motivó diversas movilizaciones y
huelgas de hambre:
- entre el 14 de marzo y el 9 de abril de 1990,
138 presos políticos de todo el país realizaron un ayuno
prolongado, rechazando de la distinción oficial que se hizo entre
presos "de conciencia" y presos "por hechos de
violencia".
- entre el 29 de mayo y el 22 de junio de 1991,
los presos políticos realizaron una huelga de hambre exigiendo
libertad e inserción plenas en la sociedad.
- el 2 de octubre de 1991 hubo incidentes y un
motín en la ex Cárcel Pública y la Penitenciaría como
consecuencia de un allanamiento en busca de túneles, y
- el 30 de septiembre del mismo año, 6 presos
políticos iniciaron una huelga de hambre de carácter indefinido,
que se prolongó por 45 días.
En gran medida como producto de estas
movilizaciones y de la campaña de denuncias y marchas realizadas
por familiares y amigos, en 1991 recuperaron su libertad 160
presos políticos, tras la aprobación de las "leyes
Cumplido"; en 1992, 133 recuperaron su libertad, y 13 en
1993. El año 1994 se inició con 14 presos políticos, los que
abandonaron finalmente la Cárcel de Santo Domingo en el marco de
la conmutación de su condena por penas de extrañamiento o exilio
forzoso: en marzo parten a Bélgica los militantes del FPMR
acusados de la tentativa de "tiranicidio" y en mayo del
mismo año, 2 militantes del Mapu Lautaro viajan a Noruega, país
que les concede una residencia humanitaria. Reacio a enfrentar un
destino incierto en la Penitenciaría, Rodrigo Morales, militante
del FPMR, se fugó e ingresó a la clandestinidad días antes de
la partida al exilio de sus compañeros y 1 militante del MPMR del
"caso Carrizal" fue trasladado al anexo cárcel de
Capuchinos y posteriormente puesto en libertad. En total, 25
presos políticos vieron conmutada la pena de prisión por la de
"extrañamiento" o exilio forzado, que oscilan entre 5 y
40 años.
No obstante aún hoy continúan estando
pendientes numerosos casos judiciales de perseguidos políticos,
los que enfrentan las siguientes situaciones:
- procesos sin sentencia de término para
presos políticos que se encuentran en libertad provisional;
- indultos en trámite en favor de presos
políticos condenados cuando se encontraban en libertad
provisional y que deberían cumplir con sus condenas o vivir en la
clandestinidad;
- exilio forzado para cientos de compatriotas
que no pueden retornar al país por tener órdenes de detención
emanadas principalmente de la justicia militar por supuestos
delitos cometidos bajo la dictadura;
- dificultades de sobrevivencia para muchos ex
presos políticos que esperan que sean eliminados sus antecedentes
penales y recuperar sus derechos civiles y políticos.
Como vemos, la prisión política para los
presos de la dictadura subsiste aún en cierto modo y sigue siendo
un problema pendiente de derechos humanos, en la medida en que no
se buscó una solución global, que contemplara al menos:
1. Una política de reinserción de los
ex-presos políticos, puesto que quienes fueron condenados bajo la
dictadura militar aún están fichados como delincuentes, con
todos los problemas que ello implica para encontrar un trabajo.
2. Una política de reparación moral, que
reconozca la legitimidad de su lucha contra un poder ilegítimo,
las torturas a que fueron sometidos y los prolongados períodos de
encarcelamiento.
El gobierno tiene la obligación y la
posibilidad de exigir que sean juzgados y castigados los
responsables de torturas y de poner término a estas prácticas
ilegales de la policía. Lo que no se ha hecho, como lo demuestran
las frecuentes denuncias que dan cuenta de la continuidad de estas
prácticas.
En definitiva, el gobierno sólo procedió a
"vaciar" las cárceles de presos políticos, pero sin
considerar una política global de reinserción y reparación
moral ni resolver la situación de quienes están prófugos u
obligados a vivir en la clandestinidad por tener procesos y
órdenes de detención pendientes. En definitiva, el gobierno de
la Concertación no asumió exactamente lo que significa hacer
justicia, tal como había prometido en su Programa de gobierno.
Los nuevos presos políticos encarcelados
con posterioridad a 1990
Si bien las "leyes Cumplido"
permitieron la excarcelación de los presos políticos de la
dictadura, la negociación con la derecha implicó que a partir
del 11 de marzo de 1990, fecha en que formalmente se inicia la
"transición a la democracia", se cerró la posibilidad
de indultar a los presos encarcelados por motivaciones políticas
con posterioridad a esa fecha.
De este modo, la prisión política se
perpetuaba en nuestro país adoptando características mucho más
sofisticadas e inhumanas.
¿Quiénes son estos nuevos presos y presas
políticos cuyo carácter de tales niega el gobierno, que prefiere
tildarlos de "delincuentes terroristas o subversivos"?
Son jóvenes militantes o simpatizantes - en
1993, el promedio de edad era de 27 años -, de organizaciones y
fragmentos de orgánicas del movimiento popular chileno: el FPMR y
rodriguistas aislados, el MPMR, el complejo MAPU Lautaro (FRPL y
MJL) y el MIR (EGP). En su mayoría, nacidos en los primeros años
de la dictadura militar, provenientes de sectores populares (más
de la mitad son trabajadores manuales y los demás estudiantes y
profesionales) y en cuya historia familiar se conjuga la pobreza
con la violencia política de la dictadura. Su aprendizaje
político lo hicieron principalmente en las grandes protestas
antidictatoriales de mediados de los 80.
¿De qué se les acusa?
Los nuevos presos políticos fueron detenidos
en el marco de enfrentamientos, en sus domicilios o en la calle
como resultado de labores de inteligencia con la participación de
delatores infiltrados, acusados de pertenecer a organizaciones
llamadas "subversivas" o "ilegales" y de haber
incurrido en diversos delitos contra la propiedad y personas. En
este último caso, por supuestos atentados en contra de miembros
de organismos represivos, ajusticiamiento de torturadores y/o de
ideólogos de la dictadura militar.
Desde el punto de vista procesal, sus procesos
se ventilan simultáneamente en tribunales civiles y militares, en
aplicación del artículo 8° de la ley de Control de Armas
(tenencia ilegal de armas y explosivos), de la Ley 18.314 de
conductas terroristas (Asociación ilícita terrorista) y de la
Ley de seguridad interior del Estado (creación de grupos armados
de combate). Es decir, se les procesa en virtud de las mismas
leyes que la dictadura utilizó para encarcelar y procesar a los
ex-presos políticos. Se viola el principio del non bis ibidem
cuando se les procesa por un mismo hecho en la justicia ordinaria
y en la Justicia Militar que sigue operando en Chile para juzgar a
civiles, y las penas son acumulativas, por lo que en algunos casos
se producen aberraciones tales como dobles cadenas perpetuas.
Encarcelados durante largos años en prisión
preventiva, sus familias no tienen medios económicos para costear
una defensa y las instituciones de Derechos Humanos tradicionales
no les entregan defensa jurídica sobre la base de criterios
políticos cuestionables. En consecuencia, la gran mayoría está
en una total indefensión jurídica y expuestos a ser condenados
por tribunales militares parciales a penas desproporcionadas,
incluida la pena de muerte.
Todos fueron torturados en cuarteles policiales
al momento de ser detenidos e incomunicados por períodos
prolongados, están sometidos a un régimen carcelario especial
que contempla la segregación externa e interna con prohibición
de relacionarse entre distintos módulos y de recibir visitas de
amigos y se les niega derechos carcelarios a que puede acceder
todo detenido.
A todos se les ofreció acogerse a la Ley Nº
19.172 de arrepentimiento eficaz o delación compensada que
permite rebaja de penas y libertad a cambio de delatar a sus
compañeros y organizaciones. Esta ley éticamente reprobable fue
aprobada a fines de 1992. Todos se negaron a aceptar la oferta.
¿Cuáles son los hitos de la prolongada lucha
por la libertad de los nuevos presos políticos, sus familiares,
amigos y organizaciones de derechos humanos?
La lucha de los nuevos presos políticos es
prácticamente desconocida por gran parte de la sociedad chilena,
debido a una verdadera conspiración del silencio de parte del
gobierno, de instituciones como la iglesia y de la falta de apoyo
de organizaciones de derechos humanos.
A continuación, haremos una síntesis de los
momentos más importantes de la larga lucha de los presos por
reivindicar la legitimidad política de sus acciones, por
denunciar la conspiración del silencio que rodea la prisión
política, por exigir el respeto a su dignidad de revolucionarios
y por sus derecho a la libertad.
Organización para la lucha.
A fines de 1990 nace la Organización de presos
políticos (OPP) que se coordina con los presos políticos del
período anterior a junio de 1991. En mayo de 1992, se crea la
Coordinadora de Combatientes Encarcelados del Mapu Lautaro, que en
los primeros años constituye el grupo mayoritario de los nuevos
presos políticos. Ambas organizaciones actúan conjuntamente.
Contragolpe represivo del gobierno.
En noviembre de 1991, el gobierno aprueba la
construcción de la Cárcel de Alta Seguridad, asignando para ello
un presupuesto especial de tres mil millones de pesos y pidiendo
asesoría a especialistas de la policía española y del servicio
secreto italiano. Al mismo tiempo, crea al interior de
Gendarmería el GEAM (Grupo Especial Antimotines), destinado a
reprimir toda protesta de los presos políticos.
La Primera resistencia.
Para exigir derechos carcelarios se realizan
las primeras tomas de gimnasio con visita en junio y julio de 1992
y marzo de 1993. El 23 de julio de 1992, 5 presos políticos son
trasladados a la cárcel de San Miguel, en el marco de una
política de castigo por aislamiento. El conjunto de los presos
políticos opone una resistencia activa a este traslado.
La primera fuga del FPMR y la masacre de
gendarmería.
El 10 de octubre de 1992 se realiza la primera
tentativa de fuga de militantes del FPMR. Tres presos políticos
logran huir , pero caen bajo las balas de gendarmería que los
rematas alevosamente, José Miguel Martínez Alvarado, Mauricio
Gómez Lira y Pedro Ortíz Montenegro. Patricio Ortíz Montenegro
y Pablo Muñoz Hofmann son recapturados.
Nace la Organización de Defensa Popular (ODEP),
que reconoce la calidad de presos políticos a todos los
militantes encarcelados con posterioridad al 11 de marzo de 1990 e
inicia una activa campaña de información , denuncia y
movilización por su libertad.
La CNI y la prisión política.
En 1993 se constituye el Departamento de
Seguridad de Gendarmería, con personal que participó en la
disuelta CNI; entre ellos, Edmundo Letelier, Guillermo Lepín y
Orlando Epullanca. Edmundo Letelier, el actual encargado de
Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad forma parte de la
Dirección de Seguridad Pública que reemplazó a la Consejo
Coordinador de Seguridad Pública e informaciones (La
"Oficina"), creada ésta en 1991. Cabe destacar que
estos organismos de seguridad se les asignó un presupuesto
especial para jefes y directores de área pero también para la
contratación de "informantes" cuya tarea principal era
infiltrar las organizaciones políticas de izquierda. Según una
circular interna del ministerio del Interior, la labor de estos
organismos debía orientarse a desarticular y aniquilar al FPMR,
el Mapu Lautaro y el MIR. Todo esto en plena "transición a
la democracia".
Fase de la desobediencia activa.
Entre abril y junio de 1993 los presos
políticos inician una campaña de resistencia en que se niegan a
ser trasladados a declarar a los tribunales de justicia, siendo
castigados con la privación de visitas.
Traslado a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).
Durante los primeros años, los nuevos presos
políticos fueron recluidos en la ex-Penitenciaría, hoy Centro de
Detención Preventiva (CDP), situado en Santiago Sur; luego fueron
trasladados a la Cárcel de San Miguel y, en 1994, a la Cárcel de
Alta Seguridad (CAS).
El 20 de febrero de 1994 Gendarmería traslada
a la CAS 45 a presos políticos, en medio de un violento operativo
denominado "Operación Canario" en que hubo heridos a
bala y contusos graves. Los presos políticos organizan de
inmediato una mesa política que elabora una Plataforma de lucha
cuyos puntos principales son: rechazo al locutorio, derecho a
visita familiar, conyugal y de amigos en forma directa, rechazo
del régimen interno que impone la segregación entre los Presos
Políticos y recuperación de los derechos conquistados en los
penales de origen, como el derecho al trabajo, al estudio, al
deporte, etc.
La huelga de hambre como principal arma de
lucha.
El 26 de febrero se inicia la PRIMERA HUELGA DE
HAMBRE DE LA CAS, que se extenderá por 46 días. A ella se suman
las presas y presos políticos de San Miguel y de la
Penitenciaría. Mientras tanto, os familiares y organizaciones de
Derechos Humanos se movilizan para denunciar la situación de la
CAS a nivel nacional e internacional. A mediados de año se abren
negociaciones entre el gobierno, representado por Gendarmería,
con delegados de los presos políticos y de organizaciones de
familiares y de derechos humanos (Madres Guacolda, Agrupación de
Familiares de Presos políticos y ODEP). Se obtiene la visita
familiar y la de los niños sin locutorio y dos visitas conyugales
al mes. La visita de amigos se mantiene en locutorio, pero hasta
hoy jamás ha sido aceptada. El 10 de julio se realiza la primera
visita dominical de niños.
A comienzos de agosto se definen nuevas
acciones para exigir visitas conyugales interpenales y el derecho
al estudio, trabajo y deportes,. Los Presos se niegan a prestar
declaración ante los tribunales de justicia y las Fiscalías
militares. Gendarmería responde aplicando castigos individuales
de suspensión de visitas por 1 mes, de modo que a desde mediados
de agosto y todo septiembre la mayoría de los Presos políticos
no recibe sin visitas, tanto en la CAS como en San Miguel y la
Penitenciaría. No obstante, las visitas dominicales de los niños
se mantuvieron.
Segundo traslado a la CAS.
El 22 de octubre de 1994 se realiza el segundo
traslado de presos políticos a la CAS y a partir de ese día se
suspenden las visitas de manera indefinida. En diciembre y enero
la CAS es copada por el GEAM, que procede a realizar un operativo
de redistribución y allanamiento caracterizado por una gran
violencia. Los Presos políticos descubren, desmantelan y
denuncian a la prensa la existencia de micrófonos en diversas
dependencias del penal y presentan una querella criminal ante la
justicia. El 27 de marzo los Presos Políticos del Mapu Lautaro
inician una Huelga de Hambre indefinida en la CAS que, a partir
del 3 de abril, asume las características de una Huelga seca y
masiva, sumándose todos los Presos Políticos de la CAS y las
presas políticas. Los familiares realizan un ayuno en la
Comisión Chilena de Derechos Humanos. La Huelga de Hambre
concluye el 7 de abril con un principio de acuerdo que contempla
dos visitas conyugales interpenales.
Desde el punto de vista de infraestructura, la
situación carcelaria reviste hoy características más
sofisticadas que en el pasado, violando la integridad física y
psíquica de los detenidos, a través de la política de
segregación interna y externa, de la vigilancia permanente a
través de cámaras, del clima de violencia y hostigamiento
latente que se expresa en allanamientos y golpizas frecuentes, de
los obstáculos a entregar asistencia médica y dental y a
proseguir o iniciar estudios, etc.
Las presas políticas son trasladadas a la
Sección Especial de Alta Seguridad (SEAS)
El 29 de marzo de 1997 las Presas Políticas
son trasladadas desde la Cárcel de San Miguel a una Sección de
Alta Seguridad (SEAS) construida al interior del Centro de
Orientación Femenina (COF).
El vuelo de justicia.
El 30 de diciembre de 1996, el FPMR sorprende
al gobierno y a Gendarmería, al rescatar a 4 de sus militantes
utilizando un helicóptero. La inmensa mayoría del país
solidariza con esta acción. De inmediato los presos políticos
emiten un comunicado saludando la acción del FPMR y Gendarmería
responde aislándolos durante dos meses, al mismo tiempo que
traslada a un nuevo contingente de presos políticos desde
diversos penales del país a la CAS y a la Cárcel El Manzano de
Concepción y cierra los patios con una malla antiaérea.
Nace la Red de los Presos Políticos.
En octubre de 1996 se crea la Red de Familiares
y Amigos de Presos Políticos, con la información aportada por la
ODEP y la colaboración de los presos y presas políticas. Desde
entonces esta página se transforma en obligada referencia para
todos los grupos de chilenos y de la solidaridad internacional en
el mundo entero. Posteriormente se crea en Italia la página de
presos políticos Arcoiris, en lengua italiana y la Odep mantiene
su propia página con información general sobre la situación de
los derechos humanos en Chile. Mucha de la información publicada,
es sacada clandestinamente desde las cárceles y retransmitida a
la comunidad internacional.
Una maniobra controvertida de Gendarmería.
El 18 de octubre de 1997 Gendarmería traslada
a Colina a 16 Presos políticos de la CAS. Familiares, amigos y
organizaciones de derechos humanos se movilizan de inmediato
contra este atropello y comienzan una denuncia en el ámbito
nacional e internacional. Todos los Presos Políticos inician una
Huelga de Hambre. Finalmente, en menos de una semana, los 16
presos son reintegrados a la CAS.
Irrumpe la solidaridad de las Madres de
Plaza de Mayo.
El 23 de julio de 1998 a las 15 hrs. se
presentan ante la guardia de la CAS la presidenta y un abogado de
la Asociación Argentina Madres de Plaza de Mayo, acompañados por
miembros de la ODEP. Tras una espera que se prolongó por 3 horas
y tras múltiples consultas, Gendarmería autoriza finalmente el
ingreso al penal de Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender, de
Madres de Plaza de Mayo, pero la visita debe hacerse a través del
locutorio. La delegación de las Madres exige una visita directa y
se niega a abandonar el penal, dejando claramente establecido que
no abandonarán el recinto aunque deban permanecer toda la noche
en la guardia. Por su parte, los Presos Políticos presionan con
la destrucción de cámaras y paneles de división. En las puertas
de la CAS, se congregó un numeroso grupo de manifestantes
portando un gran lienzo y velas, acompañados de un amplio
espectro de los medios de comunicación. Sólo a las 22 hrs. la
delegación de las Madres logró entrevistarse directamente con 6
delegados de los Presos Políticos, abandonando el penal cerca de
la medianoche, visiblemente emocionados.
Traslado y torturas en febrero de 1999.
En febrero se cumplían 5 años de Cárcel de
Alta Seguridad. El 6 de febrero, un operativo de gendarmería en
que participan 180 gendarmes traslada a todos los presos
políticos al penal de Colina. Abogados de derechos humanos, la
ODEP y familiares presentan querellas y recursos de protección
ante la justicia por torturas y robo de pertenencias. El CODEPU
solicita un Relator de Naciones Unidas contra la Tortura y
Amnistía Internacional lanza una Acción Urgente. Si bien la
Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones reconoce la existencia de
"terror institucional" contra los presos políticos, el
gobierno paga 12 millones de pesos al abogado y ex ministro del
Interior, Carlos Figueroa, para que defienda al Director de
Gendarmería, Hugo Espinoza. La Corte Suprema acoge la defensa del
Director de Gendarmería y avala las torturas que considera como
"procedimientos normales".
POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS
Las motivaciones de la prisión política tanto
de la dictadura militar como de los dos gobiernos civiles
concertacionistas son similares: castigar cuerpos e ideas de
manera ejemplarizadora.
También los mecanismos legales son similares,
materializados en un cuerpo legal destinado a reprimir
especialmente la disidencia política. Lo que decía el CODEPU
sobre los presos políticos de la dictadura puede aplicarse
fielmente a los actuales presos políticos: "El derecho
básico a ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, fue
violentado: la mayoría de los detenidos eran (son) procesados por
tribunales militares y especialmente por fiscalías militares ad
hoc, que dictaban (dictan) sentencias desproporcionadas para la
magnitud de los presuntos delitos, incluyendo numerosas penas de
muerte (5 peticiones para militantes del Mapu Lautaro)... No se
reconoció (y no se reconoce) el derecho a la libertad provisional
en virtud de la ley Antiterrorista que negó legalmente ese
derecho a los procesados...", etc.
Existe igualmente una continuidad ideológica
de pensamiento de izquierda en los actuales presos políticos, en
tanto todos se reivindican como parte del movimiento popular,
pertenecen a organizaciones que sustentan ideas antisistémicas y
utilizan métodos similares de lucha. Esta continuidad es
aplicable también a los métodos que utilizan contra ellos las
instituciones policiales y las fiscalías militares, dejando en
evidencia que el tema de fondo, vale decir, las contradicciones
sociales y el enfrentamiento de dos proyectos de sociedad,
continúa vigente.
Desde el punto de vista jurídico, los presos
políticos se encuentran en la más absoluta indefensión, con
procesos que se abren uno tras otro y que no se cierran durante
años, enfrentados a una Justicia Militar omnipotente que los
condena a penas desproporcionadas, sin derecho a un debido
proceso, con dobles procesamientos por un mismo delito, sin
derecho a solicitar indulto, etc.
La lucha por la libertad de los presos
políticos es una tarea ineludible para quienes trabajan en el
ámbito de los derechos humanos y para todas las personas
comprometidas con su defensa; también lo es la exigencia del
retorno de quienes tienen procesos pendientes y no pueden vivir en
su patria, como también el derecho a vivir en libertad para
quienes están obligados a hacerlo en la clandestinidad.
La ODEP, durante sus 7 años de existencia como
organismo de derechos humanos, junto con oponerse a la impunidad,
trabaja para ello con organizaciones políticas y sociales
hermanas y no ha vacilado en defender, denunciar y apoyar
permanentemente la causa de los presos políticos de antes y
después de 1990. En materia de defensa, hemos realizado una vasta
labor de información sobre la indefensión jurídica en que se
encuentra la mayoría de los presos políticos, los dobles
procesamientos, la inexistencia de un debido proceso. Hemos
denunciado la Justicia Militar que procesa a civiles, las torturas
inflingidas por el personal de Gendarmería a los presos, la
inhumanidad de la Cárcel de Alta Seguridad, apoyando y
solidarizando con las huelgas de hambre, las fugas y las
movilizaciones por la libertad de las presas y presos políticos.
La ODEP comparte la opinión de Alberto
Espinoza - destacado abogado de derechos humanos- expresada en una
carta dirigida al presidente de la Comisión Chilena de Derechos
Humanos, que "el problema de los presos políticos exige, en
primer término, voluntad política del gobierno para respaldar
modificaciones legales y constitucionales que le faciliten la
recuperación de su libertad. En este sentido, la experiencia de
las Leyes Cumplido del primer gobierno de la Concertación que
permitió conmutar las penas de encarcelamiento por
extrañamiento, constituyen un ejemplo que bien podría ser
imitado. Lo que no es obstáculo para que, desde ahora, se
implementen medidas de orden administrativo emanadas de la
autoridad ejecutiva como mejor trato carcelario y el otorgamiento
de beneficios carcelarios e indultos."
La libertad de los presos políticos no podrá
ser realidad sin la derogación de la ley antiterrorista y otros
códigos legales especiales, sin la limitación de las
atribuciones de la justicia militar y sin el cierre definitivo de
las Cárceles de Alta Seguridad. Tareas que sólo puede abordar un
gobierno verdaderamente democrático y no por quienes que han
hecho de la prisión política la otra cara de la impunidad.
SIN JUSTICIA SOCIAL NO HABRA DEMOCRACIA EN
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