COLOMBIA 

EL PARAMILITARISMO EN EL CORAZÓN DEL  TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA

Hernando Calvo Ospina
Le Monde Diplomatique
6 de mayo del 2003
Explícitamente sostenido por Washington, el gobierno colombiano anunció,
el 27 de noviembre del 2002, el inicio de diálogos con los paramilitares
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Un cese al fuego ha
entrado en vigor el primero de diciembre con esta organización
fuertemente ligada al narcotráfico, masivamente involucrada en
violaciones a los derechos humanos, mientras que las negociaciones con
la guerrilla jamás han progresado. Pero Estado y paramilitares siempre
han tenido una estrecha relación en Colombia. La estrategia fundamental
del Estado colombiano para tratar de derrotar a las organizaciones
guerrilleras, que se le oponen desde hace más de treinta y cinco años ha
sido, desde siempre, la de destrozar o neutralizar al fundamental tejido
social que las apoyan real, presunta o potencialmente. Para lograr tal
objetivo, las excluyentes élites han convertido al Estado en uno de los
principales violadores de los derechos humanos en el mundo. Esta "guerra
sucia" adelantada en los últimos 35 años como verdadero terrorismo de
Estado ha descansado sobre dos pilares fundamentales: "las operaciones
encubiertas o clandestinas de las Fuerzas Militares y el accionar
paramilitar. Estas son el centro neurálgico de la concepción
contrainsurgente del Estado, y en particular de sus Fuerzas Militares
(1)". Tanto en Colombia como en el extranjero, destacados intelectuales
e importantes medios de información hacen propio el discurso del Estado
colombiano al repetir que el paramilitarismo es un "tercer actor" en el
conflicto, o un "electrón libre" que no puede ser controlado. Que el
Estado, debilitado e impotente, es una víctima de los "violentos" junto
a la mayoría de la población. El discurso oficial afirma igualmente que
el paramilitarismo es el fruto de una relación de narcotraficantes,
militares descarriados, terratenientes y campesinos organizados contra
los abusos de la guerrilla -las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
esencialmente. Muy conocido por sus posiciones de defensa a los derechos
humanos, el jesuita Javier Giraldo, no comparte esa visión: "Quienes
analizamos el fenómeno actual desde una perspectiva histórica nos
negamos a definir el paramilitarismo como un "tercer actor" en el
conflicto. No es un tercer actor. Es el mismo brazo clandestino e ilegal
del Estado que ha existido desde hace ya varias décadas. Esa misma
perspectiva histórica nos impide considerar al Estado colombiano como un
"Estado de Derecho "" (2). Ante el triunfo de la Revolución cubana, en
1959, Estados Unidos diseñó la Doctrina de Seguridad Nacional para
imponerla en el hemisferio con el objetivo de evitar, o afrontar, nuevos
brotes insurgentes. En ella el "enemigo interno" pasó a ser toda una
ideología, quedando el anticomunismo como la columna vertebral, y
traspasando a las Fuerzas Armadas latinoamericanas el papel de garantes
de las instituciones. Así la contrainsurgencia se convierte, con las
particularidades de cada país, en el eje de la seguridad, y "la
destrucción del "enemigo interno" se vuelve el objetivo, sino el fin,
supremo del Estado (3)." En la revista de las Fuerzas Armadas de
Colombia, N° 6 de 1961, el ministro de Guerra escribía: "El principal
enemigo que (debe atraer) la acción de las Fuerzas Militares lo
encontramos en el campo interno, dominado por idelogías extrañas de
carácter marxista, ajenas a la cultura y la civilización occidental".
Mientras que uno de los primeros manuales sobre contrainsurgencia
definía al "enemigo interno" de manera simple y peligrosa: "Todo
individuo que de una u otra manera favorezca las intenciones del
enemigo, debe ser considerado como traidor y tratado como tal (4)."
Desde 1962 las Fuerzas Especiales estadounidenses comenzaron a preparar
en Colombia brigadas contraguerrilleras, a formar especialistas en
guerra psicológica e involucramiento de civiles en actividades
paramilitares, reproduciendo lo que hacían en Vietnam. Tres años
después, recién surgidos los primeros grupos insurgentes, el gobierno
expide el decreto 3398 dirigido a "organizar la defrensa nacional",
donde se incluye un parágrafo autorizando al Ministerio de Guerra a
crear grupos de civiles, a los cuales "podrá amparar con armas que estén
consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas". Era el
sustento jurídico al paramilitarismo. En 1968, el decreto se transformó
en legislación permanente (ley 48) hasta 1989, cuando la Corte Suprema
la declaró inconstitucional. En 1969 un reglamento del Ejército
ordenaría " organizar en forma militar a la población civil (para que)
apoye la ejecución de operaciones de combate (bajo) control directo de
las unidades militares" (5). En 1976 la revista de las Fuerzas Armadas
N° 83 afirmaba que "Si una guerra limitada no convencional entraña
demasiados riesgos, entonces las técnicas paramilitares pueden proveer
una manera segura y útil que permita aplicar la fuerza a fin de lograr
los fines políticos". Lo importante era que la imagen de la institución
militar quedara limpia, y así se hizo. Por esos años surgieron la
Alianza Anticomunista Americana (Triple A) y otras fantasmales siglas
que empezaron a amenazar, asesinar y desaparecer a opositores políticos
y personas críticas al sistema. Posteriormente se supo que eran
estructuras especiales del servicio de inteligencia militar, organizadas
desde la alta cúpula (6). A comienzos de los ochenta, algunas
organizaciones logran que el gobierno de Belisario Betancurt acepte
discutir sobre una salida negociada al conflicto. A partir de ello, las
FARC participan en la creación de un partido político, la Unión
Patriótica (UP), el cual debería tomar su lugar en la vida
constitucional y democrática de llegar las negociaciones a buen término.
Paralelamente, mientras el gobierno decía querer la paz, se implementaba
la "guerra sucia" contra dirigentes populares, sindicales y campesinos.
Ello no era casual: "Acorde a los lineamientos de la Doctrina de la
Seguridad Nacional, los esfuerzos por buscar una solución no violenta o
política al conflicto interno en Colombia, han sido percibidos por el
alto mando militar como avances de la "guerrilla comunista" en su asalto
al poder". (7) Como lo han demostrado hasta la saciedad investigaciones
oficiales, el alto mando militar involucró a caciques de los partidos
liberal y conservador, terratenientes y capos de la mafia en el
desarrollo de estructuras paramilitares que realizaron los crímenes. Así
empezó uno de los matrimonios de conveniencia más sanguinarios de la
reciente historia política colombiana. En medio de ello, el Ejército
produce otro "Reglamento de combate de contraguerrillas" (EJC 3-10,
Reservado, 1987), el cual dividía a las f