Memoria
Histórica
ESCLAVOS DEL FRANQUISMO
“... medio millón de muertos, un cuarto de
millón de exiliados dispersos en Francia, Rusia y varios países
hispanoamericanos, 280.000 presos en cárceles y campos de
concentración por los delitos más inverosímiles, miles de españoles
heridos o mutilados por efectos de la guerra, produjeron un colapso en el
mercado laboral de un país que necesitaba reconstruir sus
infraestructuras y poner en funcionamiento empresas destrozadas o
paralizadas por la guerra”. Así explica el periodista Isaías Lafuente, en el inicio de su libro “Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo” (Temas de hoy), el contexto histórico, político, económico y social en el que la dictadura franquista puso en marcha uno de sus más bárbaros y lucrativos métodos de represión y, al mismo tiempo, uno de sus secretos mejor guardados hasta ahora. Otros libros, jornadas de debate y hasta programas de televisión intentan sacar a la luz esta página negra de nuestra Historia.
Se trata de la explotación
laboral sistemática de centenares de miles de prisioneros políticos
republicanos por parte de la dictadura, que les utilizó de hecho como auténticos
esclavos prácticamente hasta las mismas postrimerías del franquismo, en
concreto hasta el año 1970, cuando todavía algunas empresas privadas
españolas tenían a su servicio a presos políticos obligados a realizar
trabajos forzados para ver reducidas sus fuertes condenas de cárcel. Con prácticamente dos
centenares de pueblos e incluso ciudades destruidos en más del 60% de sus
construcciones y edificios, un cuarto de millón de viviendas particulares
reducidas completamente a escombros y otras tantas convertidas también en
inhabitables, más del 40% del muy reducido parque automovilístico y
ferroviario nacional absolutamente destrozado e inservible, con un
quebranto gravísimo en las redes ferroviarias y de carreteras, así como
en todo tipo de construcciones e infraestructuras públicas afectadas por
los bombardeos sufridos durante los tres últimos años, la España
resultante de la guerra civil requería una ingente y económicamente muy
cuantiosa labor de reconstrucción material. Una deuda de casi 2.000
millones de pesetas oro con Alemania e Italia Las inversiones públicas
necesarias para hacer frente a esta reconstrucción eran realmente
inasumibles por parte de un Estado cuya moneda oficial, la peseta, tenía
en 1940 el 50% del valor que poseía antes del inicio de la guerra civil,
apenas cuatro años antes, con una renta nacional que se había situado de
repente al nivel existente en 1914 y con una renta per cápita inferior en
un 14% a la de 1936, con tasas anuales de inflación que durante los años
40 oscilaron entre el 13 y el 23%, y con una población activa que se había
visto reducida en más de medio millón de personas. Con un país destrozado, empobrecido, apenas sin ningún
tipo de producción industrial, con muy poco o nada que exportar, prácticamente
sin otras relaciones comerciales que las entonces existentes con la
Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, y con ambos países aliados
de la dictadura franquista exigiendo la devolución inmediata de la
cuantiosa deuda contraída por Franco con ellos –1.200 millones y 600
millones de pesetas oro, respectivamente– a causa de sus importantes
ayudas militares y financieras al bando franquista durante la guerra
civil, de nada iban a servir las drásticas medidas de control económico
impuestas por la dictadura. Unas medidas que, por otra parte,
empobrecieron aún mucho más al conjunto de la población y enriquecieron
de forma espectacular y repentina a un muy reducido número de
estraperlistas y especuladores, todos ellos directa o indirectamente
ligados a las estructuras del propio poder franquista. En este contexto, como señala
Isaías Lafuente en su ya citado libro, “Franco se inventó, con décadas
de antelación, la primera Empresa de Trabajo Temporal que se implantó en
España”. La constitución de aquella primera ETT se realizó mediante
la creación del denominado Fichero Fisiotécnico en el que se recopilaron
todo tipo de datos sobre centenares de miles de prisioneros políticos
republicanos de toda España, para utilizarles como auténticos esclavos
al servicio del Estado franquista en la reconstrucción del país. Antes del término del mismo año 1939, en el Fichero
Fisiotécnico del Patronato para la Redención de Penas figuraban ya
formal y oficialmente censados 67.711 presos, reunidos en un total
de 24 industrias y llegando a abarcar hasta 602 oficios distintos. De
ellos, en la misma fecha, casi 13.000 estaban ya laboralmente colocados,
esto es trabajando teóricamente al servicio del Estado, casi siempre en
unas condiciones laborales y de vida infrahumanas, constantemente
sometidos a todo tipo de vejaciones y malos tratos, y apenas sin recibir
ningún tipo de salario o contraprestación económica, sólo con la
esperanza de poder redimir parte de sus casi siempre muy largas
condenas de prisión, impuestas mediante el uso y abuso sistemático de la
Ley de Responsabilidades Políticas, a través de los trabajos forzados. Como señalaba orgullosa y, sin
duda, cínicamente el denominado Patronato para la Redención de Penas al
referirse en uno de sus numerosos documentos oficiales de la época al
mencionado Fichero Fisiotécnico, “pocas Bolsas de Trabajo contarán con
una tal variedad de profesiones y aptitudes personales”. A principios de 1941, esto es un
par de años después de finalizada la guerra civil, constaban en el
Fichero Fisiotécnico 103.369 penados, de ellos cerca de 10.000 mujeres,
una cifra casi coincidente con la de los presos que entonces ya habían
sido juzgados y condenados por los numerosos tribunales civiles y
militares puestos en marcha en toda España durante aquellos años. Los más
de 280.000 prisioneros políticos entonces encarcelados en toda España
representaban el 10% del conjunto de la población activa del país y
eran, en su gran mayoría, hombres de entre 20 y 40 años de edad. No
obstante, los presos políticos seguían aumentando sin cesar durante
aquellos años. Según ha podido documentar recientemente el historiador
Antonio Miguel Bernal, sólo entre los años 1939 y 1943 el número de
presos políticos del franquismo llegó a ser de más de 550.000, también
con una muy clara mayoría de jóvenes entre ellos. Aunque fue personalmente el
propio Francisco Franco quien puso marcha este formidable negocio a costa
de sus prisioneros políticos, iniciado ya de hecho en mayo de 1937, al
parecer fue el jesuita José Antonio Pérez del Pulgar quien lo inventó e
institucionalizó de forma oficial, mediante la constitución del llamado
Sistema de Redención de Penas. En su texto de enero de 1939 titulado La
solución que da España al problema de sus presos políticos –para
mayor inri, editado por Publicaciones Redención–, dicho sacerdote no
defendía ningún tipo de piedad ni clemencia para con los presos políticos
del franquismo –“no puede exigirse a la justicia social que haga tabla
rasa de cuanto ha ocurrido”–, sino que preconizaba para todos ellos
poco menos que la aplicación de la Ley del Talión: “Es muy justo que
los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a los
que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista”. Los campos de concentración
franquistas Así, de forma masiva, sistemática y organizada, la
dictadura franquista utilizó, entre 1937 y 1970, a centenares de miles de
prisioneros políticos como fuerza laboral barata, absolutamente dócil y
completamente segura, casi siempre recluida en alguno de los numerosos
campos de concentración creados al efecto por toda España –en el libro
de Javier Rodrigo Sánchez La represión bajo el franquismo figuran
documentados 72 campos de concentración, casi la mitad de ellos
funcionando ya desde la misma guerra civil, con un total de
aproximadamente unos 180.000 internados debidamente contabilizados–, con
lo que además de conseguir pingües beneficios económicos consiguió
descongestionar las numerosas cárceles existentes en todo el territorio
nacional, todas ellas abarrotadas durante los años de la más inmediata
posguerra a causa de las sucesivas oleadas de detenciones masivas que se
produjeron en España entera al término de la guerra civil. El Servicio de Colonias
Penitenciarias Militarizadas, eufemismo con el que se intentaba ocultar el
nombre de los campos de concentración, fue en realidad el encargado de
centralizar el uso y abuso que el franquismo hizo de sus prisioneros políticos
como trabajadores forzados o esclavos, dando origen incluso, con la creación
de sus campos de concentración y la instalación en las cercanías de las
familias de algunos de los prisioneros en ellos internados, a la creación
espontánea de nuevos núcleos de población surgidos entonces, como El
Palmar de Troya, Dos Hermanas, Los Palacios o los barrios sevillanos de
Torreblanca y Bellavista, aún en la actualidad formado en su gran mayoría
por familiares de antiguos presos políticos esclavizados por el
franquismo. Empleados fundamentalmente en obras públicas de todo tipo
–por ejemplo, en la construcción de carreteras, puentes, túneles, vías
férreas, canales y marismas–, centenares de miles de prisioneros políticos
del franquismo se vieron obligados al trabajo forzado, a modo de nuevos
esclavos, tanto en obras tan impresionantes como las de la construcción
del Valle de los Caídos –donde trabajaron hasta 1950 un total de cerca
de 20.000 presos políticos, hasta la definitiva culminación de las obras
de construcción tanto de los accesos por carretera como del monasterio y
la cripta de aquella obra faraónica– o del pazo de Aday, como en muchas
otras obras al servicio de la Iglesia católica –entre otras, los 15.000
crucifijos para escuelas y otros centros oficiales, que fueron
facturados inmediatamente después de la guerra civil desde los Talleres
Penitenciarios, cuya sede central era la cárcel de Alcalá de Henares–
y, cada vez en mayor medida, al servicio de gran número de empresas
privadas, casi todas ellas adjudicatarias y concesionarias del propio
Estado. Según recoge Isaías Lafuente en su documentado libro,
fueron prisioneros políticos quienes construyeron obras hidráulicas como
los embalses del Ebro, Benagéver, Entrepeñas, Pálmaces, Mediano,
Riosequillo, Revenga, Barasona, Mansilla de la Sierra, González Lacasa,
El Cenajo, Torre del Águila, Barrios de Luna, Yesa, San Esteban y
Linares, la Real Acequia del Jarama, canales como el Bajo del
Guadalquivir, Bajo del Alberche, Montijo, Jarama, Bárdenas, Monegros,
Toro-Zamora, Bierzo, Badarán y Linares del Arroyo, amén de saltos como
los del Nansa y el Sil. Fueron, igualmente, prisioneros políticos del
franquismo quienes reconstruyeron pueblos y ciudades como Belchite,
Brunete, Oviedo, Teruel, Toledo, Huesca, Lleida, Gernika, Amorebieta, Éibar,
Potes, Quinto de Ebro, Mediana de Aragón, Puebla de Albortón, Boadilla
del Monte, Villamanín, Vilanova de la Barca, Sabiñánigo o Figueres,
entre muchas otras poblaciones. Trabajaron también en las minas de
mercurio de Almadén, en los pozos Maria Luisa, Fondón y San Mamés de
Duro Felguera, en las minas de antracita de Fabero y en muchas otras
empresas mineras, en Asturias, Leñón, Pontevedra, Lleida, Ourense,
Teruel, Albacete, Murcia y Cartagena, por ejemplo, y lo hicieron asimismo
en gran cantidad de obras públicas, como en la construcción del
ferrocarril Madrid-Burgos, Zamora-A Coruña, Tudela de Veguin a Lugo de
Llanera, Pedernales-Bermeo o la inconclusa Santander-Mediterráneo, así
como en la primera estación ferroviaria de Chamartín, en Madrid, y en
carreteras como las de Canfranc, de la carretera de A Coruña a El
Escorial, variantes de carreteras como las de Madrid-Valencia Puerto
Contreras, Honrubia, Oropesa, los puertos del Escudo y del
Arzobispo, el túnel de Vielha... Además de la construcción
tanto de los accesos como del monasterio y la cripta del Valle de los Caídos,
fueron también prisioneros políticos del franquismo quienes construyeron
desde aeropuertos como los de Sondica o Labacolla hasta estadios
municipales como los de Valladolid y Palencia, pasando por cárceles como
la de Carabanchel. Entre las empresas privadas españolas
que más frecuentemente tuvieron a su servicio como trabajadores forzados
a prisioneros políticos del franquismo figuraron en lugar muy destacado y
constante Dragados y Construcciones, Banús, A. Marroquín, San Román,
Hermanos Nicolás Gómez y Construcciones ABC. Algunas de estas empresas
privadas se lucraron con el trabajo forzado y apenas pagado de gran número
de prisioneros políticos del franquismo por espacio de más de dos décadas,
como lo hizo en concreto la empresa Dragados y Construcciones
fundamentalmente en la construcción de gran número de pantanos, mientras
que en el caso de Banús lo hicieron todavía hasta el año 1969 en todo
tipo de obras y construcciones. Otras empresas que tuvieron a
presos políticos trabajando a su servicio fueron, por ejemplo, Babcock-Wilcox,
Carbones Asturianos, Constructora Naval, Industrias Egaña, Talleres La
Trefilera, Plasencia de las Armas, Esperanza y Compañía SA, Talleres
Murga, Cementos Portland-Iberia, Cementos Asland, Metro de Madrid, Riegos
Asfálticos, Sacristán, Portolés y Compañía, Sicot, José M. Padró,
Carbonífera Palomar, Montes de Galicia, A.Villalón, E.Osis, Elizarrán,
Hidro Nitro Española, Minas del Bierzo, Experiencias Industriales, Gutiérrez
Oliva, A.Carretero, Sanz Bueno, Salvador Cuota, Maquinista y Fundición
del Ebro, Regino Criado, Ferrocarriles y Minas, Antracitas Gaiztarro, Múgica-Arellano
y Cía, Minero Siderúrgica de Orallo, ECIA, Vías y Riegos, Duro-Felguera,
C.Peña, Julián A. Expósito, Cimentaciones y Obras, E.Medrano,
C.Mardellano, D.L.Pastora, M.Llagostera, I.Arribalaga, J.Dobarco, Sociedad
Marcor, Ramón Echave, SAFA, Burés, Industrias Artísticas Agrupadas ... La Iglesia católica española,
convertida prácticamente desde el mismo inicio de la guerra civil en uno
de los más importantes e influyentes apoyos de Franco tras haber
declarado formal y oficialmente que la insurrección militar era una
“Cruzada”, se benefició asimismo del trabajo esclavo de gran número
de prisioneros políticos del franquismo. Entre otras construcciones para
la Iglesia católica en las que fueron obligados a trabajar como esclavos
numerosos presos políticos de distintas regiones españoles, figuran las
de la reconstrucción de la catedral y el seminario de Vic, el colegio de
los escolapios de San Antón en Madrid, el seminario orensano de Ervedelos,
la vallisoletana iglesia del Carmen y los conventos de las madres
adoratrices de Cartagena, Valladolid y Alcalá de Henares. 780 millones de euros de
beneficios El ya mencionado libro de Isaías
Lafuente no es propiamente el primero en denunciar esta infamia criminal
perpetrada por el franquismo, puesto que ya en 1969 Aroca Sardagna se
refería a ello en su libro Los republicanos que no se exiliaron, y
en 2000 Rafael Torres publicó otro importante volumen sobre esta cuestión,
Los esclavos de Franco, el primero en documentar ya el trabajo
forzado de gran número de prisioneros políticos del franquismo. No obstante, Lafuente ha
profundizado mucho más y da en su libro todo tipo de datos y documentación,
llegando incluso a las cuantificación económica precisa de los
beneficios obtenidos por el franquismo a costa de la práctica esclavitud
de sus prisioneros políticos: más de 130.000 millones de pesetas, unos
780 millones de euros. Ello se deduce del estudio de las muy detalladas
memorias anuales remitidas a Franco por el Patronato para la Redención de
Penas entre 1939 y 1970, conservadas aún en los archivos de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. Sólo entre los años 1939 y
1945, Franco dispuso mensualmente de una media de unos 10.000 presos políticos
republicanos convertidos por él en sus esclavos, siendo en total durante
aquellos años unos 110.000 los presos políticos laboralmente explotados
en colonias, talleres, destacamentos penales y empresas privadas. Carrero Blanco recibía el 75%
del salario de los “esclavos” El profesor Francisco Moreno Gómez
ha cifrado el jornal medio de un preso político esclavizado por el
franquismo en 4,75 pesetas, en el caso de ser un hombre con esposa y un
hijo a su cargo y que estuviese al servicio de algún organismo público
del Estado, y de 14 pesetas si trabajaba al servicio de una empresa
privada, de las que sólo 50 céntimos iban a parar al propio preso, 3
pesetas eran destinadas a su familia, 1,40 eran retenidas en teoría para
su alimentación y las 9,10 pesetas restantes iban a parar a Hacienda,
aunque se ignora bajo qué concepto se les sometía oficialmente a tan
cuantiosa exacción fiscal. Este dinero era periódicamente
ingresado por el Patronato para la Redención de Penas en una cuenta
cifrada del Banco de España, a nombre del entonces subsecretario de
Presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco, conforme ha podido
documentar y probar recientemente el ya citado profesor Antonio Miguel
Bernal. Catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad
Pablo Olavide de Sevilla, Antonio Miguel Bernal ha coordinado
recientemente el interesante ciclo de conferencias que se ha
celebrado en dicho centro universitario bajo el título Los presos del
Canal. 1940-1962. Estas jornadas han sido organizadas por la
universidad hispalense en colaboración con la fundación El Monte y el
sindicato CGT, y se han dedicado al estudio de la utilización sistemática
de prisioneros políticos andaluces como trabajadores forzados en las
obras de construcción del canal Bajo del Guadalquivir, entre Sevilla y
Sanlúcar de Barrameda, de 150 kilómetros de longitud, 90 de los cuales
fueron íntegramente realizados por unos 10.000 prisioneros políticos del
franquismo, desde muy poco después del final de la guerra civil, y hasta
más de dos décadas después, hasta el año 1962. Tras el fuerte impacto causado
por la reciente publicación del libro de Isaías Lafuente, estas jornadas
sevillanas han contribuido a dar a conocer muchos otros aspectos sobre la
feroz e implacable represión que el franquismo ejerció contra sus
opositores, especialmente en la más inmediata posguerra, pero en realidad
hasta más allá incluso de la muerte del propio dictador. El próximo mes
de octubre, un importante congreso organizado conjuntamente en Barcelona
por el Museu d’Història de Catalunya y el Grup de Recerca de l’Època
Franquista del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la
Universitat Autònoma de Barcelona, seguirá profundizando en estos temas,
muy poco estudiados hasta ahora por los historiadores y, por tanto, todavía
absolutamente desconocidos por la opinión pública. Los campos de exterminio Aunque se tenían algunas
referencias merced a la publicación de las memorias de algunos antiguos
presos políticos del franquismo, ha sido ahora cuando se ha documentado
ya con rigor histórico la existencia en la España de la guerra y la
posguerra civil de auténticos campos de exterminio. A diferencia de los
campos de concentración, en los que los prisioneros políticos eran
utilizados sistemáticamente como “esclavos” y donde en no pocos casos
los internados fallecían también a causa de las pésimas condiciones de
vida y trabajo a las que se encontraban sometidos, los campos de
exterminio franquistas eran, al igual que sus homólogos nazis de tan
triste recuerdo, centros destinados fundamental y casi exclusivamente a la
pura y simple ejecución de sus internados. El ya citado Antonio Miguel
Bernal señalaba en las mentadas jornadas sevillanas que está
perfectamente documentada la existencia en la población extremeña de
Castuera de un campo de exterminio creado a principios de la guerra civil,
inmediatamente después de la toma de Badajoz por las tropas franquistas,
a mediados de agosto de 1936, en el que a diario se produjeron
fusilamientos y donde existe un gran número de fosas llenas de cadáveres
de presos políticos republicanos que allí fueron exterminados. El propio profesor Bernal
coordina un grupo de trabajo que estudia el papel desarrollado por
determinados oficiales y médicos alemanes en algunos campos de
concentración de la España franquista, durante la guerra civil y de
forma muy en especial entre los años 1937 y 1938, ya que existen
evidencias claras de que realizaron experimentos y prácticas de
exterminio similares a las que poco después fueron llevadas a cabo de
modo sistemático y masivo en los campos de exterminio nazis. Otro de los historiadores asistentes a las mencionadas
jornadas celebradas en Sevilla, el catalán Borja de Riquer, señalaba que
en la España franquista se superaron los 140.000 fusilamientos, casi
triplicando los 50.000 que se produjeron en las zonas de España
controladas por la República. Más aun, el mismo historiador hacía notar
que en el caso concreto de Andalucía esta relación se más que
cuadruplicó, con 40.000 fusilamientos franquistas por 9.000 a cargo de
los republicanos. De Riquer hizo notar que una vez terminada ya la guerra
civil, entre 1939 y 1947, el franquismo ejecutó diariamente a una
media de diez personas, con diez fusilamientos diarios, lo que representa
cerca de 30.000 fusilamientos durante los ocho años después del fin de
la guerra civil, a los que habría que añadir todavía los que se
produjeron con posterioridad y hasta el mismo final de la dictadura. Borja de Riquer destacó
asimismo que la juventud republicana fue la principal víctima de la
criminal represión franquista desatada al término de la guerra civil. En
base a un estudio realizado sobre las quintas de la barcelonesa ciudad de
Badalona entre los años 1936 y 1940, De Riquer subrayó que de los 2.256
jóvenes de entre 19 y 25 años de edad existentes en el censo de dicha
ciudad en 1936, en 1940, 295 habían muerto, 234 habían sido considerados
prófugos y 204 estaban encarcelados, con lo que un tercio de los jóvenes
badaloneses, al finalizar la guerra civil, habían fallecido, estaban
exiliados o habían sido encarcelados. ‘Los esclavos españoles de
Hitler’ Éste es el título del último
libro del historiador José Luis Rodríguez Jiménez, en el que se detalla
otro oscuro y hasta ahora muy poco conocido aspecto de la represión
franquista: el de la utilización de miles de ciudadanos españoles que
Franco convirtió en víctimas propiciatorias del nazismo, después de
haberles enviado para Alemania a trabajar en minas y fábricas,
fundamentalmente con el objetivo de saldar la importante deuda económica
contraída por el propio Franco con Hitler por su decidida ayuda militar y
financiera al bando rebelde durante la guerra civil española, estimada en
unos 400 millones de marcos, unos 1.200 millones de pesetas oro. Según el profesor José Luis
Rodríguez Jiménez, el contenido del convenio firmado el 21 de agosto de
1941 entre los gobiernos de España y Alemania, por el que al cabo de muy
poco tiempo como mínimo 10.500 trabajadores españoles fueron enviados a
la Alemania nazi, demuestra claramente que la voluntariedad de los
allí enviados no es más que una burda patraña de la propaganda
franquista. Además de aquellos 10.500 obreros salidos desde España,
el régimen nazi hizo que otros 40.000 ciudadanos españoles, todos
ellos republicanos exiliados desde el final de la guerra civil en Francia,
una vez este país fue ocupado por Alemania, se incorporasen voluntaria o
forzosamente, a sus batallones de trabajo, mientras otros 12.000
republicanos españoles fueron a parar asimismo a diversos campos de
concentración o de exterminio, evidentemente todos ellos de forma
obligada. La reciente reedición del documentado y voluminoso
trabajo que escribiera la ya fallecida escritora barcelonesa Montserrat
Roig bajo el título Els catalans als camps nazis (Edicions 62) es
un testimonio desgarrador sobre las penalidades sufridas por gran número
de republicanos españoles de ambos sexos en los campos de concentración
o de exterminio creados por el nazismo. Aunque se ciñe en exclusiva a los
deportados de origen catalán o con residencia en Cataluña, el riguroso
libro de Montserrat Roig, así como la excelente novela del escritor catalán
Joaquim Amat-Piniella “K.L.Reich” (Edicions 62), en la que rememora
sus propias vivencias personales como deportado en el tristemente célebre
campo nazi de exterminio de Mathausen, constituyen dos grandes testimonios
de otra de las infamias perpetradas por el franquismo con sus opositores,
ya que fue el cuñado de Franco y por aquel entonces ministro de
Asuntos Exteriores de España, Ramón Serrano Suñer, quien se negó a
reconocer la nacionalidad española a los exiliados republicanos que
fueron exterminados en gran número en los campos nazis, padeciendo el
total de ellos todo tipo de torturas, malos tratos y vejaciones mientras
duró su cautiverio, en el que destacaron muchos de ellos como esforzados
y heroicos resistentes. En Los esclavos españoles de Hitler el
profesor José Luis Rodríguez Jiménez constata el engaño al que
el franquismo sometió a los 10.500 “productores españoles” enviados
a Alemania, en teoría de forma “voluntaria”, al igual que muchos de
los españoles integrados en la célebre División Azul que combatió
junto a las tropas nazis a las órdenes del general Muñoz Grandes. El
propio régimen franquista, en sus estimaciones iniciales, calculó en
aproximadamente 100.000 los “productores españoles” que debería
enviar a trabajar a Alemania para cumplir completamente el acuerdo
suscrito con las autoridades nazis para saldar definitivamente su deuda
económica. No obstante, tanto por el
elevado coste económico que para el franquismo representaba aquella
operación en gastos de organización, ropa, calzado y traslado, como
porque ya a partir de 1942 comenzó a ser evidente incluso para los
sectores falangistas más abiertamente partidarios del régimen hitleriano
que la Alemania nazi sería derrotada por los aliados y el franquismo optó
por empezar a alejarse de ella, lo cierto es que finalmente parece que
fueron sólo 10.500 los trabajadores españoles que Franco convirtió
realmente en “esclavos de Hitler”. Con pésimas condiciones tanto de vida como de trabajo,
aparentemente desconocedores tanto de su teórico y muy a menudo
incumplido derecho a 20 días de vacaciones anuales como de que una
importante parte de sus salarios quedaba retenida en los bancos alemanes
como abono a cuenta de la deuda que la España de Franco tenía pendiente
todavía con la Alemania nazi, los 105.000 “esclavos españoles de
Hitler” padecieron también todo tipo de malos tratos y
vejaciones, soportando penalidades sin cuento y sin que en ningún caso
dispusieran del apoyo de las autoridades franquistas en defensa de sus legítimos
derechos laborales. Luis Rodríguez Jiménez ha
documentado que al menos 25 de aquellos “productores españoles”
fueron fusilados por los nazis para castigar sus protestas o rebeldías,
así como que a pesar de que el grueso de ellos fueron repatriados a España
ya a partir de 1943, cuando parecía definitivamente clara la derrota del
nazismo, algunos de ellos optaron por quedarse en Alemania, donde al
parecer algunos de ellos siguen viviendo. Muy pocos de aquellos miles de
“productores españoles” convertidos por Franco en “esclavos de
Hitler” parecen dispuestos ahora a recordar aquella tan lamentable
experiencia. Sólo uno de ellos ha facilitado todo tipo de datos e
informaciones a José Luis Rodríguez Jiménez. “Los niños perdidos del
franquismo” TV3, la televisión autonómica
catalana, sobrecogió recientemente a su audiencia con la emisión, en su
prestigioso programa dominical de documentales 30 minuts, de dos
excelentes trabajos realizados por Montse Armengou y Ricard Belis con
asesoría del historiador Ricard Vinyes. Els nens perduts del
franquisme (“Los niños perdidos del franquismo”) puso en
evidencia la represión a la que se sometió a niños y mujeres en las cárceles
durante la dictadura franquista, y muy especialmente durante la más
inmediata posguerra, incluso con la “desaparición” de algunos de los
hijos de las prisioneras políticas. En un testimonio de un valor
documental excepcional, algunas de aquellas mujeres narraron ante las cámaras
su represión política, las torturas a que fueron sometidas y la separación
de sus hijos, que en muchos casos murieron de inanición o enfermedad en
las propias cárceles franquistas, mientras que en otros casos fueron
dados en adopción, evidentemente sin autorización familiar ninguna y en
un claro abuso del poder de la dictadura para con las víctimas de su
represión. Testimonios casi siempre
desgarradores pero en todos los casos con una gran entereza de ánimo se
acompañaron en ambos documentales de TV3 con referencias a textos
oficiales, documentos e incluso el testimonio personal de la entonces máxima
responsable del Auxilio Social, la viuda de Onésimo Redondo, que se
manifestó al menos en apariencia absolutamente desconocedora de las
denuncias que le fueron presentadas. De hecho aquellas constituyeron las
primeras denuncias que se han dado a conocer públicamente en España
acerca de la existencia de nuestros propios “desaparecidos”, en
concreto hijos e hijas de madres republicanas a las que el franquismo,
además de encarcelarlas como prisioneras políticas, les robó a sus
hijos e hijas, muy a menudo con la ayuda de las monjas encargadas de la
vigilancia de las prisiones de mujeres en aquellos años. El fuerte impacto social causado
por estos dos excelentes documentales, cuyos derechos de emisión han sido
adquiridos ya por las televisiones autonómicas vasca y andaluza y al
parecer en breve serán comprados también por Telemadrid, así como los
altos niveles de audiencia conseguidos con ambas emisiones –fueron
vistos por más de 800.000 telespectadores catalanes–, ha hecho que TV3
se decidiese a programar, durante este mes de marzo, otros importantes
documentos televisivos sobre la represión franquista y las penalidades
sufridas por los opositores a la dictadura, en el exilio o en el interior
del país. El primero de estos programas es
Veus ofegades. Cartes d’un exili a França (“Voces ahogadas.
Cartas de un exilio en Francia”), que descubre textos inéditos de
cartas escritas por refugiados republicanos catalanes que vivieron entre
1939 y 1945 en Francia, que nunca llegaron a sus destinatarios ni fueron
abiertas, y que tras haber sido archivadas salen ahora a la luz pública y
constituyen un elocuente testimonio del exilio republicano. Otras
emisiones serán las de varios episodios de Els maquis, la guerra
silenciada (“Los maquis, la guerra silenciada”), en los que a
partir de unos 60 testimonios se tratará sobre las actividades
desarrolladas durante un cuarto de siglo en Cataluña por las guerrillas
antifranquistas. Por último, el ciclo de programas históricos de la
televisión autonómica catalana se cerrará con la reemisión de los dos
capítulos de Els nens perduts del franquisme, así como con un
debate moderado por Carles Francino sobre Franquisme: oblidar o
recordar (“Franquismo: olvidar o recordar”). Muy reciente es también la
publicación de El TOP. La represión de la libertad (1963-1977) (Planeta),
libro del que es autor el magistrado Juan José del Águila. El TOP, el
siniestro Tribunal de Orden Público creado por la dictadura franquista
como jurisdicción especial para la represión sistemática de toda la
oposición, queda crudamente retratado en esta rigurosa y muy documentada
tesis doctoral, en la que se demuestra con gran acopio de datos que no
hubo en modo alguno una evolución ordenada, pacífica y conscientemente
planificada de la dictadura hacia la democracia. De la atenta lectura del interesante libro del magistrado
Juan José del Águila se deduce, sin ningún genero de dudas, que la
transición no ya del franquismo sino del posfranquismo a la democracia, a
diferencia de lo que a menudo pretenden hacernos creer ahora algunos
comentaristas partidarios del revisionismo histórico, sólo fue posible
gracias a la lucha constante de la oposición democrática, ya que hasta más
allá de la muerte del propio Franco, y en concreto hasta el 5 de enero de
1977 –esto es, menos de medio año antes de la celebración de las
primeras elecciones democráticas después del final de la guerra
civil–, el TOP siguió actuando como la permanente e implacable
Inquisición. Juan José del Águila aporta en su interesante libro gran número
de datos e informaciones sobre los numerosísimos procesos,
procesados y afectados por las causas instruidas por el TOP a lo largo de
sus prácticamente 14 años de existencia, desde su misma creación, en
1963, en sustitución de los anteriores tribunales especiales constituidos
al final de la guerra civil, hasta su definitiva desaparición, a
principios de 1977, más de un año después de la muerte del dictador. A estas alturas de la Historia
resulta interesante, y sobre todo muy revelador, observar, por ejemplo,
que sólo en sus tres últimos años de existencia, de 1974 a 1976, el TOP
instruyó el 60% de sus procedimientos judiciales contra todo tipo de
opositores a la dictadura, así como que el 25% de dichas causas fueron
instruidas ya una vez muerto el dictador. Es evidente que todo ello
desmiente con absoluta rotundidad la teórica voluntad aperturista,
reformista y democratizadora de quienes en aquellos años detentaban el
poder y estaban en el Gobierno, puesto que fueron precisamente ellos
quienes siguieron permitiendo, cuando no ya auspiciando o impulsando, la
continuidad de la represión policial y judicial contra todos aquellos que
verdaderamente luchaban por la recuperación de la democracia y la
libertad en nuestro país, en contra de quienes sólo deseaban hacerle la
cirugía estética a la dictadura para poder mantenerse aún en el poder. Resulta asimismo interesante
destacar que del libro de Juan José del Águila se deduce que en la estadística
de los numerosísimos procesados por el TOP a lo largo de sus poco menos
que 14 años de existencia ininterrumpida, Cataluña, con el 20% del total
de los procesados por aquella juridisción especial, aparece como la
comunidad más cuantiosamente reprimida durante toda su historia. También es interesante comprobar que la gran mayoría de
los procesados por el siniestro tribunal fueron fundamentalmente
trabajadores y estudiantes menores de 35 años de edad. |
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