EL "PROBLEMA ESPAÑOL" 

DECLARACIÓN DE CORRIENTE ROJA (CR) SOBRE LA SITUACIÓN EN EUZKADI

Aprovechando los sucesos del 11 de septiembre y la posterior letanía sobre el Eje del Mal y el terrorismo que cada gobierno adopta de la forma que le viene en gana, el gobierno del PP y su aliado en el Pacto Antiterrorista, el PSOE, están construyendo un enorme esperpento político, legislativo y judicial .

La vergonzosa utilización del grandes medios de comunicación públicos y privados – controlados por ambas fuerzas políticas – ha instalado en la opinión pública el pensamiento dominante según el cual, quien no secunda su política antiterrorista se sitúa en el “entorno de ETA” –como gustan decir- y está dando vía libre a los asesinos.

Este proceso se inició con la Ley de Partidos Políticos (LPP), abiertamente inconstitucional y auténtica aberración jurídica desde muchos puntos de vista, entre otros porque era evidente, y además así se argumentó públicamente, que su objetivo inmediato era un caso concreto, la ilegalización de Batasuna, contraviniendo frontalmente el carácter general de toda ley, esencia del ordenamiento jurídico. Aunque, ironías de la vida, puede argumentarse que la generalización de la misma se garantiza por su aplicabilidad a cualquier organización que se atreva, no ya a proponer, sino a no condenar, la subversión del orden establecido.

CR compartió con IU su posición contraria a la LPP, refrendada de forma unánime por el Consejo Político Federal. A partir de entonces se han producido votaciones dos parlamentarias, la abstención ante la ilegalización de Batasuna y el voto a favor de la ley de protección de concejales, injustificables desde el más elemental sentido de la democracia que CR rechaza frontalmente.

Merece la pena recordar que el peligroso precedente de considerar la opinión como delito, y no la realización material del hecho punible, se dio en el Código Penal en el que, por primera vez, se consideraba como tal “la apología del terrorismo”[1]. Se abrió así un abismo desde el punto de vista de las garantías de derechos y libertades fundamentales, que continúa con la consideración como delito el que una fuerza política no condene un atentado, pilar fundamental de la LPP. Un paso más se ha dado en Italia, en este caso para encausar a sindicalistas y desobedientes, aplicando por primera vez desde Mussolini un artículo del Códice Rosso que condena el “apoyo psíquico a la violencia”.

La ilegalización de Batasuna no ha sido sólo el resultado ilegítimo de la aplicación de una Ley inconstitucional. Con ella se ha abierto la puerta a un agravamiento inaceptable de la represión en Euzkadi que, junto al amordazamiento de un espacio político realmente existente en Euzkadi, sólo sirve para echar leña al fuego de la violencia. En el punto 5º de la Declaración de CR sobre la ilegalización de Batasuna[2] decíamos: “La democracia sólo se fortalece con más democracia. La ilegalización de Batasuna atenta contra la médula de la misma, al tiempo que introduce irresponsablemente obstáculos difícilmente salvables en el proceso de paz en Euzkadi. Esta decisión, que cancela las vías políticas, es una apuesta gravísima por la militarización del conflicto vasco”.

El siguiente paso ha sido la votación de una ley que, bajo el epígrafe de dar protección a los concejales amenazados – objetivo incuestionable desde nuestro punto de vista -, permite al Ejecutivo disolver Ayuntamientos gobernados por grupos que no hayan condenado atentados de ETA. De considerar como delito la abstención de condenar, pilar sobre el que se construye la Ley de Partidos Políticos, se pasa al disparate de conceder al gobierno capacidad para liquidar instituciones de representación de la soberanía popular, como son los municipios. Al igual que la abstención anterior, el voto positivo del Grupo Parlamentario de IU, carece de justificación política alguna. Sólo, desgraciadamente, es explicable por la incapacidad de la mayoría de la dirección de IU de resistir la presión mediática y de mantener posiciones independientes, sobre todo en etapas pre-electorales en las que de forma insultante se está utilizando la política antiterrorista como filón de votos por parte del PP y el PSOE.

El siguiente paso propuesto por el gobierno, consensuado como es habitual con el PSOE, es ampliar la pena máxima a 40 años e impedir la aplicación de beneficios penitenciarios hasta que no se haya cumplido la mitad de la condena y se haya constatado el arrepentimiento del condenado. CR entiende que es innegociable cualquier modificación de Código Penal que suponga un retroceso cuando no una vulneración flagrante como en este caso del artículo 25.2 de la Constitución que establece que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social..”[3].

Las medidas propuestas equivalen vitalmente a la cadena perpetua, implicando la liquidación psíquica e incluso física del condenado mucho antes de finalizar el cumplimiento de la pena. Obviamente, la posibilidad de que se cumpla la Ley General Penitenciaria y se acerque a los presos es cada vez más lejana y constituye un endurecimiento, no explícito, de la condena. La excarcelación navideña del ex general Rodríguez Galindo, condenado por el secuestro, tortura y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, - que evidentemente no se ha arrepentido de nada - , es un nuevo escarnio y otra muestra más de doble moral que no por reiterada debe dejar de ser denunciada por todos los medios a nuestro alcance.

CR espera que, esta vez, IU sostenga una posición beligerantemente contraria a esta nueva aberración democrática y promueva la movilización de sectores profesionales y sociales contra la misma.

CR reitera su rotundo rechazo a los atentados de ETA y expresa su convicción de que constituyen un grave obstáculo, tanto para la solución política del conflicto vasco, como para la reconstrucción de la izquierda revolucionaria en Euzkadi y en el conjunto del Estado.

CR aboga por una salida política al conflicto vasco mediante la apertura de una negociación política sin condiciones previas, que conduzca al reconocimiento del derecho de autodeterminación para el pueblo vasco, el acercamiento de los presos a Euzkadi y la renuncia a la violencia por todas las partes en conflicto, como primeros pasos en el camino de una paz definitiva.

En consecuencia, CR expresa su apoyo decidido a la propuesta del EZLN de hacer posible un diálogo abierto y sin condiciones entre todas las partes sobre los problemas de Euzkadi, incluida la demanda a ETA de una tregua que lo favorezca. Manifestamos nuestro apoyo y ofrecemos nuestras modestas fuerzas al Aguacalientes de Madrid para construir colectivamente las condiciones para dar una oportunidad a la palabra.

Madrid, 7 de enero de 2003

DECLARACIÓN DE CORRIENTE ROJA FRENTE A LA ILEGALIZACIÓN DE BATASUNA

Ante el proceso político que pretenden iniciar el PP y el PSOE en el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados que se celebrará el próximo día 29 de agosto para ilegalizar Batasuna, Corriente Roja declara:

1. – Su más enérgica condena de los últimos atentados realizados por ETA, así como de sus amenazas a diversos partidos políticos.

2. - La actitud militarista de ETA no debe ser excusa para que la derecha autoritaria española, secundada por el PSOE inicie un proceso de ilegalización de una corriente política realmente existente en el país vasco, dejando sin posibilidad de organización, reunión y expresión al menos a doscientas mil personas. El motivo concreto que pretende justificar la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, no la justificación de un atentado, sino la no condena de los mismos, constituye una aberración democrática en el marco de una ley manifiestamente inconstitucional.

3. – La forma en que PP y PSOE inician la ilegalización de Batasuna, mediante procedimientos políticos y convocando un Pleno extaordinario e el mes de agosto– en una decisión sin precedentes – expresa la voluntad de eliminar el debate democrático en la sociedad, sustituyéndolo por la intoxicación diaria en unos medios de comunicación controlados por ambas fuerzas políticas.

4. – La decisión del PSOE de secundar sin fisuras la estrategia antidemocrática del PP confirma – tal y como sucedió en la votación de las medidas antiterroristas en el Parlamento Europeo – su ubicación entre quienes no dudan en socavar el sistema de libertades públicas en aras de la “seguridad”.

5. – La democracia sólo se fortalece con más democracia. La ilegalización de Batasuna atenta contra la médula de la misma, al tiempo que introduce irresponsablemente obstáculos difícilmente salvables en el proceso de paz en Euzkadi. Esta decisión, que cancela las vías políticas, es una apuesta gravísima por la militarización del conflicto vasco.

6. - Se equivoca Gaspar Llamazares preconizando que el Grupo Parlamentario de IU se abstenga, devaluando de forma incoherente la posición contraria a la Ley de Partidos Políticos mantenida por IU en el Congreso y respaldada unánimemente por su Consejo Político Federal.No hay contenidos políticos que justifiquen una abstención, que sólo puede obedecer a posiciones políticas débiles ante la ofensiva mediática e incompatibles con una fuerza política que se dice alternativa. En todo caso, una decisión de este calibre debe ser adoptada por los órganos colegiados de IU, únicos competentes según los estatutos de nuestra organización. Las posteriores amenazas de ETA no pueden servir, a posteriori, como argumento para abandonar una actitud de principios democráticos que ha sido tradicional en IU.

7. - Abogamos por una salida política al conflicto vasco mediante la apertura de una negociación política sin condiciones previas, que conduzca al reconocimiento del derecho de autodeterminación para el pueblo vasco, el acercamiento de los presos a Euskadi y la renuncia a la violencia por todas las partes en conflicto, como primeros pasos en el camino de una paz definitiva.

8. – La ilegalización de Batasuna, que aquí pretende excudarse en los atentados de ETA, se inscribe en un proceso más amplio de criminalización de las fuerzas políticas o movimientos sociales que, como el movimiento antiglobalización, cuestionan las bases de un sistema de dominación cada vez más violento, injusto y excluyente. Por ello Corriente Roja se sumará a quienes apostando inquívocamente por la paz se movilicen para defender las libertades democráticas e impedir que se consume la ilegalización de Batasuna.

17 de Agosto de 2002

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[1] IU lo denunció en su intervención parlamentaria, aunque como sucedió con los delitos de ocupación e insumisión, no fueron suficientes para impedir el voto de totalidad positivo al “Código Penal de la democracia”.

[2] El texto completo puede consultarse en nuestra página web: www.corrienteroja.org

[3] Este artículo está incluido en la sección 1ª del capítulo 2º del Título I que regula los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas. Las garantías de los mismos se recogen en el capítulo 4º del mismo Título. Los artículos 53.1 y 53.2 establecen que el respeto a Derechos y Libertades vincula a todos los poderes públicos y que la tutela de los mismos por parte de los Tribunales ordinarios tiene carácter preferente y sumario y por el Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo.

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