EFE | Santiago de Chile

El ex jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Odlanier Mena, ha reconocido que, a finales de la década de los setenta, personal militar realizó exhumaciones de restos de ejecutados políticos. "Los comandantes en jefe resolvieron que las unidades militares, no la CNI, hicieran un recuento de los posibles cementerios ilegales de cada zona", ha asegurado Mena esta madrugada en declaraciones hechas a la Televisión Nacional.

El objeto de este operativo era "saber qué personas podían estar sepultadas y cómo resolver en el futuro el problema de la entrega de estos cuerpos", dijo. Esta decisión de exhumar los restos fue adoptada después de que a finales de 1978, a raíz de la denuncia de un anciano, el juez Adolfo Bañados descubriera 15 cuerpos sepultados en una mina de cal en Lonquén, a 20 kilómetros de Santiago. Se trataba de campesinos que habían sido detenidos por la policía de Carabineros y cuyo destino se desconocía hasta entonces.

La investigación del magistrado demostró que no habían muerto en un enfrentamiento, como argumentaban los policías, pero el caso fue amnistiado. Para los abogados de derechos humanos y de las agrupaciones de familiares de las víctimas, el reconocimiento del ex jefe de la policía política del régimen militar explica lo ocurrido con los más de 1.000 desaparecidos en ese periodo.

El abogado de derechos humanos Héctor Salazar señaló que en Calama y en Chihuío, donde hubo matanzas de presos políticos y se denunció la existencia de cementerios clandestinos, sólo se han encontrado "pequeños restos y fragmentos de cuerpos humanos". "Eso es congruente con las informaciones de que se hicieron desaparecer esos restos y que probablemente se lanzaran al mar para hacerlos desaparecer", señaló.

"Burla a los familiares"

En ese sentido, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, coincidió en que "en definitiva, ahí está la información respecto al paradero de los detenidos desaparecidos y lo demás es un juego, una burla hacia los familiares". La dirigente sostuvo que Odlanier Mena debe declarar ante los tribunales y entregar la información que tiene al respecto.

Un informe entregado por los militares en enero pasado al presidente Ricardo Lagos estableció el paradero de 200 desaparecidos, de los cuales 151 figuran como lanzados al mar y el resto enterrado clandestinamente en diversos lugares de Chile.

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4 de junio del 2001 
Evidentes, sus vínculos con las sangrientas dictaduras del Cono Sur en los 70

Documentación demuestra la intervención de Kissinger en el golpe de Estado de Pinochet
Stella Calloni
La Jornada

Si el ex secretario de Estado estadunidense Henry Kissinger, premio Nobel de la Paz 1973, es llamado a declarar por distintos jueces que llevan adelante causas vinculadas con la Operación Cóndor, no se trata de una actitud caprichosa de los magistrados actuantes, ya que hay suficiente documentación que demuestra su intervención directa en el golpe militar de Augusto Pinochet en Chile, el 11 de septiembre de 1973, y sus vínculos con todas las dictaduras regionales que coordinaron ese plan criminal y otras sangrientas conspiraciones en el mundo.

Los archivos desclasificados por Estados Unidos, a partir de la cantidad de juicios abiertos en el Cono Sur, el descubrimiento de los Archivos del horror de Paraguay (1992), la detención de Augusto Pinochet en Londres a solicitud del juez español Baltasar Garzón, que juzga el genocidio en América Latina -y en ese encuadre investiga la Operación Cóndor-, muestran no sólo la vinculación de Kissinger sino sus órdenes directas. También en Argentina se piensa citarlo en el juicio contra la Operación Cóndor.

Visitando París lo sorprendió la citación del juez Roger le Loire, el mismo que ordenó la detención en Roma el año pasado del militar argentino Jorge Olivera por el secuestro y desaparición de Anne Marie Erize, una joven de origen francés. Olivera fue liberado poco tiempo después, mediante una maniobra que incluye pruebas falsificadas, lo que dejó mal parada a la justicia italiana.

La aparición del libro The Trial of Henry Kissinger, del periodista e investigador británico Cristopher Hitchens, es tan revelador como otros libros y documentos acumulados en los últimos tiempos sobre el papel del ex secretario de Estado de dos gobiernos de su país, los de los republicanos Richard Nixon y Gerald Ford .

"Kissinger y su equipo idearon el proyecto destinado a asesinar al general chileno René Schneider, que no sólo era líder de las fuerzas armadas de Chile sino que no hubiera aceptado el golpe de Estado", dice Hitchens, en una entrevista con el corresponsal de Página 12 en París.

Agrega: "Se trata de una atrocidad absoluta y nosotros contamos con todos los detalles del atentado planeado por Kissinger y que le costó la vida a Schneider. Hay que decir también que se trata de una atrocidad contra la democracia chilena. Durante 25 años Kissinger impidió que los chilenos eligieran a su presidente".

Nueva atmósfera internacional

Analizando la política estadunidense hacia América Latina, y especialmente lo sucedido en los años 70, Hitchens sostiene que Kissinger debe ser juzgado ya que el arresto de Pinochet cambió la atmósfera internacional para quienes en el pasado cometieron crímenes de lesa humanidad.

"La presión que la comunidad internacional ejerció en la ex Yugoslavia y la instauración de un órgano institucional para juzgar los crímenes contra la humanidad muestran la necesidad de que Estados Unidos, que se cree y se presenta como maestro de los derechos humanos, empiece a aplicar la ley en su propio país", dijo.

Esto es, "sin embargo, imposible mientras se siga defendiendo a Kissinger para que no sea interrogado por los crimenes que cometió mientras ejerció el poder.... Desde el principio de la administración Nixon hasta el fin de la administración Ford las huellas que dejó Henry Kissinger son visibles y van desde Vietnam hasta Camboya, pasando por Chile, Bangladesh, Grecia y Timor Oriental", dice el periodista, quien piensa que el mayor "pasatiempo" del ex funcionario es el poder.

Mucho también deberán aclarar Kissinger y el ex presidente George Bush sobre el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria estadunidense Ronnie Moffit, sucedido en Washington en septiembre de 1976, cuando el ex mandatario era director de la CIA.

Bush no sólo intentó desviar la atención sobre los responsables, arguyendo que se trataba de luchas entre "izquierdistas" (una reproducción de lo que se hizo durante la temible Operación Colombo en 1975), sino que también retuvo información sobre la participación de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) chilena en declaraciones que publicaron varios medios de comunicación estadunidenses como The Washington Post, Newsweek y otros, donde aparecieron "reportajes que afirmaban que la CIA había concluido que la Dina no tenía nada que ver", dice el sociólogo Heinz Dieterich en un trabajo que desmenuza la Operación Cóndor.

Agrega que el director de la CIA, Bush, "se supone que había informado personalmente al secretario de Estado Henry Kissinger sobre sus conclusiones acerca de la Dina", donde cita The Rise and Fall of the Bulgarian Connection, de E.S Herman y F. Bordhead (Sheridan Square Publications, Nueva York 1986).

Tampoco hablaron Bush ni Kissinger de la participación de los cubanos anticastristas que continuarían actuando en otros crímenes por encargo, aunque fueron juzgados en el caso Letelier, y que formaron parte de "los hombres del presidente" en esos años del lobo. 

Original tomado de http://www.rebelion.org/ddhh/kissinger040601.htm 

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http://www.elpais.es/p/d/20001129/opinion/pgarcia.htm

La falsa aceptación de responsabilidad de Pinochet 


PRUDENCIO GARCÍA 
El general Pinochet, en su primera intervención pública desde su llegada a Chile el pasado marzo tras permanecer 503 días detenido en Londres, ha celebrado su 85º cumpleaños enviando a sus partidarios un vídeo, previamente grabado en su casa, y que fue emitido ante la reunión de 1.500 fervorosos seguidores reunidos para la ocasión. En dicha intervención ha aceptado, como presidente de Chile en aquellas fechas, su responsabilidad "de todos los hechos que dicen que el Ejército cometió".


En otras palabras: no ha reconocido nada. No ha pedido perdón por ninguno de los crímenes realmente perpetrados por el Ejército bajo su mando. No ha aceptado su responsabilidad por ningún hecho real, reconocido como tal. Aunque por primera vez ha utilizado el verbo "cometer", él no se ha referido a ningún hecho cometido, sino a unos hechos "que dicen" que fueron cometidos, y cuya realidad fáctica queda, por tanto, sin reconocer.


He ahí un nuevo insulto a la inteligencia de los chilenos, y de toda la humanidad. A diferencia del general Martín Balza, que en 1995, siendo jefe del Ejército argentino, en solemne declaración institucional reconoció los excesos reales cometidos por su Ejército bajo la dictadura de las juntas, expresando su pesar por ellos, pidiendo el perdón de la sociedad civil y prometiendo que aquello jamás volvería a suceder, Pinochet no reconoce hechos sino dichos, no pide perdón por exceso alguno, y no expresa ningún propósito de que el drama no se llegue a repetir.


Abismal diferencia, igualmente, con la posición del coronel guatemalteco Otto Noack, que en 1998 reconoció públicamente -con gran repercusión mediática- los graves excesos cometidos por el Ejército de Guatemala, expresando la necesidad de que aquel Ejército, a través de la adecuada autoridad institucional, reconozca explícitamente aquellos hechos ante la sociedad civil. A lo cual añadió que su institución debería asumir que no pocos de sus miembros tendrán que responder en su día, por sus graves excesos, ante la correspondiente autoridad judicial.


Ni el general Balza ni el coronel Noack hablaron, por tanto, de lo que dicen que hicieron sus respectivos Ejércitos, sino exactamente de lo que éstos hicieron en realidad. Pinochet, por el contrario, borra de un plumazo la larga serie de hechos, tan reales como terribles, de los que existe plena constancia testimonial, negándoles el carácter de hechos y rebajándolos al nivel de dichos. Los hechos registrados en el Informe Rettig (masivas torturas, asesinatos, violaciones), constatados por la Comisión de Verdad y Reconciliación, para Pinochet dejan de ser hechos atestiguados para convertirse en dichos malintencionados. Alguien ha dicho que todo aquello sucedió, pero para él no consta en realidad. Las 73 víctimas mortales de la caravana de la muerte, asesinadas al mes siguiente del golpe por una comisión militar delegada para ello por el propio Pinochet, es otro dicho calumnioso, pues tal hecho nunca sucedió, aunque algunos dicen que sí.


El asesinato en 1974 de su antecesor en la jefatura del Ejército chileno, general Carlos Prats, y su esposa, muertos ambos por coche bomba en plena ciudad de Buenos Aires, donde vivían exilados, en un atentado materializado por el servicio secreto militar chileno, es otro dicho que para Pinochet tampoco sucedió. Los hechos detallados de aquel atentado, confesados por su autor material, el agente de la DINA Michael Townley, que actuó a las órdenes del entonces coronel Manuel Contreras, quien a su vez obedecía ciegamente las órdenes directas de Pinochet, son ahora, para éste, otra serie de supuestos hechos que nunca tuvieron lugar, pues realmente se trata de dichos ajenos a la verdad. Análogamente, aquellas pruebas que han hecho a la juez argentina Servini de Cubría pedir recientemente a las autoridades chilenas la detención del propio Pinochet y su extradición a la Argentina, para responder de su responsabilidad en aquel doble crimen, tampoco corresponden a hechos, sino a dichos infundados de la citada juez.


La muerte en plena tortura del ciudadano español Carmelo Soria, a manos de los agentes de la misma DINA, a las órdenes directas del mismo coronel Contreras, en aquellos años en que Pinochet se enorgullecía diciendo "La DINA soy yo", tampoco fue un hecho, sino uno de tantos dichos venenosos que circulan por ahí. Si hubiera sido cierto, él se hubiera enterado, ya que, según alardeaba en aquellos años, "en Chile no se movía una hoja sin que él lo supiera".


Dicen y dicen, pero tampoco es verdad, que Orlando Letelier, ex ministro de Salvador Allende, fue asesinado en Washington, junto a su secretaria norteamericana, por el mismo agente Townley, acreditado especialista en coches bomba, que una vez más volvió a hacer de las suyas. Pero como esta vez mató también a una ciudadana estadounidense, hoy cumple una larga sentencia en Estados Unidos como autor material de aquellas dos muertes. Aunque confesó haber consumado también este atentado cumpliendo las órdenes del ya mencionado coronel Contreras, jefe de la DINA, lo cierto es que para Pinochet aquel atentado tampoco tuvo lugar. Lo dicen las malas lenguas, pero seguramente tampoco es verdad.


Aquellos 34 casos de torturas y asesinatos producidos en las 15 últimos meses de la dictadura pinochetista, presentados por el juez Garzón a los jueces del Reino Unido en su solicitud de extradición del ex dictador a España, casos que fueron calificados por el fiscal británico en la vista oral como "los crímenes más terribles jamás vistos ante un tribunal inglés", tampoco consta que ocurrieran. No eran hechos, sino simples dichos del juez español, del fiscal inglés y del juez, también británico, que sentenció a favor de la extradición. Y así sucesivamente, hasta completar -a base de dichos, pero nunca de hechos- los miles de víctimas causadas por aquel Ejército en los 16 años y medio de duró -según dicen- aquella dictadura y su represión militar.


Lo mismo cabe decir de los hechos atestiguados en las casi 200 denuncias presentadas contra Pinochet en su propio país. Corresponden, según el general, a falsos dichos sobre unos hechos nunca producidos. La propia Corte Suprema de Justicia de su país le despojó de su inmunidad parlamentaria. Pero eso también fue por lo de siempre: porque las lenguas viperinas "dicen que el Ejército cometió" -frase antológica y ya inolvidable- unos hechos inexistentes en realidad. Por los cuales ahora Pinochet se acaba supuestamente de responsabilizar, en medio del ambiente festivo de su 85 cumpleaños, que sus víctimas nunca podrán cumplir.

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Prudencio García es investigador del INACS, consultor internacional de la ONU y de otros organismos.