Secciones: Colombia - Venezuela Bolivariana - Estados Unidos de AméricaTítulo: Argumentos de por qué Uribe y no Chávez debería ser llevado a la Corte Penal Internacional- Enlace 1 Texto del artículo:
Colombia. El Israel de América
08-03-2008
Argumentos de por qué Uribe y no Chávez debería ser llevado a la Corte Penal Internacional
Ewa Sapiezynska y Fernando Casado Gutiérrez
Rebelión
En el medio de la crisis política entre Ecuador, Colombia y Venezuela por el asesinato de Raúl Reyes, el número dos de las FARC, en territorio ecuatoriano, Álvaro Uribe anunció la denuncia de Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional (CPI) “por patrocinio y financiación de genocidas”. Al parecer Uribe había encontrado en una computadora perteneciente a Raúl Reyes, y que sobrevivió al bombardeo del campamento donde se encontraba, información que “prueba” que Chávez donó a las FARC 300 millones de dólares y una dotación de armas.
La CPI sita en la Haya (Países Bajos) fue creada para enjuiciar “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto” (artículo 5 del Estatuto de Roma que regula la CPI). Estos crímenes son genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. Por genocidio se entiende “la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” (art. 6). Dada esta definición del genocidio no es posible aplicarle el calificativo a Chávez, sobre todo teniendo en cuenta que son los documentos supuestamente hallados en una computadora lo que le vincula a las FARC.
Las calumnias vertidas sobre Chávez en realidad no se las cree ni el mismo Uribe, de hecho la mayoría de los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que integran los ex gobernantes colombianos entre otros, le planteó a Uribe reconsiderar la demanda ante la CPI durante una reunión el martes 4 de marzo en la que analizaron la crisis diplomática con Ecuador y Venezuela. Seguramente la Comisión se dio cuenta de lo ridículo de la acusación, pero el daño ya estaba hecho, aunque el farol de Uribe no llegue a más, los principales medios de comunicación occidentales publicaron la denuncia contra Chávez y muchos de ellos se atrevieron a dar como cierta su relación con las FARC, con lo que la táctica de distracción, en la que el agresor se hizo pasar por víctima, tuvo el efecto esperado.
Ahora en cambio, podríamos estudiar las posibilidades que existen de sentar a Uribe en el banco de los acusados de la CPI. Primero, habría que ver los vínculos que tiene Uribe con los grupos de paramilitares que existen en Colombia, para después establecer si las actividades delictivas de estos grupos criminales podrían caer dentro de la jurisdicción de la CPI.
El llamado escándalo de la “parapolítica”, por el se han descubierto nexos entre altos cargos públicos colombianos y los paramilitares, ha llevado ante las instancias judiciales colombianas hasta ahora a 56 congresistas y muchos altos cargos públicos. Hoy día ya son 22 los congresistas [1] que están en la cárcel, todos pertenecientes a partidos políticos parte de la coalición que apoyó a Álvaro Uribe a conseguir la presidencia. Los últimos 5 curules fueron detenidos a finales de febrero, lo que muestra que el escándalo continúa y para nada se descartan nuevos arrestos en el futuro. La detención uno de esto congresistas, el senador Álvaro Araújo Castro, por sus vínculos con grupos paramilitares, provocó la renuncia de su hermana que fungía en ese momento como Canciller en el gobierno de Uribe.
Entre los funcionarios de alta confianza y nombrados por Uribe implicados en el escándalo y detenido actualmente, encontramos a Jorge Noguera, el ex director del Departamento de Seguridad (DAS). Noguera, ha sido acusado de permitir la infiltración de paramilitares en el DAS. También fue acusado de haber otorgado a los paramilitares una lista con nombres de sindicalistas, muchos de los cuales fueron asesinados subsecuentemente. Su proceso sigue en curso ante la Fiscalía.
El vicepresidente de Uribe, Francisco Santos Calderón, ha sido señalado por un ex jefe desmovilizado del grupo armado ilegal de las AUC, de haberle propuesto crear una organización paramilitar que operara en Bogotá. Por lo que también podría ser llevado a los tribunales si salen a la luz las pruebas necesarias para incriminarle. Incluso el hermano del Presidente, Santiago Uribe, y su primo, el senador Mario Uribe Escobar, podrían estar implicados en delitos de lesa humanidad. Respecto a Santiago, la Justicia informó que "se dictó un auto inhibitorio" y que "si en algún momento aparecen nuevas pruebas, se puede reiniciar la investigación".
Los grupos armados ilegales de extrema derecha, normalmente conocidos como paramilitares, son responsables de una gran cantidad de crímenes que entran dentro de la categoría de lesa humanidad [2] , enjuiciable ante la CPI. Los fiscales de Colombia que investigan a los paramilitares desmovilizados han documentado unos 14.000 crímenes atribuidos a ellos. Son casos de ejecuciones, matanzas, torturas, desapariciones forzadas y expropiación de bienes, entre otros [3] . Estas actividades se han realizado de manera sistemática y donde el blanco han sido justamente los movimientos sociales, organizaciones comunales y partidos políticos de izquierda.
Muchos de los delitos fueron cometidos después de julio de 2002, momento a partir del cual entró en funcionamiento la CPI, y pese a que Colombia realizó, por el artículo 124 del Estatuto de Roma [4] , una salvaguarda respecto de los crímenes de guerra [5] , todavía se pueden juzgar ante la CPI los delitos de lesa humanidad que se han llevado a cabo por los paramilitares, que no son pocos.
De hecho la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una ONG que reúne a 116 organizaciones en cerca de 100 países, ha introducido varias comunicaciones ante la Fiscalía de la CPI para que investigue a los responsables de crímenes bajo su jurisdicción en Colombia. Según la FIDH, la Ley de Justicia y Paz promovida por el gobierno de Uribe para desmantelar los grupos paramilitares es solamente una pantalla, pues en realidad con esta ley se está legitimando la impunidad de sus crímenes.
Dados los estrechos lazos entre los paramilitares (de quienes hay pruebas de la imputación de delitos de lesa humanidad) y el gobierno y familia de Uribe, junto a la impunidad reinante por los delitos cometidos ayudados con la Ley de Justicia y Paz, podría perfectamente presentarse una demanda ante la CPI para que el Fiscal de este organismo investigue la responsabilidad de Uribe y otras personas, a la vez que evalua la Ley de Justicia y Paz.
El miercoles 5 de marzo por la noche, durante una rueda de prensa conjunta con el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, Chávez expresó que quería presentarse ante la CPI, pero acompañado de Uribe. Chávez sabe que él tiene las manos limpias de sangre y Uribe no. En fin, no nos apresuremos, Uribe simplemente quiso hacer un pequeño ”show”, la realidad es que el caso de la parapolítica avanza y que la CPI está consolidándose. Para desgracia de Uribe ya existen precendentes recientes en el que las instancias judiciales extranjeras, la cooperación judicial y la presión internacional han servido para llevar a juicio a ex presidentes criminales, y si no que se lo digan a Pinochet o Fujimori. Lo que esta claro es que tarde o temprano, aunque no creo que demasiado tarde, y por sus propios actos, Uribe también caerá, Chávez si sigue como hasta ahora no.
[1] Los nombres de estos congresistas son: Álvaro García Romero, Erick Julio Morris, Jairo Merlano, Álvaro Araújo Castro, Dieb Maloof, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Miguel Alfonso de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, José Santos Negrete, William Montes, Óscar Wilchez, Karelly Patricia Lara Vence, Luis Humberto Gómez Gallo, Ciro Ramírez, Luis Fernando Almario, Pompilio Avendaño y Dixon Tapasco y Enrique Emilio Ángel.
[2] El crimen de lesa humanidad se considerará “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; (…) d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física; (…) f) Tortura; g) Violación; (…) h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos;(…) i) Desaparición forzada de personas; (…)k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” Art. 7 del Estatuto de Roma.
[3] La ONG Centro de Investigación y Educación Popular documentó por medio de su Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política 14.476 crímenes de lesa humanidad perpetrados por los paramilitares. El estudio recoge 11.161 casos de personas ejecutadas, 1.869 desaparecidas y 164 torturadas.
[4] El artículo 124 establece: “…al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio…”. Estas categorías establecidas en el artículo 8 son(como se dijo más arriba): genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión.
[5] “(…)A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”: a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber (…): i) El homicidio intencional; ii) La tortura o los tratos inhumanos (…); iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud; iv) La destrucción y la apropiación de bienes (…); v) El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga; (…)vii) La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal;
viii) La toma de rehenes; b) Otras violaciones graves de las leyes (…)” Art. 8 Estatuto de Roma.
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