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Secciones: Antiglobalización -  Economía

Título: [ATTAC] INFORMATIVO 539 - CARTA A LOS MIEMBROS DEL G20- Enlace 1

Texto del artículo:



INFO 539 22 de febrero de 2010
informativo@attac.org http://attac-info.blogspot.com

Carta a los miembros del G20

Mundo

LAS EMPRESAS TOMAN LA DEMOCRACIA DE EEUU. El 21 de enero de 2010 quedará registrado como un día oscuro en la historia de la democracia de Estados Unidos y su declive. Ese día, la Corte Suprema dictaminó que el Gobierno no puede prohibir que las compañías hagan aportaciones económicas en las elecciones

FRANCIA HA PUBLICADO SU PRIMER LISTADO DE PARAÍSOS FISCALES Francia ha redactado su propia “lista negra” de paraísos fiscales, lo que le permitirá aplicar más impuestos a las empresas francesas instaladas en esos países

TRIBUNAL RUSSELL POR PALESTINA El Tribunal Russell sobre Palestina es un tribunal popular de conciencia impulsado por la sociedad civil internacional ante las violaciones del Derecho internacional de las cuales es víctima el pueblo palestino.

MICHAEL MOORE. ENTREVISTADO POR NAOMI KLEIN: ‘EL CAPITALISMO ES LA LEGALIZACIÓN DE LA CODICIA’ habla sobre su último film, critica a Wall Street y opina sobre Barack Obama-Leer em:
http://attac-info.blogspot.com



Latinoamérica

EL TRASFONDO DE LA REELECCIÓN DE INSULZA EN LA OEA Cuando José Miguel Insulza fue electo como secretario general de la OEA en mayo de 2005 se destacó que era la primera vez que alguien accedía a ese cargo sin la venia de los Estados Unidos. Su elección representaba una buena oportunidad para reformar a la OEA en sus aspectos políticos y administrativos y a la vez demostrar que Estados Unidos no gobernaba a América Latina.

JOBIM, VANNUCHI Y LA MEMORIA BRASILEÑA El Brasil es el único país de América Latina asolado en el pasado por una dictadura militar que prefiere mantener bajo la manta los crímenes cometidos por agentes públicos.

ARGENTINA: ANDALGALA Y LA MINERÍA (CATAMARCA) Diputados fustigan a gobernador de Catamarca tras represión en Andagalá en solidaridad con "la lucha del pueblo de Andalgalá contra el saqueo y la devastación del medio ambiente a manos de la minería contaminante a cielo abierto".


Attac

CARTA A LOS MIEMBROS DEL G-20 Carta que propone el movimiento Attac para que sea firmada y remitida a la Oficina del gobierno de su país con el fin de que la remita al G-20. Sugerimos que se copie y pegue para su envío por correo electrónico

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Mundo

LAS EMPRESAS TOMAN LA DEMOCRACIA DE EEUU

Noam Chomsky -

El 21 de enero de 2010 quedará registrado como un día oscuro en la historia de la democracia de Estados Unidos y su declive. Ese día, la Corte Suprema dictaminó que el Gobierno no puede prohibir que las compañías hagan aportaciones económicas en las elecciones.
La decisión afecta profundamente a la política gubernamental, tanto en el plano interno como en el internacional, y anuncia incluso mayores conquistas de las corporaciones sobre el sistema político de EEUU. Para los editores de The New York Times, el fallo "golpea el corazón mismo de la democracia" al haber "facilitado el camino para que las corporaciones empleen sus vastos tesoros para inundar [con dinero] las elecciones e intimidar a los funcionarios elegidos para que obedezcan sus dictados".
La Corte estuvo dividida, cinco contra cuatro. A los cuatro jueces reaccionarios (engañosamente llamados conservadores), se les sumó el magistrado Anthony M. Kennedy. El magistrado presidente, John G. Roberts Jr., tomó un caso que se podía haber resuelto fácilmente sobre bases más limitadas y maniobró en la Corte con el fin de hacer aprobar un dictamen de gran alcance que revierte un siglo de restricciones a las contribuciones de las empresas en las campañas federales.
Ahora, los gerentes de las compañías podrán, de hecho, comprar directamente comicios, eludiendo vías indirectas más complejas. Es bien sabido que las contribuciones empresariales, en ocasiones envueltas en paquetes complejos, pueden inclinar la balanza en las elecciones y, así, dirigir la política. La Corte acaba de entregar mucho más poder a ese pequeño sector de la población que domina la economía.
La Teoría de inversiones de política, del economista político Thomas Ferguson, ha constituido durante mucho tiempo un exitoso pronóstico de la política gubernamental. La teoría interpreta las elecciones como ocasiones en las que segmentos del poder del sector privado se unen para invertir en el control del Estado. La decisión del 21 de enero refuerza los medios para socavar la democracia funcional.
El trasfondo es revelador. En su disensión, el juez John Paul Stevens admitió que "desde hace tiempo se ha sostenido que las corporaciones están amparadas por la Primera Enmienda [la garantía constitucional de la libertad de expresión, que incluye el derecho a apoyar a candidatos políticos]".
A principios del siglo XX, teóricos legales y tribunales implementaron un fallo de la Corte de 1886 mediante el cual las corporaciones -esas "entidades colectivistas legales"- debían tener los mismos derechos que las personas de carne y hueso. Este ataque al liberalismo clásico fue condenado con rotundidad por la especie en extinción de los conservadores. Christopher G. Tiedeman describió el principio como "una amenaza a la libertad del individuo y a la estabilidad de los estados americanos como gobiernos populares".
En su trabajo de historia sobre la ley, Morton Horwitz escribe que el concepto de personalidad corporativa evolucionó a la par que el desplazamiento del poder de los accionistas hacia los gerentes y, finalmente, condujo a la doctrina de que "los poderes de la mesa directiva son idénticos a los poderes de la corporación". En años posteriores, los derechos corporativos se expandieron mucho más allá que los de las personas, particularmente mediante los mal llamados "acuerdos de libre comercio". Bajo esos acuerdos, por ejemplo, si General Motors establece una planta en México, puede exigir ser tratada igual que una empresa mexicana (trato nacional), a diferencia de un mexicano de carne y hueso que pretendiera en Nueva York un trato nacional o, incluso, los mínimos derechos humanos.

Rivales del Gobierno
Hace un siglo, Woodrow Wilson, en aquel entonces un académico, describió un Estados Unidos en el que "grupos comparativamente pequeños de hombres", gerentes corporativos, "ejercen un poder y control sobre la riqueza y las operaciones de negocios del país", convirtiéndose en "rivales del propio Gobierno". En realidad, esos grupos pequeños se han convertido cada vez más en los amos del Gobierno. La Corte Suprema les da ahora un alcance aún mayor.
El fallo de 21 de enero llegó tres días después de otra victoria para la riqueza y el poder: la elección del candidato republicano Scott Brown para reemplazar al finado senador Edward M. Kennedy, el león liberal de Massachusetts.
La elección de Brown fue presentada como una "rebelión populista" contra los elitistas liberales que manejan el Gobierno. Los datos de la votación revelan una historia diferente. Una asistencia alta de votantes de los suburbios ricos y baja en las áreas urbanas demócratas contribuyeron a la victoria de Brown. "Un 55% de los votantes republicanos dijo estar muy interesado en la elección, en comparación con un 38% de los demócratas", según la encuesta de The Wall Street Journal/NBC. De manera que los resultados fueron, en realidad, una revuelta contra las políticas del presidente Obama: para los ricos, no estaba haciendo lo suficiente para enriquecerlos aún más, en tanto que para los sectores pobres estaba haciendo demasiado en favor de los poderosos.
La ira popular es perfectamente comprensible, dado que los bancos están prosperando gracias a los rescates, mientras que el desempleo se ha elevado al 10%. En el sector de la manufactura, uno de cada seis está sin trabajo: un desempleo en el nivel de la Gran Depresión. Con la financialización creciente de la economía y el desplome en la industria productiva, las perspectivas de recuperar los tipos de empleo que se perdieron son sombrías.

La salud pública
Brown se presentó como el voto 41 contra el programa de salud pública; esto es, el voto que podría socavar el dominio demócrata en el Senado de EEUU.
El programa de atención médica de Obama fue, en efecto, un factor en la elección de Massachusetts. Los titulares están en lo correcto cuando informan de que el público se está volviendo contra el programa. Las cifras de la encuesta explican por qué: porque la iniciativa no llega lo suficientemente lejos. El sondeo de The Wall Street Journal/NBC reveló que la mayoría de los votantes desaprueba el manejo del sistema de salud tanto por los republicanos como por Obama.
Estas cifras están en la línea de otras encuestas nacionales recientes. La opción pública de la salud es apoyada por el 56% de los encuestados y el acceso a Medicare a los 55 años de edad, por el 64%; pero ambas iniciativas fueron abandonadas. Un 85% opina que el Gobierno debería tener el derecho de negociar los precios de los medicamentos, como en otros países; sin embargo, Obama garantizó a las grandes industrias farmacéuticas que no elegirá esa opción.
Amplias mayorías de ciudadanos están a favor del recorte de costes, lo que tiene sentido: el coste per cápita en EEUU por atención médica es aproximadamente el doble que en otros países industrializados y los resultados en términos de salud están en el extremo inferior.
Pero el recorte no puede ser emprendido seriamente cuando se trata con gran generosidad a las compañías farmacéuticas y el sistema de salud está en manos de aseguradores privados prácticamente sin regulación -un sistema costoso, peculiar de EEUU-.
El fallo del 21 de enero eleva nuevas e importantes barreras para superar la grave crisis del cuidado de la salud o para afrontar asuntos tan críticos como las inminentes crisis ambiental y energética. La brecha entre la opinión pública y la política pública es cada vez mayor. Y el daño a la democracia estadounidense es tan grande que difícilmente se puede exagerar.
*Noam Chomsky, distribuído por The New York Times Syndicate.

FRANCIA HA PUBLICADO SU PRIMER LISTADO DE PARAÍSOS FISCALES

Francia ha redactado su propia “lista negra” de paraísos fiscales, lo que le permitirá aplicar más impuestos a las empresas francesas instaladas en dieciocho países según un decreto cuya copia obtuvo AFP (Agencia France Press) En dicha lista convalidada el último fin de semana por la ministra de economía Christine Lagarde y su colega ministerial Eric Woerth, publicada en Les Echos y Le Figaro, el gobierno establece, para el año 2010, cuales son los “Estados y territorios no cooperantes” en materia fiscal.
Son considerados “Estado o territorios no cooperantes lo países no miembros de la Unión europea que no hayan firmado una convención de asistencia administrativa que permita el intercambio de informaciones fiscales con por lo menos doce Estados. Los dieciocho países citados en el decreto son: Anguila (Caribe), Belize (América central), Brunei (Asia), Costa Rica (América central), Dominique, Grenade (Caribe), Guatemala (América central), Islas Cook, Islas Marshall (Oceania), Liberia (Africa), Montserrat (Caribe), Nauru, Niue (Oceanía), Panamá (América central), Filipinas (Asia), Saint-Kitts-et-Nevis, Santa Lucia y San Vicente y las Granadinas (Caribe).
Se trata de estados que no son miembros de la UE y que figuran en los listados de la OCDE (Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico). Dicha lista incluye veintitrés países más pero París ha excluido de su lista a los veintitrés países que ya han firmado un acuerdo de intercambio de información fiscal con Francia, aun cuando aún no hayan concluido los doce tratados que pemiten a los países ser blanqueados por la OCDE.
El Caribe con siete países se halla ampliamente representado como también América central en la que se destacan Costa Rica y Panamá.El sultanato de Brunei, las Filipinas y también Liberia han sido marcados. El gobierno podrá actualizar anualmente dicha lista en función de la evaluación del adecuado respeto a las convenciones existentes y la firma de nuevos acuerdos.
Esta lista había sido inicialmente confeccionada en la versión rectificada del presupuesto 2009, aprobado en diciembre, en medio de la crisis y de las cumbres del G20 oportunidad en la que los principales países industrializados y emergentes se comprometieron a poner fin al secreto bancario y a los paraísos fiscales. En concreto con el objeto de castigar el intercambio con estos dieciocho paraísos fiscales, París va a establecer un impuesto del 50% (contra el de 0 a 33% anterior) a los dividendos, intereses y réditos pagados por entidades francesas a los destinatarios residentes en esos territorios.
Traducción Susana Merino - Le Monde y AFP (15.2.10)

TRIBUNAL RUSSELL POR PALESTINA

El Tribunal Russell sobre Palestina es un tribunal popular de conciencia impulsado por la sociedad civil internacional ante las violaciones del Derecho internacional de las cuales es víctima el pueblo palestino. Examinará las responsabilidades de las organizaciones internacionales y de los Estados en la no aplicación del Derecho internacional. Aunque sus resoluciones no son vinculantes, el Tribunal se basa en la legislación internacional y está formado por expertos y juristas de renombre mundial. La primera sesión del Tribunal se realizará del 1 al 3 de marzo de 2010 en Barcelona con el mandato de estudiar el grado de complicidad de la Unión Europea y de sus Estados miembros en la prolongación de la ocupación de los Territorios Palestinos y en las violaciones de los derechos del pueblo palestino por parte de Israel.
El primer Tribunal Russell se celebró en 1967 para investigar los crímenes de guerra cometidos en Vietnam y juzgarlos según el Derecho Internacional. Fue impulsado por Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura en 1950, y presidido por Jean-Paul Sartre. El Tribunal contó con la participación de destacados intelectuales de la época, como Lelio Basso, Julio Cortázar, Lázaro Cárdenas y Simone de Beauvoir. El Tribunal, a pesar de carecer de validez jurídica, actuó como un tribunal popular de conciencia frente a las injusticias e impunidad de las violaciones de la legislación internacional.
Ahora, después de más de cuarenta años, la Fundación Bertrand Russell patrocina el establecimiento de un Tribunal Russell sobre Palestina (TRP) para juzgar las violaciones del Derecho internacional de las que es víctima la población palestina y que la privan de un Estado soberano. En este marco, se analizarán las responsabilidades de Israel, así como las de otros Estados y organizaciones internacionales, como la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Liga Árabe.
El TRP está constituido por reconocidas figuras de muy diversos países, Israel incluido, y su legitimidad no proviene de ningún Gobierno o partido político, sino del prestigio, la carrera y el compromiso respecto a los derechos humanos de los miembros que lo integran. El Comité de apoyo internacional cuenta con más de 100 personalidades de todos los ámbitos, como Boutros Boutros-Ghali (ex secretario general de la ONU), Mohammed Bedjaoui (ex presidente del Tribunal Internacional de Justicia), Noam Chomsky (catedrático del MIT), Ken Loach (cineasta) o José Saramago (premio Nobel de Literatura en 1998)
Están abiertas hasta el 15 de febrero las inscripciones para asistir a I Sesión del Tribunal Russell sobre Palestina.
Más información en www.russelltribunalonpalestine.net o en www.tribunalrussell.org


Latinoamérica

EL TRASFONDO DE LA REELECCIÓN DE INSULZA EN LA OEA


Álvaro Ramis*


Cuando José Miguel Insulza fue electo como secretario general de la OEA en mayo de 2005 se destacó que era la primera vez que alguien accedía a ese cargo sin la venia de los Estados Unidos. Esta percepción debería relativizarse, puesto que Washington deseaba aparecer más alejado de ese organismo. La elección de un hombre como Insulza representaba una buena oportunidad para reformar a la OEA en sus aspectos políticos y administrativos y a la vez demostrar que Estados Unidos no gobernaba a América Latina.



Luego de un tormentoso proceso de elección, que incluyó múltiples tensiones y vueltas cruzadas en la votación, Insulza asumió en 25 de mayo de 2005 como secretario general de la OEA con el compromiso de "fortalecer la relevancia de la Organización e incrementar su capacidad de acción". Tras estas palabras se reflejaba la verdadera promesa que asumió Insulza ante los norteamericanos y que facilitó que el canciller mexicano Luís Ernesto Derbez finalmente retirara su candidatura. Recordemos que ese hecho aconteció en abril de 2005 en Santiago de Chile, en el marco de la III Conferencia Ministerial de la “Comunidad de Democracias”(1), y tras una intervención directa de Condoleezza Rice. Derbez e Insulza, habían empatado a 17 votos, lo que condenaba a la OEA a una parálisis política sin visos de solución. La movida chilena consistió en ofrecer a Rice un compromiso fundamental para sus intereses: impulsar una modificación a la Carta Democrática firmada en Lima el 11 de septiembre del 2001. Esta reforma contemplaría tres aspectos:



1. Dotar al secretario general de la OEA de facultades para elaborar un “Informe anual sobre el estado de la democracia” en la región. Se trataría de un reporte que se redactaría desde “diversas fuentes”, no sólo de la opinión de los gobiernos y buscaría “prevenir alteraciones al

orden democrático”.



2. Se dotaría a la OEA de mecanismos para intervenir en un país frente a “amenazas a la democracia originadas en los propios gobiernos”. De acuerdo al análisis de los Estados Unidos la actual Carta Democrática establece sanciones cuando los ataques a la institucionalidad democrática provienen desde fuera de los gobiernos, como ocurre, con los golpes militares contra los poderes civiles. Sin embrago no lo hace en casos en que los gobiernos mismos supriman la libertad de prensa, ataquen a los partidos opositores, no respeten la independencia de los demás poderes públicos o violen la Constitución que juraron respetar al asumir el poder. Hoy la OEA no puede intervenir en un país si el gobierno legítimo no le autoriza. Con esta reforma esta intervención sería posible.



3. En tercer lugar, una vez que la OEA haya documentado una vulneración interna al orden democrático por acción directa del propio gobierno se podría declarar que un gobernante legítimo en su origen ha devenido en ilegítimo en su ejercicio del poder. De acuerdo con esta sentencia la Asamblea general de la OEA estaría facultada para expulsarle o suspenderle de la organización, con el voto afirmativo de los dos tercios de los estados miembros.



Esta reforma no aparece desde la nada. Es un instrumento de ataque directo a los gobiernos progresistas y de izquierda a los que se ha acusado justamente de estos cargos:



- Limitar la libertad de prensa por establecer normas de responsabilidad social a los medios de comunicación corporativos, y en determinadas ocasiones aplicar sanciones a concesionarios de frecuencias televisivas que han vulnerado sus compromisos.



- Atacar a los partidos opositores cuando han debido aplicar la ley ante intentos golpistas o sediciosos.



- Violar la independencia de los demás poderes públicos cuando han logrado superar deliberados intentos de obstruccionismo judicial y parlamentario a decisiones legítimas de sus administraciones.

- Y finalmente violar las constituciones por haber iniciado procesos constituyentes que han culminado en nuevas cartas fundamentales, mucho más democráticas y en la perspectiva de garantizar un Estado Social de Derecho en sus países.



La amenaza contenida en esta reforma no sólo recaería en los gobiernos del ALBA. En realidad es una intimidación a todos los países que traten de iniciar procesos de reforma constitucional o elaboración de nuevas constituciones, que se consideren amenazantes para de derecha del

continente. Por ejemplo, el intento de reforma constitucional que encabezó Zelaya antes de ser derrocado podría haber sido objeto de sanciones bajo esta nueva formulación de la carta democrática de la OEA.



Se trata de un mecanismo que operaría desde el derecho internacional que buscaría fijar un modelo minimalista de democracia, bajo criterios exclusivamente representativos y que resguarde la hegemonía del derecho a propiedad por sobre los derechos sociales económicos y culturales de la ciudadanía.



Durante su gestión Insulza no ha contado con el apoyo político de los países de la región para cumplir esta promesa. Y la verdad es que tampoco ha hecho de este punto un elemento central en sus discursos. De allí la furia con que le ha atacado esta semana el Washington Post,

medio que expresa la postura del partido republicano. El Post no ha ahorrado calificativos contra la gestión de Insulza, calificándola de disfuncional: "Insulza ha servido descaradamente a los líderes de izquierda de la región, lo que con frecuencia significó ignorar la Carta

Democrática" de la OEA por lo cual llamó a los congresistas norteamericanos a congelar los pagos y subsidios a la OEA si la institución mantenía el rumbo que le había asignado Insulza.



La derecha tampoco le puede perdonar fácilmente que en San Pedro Sula, el 3 de junio de 2009 la entonces canciller de Honduras Patricia Rodas pudiera declarar a nombre de la asamblea de la OEA: "Se resuelve que la resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se

excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos".



Para el Secretario General de la OEA tras estos ataques se ubican "los mismos que estaban detrás de la campaña fuerte que se realizó a favor de Roberto Micheletti en Honduras". A su juicio, su gestión se habría ubicado a una justa distancia de los extremos políticos y que por ello ninguno de los polos logra aceptarle. La verdad es que la OEA no logró restaurar la democracia en Honduras luego del golpe de estado y ha corrido rauda a recibir al nuevo gobierno de Porfirio Lobo, por lo que tampoco será fácil para Insulza defender su gestión ante los gobiernos democráticos y progresistas del continente.



Por su parte, el presidente electo Sebastián Piñera le ha expresado personalmente su apoyo luego de ciertas declaraciones ambiguas deslizadas en las últimas semanas: "Quiero informar que he tomado la decisión de que el futuro gobierno que asume nuestro país el 11 de marzo va apoyar con mucha decisión la reelección de José Miguel Insulza como secretario general de la OEA''. No se podía esperar otra cosa ya que una derrota de Insulza también sería una derrota de la diplomacia chilena.



Sin apoyo de su propio país la candidatura de Insulza caería, lo que sería criticado a Piñera como un gesto de pequeñez política contra su oposición. Por este motivo el nuevo gobierno estaba obligado a apoyarle públicamente. Lo que no está claro es hasta que punto Piñera estará dispuesto a llegar en respaldo, ya que en 2005 Insulza necesitó que Ricardo Lagos saliera personalmente a buscar los votos que le faltaban. Eso no ocurrirá en esta ocasión. Lo que resultará clave en el nivel de apoyo que brinde Piñera es el grado de compromiso que manifieste Insulza con la reforma a la carta democrática, ya que ese es uno de los pocos puntos referentes a Relaciones Exteriores que aparecen explícitos en el programa de Piñera.



Mientras tanto, la administración Obama observa sin pronunciarse. Es probable que esperen al surgimiento de otras candidaturas para expresar su opinión. Las voces de la derecha más radical de continente ya han lanzado sus propias campañas para impulsar candidatos alternativas desde Centroamérica o el Caribe. El cubano-americano Luís Alberto Montaner, una de las voces más tradicionales de la ultraderecha de Miami se pregunta en una columna reciente: “¿Quién pudiera reemplazar a José Miguel Insulza al frente de la OEA? Tal vez es el momento de pensar en un excanciller o expresidente centroamericano, o en una figura prominente del Caribe, pero quien sea debe tener la entereza de responder a los principios consignados en los documentos fundacionales del organismo y en la Carta Democrática, aunque ello signifique el enfrentamiento con Chávez y con sus satélites”.



Está claro, el punto central que se disputará este año en la OEA radica en esta reforma. Si se llega a aprobar, los Estados Unidos contarán con un nuevo tipo de arma, esta vez de carácter jurídico-político, para intervenir en la región. Esta es la pieza que les falta, ya que sabemos que las bases militares y navales están colocadas en perfecta ubicación.



1) La llamada “Comunidad de democracias” es en la actualidad una de las coaliciones internacionales más cuestionadas por los criterios que utiliza a la hora de cursar las invitaciones a sus conferencias. Por ejemplo, desde la conferencia de Bamako en 2007, Venezuela ha sido excluida y Rusia rebajada a observadora, mientras Irak y Afganistán, a pesar de ser naciones ocupadas por Estados Unidos, han sido incorporadas con plenos derechos. La mayoría de los países de la Unión Europea cuestionan la falta de transparencia y los criterios excesivamente politizados de esta organización.



*Álvaro Ramis es Presidente de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales ACCIÓN A.G.

Más información: http://alainet.org



JOBIM, VANNUCHI Y LA MEMORIA BRASILEÑA
Frei Betto
Indignados con el Programa Nacional de Derechos Humanos, presentado en ceremonia oficial presidida por Lula, en diciembre pasado, el ministro de la Defensa, Nelson Jobim, y los comandantes de las Fuerzas Armadas habrían presentado sus renuncias, rehusadas por el presidente de la República.
Lula habría prometido revisar tres o cuatro puntos del Programa, como son los relativos a la exigencia de instalación de una Comisión de la Verdad, la apertura de los archivos militares y la retirada de las vías públicas de nombres de personas notoriamente conniventes con la represión de la dictadura.
El ministro Paulo Vannuchi, de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, cumple honradamente su deber de ciudadano y de autoridad pública: se empeña para que la verdad salga a la superficie. El Brasil es el único país de América Latina asolado en el pasado por una dictadura militar que prefiere mantener bajo la manta los crímenes cometidos por agentes públicos.
La ley de amnistía, aprobada por el gobierno del general Figueiredo, es una aberración jurídica. Una amnistía se aplica a quien fue investigado, juzgado y castigado. Lo que nunca sucedió en el Brasil con los responsables de torturas, asesinatos y desaparecimientos. Quienes lucharon contra el régimen militar y por la redemocratización del país fueron, ellos sí, severamente castigados. Que lo digan Vladimir Herzog y Frei Tito de Alencar Lima.
La tortura es un crimen aborrecible, imprescriptible e inexcarcelable aun bajo fianza. Al exigir que se aclare la verdad sobre el período dictatorial, el ministro Vannuchi y todos los que le apoyamos no estamos motivados por el revanchismo. Nunca hemos pretendido hacerles a ellos lo que ellos nos hicieron a nosotros. Se trata de justicia: descubrir el paradero de los desaparecidos; entregar a sus familias los restos mortales de los que fueron asesinados y enterrados clandestinamente; comprobar que no todos los militares fueron conniventes con las atrocidades cometidas por el régimen, en nombre de la Seguridad Nacional; librar a las Fuerzas Armadas de la influencia de figuras antidemocráticas que exaltan la dictadura y encubren la memoria de sus crímenes.
El presidente Lula no merece constituirse en rehén de los nostálgicos de la dictadura. Es la impunidad la que favorece, hoy, la práctica de torturas por parte de policías civiles y militares, como sucede en blitzen, en comisarías y prisiones fuera del Brasil. Es inútil que los militares intenten encubrir nuestro pasado. Hasta en la película de Fabio Barreto “Lula, el hijo del Brasil” la truculencia de la dictadura está expuesta en escenarios reales y ficticios. “Bautismo de sangre”, de Helvécio Ratton -la película más realista sobre el período militar- revela cómo jóvenes estudiantes idealistas eran tratados con una crueldad que en nada envidiaba a los nazis.
Participé, junto con Paulo Vannuchi, en el proyecto del que resultó el libro “Brasil, ¡nunca más!”, firmado por Dom Paulo Evaristo Arns y el pastor Jaime Weight. Todas las informaciones contenidas en la obra fueron obtenidas en la documentación encontrada en el Tribunal Superior Militar. Y en fecha reciente el mayor Curió, que comandó la represión a la guerrilla del Araguaia, abrió toda una maleta de documentos.
Amnistía no es amnesia. El Brasil tiene el derecho a conocer la verdad sobre la guerra delParaguay, sobre Canudos y sobre la dictadura instalada en 1964. Bisnieto y nieto de militares, sobrino de un general e hijo de un juez del tribunal militar (anterior al golpe de 1964), desearía que nuestro Ejército, nuestra Marina y nuestra Aviación fueran fuerzas más amadas que armadas. (Traducción de J.L.Burguet)
- Frei Betto es escritor, autor de “Diario de Fernando. En las cárceles de la dictadura militar brasileña”, entre otros libros. - Más información: http://alainet.org

ARGENTINA: ANDALGALA (CATAMARCA)
Diputados fustigan a gobernador de Catamarca tras represión en Andagalá
Diputados nacionales expresaron hoy su enérgico repudio a la "represión policial" que sufrieron pobladores de Andalgalá y asambleístas durante una marcha contra las explotaciones mineras en ese departamento de Catamarca, al tiempo que fustigaron al gobernador provincial, Eduardo Brizuela del Moral. El interbloque que integran legisladores nacionales de Proyecto Sur, Libres del Sur, el SI, Diálogo por Buenos Aires y el Instrumento Electoral de la Provincia de Buenos Aires se solidarizó con "la lucha del pueblo de Andalgalá contra el saqueo y la devastación del medio ambiente a manos de la minería contaminante a cielo abierto".
En tanto, las diputadas de la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió y Fernanda Reyes afirmaron que tanto el Gobierno nacional como el catamarqueño "actúan en conjunto con la Justicia para garantizar el negocio de la explotación minera" en aquel distrito del noroeste argentino. "La feroz represión que sufrieron ayer los vecinos de Andalgalá es la consecuencia emergente de un conflicto generado y silenciado por el Gobierno nacional", remarcaron las diputadas en un comunicado de prensa.
"La política minera está al servicio de uno de los negocios y saqueos más escandalosos de la historia argentina. La connivencia de los gobiernos nacional, provincial y municipal y de la Justicia sirve para garantizar el negocio de las empresas mineras", enfatizaron. Las legisladoras se expresaron en estos términos después de una represión de policías y gendarmes que sufrieron en la víspera ciudadanos del Departamento de Andalgalá y unos 300 integrantes de la asamblea El Algarrobo que se oponen a la instalación de la mina Agua Rica.
Un violento desalojo del Camino Comunal se produjo cuando los vecinos y ambientalistas impulsaban una protesta y cortaban el paso a las maquinarias mineras."El juez y la fiscal que actuaron mediante una orden de desalojo, deberían presentar su renuncia inmediata ya que actúan como la guardia jurídica de las empresas mineras", sostuvieron Carrió y Reyes. Además, objetaron el desempeño del gobernador Brizuela del Moral, por su "total responsabilidad sobre el accionar de la Policía en Andalgalá". Las legisladoras expresaron que el mandatario catamarqueño "es un servil empleado de las multinacionales mineras, que ordena reprimir a los ciudadanos de su provincia para garantizar sus negocios".
Por su parte, los diputados nacionales Fernando "Pino" Solanas, Jorge Cardelli, Claudio Lozano, Alcira Argumedo, Liliana Parada, Victoria Donda, Cecilia Merchán, Eduardo Macaluse, Miguel Bonasso, Verónica Benas y Nora Graciela Iturraspe expresaron su solidaridad con los ciudadanos de Andalgalá. "Como consecuencia de la pueblada que protagonizaron los vecinos catamarqueños, el juez Electoral y de Minas de la provincia, Raúl Guillermo Cerda, ordenó paralizar los trabajos en el emprendimiento minero de Agua Rica", indicaron los legisladores en otro comunicado.
"Por eso, felicitamos y apoyamos la decisión de los vecinos de mantener la lucha en defensa de sus derechos", manifestaron, y agregaron: "No podemos dejar de resaltar que esta medida es un nuevo hito en la lucha contra la minería a cielo abierto y contaminante." Además, ratificaron las denuncias de abuso y la violación a los recursos naturales que hizo la semana pasada el diputado Solanas, cuando viajó a Catamarca para reunirse con quienes encaran esta lucha. "Repudiamos al Gobierno Provincial en manos de Eduardo Brizuela del Moral, cómplice del saqueo y la devastación medio ambiental, y lo responsabilizamos por los daños causados y la represión", subrayaron los diputados.

Attac

CARTA A LOS MIEMBROS DEL G-20 Carta que propone el movimiento Attac para que sea firmada y remitida a la Oficina del gobierno de su país con el fin de que la remita al G-20. Sugerimos que se copie y pegue para su envío por correo electrónico

QUE SE APRUEBE UN IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS EN FAVOR DE LA GENTE Y EL PLANETA, YA !

Estimados Miembros del G-20:
El sector financiero ha causado la actual crisis histórica, como ustedes han reconocido en sus documentos. El crecimiento exponencial del sector financiero basado únicamente en el beneficio de la especulación a corto plazo ha generado una economia de casino. Con el estallido de la burbuja más reciente, millones de hombres y mujeres han perdido sus empleos. Gentes de todo el mundo se han hundido aún más en la pobreza y hoy pasan hambre cien millones más de personas.
Ustedes han movilizado cientos de miles de dólares para salvar a los bancos y al sistema financiero. A mismo tiempo, ni la emergencia social ni la climática están siendo abordadas con la urgencia política que merecen y con los recursos necesarios para respaldarla.
Durante décadas las grandes entidades de servicios financieros se beneficiaron de la ausencia de regulación efectiva y son ampliamente responsables de la crisis. Creemos que es hora de que paguen la justa parte de los costes de la recuperación. El instrumento más efectivo para lograrlo sería un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, porque
Generaría los fondos que se necesitan para pagar los costes sociales de la crisis así como para combatir la pobreza global y el cambio climático.
Contribuiría a la mayor estabilidad del sistema financiero reduciendo la especulación y la excesiva liquidez.
Que sigan los negocios financieros como siempre no es una opción. Les apremiamos para que en la próxima cumbre del G-20 en Toronto (Canadá), los días 26-27 de junio de 2010, adopten el acuerdo de implantar un impuesto sobre las transacciones financieras; para que las palabras vayan respaldadas con acciones. Atentamente (firma)

RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo539.zip


PDF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo539.pdf

*****



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Reemplazando el 000 por el correspondiente al número solicitado

Edición Susana Merino


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PCE - Construyendo Unidad Popular-
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