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Secciones: El Problema Español -  Sáhara Occidental

Título: Denuncian al Ministerio de Industria para frenar la entrega de armamento bélico a Marruecos- Enlace 1

Texto del artículo:

Seis organizaciones jurídicas y sociales denuncian al Ministerio de Industria para
frenar la entrega de armamento bélico a Marruecos



Letrados y víctimas saharauis de minas en la presentación de la denuncia


Fotos: www.saharalibre.es

NOTA DE PRENSA
Miércoles, 30 de Junio de 2010

La sociedad civil lleva a la Administración Española ante los tribunales por la
venta de armas a un país que viola los Derechos Humanos:

“El Gobierno ofrece confidencialidad a vendedores y compradores de armas y desoye la
voz de las víctimas”

Seis organizaciones jurídicas y sociales denuncian al Ministerio de Industria en la
Audiencia Nacional para frenar la entrega de armamento bélico a Marruecos

Esta mañana, en la Audiencia Nacional, seis organizaciones jurídicas y sociales
interponían un recurso contencioso administrativo contra una resolución del 29 de
abril de 2010 de la Secretaria de Estado de Comercio para intentar frenar la venta
de armas a Marruecos. Tres letrados acudían a la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la madrileña calle Prim en representación de la Asociación de
Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro
Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de Juristas por el
Sáhara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el
Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental y la
Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU). Manuel
Ollé, presidente de APDHE y abogado de la acción popular y de la acusación
particular en la querella por el genocidio contra el pueblo del Sáhara Occidental;
Inés Miranda -Premio Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la
International Bar Association (IBA)-, presidenta de JUPADEHU y conocida popularmente
por ser la representante legal de Aminatou Haidar, y Luis Mangrané Cuevas,
integrante del Observatorio Aragonés del Sáhara Occidental y jurista experto en
estas cuestiones, presentaban el recurso a las once y media de la mañana.

Estaban acompañados por dos víctimas del armamento bélico desplegado por el Gobierno
marroquí en el Sáhara Occidental en torno al denominado Muro de la Vergüenza: Brahim
Lahmaid Kori, un pastor al que una bomba amputó un brazo en el año 79 cuando
recorría el desierto saharaui con su rebaño de cabras, y el joven de 19 años Ibrahím
Husain Abait, que perdió el año pasado el pie y parte de la pierna derecha al pisar
una mina antipersona. “30 años después la historia se sigue repitiendo”, declararon
las víctimas, que insistieron en los riesgos en los que vive la población saharaui a
causa de las armas utilizadas por el reino alauita para mantener la ocupación de su
territorio.

El pasado 9 de abril, se había presentado por primera vez en la historia de nuestro
país una denuncia administrativa ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MTIYC) para paralizar la concesión de autorizaciones de exportación de material
bélico al Reino de Marruecos, por considerar que se está contraviniendo la normativa
española (Ley 53/2007) y europea (Posición Común 2008/944/PESC). La respuesta de la
Administración fue la negativa a tramitar dicha denuncia alegando falta de
legitimación de las entidades solicitantes (por no tener a su entender la condición
de interesados) y por el carácter secreto de las actas de la Junta Interministerial
de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU).

“La violación de los Derechos Humanos en Marruecos y en el Sahara Occidental, así
como el resto de los criterios cuya infracción se ponía de manifiesto en la
denuncia, debería conllevar inexorablemente la calificación de Marruecos como un
país no apto para ser destinatario de dichas exportaciones. La actitud del Gobierno
español, por medio de la Secretaria de Comercio Exterior, convierten las
declaraciones del mismo en materia de Derechos Humanos en palabras vacías y huecas”.
Esta fue la primera reacción de las organizaciones denunciantes ante la respuesta
del MTIYC y por esta razón han decido dar el siguiente paso y demandar al Gobierno
ante la Audiencia Nacional.

Inés Miranda declaraba esta mañana que “el Gobierno recurre al oscurantismo para
ignorar la petición de los ciudadanos que en un ejercicio de responsabilidad, en un
ejercicio del Derecho a la Participación e Información, están legitimados para
exigirle que cumpla su propia ley y respete los Derechos Humanos. La Administración
se ampara en la ley de secretos oficiales para no revelar el nombre de las empresas
ni el tipo de armamento que se vende a Marruecos, cuando dicha ley no incluye a este
tipo de negocios, la venta de armas que están en el mercado libre de compraventa. El
Gobierno ofrece confidencialidad a vendedores y compradores de armas y desoye la voz
de la víctimas, en contra de todos los principios democráticos”, ¬añadió la letrada.

Por su parte, Manuel Ollé exigía al Gobierno de España “que cumpla la Ley y los
compromisos internacionales y deje de suministrar o autorizar la cesión de armas al
Reino de Marruecos, así como a cualquier otro país, mientras no se demuestre su
carácter de Estado respetuoso con los Derechos Humanos”. Un informe de APDHE alega
que “desde la invasión marroquí del territorio, conocida como “Marcha Verde”, se han
cometido por las fuerzas de ocupación marroquíes las más graves vulneraciones de los
Derechos Humanos contra la población civil saharaui, lo que ha dado origen incluso a
la tramitación de una querella por Genocidio que se tramita ante el Juzgado Central
de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, en las Diligencias Previas nº
362/07. Además, la situación de grave violación de los Derechos Humanos en el
Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental por parte Marruecos ha sido constatada
en numerosos informes emitidos a lo largo de los últimos años por ONGs y organismos
de reconocido prestigio, que han denunciado también que hechos tan graves como la
tortura se siguen cometiendo hoy en día contra sus propios nacionales”.

En el año 2007, España vendió a Marruecos material por valor de 176 millones de
euros, y en el año 2008, por valor de 113 millones de euros, además de ceder por el
precio simbólico de un euro 8 juegos lanzadores de bombas de aviación y, por otro
euro, 6 torpedos, estos últimos, “por ser una versión que estaba cayendo en desuso,
por lo que la Armada Española se beneficia del ahorro del gasto de
desmilitarización, mejorando sus relaciones bilaterales con el Reino de Marruecos”,
según se publicó por el Ministerio de Administraciones Públicas. Durante los años
2009 y 2010 le ha seguido vendiendo y autorizando la exportación armas, municiones y
vehículos de combate, por importe de más de 80 millones de euros. Estas últimas
cifras han contribuido a situar a España en 2010 en la posición número seis del
'ranking' de países exportadores de armamento, un puesto por delante de todo un
gigante como China.
*Ver noticias VENTA DE ARMAS --
Poemario por un Sahara Libre
Bahia M. H. Awah y Conx
http://poemariosahara.info/

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