Secciones: Documentos, opinión, debate - El Problema Español - Foro/Lista de CorreoTítulo: PLAN POR LA MORALIDAD PÚBLICA Y EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA. Por Antonio G. Texto del artículo:
Uno de los problemas más graves que padece nuestro sistema democrático es la corrupción política a todos los niveles. Ésta se ha venido instalando de forma creciente en la práctica de los cargos públicos, y ello está dando lugar a que en multitud de encuestas los políticos estén valorados a los niveles más bajos entre todas las instituciones. Paralelamente, se ha generalizado la frase "todos los políticos son iguales". Sin duda, tras esta expresión se halla la idea, consciente o inconsciente, de desprestigiar el sistema democrático parlamentario. Es ésta una idea cuya generalización pone en peligro la propia democracia, como ha señalado Cayo Lara múltiples veces en sus intervenciones públicas. En consecuencia con ello, el Partido Comunista e Izquierda Unida la están combatiendo con su discurso y su práctica, de forma que sus cargos públicos son, con contadísimas excepciones, casi los únicos que están dando un ejemplo de honestidad en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, la cortina de silencio que tiende la totalidad de los medios de comunicación sobre el Partido Comunista e Izquierda Unida logra que esta actuación apenas llegue a la opinión pública y, debido a que sólo poseemos un diputado, las mútiples propuestas que se han llevado ante el Parlamento han caído siempre en saco roto o han servido de mofa por parte de determinados medios y determinados políticos.
Defender el sistema democrático hoy requiere una actuación decidida por parte muestra para defender la moralidad pública. En mi opinión, es necesario y urgente formular, defender y presentar ante los ciudadanos un
PLAN POR LA MORALIDAD PÚBLICA Y EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
Dicho Plan, también en mi opinión, habría de situarse en el frontispicio de nuestro programa. Debería dársele, con múltiples formas, con tenacidad e imaginación, la máxima difusión; debería ser presentado y defendido en todos los rincones del país y, sin duda, independientemente de otros objetivos de mayor alcance, constituiría en estos momentos una ayuda inestimable que nos daría mucha fuerza y credibilidad ante las próximas elecciones: ¡no todos los pollticos son iguales!. Ante nuestro pueblo debemos aparecer como una auténtica garantía de que la política se puede hacer de otra forma.
Entre los múltiples aspectos que podrían recogerse en dicho Plan, señalo algunos, que, sin duda, deberían ser completados y desarrollados:
- El caso más grave de corrupción política lo constituye la LEY ELECTORAL. Corrupción, sí, porque corrompe y falsea gravísimamente la voluntad popular. Es una necesidad imperiosa echar abajo dicha Ley que, por su propia esencia, permite y ampara la corrupción política, y lo podemos hacer si desplegamos para ello, con fuerza e imaginación, un conjunto de iniciativas que den a conocer ampliamente lo que significa la Ley Electoral y las alternativas a la misma. Hemos de mostrar ante la opinión pública la conexión existente entre la corrupción política y la actual Ley Electoral, ya que ésta permite acceder a los correspondientes órganos a multitud de diputados, concejales y senadores corruptos.
- Que, como acaba de manifestar públicamente Cayo Lara, ningún cargo público tenga un sueldo superior al del Presidente del Gobierno. Ello debe afectar a los cargos públicos, a los miembros directivos de Fundaciones públicas y a la Casa Real.
- Que, mientras no se elimine o reforme el Concordato con la Santa Sede, las subvenciones concedidas bajo cualquier forma a la Iglesia católica no sean nunca superiores a las que se establecen en dicho acuerdo.
- Que las pensiones reconocidas a diputados y senadores se ciñan estrictamente a las mismas condiciones, importes y normativa general que las del resto de los ciudadanos.
- Que se establezca una incompatibilidad razonable entre el ejercicio de cargo público y el cargo remunerado en cualquier tipo de empresa o Fundación pública o privada.
- Que ninguna empresa que se haya acogido a un expediente de regulación de empleo perciba cualquier tipo de subvención.
- Que las empresas que obtengan beneficios elevados no puedan proceder a ninguna reducción de plantilla destinada a aumentar dichos beneficios.
- Una drástica reducción del número de automóviles puestos a disposición de los cargos públicos, así como de todo tipo de retribuciones en metálico o en especie, tales como dietas, viajes, gastos de representación, etc. que, de forma razonable, no sean necesarias para el desarrollo específico de sus funciones.
- Que los cargos públicos que hayan de viajar en transportes públicos para llevar a cabo estrictamente sus funciones lo hagan en lo que se entiende por clase turística. (Ello. de paso, les servirá para que tomen contacto con el resto de los ciudadanos, que en muchas ocasiones es casi inexistente).
- La introducción del delito de corrupción política en el Código Penal y el establecimiento de penas específicas para todo cargo público a quien los tribunales condenen por dicho delito.
- Un compromiso público suscrito por todos los partidos políticos que obligue a apartar de todo cargo público a quien haya sido condenado o imputado por cualquier delito de defraudación o corrupción.
-Un PLAN DE AUSTERIDAD PÚBLICA que, entre sus múltiples medidas, impida las inversiones improductivas o de carácter exclusivamente suntuario o propagandístico, así como, apoyándose en las posibilidades que otorga la actual diversidad autonómica, la proliferación de inversiones públicas destinadas a cumplir las mismas funciones (que, en muchos casos, en lugar de facilitarlas, las entorpece).
- La aprobación de un riguroso PLAN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL. Para ello, con independencia de las medidas pormenorizadas que ya figuran en el programa de Izquierda Unida, debería contener, como mínimo, las siguientes:
* La dotación de medios suficientes a las Agencias Tributarias, destinados exclusivamente la investigación y persecución del fraude.
* Una estrecha coordinación, hoy apenas existente, entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de inpección tributaria.
* La adopción de medidas rigurosas para descubrir y combatir las economías sumergidas.
* Que, en los casos en que el defraudador haya evadido los capitales obtenidos mediante el fraude, se incopore a este delito el de evasión de capitales y se establezcan las medidas necesarias para que dichos capitales se repatríen.
* El endurecimiento de las sanciones y penas previstas para los casos de fraude o delito fiscal cuando el defraudador sea un cargo público.
Acabar con la corrupción política es una condición indispensable para la defensa del Estado democrático.
Saludos. Antonio G.
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