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Título: Joan Queralt: En algunas realidades, la connivencia entre clase dirigente y economía criminal es muy clara- Enlace 1

Texto del artículo:

Joan Queralt: “En algunas realidades, la connivencia entre clase dirigente y economía criminal es muy clara”
2 febrero, 2012Publicado en: ENTREVISTAS


Joan Queralt: “En algunas realidades, la connivencia entre clase dirigente y economía criminal es muy clara”
Peru Erroteta || Periodista.

“Agua, sol y guerra en Sebastopol” resumía una jota de Cascante el buen funcionamiento económico, sin hacer distinción entre naturaleza y guerra, sino todo lo contrario. Este mecanismo, innato a cualquier actividad con ánimo de lucro, es el que ahora aprovechan las mafias, lobbies, paraísos fiscales y otras especies similares para hacer invisible la economía criminal global, de traje y corbata, disfrazada en ocasiones de política y que lleva al escritor calabrés Corrado Alvaro a sentenciar que “la peor desesperación de una sociedad es la duda de si vivir honestamente resulta inútil”. Duda que crece imparablemente en cada uno de nosotros y en la sociedad.




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Joan Queralt, periodista y escritor

Joan Queralt, periodista catalán, se acerca al tema con lucidez y valentía, en ‘La Gomorra Catalana’, un título editado por Angle Editorial. Aludiendo al libro de Sabiano, Queralt aborda en su trabajo la presencia de La Camorra en Cataluña, analiza la nueva dimensión de las grandes organizaciones mafiosas y, más allá, plantea el problema de la ilegalidad en general.


¿Se puede trazar una línea de separación entre economía no criminal y criminal?


El secretismo del mundo criminal, la opacidad del sistema financiero y las dinámicas económicas en curso hacen muy difícil que podamos distinguir entre capitales ilegales y legales. Cada vez es más complicado trazar con precisión esta frontera, y es justo en esta ambigüedad, perfectamente estudiada y aprovechada por la criminalidad y sus asesores, donde radica buena parte de su impunidad y de su capacidad de expansión. Nos sorprendería conocer el número de empresas de capital mixto, legal y mafioso que existen en nuestro entorno europeo.


¿Es suficiente el aparato legal existente para separar el trigo de la paja y hacer frente al fenómeno?


La globalización de la economía ha ampliado exponencialmente la oferta de bienes y servicios por parte de las mafias y la cantidad de consumidores finales, con el resultado de que el mercado criminal ha adquirido dimensiones que ya no son gobernables sólo con los instrumentos del derecho penal. Como señalaba tiempo atrás Jacques Attali, economista y antiguo consejero de Francois Mitterand, hace falta una especie de policía económica internacional. Y, además, adecuar las legislaciones al fenómeno de la globalización, homogeneizar las diversas y diferentes leyes nacionales en una normativa única y universal, amén de muchísimas otras disposiciones. Un proyecto hoy por hoy utópico.


Pero digamos algo esencial, y muy simple. Con la aplicación de las leyes existentes ya podría darse un importantísimo paso adelante en la lucha contra la economía criminal y, más importante aún, un mensaje contundente sobre la actitud de los Estados en su propósito de combatir el crimen organizado, sus complicidades económicas y sus efectos sociales. Podría hacerse país por país sin mayores problemas. Por desgracia, no sólo no es así sino que, como en muchos otros ámbitos, también en éste se hace evidente el fracaso de la política y la falta de voluntad y de coraje de los políticos. Falta de voluntad y de coraje en el mejor de los casos porque, en algunas realidades, la connivencia entre clase dirigente y economía criminal es muy clara.


¿Por ejemplo?


Fíjese en los denominados paraísos fiscales, que convierten en invisible la economía criminal global y garantizan la libertad de los sistemas criminales, y que siguen siendo paradójicamente los únicos territorios de soberanía respetada, aquellos sobre los cuales no se ejerce el derecho de injerencia en un mundo supuestamente sin fronteras. Toda una declaración de intenciones. Los magistrados más empeñados en la lucha contra la criminalidad y la corrupción reclaman de la política que pase de la declaración de intenciones a los hechos cumplidos, pero la clase política, casi sin excepciones, hace oídos sordos a la petición de la justicia. Los paraísos fiscales no se tocan.




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Cada vez es más complicado trazar con precisión la frontera entre economía no criminal y criminal. ©rytc

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¿Tiende la economía, toda la economía, a criminalizarse? ¿Actividades aparentemente no delictivas lo son en realidad?


Por supuesto que no se puede afirmar que toda la economía se esté criminalizando ni que toda ella tenga la voluntad de hacerlo. Sucede como en el organismo social: hay quienes prefieren moverse en el campo de la legalidad y otros que, por el contrario, consideran más rentable estar por encima de ella para obtener mayores beneficios. Pero las economías hoy dominantes, las de carácter financiero y especulativo, sí muestran una clara tendencia a la adopción de modalidades ilícitas.


“El método mafioso se ha universalizado traspasando sus límites originales, el mundo del crimen, para entrar a formar parte de las prácticas de la política, de las finanzas, de las grandes corporaciones…”

El método mafioso se ha universalizado traspasando sus límites originales, el mundo del crimen, para entrar a formar parte de las prácticas de la política, de las finanzas, de las grandes corporaciones, provocando efectos devastadores tanto para la libertad de los mercados como para el sistema democrático de muchos países.


Grandes empresas y corporaciones han incorporado con naturalidad a sus reglas de competencia prácticas gansteriles reservadas en el pasado al ámbito criminal. Lo que algunos han calificado como aventurerismo del sistema financiero, es algo más… y peor. En la actual crisis económica mundial aparecen múltiples expresiones de actuaciones y episodios ilícitos cuando no criminales, organizados desde el interior de un sistema normativo aparentemente legítimo, caso de los préstamos subprime.


“La crisis económica ha puesto de manifiesto la naturaleza de un sistema financiero desregulado, libre de limitaciones y prohibiciones”

La crisis económica ha puesto de manifiesto la naturaleza de un sistema financiero desregulado, libre de limitaciones y prohibiciones: bancos jugando con la irresponsabilidad financiera y azuzando a sus brokers a realizar transacciones especulativas de alto riesgo y descabelladas operaciones bursátiles, venta de títulos tóxicos respaldados por hipotecas basura como si fueran activos de gran valor, estafas piramidales como la de Bernard Madoff, actuaciones como las del caso Enron, la mayor burbuja especulativa de la historia. Innovaciones financieras que no eran más que continuas fugas de cualquier tipo de control, siempre a la búsqueda del máximo beneficio y al margen de su consideración como legales o ilegales.


Así, mientras la economía criminal coloniza mayores espacios en el mercado legal, el sistema económico y financiero supuestamente legal traspasa con mayor frecuencia el confín de lo lícito, cuando no de lo criminal si se consideran sus efectos.


¿Usted cree que ese mayor protagonismo de la economía criminal es el resultado de una determinada tendencia económica y social?


En el pasado, en los países capitalistas democráticos el liberalismo se basaba sobre dos pilares: el mercado y el derecho, las leyes. Pero a partir de la caída del muro se fue imponiendo un modelo de mercado con menos Estado, menos leyes y menos derechos. Un capitalismo salvaje, sin reglas. La economía pedía paso y no era oportuno ponerle obstáculos jurídicos o éticos. En una fase en la que el mercado financiero se demostraba capaz de garantizar beneficios sideralmente superiores respecto a los del mercado de bienes, y la política mostraba su debilidad mientras celebraba el fin de las ideologías, la democracia, con sus reglas y sus principios de legalidad, comenzó a parecer ante los ojos de muchos como un molesto residuo del pasado. Un pesado lastre para el libre desarrollo del nuevo modelo de liberalismo absoluto.


En este nuevo escenario, el sistema financiero y la criminalidad organizada, partidarios ambos de la desregulación a ultranza y de la supresión de los controles del Estado en la actividad económica, acabaron por reforzarse y sustentarse mutuamente. Ambos encontraron el hábitat más favorable a sus estrategias. Y para ambos la primacía de la legalidad constituía un serio obstáculo.


El resultado ha sido el que todos podemos ver: un profundo proceso de degradación política y moral, el aumento del nivel de la criminalidad de los potentes, la creciente desatención de los ciudadanos hacia los temas de interés público y su aún más profunda desconfianza hacia los partidos políticos. Un cuadro en el que parte de la economía legal y buena parte de la democracia aparecen como víctimas más destacadas.



¿Que papel juegan los despachos de abogados, notarios, bancos… en la economía criminal?



Un papel decisivo, como se denunció en las recientes Jornadas sobre el Crimen Organizado celebradas en noviembre a iniciativa del Institut de Seguretat Pública de Catalunya y de los Mossos d’Esquadra. Fue una de las primeras ocasiones en las que escuché a magistrados, policías y expertos hablar abiertamente de este tema, esencial a la hora de combatir la economía criminal y en particular el blanqueo de capitales. Como es obvio, las organizaciones criminales por sí solas no poseen los conocimientos y capacidades técnicas para gestionar sus patrimonios a través de actividades económicas y/o financieras complejas y diseñar adecuadamente sus estrategias de expansión transnacional.


La ayuda sistémica de profesionales y socios externos resulta por ello imprescindible y, en esa colaboración, los ámbitos profesionales que usted señala poseen un protagonismo central.




De hecho, si se observa la evolución de estas últimas décadas constataremos un avance imparable de modelos sociales de ilegalidad, asociados a la corrupción, a la economía criminal y a la criminalidad de la política: desde la ayuda que supuso el tráfico de drogas en el pago de la deuda externa latinoamericana hasta el modelo social chino y la realidad de la Rusia postsoviética, donde el capitalismo ruso resulta un capitalismo mafioso en una medida que se estima entre el 60 y el 70 por ciento; desde la incidencia de la piratería en la vida económica de Somalia hasta las narcocracias y los Estado-mafia existentes en Asia, África o en la Europa del Este.


Incluso en nuestro país, esta tendencia hacia la ruptura de la legalidad que hemos conocido y la “normalización” de lo ilícito parece ir colonizando espacios cada vez más amplios. Basta pensar, por ejemplo, en la extraterritorialidad de la legislación laboral en la comunidad china implantada en suelo español, o las declaraciones del presidente del INE a finales de 2010, anticipando que en el futuro la economía ilegal, y habló en concreto de la prostitución, el contrabando y el tráfico de drogas, -“tres sectores no despreciables de ámbito económico”, según sus palabras- podría entrar a formar parte del PIB; o las recientes exigencias del empresario norteamericano Sheldon Adelson que a cambio de invertir en la creación de un gigantesco complejo de casinos en España reclama cambiar la ley nacional contra el blanqueo de capitales, no pagar impuestos y que se reduzcan los derechos de los trabajadores. En suma, que se vulnere la legalidad. A mi modo de ver son síntomas inquietantes de lo que podríamos definir como posibles recortes de legalidad.


¿En que grado está contaminada la economía de criminalidad: poco, bastante, mucho?


Cada vez más. Frente a la ola de exclusión social y al aumento brutal de los desequilibrios territoriales y de las diferencias sociales que ha provocado el capitalismo globalizado, en muchas áreas del planeta la ilegalidad se ha convertido en la única alternativa de vida para millones de personas. Los últimos ascensores sociales están ligados en su mayoría a la corrupción y a las prácticas ilícitas. Las empresas criminales ofrecen trabajo, sueldos y beneficios que los Estados no están en condiciones de crear. En la civilizada Europa, por ejemplo, un centinela en un punto de venta de droga en Nápoles puede ganar cerca de 100 euros al día, lo mismo que ingresaría un joven trabajando en negro durante una semana. Y también en Nápoles, los clanes de la zona de Scampia garantizan a quienes invierten en la importación de hachís desde Marruecos beneficios de 40.000 euros mensuales.




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Así, ante la incapacidad de los países para ofrecer un futuro profesional a sus habitantes es inevitable que muchos escojan el camino fácil del crimen y la droga, de la ilegalidad en general.


En mi libro recojo la pregunta que se formulaba tiempo atrás un diputado búlgaro: “¿Por qué un joven debiera ir a la universidad si con un buen bate al servicio de alguien puede hacer un montón de dinero, comprar coches y mujeres?” Una pregunta con sentido si nos atenemos a las cifras que mueve el negocio criminal, o a los datos de los secuestros de bienes a las organizaciones criminales habidos en Italia sólo a lo largo de enero de 2012: 75 millones de euros a la familia mafiosa de Canicattí, en Sicilia: en Nápoles,110 millones al clan Russo, 65 millones al clan de los Casalesi, 50 millones al clan Puca; 55 millones a un empresario calabrés vinculado a los clanes de la ‘ndrangheta, 25 millones a Michele Mazzara, testaferro del capo de Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Si situamos esas magnitudes en el marco de la actual situación de crisis, los beneficios de la criminalidad resultan obscenos.


¿Cuáles son los efectos sociales de esta economía canalla?


Si la legalidad es bienestar para una mayoría de personas, es obvio que ilegalidad y corrupción suponen un abuso de poder en beneficio privado. La economía criminal provoca efectos devastadores en la economía legal: altera los equilibrios de mercado a favor de los sujetos económicos implicados, contamina los circuitos financieros y crediticios, incentiva la economía sumergida y la sustracción de recursos financieros al cobro fiscal. Y lo que es peor, crea áreas de consenso social y determina una especie de reparto de intereses que diluye la frontera entre el mundo del crimen y la sociedad civil. Su presencia alimenta una economía paralela, un mercado de trabajo paralelo, un crédito paralelo y una justicia paralela e introduce elementos de distorsión en la elección de prioridades, en la gestión de recursos fundamentales y en el diseño de proyectos e intervenciones.


En muchas realidades geográficas, los recursos para la sanidad, las infraestructuras y los transportes, las pensiones, la educación, la investigación y los programas sociales se ven limitados por el arraigo de la economía criminal y, en general, por la ilegalidad difusa en el terreno financiero y económico, que sofoca cualquier posible modelo de desarrollo. Los ingresos fiscales, las inversiones industriales, la entrada de capitales extranjeros se ven condicionados negativamente no sólo por la economía sumergida sino por los altos niveles de ilegalidad y criminalidad difusa.


¿La economía ilegal y la criminal tienen, pues, una incidencia directa en la crisis mayor de la que podamos imaginar?


“La economía legal italiana esconde cada año en el entramado de paraísos fiscales, bancos misteriosos y sociedades off shore el 11 por ciento de la riqueza nacional”

Basta analizar el modelo italiano, en el que la realidad criminal representa un caso extremo, para darse cuenta de ello. En Italia, uno de los principales países europeos, el costo total de la corrupción, la criminalidad, la evasión fiscal y los delitos financieros se estima en una cifra aproximada a los 500.000 millones de euros anuales: 180.000 millones atribuibles a la evasión fiscal y a la corrupción, 150.000 millones sustraídos a la comunidad a través del blanqueo de dinero sucio y otros negocios criminales, cerca de 150.000 millones facturados por la criminalidad organizada (Cosa Nostra, La ‘Ndrangheta y La Camorra en un conjunto), y 18.000 millones en términos de pérdida de producción por culpa de la falsificación de productos. La economía legal italiana esconde cada año en el entramado de paraísos fiscales, bancos misteriosos y sociedades off shore el 11 por ciento de la riqueza nacional, y la Banca de Italia calcula que la sola presencia de las organizaciones criminales en un territorio devora entre el 15 y el 20 por ciento de la riqueza local.


“En nuestro país, la observancia escrupulosa de la legalidad sería suficiente, en términos económicos, para solucionar los problemas del déficit y de la deuda”

Un retrato escalofriante de la potencia de la ilegalidad, que contrasta con los datos de la realidad social del país, en el que, según el Instituto Nacional de Estadística italiano, en el año 2009 se perdieron 532.000 puestos de trabajo, y una cuarta parte de la población vive en el límite de la pobreza, pero que ponen también en evidencia que sin las hemorragias sistémicas que suponen la corrupción y la evasión fiscal, entre otras expresiones de ilegalidad, en pocos años el país podría resolver el pago de la deuda pública y el endeudamiento de los ayuntamientos y entes locales. Y no sólo en Italia. También en nuestro país, la observancia escrupulosa de la legalidad sería suficiente, en términos económicos, para solucionar los problemas del déficit y de la deuda.




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Nos sorprendería conocer el número de empresas de capital mixto, legal y mafioso que existen en nuestro entorno europeo.©Wisi Greter

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¿Está también globalizada la economía criminal?


Por supuesto. El mercado criminal, que en materia de gestión y procedimientos no difiere substancialmente de la economía legal, es marcadamente transnacional desde hace muchos años. Sus delitos y su economía están globalizados, no tienen límites fronterizos: La Camorra blanquea sus capitales en Catalunya o en Baleares al mismo tiempo que en los Balcanes, La ‘Ndrangheta calabresa invierte en la compañía petrolera Gazprom, se extiende por el África más profunda y del puerto de Gioia, Tauro manda a la China containers llenos de desechos que regresan a Europa trasformados en plásticos; la mafia siciliana gestiona centenares de supermercados en toda la isla e invierte en naciones tan diversas como Sudáfrica y Canadá; el dinero de la cocaína se limpia en Luxemburgo, Austria, Alemania y España, entre otros países; y las triadas chinas exportan mano de obra clandestina a Europa y llegan a acuerdos, impensables otrora, con las organizaciones mafiosas sicilianas para la gestión de los mercados.


¿En qué actividades legales se ampara el crimen?


Mediante el blanqueo de capitales, las inversiones y la compra de cuotas de participación societaria minoritarias en empresas de muy diversos sectores. La economía criminal ha accedido prácticamente a todos los ámbitos de actividad. A los mercados ilegales se han ido añadiendo en los últimos años nuevos espacios económicos con presencia criminal, caso de la ecomafia, lugar paradigmático de encuentro entre los intereses mafiosos y la criminalidad de los potentes; el mercado europeo del gas, que presenta un preocupante nivel de infiltración económica por parte de organizaciones criminales rusas y también de Cosa Nostra; el sector del transporte, la gran distribución, la industria agroalimentaria, la usura. La mafia rusa, por ejemplo, entró en negocios de petróleo, metales, piedras preciosas, materias primas, productos alimentarios. Sus beneficios, obtenidos por ejemplo en el tráfico de drogas, se reinvirtieron en sectores legítimos de la economía y generaron una amplia gama de actividades económicas dentro del sistema productivo mundial.


Y junto a estos nuevos escenarios económicos, encontramos también sectores tradicionales en materia de inversión criminal: como el inmobiliario, la construcción, la restauración, el juego, ocio, turismo, hotelería, empresas concesionarias de automóviles y de alquiler de vehículos, la obra pública, etc… La relación es inabarcable porque lo que cuenta es reciclar el dinero, repartir el capital mafioso en un gran número de empresas operativas en todo el mundo y crear una densa red de intereses y complicidades.




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Con la aplicación de leyes ya existentes se podría avanzar en la lucha contra la economía criminal. ©Jan Zuppinger

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 02/02/2012 - Modificar

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