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Secciones: Memoria Histórica -  Movimiento Obrero/Mundo del Trabajo -  El Problema Español

Título: Enero de 1976: la Chrysler en Huelga - Crónica de las huelgas masivas en el tardofranquismo - Taller de historia del PCE- Enlace 1

Texto del artículo:

Enero de 1976: la Chrysler en Huelga
TALLER DE HISTORIA DEL PCE "MARUSIA"
Antonio Ortiz Mateos

En el invierno de 1975-76, se produce en Madrid uno de los más importantes procesos de huelgas vivido durante el franquismo, participando en ellas cerca de 400.000 trabajadores, pertenecientes a la práctica totalidad de sectores productivos y de servicios: metal, construcción, transportes, banca, seguros, artes gráficas, químicas, etc. ¿Cómo se había llegado a ello, cuáles eran sus objetivos?

En un marco caracterizado por la crisis definitiva del régimen de Franco, la vida laboral madrileña vendrá marcada, en los primeros meses de 1975, por las movilizaciones de solidaridad con los dirigentes de CC.OO. condenados a largas penas de cárcel en el proceso 1001 y la preparación de las próximas elecciones sindicales.

El 6 de febrero de 1975, más de 6.000 personas, la mayoría metalúrgicos se concentraron a las puertas de la cárcel de Carabanchel, intentando varios representantes sindicales entrevistarse con el director de la prisión. Durante los días 10 y 11, más 30.000 metalúrgicos participarán en las acciones de solidaridad convocadas: paros, concentraciones, marchas...

Dadas las limitaciones impuestas por el Decreto de “congelación salarial”, adoptado por el gobierno el 8 de abril de 1975, su derogación se convertirá en uno de los objetivos de las movilizaciones obreras habidas a lo largo de 1975, como pone de manifiesto la convocatoria dirigida “A todos los trabajadores de Madrid y a la opinión pública”, (1) realizada el 16 de mayo de 1975 por “vocales nacionales y provinciales, enlaces y jurados de empresas” de los diversos sectores productivos, para:

“[...] unificar todas nuestras luchas el día 4 de junio, manifestando pública y colectivamente nuestra protesta, en las formas que veamos más conveniente en cada empresa.
- Contra el Decreto de congelación salarial, por un salario mínimo de 600 pesetas diarias.
- Contra el paro y la carestía de la vida.
- Por un Sindicato democrático, de los trabajadores por los derechos de reunión, expresión y huelga”.

Según señalan José Babiano y J. Antonio de Mingo, a diferencia de las celebradas cuatro años antes, en 1975 existió una mayor unanimidad respecto a la participación en las elecciones sindicales, articulándose a través de la constitución de las llamadas Candidaturas Unitarias y Democráticas, en las que se incluirían, junto a militantes de las distintas organizaciones políticas, particularmente del PCE, a trabajadores “independientes”. Las elecciones arrojaron los mejores resultados obtenidos hasta entones por las candidaturas auspiciadas por las CC.OO., “superando en la primera vuelta el cincuenta por ciento de los puestos en disputa en el metal y en torno a esa proporción en la construcción, banca, seguros, artes gráficas, enseñanza, transporte y sanidad.” (2)

La principal tarea de los dirigentes sindicales recién elegidos será la negociación de aquellos convenios colectivos que espiraban a finales de año -dos terceras partes del total-, exigiendo subidas salariales que les compensara de la pérdida del poder adquisitivo provocada por la fuerte inflación de 1975. (3)

El 14 de noviembre de 1975, el Consejo de Ministros prorrogaba el decreto de congelación salarial: los acuerdos entre los trabajadores y los empresarios en ningún caso podían sobrepasar en tres puntos el tope del índice del coste de la vida. La negociación se prevía dura, con una patronal parapetada en la crisis económica que atravesaba el país y la ley y una clase obrera no dispuesta a ceder en sus demandas: económicas, sociales y políticas.

Con el objetivo de una huelga general que forzara la ruptura, evitando una salida “pseudodemocrática” liderada por la burguesía, durante el mes de diciembre, las organizaciones sindicales -especialmente CCOO- iniciarán un proceso de paros, reuniones de cargos sindicales y asambleas de trabajadores, con el fin de aprobar las plataformas reivindicativas y elegir los representantes que negociaran con la patronal.

El 4 de diciembre se reúnen en Getafe representantes de los trabajadores de las principales fábricas, decidiendo en asamblea comenzar un movimiento huelguístico general. (4) Es el comienzo de las huelgas, movilizaciones, concentraciones y manifestaciones que tendrán lugar en Madrid a lo largo de casi dos meses. (5)

Junto a la exigencia de aumentos salariales, las plataformas reivindicativas de las distintas ramas y empresas incluían la exigencia de de derechos políticos y sindicales, el rechazo al sindicato vertical, y la amnistía, así como medidas destinadas a paliar la grave crisis económica que atravesaba el país, como los despidos, los expedientes de crisis o el desempleo. La Gaceta de Derecho Social (6) englobaba todas ellas en una tabla común o “superplataforma”, expresión del salto dado por el movimiento obrero en los últimos años.

Como señala José María Marín, en la “extensión y fortalecimiento de las huelgas” jugaron un papel muy importante los cargos sindicales elegidos en las últimas elecciones, capaces de organizar “empresa por empresa y sector por sector” las futuras movilizaciones, así como “la capacidad demostrada por los dirigentes de CCOO para buscar fórmulas flexibles de organización y representación”: en unos casos serán los jurados de empresa o los vocales de las UTT, ratificados por los trabajadores, quienes negocien y representen a los trabajadores; en otros, “comisiones asesoras” o “negociadoras” elegidas en asambleas. En segundo lugar, “la capacidad del movimiento obrero organizado en las grandes empresas del metal”, punto de referencia de otros sectores en huelga. En tercer lugar, la importancia de los conflictos en las áreas industriales madrileñas “que se convirtieron en auténticas ‘zonas liberadas’”, donde el movimiento vecinal y ciudadano “fue capaz de arropar a los trabajadores, haciendo posible el mantenimiento de huelgas generalizadas”, caso de los barrios de Villaverde y Méndez Álvaro, o de los pueblos de Getafe, Torrejón, Alcalá de Henares, San Fernando, Coslada o San Sebastián de los Reyes. Por último, la huelga de los trabajadores del Metro. (7)

Entre los días 10-18 de diciembre pararon en Madrid alrededor de 100.000 personas, fundamentalmente trabajadores de las grandes empresas del metal (Standart, Chrysler, CASA, Kelvinator, Pegaso, etc.), obreros de la construcción, empleados de banca, seguros y telefónica y los 8.000 taxistas madrileños. En la tarde del día 11, más de mil trabajadores ocupan el Sindicato Provincial, celebrando una asamblea donde cada rama informa de la marcha de los paros. Poco antes de Navidad eran 150.000 los trabajadores en huelga.

El 6 de enero, los trabajadores del Metro de Madrid se pusieron en huelga. A las pocas horas, en sesión extraordinaria, el Consejo de Ministros amenazaba con “militarizar” a los trabajadores, sustituyendo a los huelguistas por personal militar, el cual puso en circulación el día 7 algunas líneas del Metro, y el envío de cartas individuales de militarización a los trabajadores.

A partir del día 7, el paro se extendió por todo Madrid, alcanzando en la semana del 11 al 18 de enero a más de 350.000 trabajadores: 100.000 metalúrgicos, 90.000 obreros de la construcción, numerosos centros de la Compañía Telefónica, 15.000 empleados de la banca, 6.000 trabajadores de Artes Gráficas, 4.000 funcionarios de Correos, numerosas entidades del sector de Seguros, 2.300 trabajadores de la Compañía Internacional de Coches Camas, RENFE, etc.

Paralelamente se produce una oleada de manifestaciones, sobre todo en las zonas industriales. El día 7, a las ocho de la mañana, una multitud de trabajadores se concentraban en Atocha, la mayoría obreros de Standard que recorrían las calles informando de su situación, pidiendo dinero para la caja de resistencia y exigiendo a gritos la amnistía, el fin del paro obrero y el de los topes salariales. Por la tarde, tras realizar una asamblea en la fábrica salieron en manifestación desde la factoría de Rodríguez del Prado, por el Paseo de las Delicias. La policía no tardaría en intervenir con gases lacrimógenos y balas de goma. Los trabajadores retrocedieron hacia Legazpi para encontrarse con los trabajadores de Chrysler y y Standard-Villaverde que venían en marcha por la carretera de Andalucía, enfrentándose con la policía que trataba de impedirles “cruzar” el Manzanares.

En los días siguientes, las manifestaciones se trasladan a la Gran Vía y Alcalá, participando en ellas miles de trabajadores del metal, la construcción, la banca y los seguros. El día 9, en Getafe, más de 18.000 personas ocuparon prácticamente la ciudad. El día 12, en los alrededores de la Puerta del Sol se produce una auténtica batalla campal entre miles de manifestantes y la policía. El día 16, con el apoyo de las asociaciones de vecinos, amas de casas y una parte importante de los párrocos y sacerdotes, se produce una huelga general que paraliza Getafe. (8) El día 20, más de 10.000 personas, convocadas por la Junta Democrática, la Plataforma de Convergencia y diversas entidades, fueron dispersadas por las fuerzas antidisturbios en los alrededores de la plaza de Colón. Además de estas movilizaciones, durante todo el tiempo tienen lugar numerosas asambleas en las que participan miles de trabajadores -en las fábricas, en las plazas, en los estadios de fútbol, en las parroquias, ante las puertas de los juzgados, en los locales de la Organización Sindical, etc.-.

A pesar de actuar con extremada contundencia -detenciones de dirigentes obreros, desalojo de fábricas e iglesias, movilización de trabajadores del Metro, militarización de los de Correos y RENFE-, en muchas ocasiones el gobierno se vio desbordado por los acontecimientos. Tales actuaciones, junto a los cierres patronales y los cerca de 40.000 sancionados con despido o suspensión de empleo y sueldo, obligaron a los dirigentes sindicales a un repliegue táctico, optando por la negociación empresa por empresa. Asimismo, fijaron como condiciones para la vuelta al trabajo que no hubiera sanciones ni despidos y que todos los detenidos fueran puestos en libertad. (9) El 26 de enero, los trabajadores de Standard-ITT se reintegraban a sus puestos de trabajo, y en días sucesivos el resto de los trabajadores que aún permanecían en huelga.

A continuación veremos como se vive este proceso en Chrysler España, S.A., una de las principales empresas del sector del metal de la época, con 11.650, y una amplia experiencia sindical, puesta a prueba en las movilizaciones llevadas a cabo a lo largo de la década anterior en Barreiros, empresa que sería comprada en xxxx por la multinacional americana: entre otras, destacar la huelga de 1966, en respuesta a la detención de varios trabajadores de la empresa, y la de 1970, saldada con el despido de varios trabajadores, (10) lo que supuso el descabezamiento de la actividad sindical en Chrysler durante varios años.

ANTECEDENTES

Según testimonio de Eusebio Calle, responsable del PCE en Chrysler, al inicio de 1975, Comisiones Obreras contaba con unos 100 activistas, (11) a los que habría que sumar algún otro en la órbita del PTE. (12) Junto a las movilizaciones de solidaridad con los condenados en el Proceso 1001, o contra la congelación salarial, su principal tarea fue la preparación de las elecciones sindicales, convocadas para el 13 de junio, las cuales, dado el momento político que se vivía, se juzgaban de gran importancia. Para su coordinación, los responsables del PCE en las principales empresas de la zona sur -Standard, Chrysler, Marconi, Hierros Madrid, Vers, Boetticher...- solían mantener frecuentes reuniones, a las que asistían entre otros dirigentes madrileños Víctor Díaz Cardiel, Adolfo Piñedo, Agustín Moreno, Luis Lucio Lobato o Simón Sánchez Montero.

A pesar de las maniobras realizadas por la dirección de la empresa, como cambiar a varios dirigentes sindicales de planta, llevándoles donde fueran menos conocidos para dificultar su elección, las candidaturas auspiciadas por CC.OO. consiguieron un notable éxito, obteniendo entre un 80 y un 90 por ciento de los enlaces sindicales en el conjunto de Chrysler. A excepción de oficinas y vigilancia, donde ganaron los candidatos propiciados por la empresa, los de CC.OO. ganaron en el resto de las secciones: Simca, Dodge, prensa, fundición, motores, servicios auxiliares, parque, ejes y suspensiones -Gisa-, taller térmico, taller galvánico, engranaje y camiones.

Dado el sistema electoral, en la segunda fase, la elección del Jurado de Empresa, serán los “candidatos de la empresa” quienes obtengan la mayoría: 7 de sus 12 miembros, los seis de técnicos y administrativos y uno de oficiales. Tras el nombramiento de C. Villamarín Iglesias, coronel retirado del Ejército, como presidente, el Jurado quedó formado por: (13)

Técnicos: Carlos J. González San José, secretario del Jurado, Juan J. Cerratos García y Ángel García Cornejo.
Administrativos-oficinas: Rogelio J. Menchaca Cotero, Manuel Martínez Pérez, y Alejandro Martínez Ramón.
Oficiales: José Gómez Pacheco, Esteban Labrador Fermoso (CC.OO.) y Eustaquio Rodríguez Nombela (PCE/CC.OO.).
Especialistas y no cualificados: Eusebio Calle (PCE/CC.OO.), José Blanco Martos (PTE) y Manuel Martínez Selfas (CC.OO.).

A iniciativa de los representantes de los trabajadores, y el asesoramiento del despacho de abogados laboralistas sito en la calle Alcalá, 151 -Ricardo Bodas, José L. Martínez Jerez, Enrique Lillo...-, el Jurado de Empresa, recogiendo la opinión del conjunto de los trabajadores de la Chrysler, redactó un “Anteproyecto de convenio colectivo de Chrysler España, S.A.”, haciendo públicas el 9 de noviembre sus mejoras más significativas:

“1.- Clasificación y valoración de los puestos de trabajo.
2.- 1.880 horas anuales.
3.- Trienios con un valor de 750,- Pts. para cada uno de los productores.
4.- I.R.P.F. por cuenta de la Empresa.
5.- Suplemento de 2.000,- Pts. mensuales para los productores de Fundición y 400,- Pts. para todos los productores que trabajen en “cadena”.
6.- 40% sobre el salario base para el turno de noche.
7.- 3 pagas extraordinarias completas, una de ellas en dos abonos.
8.- 100% del salario desde el primer día de baja.
9.- Jubilación a los 60 años, con el 100%.
10.- 500,- Pts. de ayuda escolar para los hijos de los productores comprendidos entre los 4 y los 16 años.
11.- Ampliación de préstamos para viviendas hasta 200.000,- Pts.
12.- Constitución de un nuevo Grupo de Empresa.
13.- Descuento del 25% sobre el precio Franco Fábrica, para los productores que adquieran vehículos nuevos de la Compañía y el 30% en accesorios sobre el precio de coste.
14.- Revisión trimestral de salarios de acuerdo al porcentaje de carestía de vida más dos enteros.
15.- 50% del salario mensual para quienes cumplen servicio militar y tienen cargas familiares, y el 25% para quienes no tienen cargas.
16.- Negociación de la readmisión de despedidos por cuestiones laborales.
17.- Incremento salarial anual de 1.551.582.398,- Pts. (27.000.- Pts. mensuales para el especialista).” (14)

Días más tarde la “parte económica”, es decir la empresa, contestaba a los trabajadores. En su respuesta, tras destacar el incremento anual que supondría la propuesta presentada por los trabajadores -3.700 millones de pesetas-, así como las limitaciones impuestas por el decreto de “congelación salarial”, concretaba sus propuestas de convenio colectivo, posponiendo la discusión del resto del articulado:

“1º) En cuanto a lo económico: Otorgar la máxima mejora salarial establecida en el Decreto mencionado y efectuar el reparto de esa mejora de acuerdo con la Representación Social.
2º) En cuanto a la jornada: dado que consideramos un avance social el hecho de contar con una serie de sábados libres, juzgamos imprescindible aumentar el número de esos sábados manteniendo la jornada diaria en 7 horas 58 minutos y estableciendo un número anual de horas de 1.992 para el personal de fábrica y el mismo número de horas que tenemos actualmente para el personal de oficinas.” (15)

Cuando se empezaban a negociar las condiciones del convenio colectivo, el presidente de la Unión de Trabajadores y Técnicos (U.T.T.) del Sindicato Provincial, José Bañales, prohibía a la representación sindical de Chrysler España difundir entre los trabajadores una hoja informativa en la que, entre otros temas, ofrecía datos sobre la marcha de la empresa: la de mejor situación económica y más bajos salarios del sector. Por tal motivo, varios abogados laboralistas se dirigieron por carta al ministro de Relaciones Sindicales, mostrando su indignación por tal actitud, la cual limitaba el derecho de los representantes sindicales a la hora de informar a los trabajadores, según establecían los artículos 2º, f) y 18 del decreto de Garantías de cargos sindicales. (16)

Fijadas las posiciones de las partes ante el nuevo Convenio Colectivo, dos hechos marcarán la negociación: la explosión que tuvo lugar en la planta de engranajes el 17 de noviembre, con tres obreros muertos y seis heridos graves, y la prórroga de la congelación salarial hasta el 31 de diciembre de 1976.

El 17 de noviembre de 1975, una explosión en la planta de engranajes de la factoría Chrysler España, en la carretera de Villaverde, ocasionó la muerte de tres trabajadores -Leonardo Martínez Jareño, Melquiades Sánchez Ruiz y Francisco Sánchez Bueno- y heridas graves a seis: Ruperto Novoa, Francisco Rebollo, Juan Alcalde, Francisco Tomás Sánchez, José Zapata y Néstor García. (17) El impacto de este hecho, y en particular la emoción generada durante el posterior entierro de las víctimas, propiciará un clima de unidad entre los trabajadores y de lucha que se manifestará en jornadas posteriores, según testimonio de varios de los trabajadores consultados: Manuel Martínez Selfas y Julio Misiego. (18) En señal de duelo, se para la fábrica, pidiéndose responsabilidades a la multinacional y garantías para reanudar la actividad. El 5 de diciembre más de 2.000 trabajadores asistieron al funeral, celebrado en la iglesia de San Félix en la U.V.A. de Villaverde. Al terminar, todos los asistentes se dirigieron en manifestación hasta la Delegación de Sindicatos de Villaverde Alto, profiriendo diversos gritos como “seguridad en el trabajo”, “amnistía-libertad”, “abajo los topes salariales, “unidad”, “el pueblo unido jamás será vencido” y “sindicato obrero”. La policía, presente en los alrededores de la iglesia, escoltó a los manifestantes, mezclándose con ellos para dividirlos en grupos, no produciéndose ningún enfrentamiento. (19)

El 18 de noviembre se publicaba en el “Boletín Oficial del Estado” un decreto prorrogando las medidas previstas en la disposición adicional tercera de la ley del 19 de diciembre de 1973, de convenios colectivos sindicales de trabajo, conocido como “decreto de congelación salarial”. El 8 de diciembre, el Comité ejecutivo de la Unión de Trabajadores y Técnicos (U.T.T.) del Metal hacía público un comunicado, en el que mostraba su oposición al citado decreto y su disposición a luchar contra el mismo, dado su impacto en orden a la negociación colectiva en curso, afectando tanto al convenio provincial como a los convenios de las principales empresas metalúrgicas madrileñas, al limitar las posibilidades de negociación de los trabajadores. Igualmente, el Comité Ejecutivo de la U.T.T. del Metal solicitaba la ampliación del indulto real a todas las sanciones laborales impuestas con anterioridad al 25 de noviembre. (20)

El 9 de diciembre los medios de comunicación se hicieron eco de la reunión mantenida por los miembros de comisión deliberadora del convenio colectivo de Chrysler España, S.A., con la representación empresarial, para tratar de delimitar la plataforma inicial de acuerdo. Por expreso deseo de la Compañía, la representación social estuvo acompañada de asesores técnicos, que tomaron parte activa en la negociación. (21)

El 10 de diciembre, unos 20.000 trabajadores pertenecientes al ramo del metal protagonizaron paros de diversa duración: Standard, FEMSA, Intelsa, C.A.S.A., Kelvinator... El día 11, las fuerzas de Orden Público procedían a desalojar a los cuatro mil trabajadores de Chrysler España del turno de la mañana, tras decidir en asamblea permanecer en paro como señal de protesta por la ruptura de las negociaciones. Por la tarde, al persistir los trabajadores en la actitud de paro, tuvo lugar un segundo desalojo policial de las instalaciones, a solicitud de la compañía. (22)

El día 12, el paro afectó a la totalidad de la plantilla de Chrysler España, unas 12.000 personas. Por la mañana, a las siete, tuvo lugar una asamblea de fábrica, en la que se decidió continuar en situación de paro, como protesta por el contenido de la contraoferta empresarial en materia del convenio colectivo. A las ocho y media, la Policía procedió a desalojar la factoría, ordenando la salida de los trabajadores. A media mañana se celebró –sin avenencia- el acto de conciliación sindical, por lo que las negociaciones para el convenio quedaron definitivamente rotas, sometiéndose ambas partes a las normas de obligado cumplimiento, laudo, que dicte en su día el Ministerio de Trabajo. Por la tarde, en reunión extraordinaria, el Jurado de empresa acordó restablecer la normalidad laboral. Tal decisión sería refrendada al día siguiente por los trabajadores en asamblea. (23)

Sin embargo, la vuelta al trabajo no supondrá el fin de las movilizaciones, continuando con las asambleas y paros. Así, el 2 de enero, al término del turno de la mañana, cerca de 4.000 trabajadores de la empresa Chrysler España, S.A., celebraron una asamblea informativa en la que se abordaron diversos aspectos de la problemática laboral, debatiéndose especialmente un escrito dirigido al presidente de la U.T.T. del Sindicato Provincial del Metal, en el que se solicitaba el cese de siete miembros del Jurado de Empresa por considerar que eran poco representativos de los intereses de los trabajadores. (24) El objetivo del cese era provocar un crisis de representación, “rompiendo” con el Sindicato Vertical, y la posterior creación de un Consejo Obrero, formado por trabajadores elegidos por las diferentes plantas en colegio único. (25)

En relación con el laudo arbitral, el domingo 2 de enero, ochenta trabajadores de la Chrysler se encerraban en la parroquia de San Félix, del barrio de la U.V.A. de Villaverde, exigiendo la anulación de las sanciones impuestas a los trabajadores, así como de las 1.700 cartas de sanción preparadas por la empresa. Junto a reivindicaciones relacionadas con el convenio colectivo, los trabajadores encerrados solicitaban la supresión de los contratos de trabajo eventuales, una amnistía general, Sindicato obrero y la dimisión de siete miembros del Jurado de empresa, cuya actuación era considerada no representativa. (26)

Terminaban su nota puntualizando que el lugar elegido para el encierro se debía a que la parroquia de San Félix se encontraba ubicada en una zona eminentemente obrera, con todo tipo de problemas humanos, económicos, sociales, familiares y morales. (27) Será ésta una preocupación constante a lo largo de todo el conflicto, lo que les granjeará el apoyo de los vecinos del entorno, como recuerda Mª Prado de la Mata, vecina de Villaverde y actualmente presidenta de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal de los Ángeles: “En las manifestaciones, dejábamos abiertas las puertas de las casas para que pudieran refugiarse los trabajadores cuando llegaba la policía”. (28)

El lunes, el número de los encerrados superaba los doscientos, siendo continua la visita de vecinos y trabajadores de la zona, proporcionándoles comida, mantas y dinero. Por la mañana recibieron también la visita del obispo auxiliar de Madrid, don José Manuel Estepa, quien, tras escuchar a los encerrados, se comprometió a hacer cuanto pudiera para “posibilitar una vía de diálogo que conduzca a una rápida solución del problema planteado”, según recogía el diario INFORMACIONES en su edición del lunes. (29)

Al día siguiente, al considerar cumplidos los propósitos iniciales de dar publicidad a sus problemas laborales, los trabajadores dieron por finalizado el encierro, no sin antes entregar a la parroquia todas las bebidas que les habían llegado, así como gran cantidad de alimentos y tabaco para su distribución entre las familias necesitadas de la U.V.A. de Villaverde. Por su parte los sacerdotes de San Félix agradecieron a los trabajadores la actitud mostrada: “No sólo accedieron a nuestra petición –declararon a Cifra- de que no se fumase en el templo, sino que incluso se negaron a tomar bebidas alcohólicas, barrieron y fregaron los dos días el local y jamás interfirieron en las celebraciones litúrgicas programadas en la parroquia.” (30) Al salir, tras mostrar la firmeza en sus exigencias, los trabajadores de Chrysler agradecieron públicamente la solidaridad mostrada por: “Asociación de vecinos de Villaverde Alto y vecinos en general, Asociación de vecinos del barrio El Progreso, y las fábricas Standard, Robert Bosch, Santa Clara, Jhon Deere, C.A.S.A., Citesa, Siemens, y a todo el movimiento obrero que se ha preocupado por nuestra situación así mismo queremos destacar el gesto de los trabajadores de Giralt Laporta que se han privado de todos sus bocadillos entregándolos para nuestro alimento.” (31)

El 7 de enero, los trabajadores de Chrysler salieron en marcha protestando contra las sanciones y contra el laudo que temían, convergiendo con miles de compañeros de Standard y otras fábricas de la zona. En el puente de la Princesa fueron disueltos por la Policía, que usó gases lacrimógenos y balas de goma. Algunos grupos se dirigieron hacia el puente de Toledo y, tras ser de nuevo disueltos, hacia el de Segovia. Durante toda la tarde, fuerzas antidisturbios mantuvieron vigilados los puentes sobre el Manzanares, y en especial la zona del estadio Vicente Calderón. (32)

En apoyo de estas movilizaciones, Comisiones Obreras de Madrid lanzó un manifiesto el día 7 dirigido “A TODOS LOS TRABAJADORES DE MADRID”, donde, tras hacer un balance de la situación de conflictividad existente, llamaba a toda la clase obrera madrileña a luchar contra la congelación de salarios, por la amnistía, por el sindicato obrero y por las libertades políticas. (33)

A última hora de la tarde del miércoles día 7, un grupo de 1.500 trabajadores de Chrysler España se concentraron ante la Delegación Provincial de Trabajo, en la calle Princesa, para recabar información sobre la marcha del laudo laboral. El delegado informó a una comisión de trabajadores de la decisión arbitral obligatoria que había dictado aquel mismo día, entregándoles una copia. Tras proceder a su lectura en una asamblea improvisada en la calle, los trabajadores se disolvieron pacíficamente. (34) El contenido de la resolución, tras una serie de considerandos, era el siguiente: (35)

“RESOLUCION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE MADRID DICTANDO DECISIÓN ARBITRAL OBLIGATORIA PARA LA EMPRESA CHRYSLER ESPAÑA, S.A.

[...] Vistos los preceptos mencionados y los demás de general aplicación esta Delegación Provincial de Trabajo

ACUERDA

1º.- Mantener la vigencia del Convenio Colectivo Sindical aprobado por este Organismo en 19 de diciembre de 1973 en todo lo que no resulte modificado por los apartados siguientes.
2º.- Las retribuciones establecidas en la columna “Total Salario Bruto Anual”, que se compone de la suma de los distintos conceptos retributivos del Convenio, se incrementarán en un 17%, equivalente al aumento experimentado por el costo de la vida en los 12 meses precedentes más tres enteros.
La cantidad de aumento en la nómina total de la Empresa que resulte de lo anterior, se distribuirá por partes iguales entre todos los productores, sin distinción de categorías, en las 14 pagas anuales.
3º.- La presente Decisión Arbitral Obligatoria comenzará a regir a partir del día primero del presente mes. Si transcurrido un año, no hubiese sido sustituida por un Convenio Colectivo Sindical o nueva Decisión Arbitral Obligatoria, se prorrogará su vigencia, incrementándose las retribuciones en un porcentaje igual al que experimente el costo de la vida durante los 12 meses precedentes en el conjunto nacional, según los índices elaborados por el Instituto Nacional de Estadística.

Madrid, 7 de enero de 1976
EL DELEGADO DE TRABAJO”

Tratando de frenar las movilizaciones que llevaban a cabo los trabajadores en relación con el convenio colectivo, la Dirección de Personal de Chrysler España, S.A. hacía entrega al Jurado de un escrito en el que amenazaba con “hacer efectivas las medidas disciplinarias oportunas en el caso de que tuviesen lugar nuevas asambleas o paros”. (36)

El día 9 se sucedieron las manifestaciones en la zona industrial del sur de Madrid. Tras realizar una asamblea en la empresa, los trabajadores de Standard se dirigieron a la plaza de Villaverde, donde se encontraba la Delegación Sindical, uniéndoseles diversos grupos de trabajadores de la zona (Marconi, Vers y Boetticher). Tras celebrar una asamblea conjunta, decidieron unirse a los trabajadores de Chrysler, que se encontraban reunidos en asamblea en el interior de la fábrica en solicitud de la readmisión de seis trabajadores -entre ellos un vocal provincial y tres enlaces sindicales- despedidos. La actuación de la Policía Armada fue contundente, lanzando numerosas granadas de humo, primero contra los manifestantes y, una vez disueltos éstos, contra los trabajadores de Chrysler, desalojándoles de la factoría. A las siete de la tarde, grupos de trabajadores de diversas empresas madrileñas intentaron manifestarse en la Gran Vía, dando gritos de “Unidad” y “¡No a la congelación salarial!”. Acosados por las fuerzas del orden, un grupo se dirigió hacia Preciados y otro hacia Princesa. (37)

En un intento de descabezar el movimiento huelguístico, aquella noche fueron detenidos en sus domicilios por agentes del Cuerpo General de Policía varios representantes sindicales pertenecientes a la rama del Metal, quienes se habían destacado en los conflictos laborales de los últimos días. Entre ellos se encontraban: Adolfo Piñedo, de Standard-ITT; Manuel Valbuena, de Standard; Ascensión Martín, de Standard; Fidel Alonso Plaza, de Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima (CASA); Antonio Varela, de Standard; Rosa Roldán Herrero, de C.A.S.A.; Félix Alonso de Castro, despedido de Chrysler; Manuel Alarcón Olmedo, de Siemens; Antonio Galán, Jurado de Siemens; Juan Francisco Moreno, de Fiat Hispania; José Francisco Serrano, de Seix Barral; Bautista Pérez, de Kelvinator; Gerardo Díaz, de Kelvinator; Julián Abad, de Kelvinator; Julián Sánchez, de Electromecánica; Jesús García, de John Deere; Emilio Alcaraz García, de Taibesa; Ángel Fernández Lupión, de Pegaso; Ángel Frutos; Ángel F. Vega... Eusebio Calle, responsable del PCE en Chrysler, evitó su detención, al no dormir aquella noche en su domicilio, temiéndose una redad. Efectivamente, a la 1,30 de la madrugada se presentó la policía en su domicilio derribando la puerta de entrada. (38)

10 DE ENERO: LA CHRYSLER EN HUELGA

El sábado 10 de enero, los trabajadores del Metro madrileño se incorporaban al trabajo. Sin embargo, lejos de remitir, la conflictividad laboral se incrementó notablemente, siendo numerosas las fábricas que permanecieron cerradas o virtualmente paralizadas, bien por despido de la totalidad o parte sustancial de las plantillas o como consecuencia de los cierres patronales llevados a cabo por las Direcciones respectivas, previa autorización –incluso verbal en algunas ocasiones- de la Delegación Provincial de Trabajo: al margen de los paros propiamente dichos, el número de trabajadores que se encontraba imposibilitado de acceder a sus puestos laborales en la mañana del día 10 ascendía a la cifra de 35.000.

Respecto a las fábricas que optaron por el “lock out” empresarial frente a la huelga, hay que destacar las filiales españolas de las multinacionales Standard Eléctrica-I.T.T. (más de 15.000 trabajadores afectados), Chrysler España, S.A. (12.000), Industrias de Telecomunicación, Sociedad Anónima, Intelsa (3.000), John Deere Ibérica (1.450) y Kelvinator (1.800), así como la factoría de Getafe Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima (C.A.S.A.) con 3.200 trabajadores de plantilla, la Sociedad Española de Metales Preciosos (380) y Electromecánica de Precisión (390). En todas estas empresas, y como consecuencia del cierre patronal legal, la totalidad de las plantillas se vería afectada por la correspondiente medida sancionadora de suspensión de empleo y sueldo, cuya efectividad se extendía hasta el momento en que, de acuerdo con la autoridad laboral, se procediera a la reapertura de las respectivas factorías o centros de trabajo. (39)

A continuación, unos siete mil trabajadores de Chrysler bajaron por la Ciudad de los Ángeles a la carretera de Leganés-Villaverde hasta la plaza de Villaverde, sede de la Delegación de Sindicatos. Posteriormente, trabajadores de Chrysler y de Standard se recluyeron voluntariamente en la iglesia de Beato Juan de Ávila, de Usera. Poco después se sumaron al encierro trabajadores de Boetticher y Marconi. Tal y como señalaba en su día la Gaceta de Derecho Social:

“Se iniciaba así un proceso de solidaridad activa de los trabajadores madrileños, superando el hecho básico hasta entonces de que la mayoría de las fábricas se hubieran esforzado en plantear sus propios problemas limitándose además excesivamente a los puntos económicos. Pero aquella mañana gélida, con decenas de Guardias Civiles y policías antidisturbios rodeando la iglesia, llegaba a los encerrados un caudal incesante de información”. (40)

En la asamblea, con trabajadores de distintas empresas madrileñas, se propuso, por primera vez, la formación de un comité de huelga para todo Madrid, iniciativa que no llegó a plasmarse. Si cuajaría la decisión de llamar el lunes siguiente a la huelga desde la UTT, debatiéndose su duración.

A primera hora de la tarde unos setecientos trabajadores de Chrysler España se concentraron frente a la factoría de Villaverde, siendo disueltos por las fuerzas del orden. La fábrica –que permanecía cerrada- se encontraba custodiada por la fuerza pública. En las puertas, grupos de trabajadores, por turnos, hicieron guardia a lo largo de todo el conflicto, informando a los obreros que allí acudían de las convocatorias previstas: marchas, asambleas, encierros, etc.

A las seis y media de la tarde, cerca de 4.000 trabajadores de Standard, Chrysler y otras empresas, se manifestaron a lo largo de la Gran Vía madrileña, entre la plaza de España y Callao, ante la presencia de gran número de personas que hacían cola en las taquillas de los cines. Los manifestantes gritaban “Abajo los topes salariales”, “Pan y trabajo”, “Trabajo, si; despido, no” y “Sindicato obrero”. La Policía no intervino hasta el final de la manifestación, una hora más tarde, en que dispersó algunos grupos y practicó varias detenciones. (41)

En la tarde del domingo, varios centenares de personas se manifestaron en la glorieta de las Pirámides, junto al puente de Toledo, en las cercanías del estadio Vicente Calderón, a la salida del partido Atlético de Madrid-Real Madrid. Los manifestantes, entre los que se hallaban numerosos trabajadores del metal, se dirigieron por el paseo de las Acacias, hacia Atocha, profiriendo gritos de “unidad, libertad y amnistía”. Poco antes de llegar a Atocha fueron disueltos por la brigada especial antidisturbios, con gases lacrimógenos. No se practicaron detenciones, pero se retiraron numerosos carnets. (42)

El lunes 12 de enero, más de cien mil trabajadores madrileños –cifra estimada en medios laborales- participaron en las diversas movilizaciones que tuvieron lugar en Madrid, con paros y asambleas, concentraciones, desalojos y manifestaciones. Los sectores más afectados fueron Construcción (unos 50.000 obreros acudieron a la huelga convocada por organizaciones sindicales ilegales), Metal (35.000 trabajadores en paro, bien por interrupción voluntaria del trabajo o como consecuencia de los cierres de las fábricas respectivas), Banca (10.000 trabajadores de 29 entidades observaron paros de dos a cuatro horas) y Comunicaciones (10.000 empleados de la Telefónica y un número no determinado de Correos, pero superior al millar). (43)

El día 12 de enero, diversos representantes sindicales y trabajadores de Chrysler se dirigían al presidente de la U.T.T. del Sindicato Provincial del Metal de Madrid, solicitando la convocatoria y celebración urgente de una asamblea donde poder informar a los trabajadores del Laudo Arbitral, discutir sobre las medidas y actuaciones a seguir de cara a la defensa de sus intereses y reivindicaciones, y acordar unas nuevas bases de diálogo con la Empresa tras el cierre de las factorías.

En Villaverde Alto, unos cuatro mil trabajadores de la zona, de las empresas Standard, Chrysler, Marconi, Hierros Madrid, Vers y otras fueron dispersados por la Policía. Los trabajadores, posteriormente, en pequeños grupos, recorrieron la localidad.

Desde las siete de la tarde del día 12, el centro de Madrid fue escenario de sucesivas manifestaciones de trabajadores, que intentaron concentrarse ante el Ministerio de Hacienda y que fueron dispersados por la Policía Armada, que, en gran número, vigilaba la zona. En la calle de Espoz y Mina se registraron diversos incidentes y conatos de manifestación y la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, que intentaban reunirse en la Puerta del Sol. Durante toda la tarde fueron continuas las acciones de los manifestantes en diversos puntos de la Gran Vía, calle de Alcalá y Cibeles, donde una densa cortina de humo formada por los gases antidisturbios impedía casi por completo la visión. Los trabajadores habían redactado un escrito para ser entregado al ministro de Hacienda, en el que se solicitaba la derogación del decreto sobre medidas económicas, libertad para los detenidos, reapertura de las empresas y levantamiento de sanciones. (44)

El mismo lunes, por la tarde, las agencias informativas nacionales Cifra, Europa Press y Pyresa, citando fuentes competentes, distribuían una información en la que se aseguraba que las alteraciones laborales registradas en Madrid “responden a un plan subversivo y violento preestablecido”. Ninguna de las agencias citadas identificaba sin embargo la naturaleza de dichas fuentes.

Tal “información” sería desmentida categóricamente por los representantes de los trabajadores de más de trescientas empresas madrileñas en rueda de prensa, negando que las jornadas de lucha que venía manteniendo la clase obrera durante los últimos días en la capital de España, fueran la consecuencia de una campaña de agitación política. (45)

El 12 de enero por la tarde, el ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, recibía, en su despacho, al Comité ejecutivo de la U.T.T. del Sindicato del Metal, acompañados por don José Blanco Martos, de Chrysler España, Domingo García de Frutos, de Pegaso, y Sixto Muñoz Algaba, de Standard-I.T.T., que le visitaron para interesarse por la situación de los representantes sindicales detenidos, entre los que había cuatro vocales provinciales.

El ministro de Relaciones Sindicales manifestó que en el planteamiento de las reivindicaciones por los cauces laborales tendrían siempre su apoyo pero que ni él ni el Gobierno aceptarían retos que afectasen al orden público. Los miembros del Comité Ejecutivo manifestaron al ministro, las causas que, a su juicio, habían provocado la situación, entre las que destacaron la actitud de las empresas al sentirse respaldadas por las disposiciones limitativas de la negociación colectiva. Por último, pidieron al señor Martín Villa que asumiese el papel de mediador para hacer llegar al Gobierno las inquietudes expuestas. (46)

Terminada la reunión, los miembros de la Comisión regresaron a la sede del Sindicato Nacional, donde continuaba el pleno de la Unión, constituido en sesión permanente. Se decidió convocar a todos los trabajadores del sector a un paro diario de una hora, de nueve a diez de la mañana, decidiendo continuar el encierro hasta tanto fueran atendidas sus reivindicaciones y, muy especialmente, la puesta en libertad de los dirigentes sindicales detenidos. La Junta sería interrumpida al día siguiente por decisión expresa del ministro de Relaciones Sindicales, desalojando el local ordenadamente al ser requeridos por la fuerza pública. (47)

Al día siguiente, el 13 de enero, el sector madrileño del metal presentaba una elevada conflictividad, hasta el extremo de que la situación parecía haber desembocado en un punto crítico difícil de remontar, dada la postura de empresarios y trabajadores. En el transcurso de las últimas horas, cerraron sus factorías, sumándose a las nueve que ya se encontraban en esta situación: Siemens, en Getafe; Marconi, en Villaverde, con 3.000 obreros; la Empresa Nacional de Autocamiones, S. A. (ENASA/Pegaso), con 6.000 empleados, y la Unión de Orfebres (antigua Plata Meneses), con 340 trabajadores de plantilla, afectadas todas ellas por paros parciales en los últimos días.

Por zonas, las más afectadas erna Getafe, en la que los dieciocho mil trabajadores de su censo permanecían en paro –o sancionados- y Villaverde, donde hubo huelgas –parciales o totales, según los casos- en empresas tales como Tafesa, Citesa, Euskalduna, Ruedarsa, Hierros Madrid, Marconi –que fue posteriormente cerrada-, Bosch y otras. (48)

En Chrysler, se produjo una asamblea a las siete de la mañana con participación de unas 4.000 personas, siendo disuelta una hora más tarde. Posteriormente los trabajadores se encerraron en una iglesia de la meseta de Orcasitas para protestar por los despidos, siete de los cuales ocupaban cargos sindicales. Durante la tarde se realizó una nueva asamblea ante la puerta de la fábrica en Villaverde, informando el Jurado de la negativa de la empresa, por boca del Presidente del Jurado, a la anulación de los expedientes cartas de sanciones, así como de la reunión solicitada al ministro de Relaciones Sindicales “con el fin de tratar de encontrar una solución positiva al problema de nuestra empresa”. (49) Antes de dispersarse, se acordó no trabajar hasta que fueran readmitidos los despedidos y puestos en libertad los detenidos. (50)

El 14 de enero, aparecía en “Boletín Oficial del Estado”, el decreto de militarización del Servicio de Correos. Tal decisión del gobierno, afectaba a todos los empleados mayores de dieciocho años, entrando en vigor inmediatamente. (51)

El mismo día 14, otras siete empresas madrileñas, en su mayoría pertenecientes al ramo del Metal, cerraron sus puertas: Ibmi, con 1.500 trabajadores; Metal Mazda, con 1.300; Transfesa, de Villaverde Bajo; Minvielle, en Torrejón; en Fuelabrada, Fraymon; Uralita, de Getafe, e Industrias Esteban. Con ellas, el número de factorías afectadas por el “lock-out” alcanzó la veintena, viéndose afectados por tal medida más de 55.000 trabajadores. (52)

A las diez de la mañana, comenzó un nuevo encierro de los vocales provinciales del Metal en la sede de la central sindical madrileña, manifestando su intención de mantener su actitud hasta que fueran atendidas sus reivindicaciones, entre las que figuraban la inmediata reapertura de las fábricas clausuradas, readmisión de despedidos, puesta en libertad de detenidos, etc., así como otras de orden económico y estrictamente sindical.

En relación con el conflicto en la Chrysler, el 14 de enero se rompían las negociaciones para el restablecimiento de la normalidad. Ante la negativa de la Dirección a readmitir a los trabajadores despedidos, como paso previo para negociar sobre la norma de obligado cumplimiento y el calendario laboral, los miembros del Jurado de empresa abandonaron la reunión. (53)

A fin de apoyar la negociación, unos diez mil trabajadores de Chrysler se concentraron ante la factoría de la empresa, que permanecía cerrada, siendo disueltos por la Policía. Unos dos mil trabajadores se recluyeron seguidamente en la iglesia de los capuchinos en el barrio de Usera, y otras mil quinientas personas lo hicieron en la de San Mateo. (54)

La jornada del 15, cuarta de huelga generalizada en el Metal, se caracterizó –al igual que en días anteriores- por una paralización casi total de las actividades en amplias zonas industriales del “hinterland” madrileño, como Getafe, Villaverde y San Fernando de Henares, mientras que la huelga adquiría proporciones considerables en otros puntos, como Móstoles, Alcobendas, Alcalá de Henares y la zona Este –Ventas- de Madrid. 26 empresas -la mayoría del sector del Metal- aparecían cerradas por decisión patronal, con más de 60.000 obreros sancionados con suspensión de empleo y sueldo como consecuencia del “lock-out”.

Por lo que respecta a la problemática general del conflicto, referido al abanico de reivindicaciones socio-laborales de los trabajadores del metal, la única novedad reseñable sería la reunión mantenida por el ministro de Relaciones Sindicales con los empresarios de Madrid más directamente afectados por las huelgas, a los que Martín Villa habría expresado “la necesidad de que la conflictividad laboral finalice lo antes posible, por lo que se hace necesaria la máxima colaboración empresarial”. (55)

Paralelamente, la U.T.T. Provincial del Metal tomaba el acuerdo de abonar con fondos sindicales propios las multas impuestas a los trabajadores detenidos, manteniendo en pie la convocatoria de una huelga diaria en todas las empresas del sector hasta el sábado día 17. (56) Sin embargo, antes de que se cumpliera el plazo marcado en la convocatoria, el delegado sindical provincial de Madrid, Eduardo Martínez Fernández procedió a suspender dicho acuerdo, comunicando tal decisión a las empresas afectadas. (57)

Por su parte, la Comisión sindical de Chrysler se mantuvo reunida durante toda la mañana en el Sindicato, decidiendo permanecer en éste hasta que la empresa aceptara negociar. (58)

A las siete de la tarde del día 15, unas dos mil mujeres se concentraron en la calle Goya, ante la puerta principal de Galerías Preciados. Encabezaban la manifestación las presidentas y representantes de 25 Asociaciones de Amas de Casa, Asociación de Mujeres Universitarias y movimientos apostólicos de Madrid, con pancartas en las que se aludía a la liberación de la mujer, la carestía de la vida y las libertades democráticas, así como a la petición de amnistía. (59)

A las diez de la noche del día 15, eran detenidos 120 trabajadores de distintas ramas productivas madrileñas cuando se hallaban reunidos en el Grupo Obrero de Estudios Sociales (G.O.E.S.), en la calle Silva, 20, de la Hermandad Obrera de Acción Católica (H.O.A.C.). Según una nota de la Dirección General de Seguridad, reproducida por el diario INFORMACIONES: “[...] al parecer, se estaba preparando la huelga general política de Madrid”. (60)

Funcionarios de la Brigada Social y numerosos efectivos de la Policía Armada –varios “jeeps” y dos autobuses- hicieron acto de presencia en la calle de Silva y procedieron a acordonar la zona en el tramo de la Gran Vía hasta las inmediaciones de la calle de la Luna. Posteriormente fue totalmente desalojado el inmueble, procediéndose a la detención de las personas, que en aquellos momentos se encontraban en el piso cuarto, donde se hallan instaladas las oficinas de organismos apostólicos filiales de H.O.A.C. y G.O.E.S. El consiliario diocesano que se encontraba en los locales intentó comunicarse telefónicamente con el obispo de la zona, cosa que le fue denegada por la Policía. Posteriormente, la Policía procedió también al registro en algunos bares de la calle. (61) Según nota de la Dirección General de Seguridad, 20 de las personas detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Orden Público, y el resto en libertad “antes de las setenta y dos horas”. (62)

El viernes 16 la situación de conflictividad experimentó un giro significativo, iniciando los dirigentes sindicales un repliegue táctico que evitara el descabezamiento del movimiento obrero, trasladando la negociación empresa a empresa. Así, flexibilizando su anterior postura, la U.T.T. del Metal condicionaba la normalización a tres únicos requisitos: reapertura de las fábricas, fijación de un plazo por parte de las empresas para la reanudación de las negociaciones salariales y, por último, que no se procediera a la aplicación de sanciones, con anulación de los despidos que hubieran podido producirse y la puesta en libertad de los detenidos. (63)

El día 16, alrededor de 2.200 trabajadores de Chrysler España, que se habían encerrado en la iglesia de San Andrés, de Villaverde, en la calle Oxígeno, 13, fueron desalojados por la policía. Los trabajadores se habían reunido en la iglesia a las ocho de esta mañana y el desalojo se produjo aproximadamente a las diez y cuarto. (64)

Por su parte, la Unión de Empresarios del Sindicato Provincial del Metal hacía publica en la tarde del viernes una nota en la que negaba toda responsabilidad en el conflicto, amparándose para ello en la legalidad vigente, señalando que la mayoría de las causas del conflicto, como la derogación del “incorrectamente” denominado Decreto de Congelación Salarial, en ningún caso podían ser “facultad de las empresas”, al quedar fuera de sus competencias. Asimismo justificaban los empresarios las medidas adoptadas: “Las sanciones disciplinarias impuestas, los desalojos y posterior cierre de empresas que se han producido lo han sido en aplicación de las disposiciones vigentes y como consecuencia de la necesidad de mantener el orden y la seguridad de las personas y de los bienes”. Terminaba la nota “amenazando” con un descenso de las inversiones y el empleo en el sector industrial “ante la creciente inseguridad actual”. (65)

Continuando con la represión ejercida sobre el movimiento obrero, en la madrugada del sábado fueron detenidas un total de 55 personas, abogados laboralistas pertenecientes a distintos despachos de Madrid en su mayoría, cuando se encontraban reunidas en un chalet de la calle Mesena, en Ciudad Lineal, propiedad de José Ignacio Montejo. Entre los detenidos figuraban los abogados doña Manola Carmena, Cristina Almeida, Alisa Maravall, Fátima Macho, Javier López, Rafael Company, Antonio Doblás, Javier Sauquillo, Héctor Maravall, José Luis Núñez Casal y otros varios; igualmente fueron detenidos el marido de Manuela Carmena, Eduardo Leila, miembro de la Junta de gobierno del Colegio de Arquitectos; varios economistas y el periodista Ángel Mullor, jefe de Prensa de los despachos laboralistas de Madrid. Todos ellos serían puestos en libertad en las veinticuatro horas siguientes.

CHRYSLER: APERTURA Y CIERRE

Ante el anuncio de apertura de la empresa el lunes 19 de enero, junto a las de Isodel, Metal-Mazda y Uralita, el domingo 18, los trabajadores de Chrysler celebraron una asamblea en la Institución Sindical Virgen de la Paloma, decidiendo por amplia mayoría no reintegrarse al día siguiente al trabajo, en apoyo de sus peticiones de que no hubiera despidos, fueran puestos en libertad los trabajadores detenidos y que la empresa les abonara los días no trabajados.

El lunes, sólo entró al trabajo un 20 por ciento del primer turno, abandonando la factoría ante la actitud del resto de los compañeros. La fuerza pública, con abundantes efectivos antidisturbios, se situó en las inmediaciones de la fábrica y en algunos puntos de Villaverde, disolviendo las concentraciones de trabajadores. (67)

Al no reanudarse la actividad laboral, las factorías de Chrysler en Villaverde fueron de nuevo clausuradas, por tiempo indefinido. Con relación al cierre, la empresa hizo pública una nota, calculando las pérdidas de la compañía, desde el 10 de enero, en 288 millones de pesetas. En este tiempo, se habrían dejado de fabricar unos 3.000 vehículos, sobre todo del modelo “SIMCA 1200”, viéndose asimismo sus programas de exportación y producción de equipos. Finalmente, la nota anunciaba que la dirección comunicaría mediante carta a sus productores cuál era su situación respecto a los puestos de trabajo, anuncio interpretado en medios sindicales como un aviso de que se iba a proceder a la aplicación masiva de sanciones y despidos. (68)

En la mañana del día 20, mientras una representación de los enlaces y Jurados de empresa de Chrysler se encontraba en los locales del Sindicato, en espera de que la empresa les llamara para iniciar negociaciones, los trabajadores se concentraron ante las puertas cerradas de la factoría, y posteriormente en una iglesia de la plaza Elíptica, en Usera, exigiendo la reapertura de los centros y la supresión de las sanciones, como condición para reincorporarse al trabajo. (69)

Por la tarde, el ministro de Relaciones Sindicales, Martín Villa, recibió a una Comisión de vocales del Sindicato Provincial del Metal, quienes solicitaron su intervención ante las empresas para que éstas abrieran de nuevo sus factorías y que no sancionaran a los obreros en paro. (70) Martín Villa dejaría claro que n iba a haber negociación global sino por rama, fundamentalmente en el Metal.

A últimas horas de la tarde, 10.000 personas intentaron manifestarse en la plaza de Colón, adhiriéndose a un acto en petición de amnistía y libertades democráticas convocado por la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática. (71)

Al día siguiente de la reunión con Martín Villa, se reunieron sendas delegaciones de la Unión de Empresarios del Sindicato Provincial del Metal y de la Unión de Trabajadores y Técnicos, (72) a la búsqueda de una solución negociada. Como base para un posible acuerdo, los trabajadores plantearon: la reapertura de centros, la anulación de sanciones y despidos, la puesta en libertad de los trabajadores detenidos, la desmilitariazación de Correos y Renfe y el inicio de las negociaciones pendientes sin sujeción a topes salariales. Las conversaciones finalizaron sin acuerdo, al insistir algunos empresarios –concretamente los representantes de John Deere, Wafuis, Odag Vers y Chrysler– en el mantenimiento de las sanciones impuestas con motivo de los últimos conflictos. (73)

El jueves 22, a última hora de la mañana, se hicieron públicas las sentencias de las Magistraturas de Trabajo números 2 y 3 de Madrid levantando las sanciones de suspensión de empleo y sueldo que la empresa Chrysler España, S.A. había impuesto, con carácter cautelar, a cuatro representantes sindicales: Eusebio Calle Serrano, vocal jurado; Agustín Barrús, enlace sindical (vistos por la Magistratura número 3); José Blanco Martos, vocal jurado, y Sixto Arenas, enlace sindical (por la Magistratura número 2) . (74)

Los magistrados dispusieron el levantamiento de las sanciones por considerar que la empresa no aportó pruebas para demostrar que los encartados habían faltado contra la seguridad y disciplina colectiva, de acuerdo con lo previsto en la ley para esos casos. Desde las 10,30 de la mañana se habían congregado dentro del recinto de la Magistratura de Trabajo, en los patios adyacentes y en el exterior del edificio unos dos mil trabajadores de la empresa, quienes esperaron hasta pasadas las dos y media de la tarde a que se diese a conocer la segunda sentencia favorable a los trabajadores. (75)

Para estar informados de la evolución de los acontecimientos y adoptar las medidas que consideraran adecuadas los trabajadores de Chrysler continuaron reuniéndose en los días siguientes. El 23 de enero, cinco mil trabajadores de la compañía lo hacían en la parroquia de Santo Domingo, en Aluche, en donde se informó de que un centenar de trabajadores habían recibido cartas de despido; en algunos casos, según se afirmó en la asamblea, la notificación se había llevado a cabo mediante el oportuno requerimiento notarial. Se informó igualmente de que la empresa había manifestado su disponibilidad de negociar con los trabajadores en un local sindical, cuya concesión no había resultado posible hasta el momento. La asamblea fue disuelta a requerimiento de la Guardia Civil. El 24 de enero lo harían en la iglesia de la Beata María de Jesús, en Legazpi. (76)

El 24 de enero, la dirección de Chrysler España S.A. hizo pública una nota en la que señalaba no haber decidido aún el momento en que se produciría la convocatoria al trabajo, al no existir las condiciones para su reanudación, ni la modalidad de dicho llamamiento. Salía así al paso de las noticias relativas a un mantenimiento de las sanciones impuestas con motivo de los paros, manifestando: “Nuestra postura, a este respecto, permanece invariable. Si tras la reapertura se trabajase con normalidad, la Dirección de Chrysler España está dispuesta a considerar con la mejor voluntad la readmisión de los despedidos (se refiere a las 100 sanciones impuestas recientemente), pero no entrará en la reconsideración de los expedientes incoados con anterioridad, que seguirán su curso”. (77)

VUELTA AL TRABAJO

El sábado, 26 de enero, la dirección de Chrysler dirigía a sus trabajadores un comunicado en el que, entre otras cosas, decía que el cierre de la fábrica dañaba gravemente sus intereses y ponía en peligro la supervivencia de la empresa, por lo que se hacía necesario conocer, en forma democrática, la voluntad de todos los trabajadores, reclamando que a nadie que quisiera volver al trabajo, cuando se abriera la fábrica, se le impidiera hacerlo.

La dirección de la empresa manifestaba asimismo su deseo de no tener que imponer nuevas sanciones y de adoptar una postura flexible respecto a las impuestas, lo que sólo sería posible cuando se hubiera reanudado el trabajo. Finalmente, tras señalar el riesgo que un prolongado cierre de la fábrica suponía no sólo para la producción, sino también para la estabilidad del empleo, terminaba la dirección de Chrysler manifestando su deseo de proceder a la reapertura de las instalaciones en el más breve plazo posible. (78)

El mismo sábado, unos 8.000 trabajadores de Chrysler España, S.A., reunidos en asamblea en los comedores de la institución sindical Virgen de la Paloma, de Madrid, acordaron no volver al trabajo mientras la empresa no readmitiera a los despedidos y retirase las sanciones y expedientes, así como la adopción de un compromiso formal de que no se adoptarían represalias por causa de los paros. También pidieron a la empresa el establecimiento de diálogo fuera del recinto fabril sobre la retribución de los días no trabajados y compromiso de negociaciones a plazo fijo, para mejorar las condiciones económicas.

A la asamblea asistieron la mayoría de los 84 cargos sindicales y los 12 miembros del Jurado de empresa, así como el asesor jurídico de la compañía, Carlos Rodríguez Devesa, quien dijo a la asamblea que no iba a negociar, pero que podía decir que no habría represalias en absoluto; que todos querían ver a los despedidos en la fábrica; y que el pago de haberes en días de huelga, si se planteaba en la mesa de negociación, se conseguiría con toda seguridad. Las palabras del representante de la empresa fueron acogidas con un fuerte aplauso.

Más adelante, el señor Rodríguez Devesa preguntó a la asamblea: “¿Puedo decir a la empresa que vuelven al trabajo y se negocia la readmisión de todos los despedidos?”. Los trabajadores contestaron que sí. Seguidamente, un miembro del Jurado señaló que esa respuesta estaba condicionada a la readmisión de los despedidos, a que no hubiera represalias, etc. (79)

El 28 de enero, tras varias reuniones, en las que se debatió sobre todo las condiciones de reingreso de los 84 despedidos, el Jurado de empresa y la Dirección de Chrysler anunciaban el acuerdo de las partes para la reapertura de la fábrica. Según la nota informativa hecha pública por el Jurado de empresa, los términos del mismo eran: (80)

“1.- Reingreso de los 84 despedidos y sustitución de la sanción de despido por la de suspensión de empleo y sueldo correspondiente a las faltas muy graves, formalizándose este acuerdo en Conciliación Sindical.
2.- Cuando se reanude la actividad laboral en la Empresa, entrarán a trabajar los expedientados; continuarán los expedientes su curso normal, hasta la resolución de la Magistratura de Trabajo correspondiente, en cuyo momento se verán las resoluciones emitidas.
3.- Por parte de Dirección se estudiará una fórmula económica de anticipos voluntarios y reintegrables para el personal que los solicite, cuya cuantía y plazos de reintegro se fijarán oportunamente.
4.- En caso de reanudación y permanencia normal en el trabajo la Empresa inmediatamente procederá a la no absorción del 6,4% dado en el mes de Julio del pasado año. Con efectos de primero de Abril próximo, la Dirección estudiará un sistema de mejora de las condiciones económicas establecidas en el Laudo, sin que pueda en éste momento determinarse la cuantía de esta mejora, la cual será realizada con el conocimiento en información del Jurado de Empresa, siempre que concurran condiciones normales de trabajo que no produzcan más deterioros en la situación en la situación financiera de la Compañía.

Madrid, 28 de Enero de 1.976.”

Al día siguiente, 29 de enero, a las siete en punto, abría de nuevo sus puertas la factoría de Chrysler España, Sociedad Anónima, en Villaverde. Dado que el acuerdo alcanzado entre el Jurado y la Dirección de la Empresa no respetaba las condiciones establecidas en asamblea para la reanudación del trabajo -readmisión de todos los sancionados con despido, supresión de los expedientes incoados, compromiso formal de abono de los salarios devengados durante los días de cierre patronal y reanudación de las conversaciones del convenio colectivo-, cuando el primer turno se disponía a entrar en la factoría, los líderes sindicales de los trabajadores convocaron una asamblea en la puerta de la fábrica. La votación realizada fue favorable a la no reincorporación: un 60% de los trabajadores abandonaron la fábrica y se trasladaron a una iglesia de la Ciudad de los Ángeles para constituirse en asamblea permanente. (81) Al día siguiente, una vez aceptados los términos del acuerdo por la asamblea, se reincorporó al trabajo la totalidad de la plantilla, aunque sin realizar horas extraordinarias y manteniendo sus reivindicaciones en relación a un nuevo convenio colectivo.

Siguiendo con el proceso de normalización, el viernes 30 de enero se vio en Magistratura el juicio por la aplicación de las medidas cautelares de suspensión de empleo y sueldo a dos enlaces sindicales de la empresa –Manuel Santamaría y Francisco Díaz-, fallando el magistrado a favor de los trabajadores.

El 2 de febrero de 1976 tuvo lugar el acto de conciliación sindical, previo a la reclamación presentada por 59 de los 84 trabajadores despedidos contra Chrysler España S.A. ante la Magistratura de Trabajo nº 9. (82) Tras ratificarse los trabajadores en su demanda, la empresa manifestó estar “dispuesta a rebajar la sanción de despido por una sanción de suspensión de empleo y sueldo, de tal manera que la suspensión de empleo y sueldo abarcaría solamente el tiempo que llevan en la actualidad en suspensión, reincorporándose al trabajo el día de mañana 3. Además no constarán las sanciones en los expedientes personales de los trabajadores”. Los trabajadores aceptaron, terminándose el acto con avenencia. (83)

El 21 de febrero de 1976, un grupo de trabajadores se dirigió a la dirección de personal de Chrysler España pidiendo la anulación de los expedientes incoados a los vocales jurados, Eusebio Calle y José Blanco, y a los enlaces Francisco Díaz, Manuel Santamaría, Agustín Barrús, Sixto Arenas y Fernando Caamaño. Asimismo solicitaban, la apertura inmediata de las negociaciones económicas. (84) Paralelamente, la representación sindical abrirá una cuenta o fondo de ayuda a los compañeros expedientados y trabajadores de otras empresas en conflicto, como los de VERS, a los que entregaron 40.000 ptas. (85)

En relación con los expedientes, el 4 de mayo de 1976, el Jurado de empresa informaba a los trabajadores que la dirección de Chrysler accedido, en el acto de conciliación celebrado ante la Magistratura de Trabajo nº 8 de Madrid el día anterior, a cambiar la sanción prevista de despido de los siete cargos sindicales expedientados con motivo de las huelgas de diciembre y enero, “por la de suspensión de empleo y sueldo desde hoy hasta el día 10 de junio próximo”. (86)

Tras varias deliberaciones, el 27 de julio, el Jurado alcanzaba finalmente un acuerdo con la dirección de Chrysler en relación a un “aumento lineal de 3.000.- ptas brutas mensuales y 2.100.- ptas brutas en las pagas extraordinarias para todos los empleados de la compañía, a partir del 1º de septiembre y efectivos desde esa misma fecha”. (87)

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(1) “A todos los trabajadores de Madrid y a la opinión pública”. Madrid, 16 de Mayo de 1975. Archivo Histórico del PCE (AHPCE), Sección Mov. Obrero, caja 88, carp. 77.

.....
Las referencias continúan en el original:
http://tallerhistoriapce.blogspot.com/2010/06/enero-de-1976-la-chrysler-en-huelga.html

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