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Título: Acciones contra la privatización del agua de Madrid. Por Liliana Pineda - Enlace 1

Texto del artículo:

Acciones contra la privatización del agua de Madrid

Publicado el Lunes, 23 Abril 2012 17:01
Escrito por Liliana Pineda
Miembro de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II y “Marea Azul”

Para entender la gravedad del proceso de privatización del agua que se está intentando llevar a cabo en Madrid, es necesario, primero, mencionar la envergadura y complejidad de la gestión realizada por el Canal de Isabel II

(CYII): El CYII es la única entidad pública española que gestiona el ciclo integral del agua en su totalidad, que abastece a unos 6,1 millones de habitantes, que explota unas infraestructuras gigantescas (14 grandes embalses —algunos de titularidad estatal—, 13 estaciones de tratamiento de agua potable, 15.000 km de tuberías de distribución de agua, 5.500 km de colectores de aguas residuales, 150 estaciones depuradoras, y extensas redes de abastecimiento y saneamiento de propiedad de los ayuntamientos) y es el mayor productor de energía hidroeléctrica de la Comunidad de Madrid con una potencia instalada de unos 40.000 kW. Para gestionar estas infraestructuras, el Canal ha tenido que firmar convenios con las distintas administraciones, que en el caso de las redes municipales han sido de diferentes contenidos en función del grado de intervención en la gestión del servicio decidido por cada ayuntamiento.

En razón de la calidad técnica del servicio prestado en la Comunidad de Madrid, el CYII es considerado como una de las mejores empresas públicas del mundo; con ingresos aproximados (según datos de la auditoría realizada en 2009), de 750 millones de euros, inversiones de 350 millones de euros y beneficios después de impuestos de 150 millones de euros. Ecológicamente también es una empresa modelo que desarrolla programas eficaces para la gestión de la demanda y la reducción de pérdidas en las redes, consiguiendo ahorros de más del 13% de agua en los últimos 5 años. Por todo lo anterior, la gestión 100% pública del Canal de Isabel II ha sido, durante sus 160 años de existencia, muy bien considerada por los ciudadanos madrileños, hecho constatado en las periódicas encuestas efectuadas hasta ahora y especialmente en la reciente Consulta Social realizada el pasado 4 de marzo por la PCPCYII y el Movimiento 15M; aún así, sin que existan motivos técnicos o económicos que lo justifiquen, nos enfrentamos a un proceso privatizador de su gestión para cuyo conocimiento conviene realizar la siguiente memoria:
En el año 2001, como consecuencia de un largo proceso privatizador de las empresas públicas en Latinoamérica, gestado a finales de los años ochenta y que en Colombia se impulsa y se potencia a partir de las reformas legislativas de 1991, una sociedad instrumental del CYII llamada Canal Extensia, recaló en la ciudad colombiana de Barranquilla de la mano de sus gestores políticos, iniciando así las actividades transnacionales de lo que se conocería a partir de entonces como el Grupo Canal.

A partir de entonces el Grupo Canal, a través de su red de empresas instrumentales, se extiende como una mancha de grasa por varios países de América Latina dando cuerpo y entidad a un conglomerado empresarial cuyo comportamiento y objetivos no tienen nada que envidiar a las transnacionales más depredadoras que operan en la región, corriendo riesgos desconocidos para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, afectando al objetivo inicial, legal y único de su creación (garantizar un servicio público de agua a los madrileños), y anticipando con su proceder el futuro del agua madrileña en manos de una empresa privada.

Actualmente las empresas de Grupo del Canal gestionan servicios públicos en México, República Dominicana, Ecuador e incluso Venezuela. El comportamiento y objetivos de las empresas del Grupo Canal son muy similares a las de los grandes holdings privados: controlan las actividades de sus empresas participadas mediante la propiedad de una parte significativa de sus acciones; consiguen que la carga tributaria sobre el Grupo sea menor que la suma de las cargas sobre las empresas consideradas individualmente; utilizan mecanismos de gestión característicos de la asociación público-privada (sus directores actúan como directores privados); maximizan los beneficios de los accionistas privados dejando en manos del sector público la asunción de los riesgos y las responsabilidades frente a los usuarios; y ayudan al vaciamiento del control y la supervisión estatal, contribuyendo al déficit democrático e institucional del sector público. No utilizan, por tanto, los mecanismos de la asociación/cooperación pública-pública que priman la rentabilidad social y el buen servicio, y que serían los adecuados tratándose de un grupo empresarial con matriz pública.

Desde el primer momento de este largo proceso privatizador de los servicios públicos, en el que terminaron actuando las empresas del Grupo Canal, los ciudadanos se vieron lesionados por la gestión privada con un incremento alarmante de sus tarifas. La experiencia privatizadora resultó, además, premonitoria del modelo que se establecería en otros procesos privatizadores de la región, y que tenían como uno de sus ejes centrales destruir el papel influyente de los sindicatos en la empresa, y sus articulaciones con la clase política local. Actualmente, dado el modelo de gestión outsourcing (o de subcontratación), implantado por las empresas del Grupo Canal, el papel de los trabajadores es muy limitado y se reduce a movilizaciones de resistencia y de defensa de prerrogativas anteriores.

A pesar de todo ello la movilización y la resistencia comunitaria de ciudadanos latinoamericanos ha ganado batallas importantes y actualmente muchos abusos laborales, ambientales y tributarios están siendo juzgados en los tribunales locales con fallos significativos en contra de las empresas del Grupo. Cuando el 10 de agosto de 2006 se constituyó el Comité pro defensa del patrimonio público del Atlántico, integrado por partidos de izquierda, coaliciones democráticas, federaciones de pensionistas, asociaciones de usuarios, defensores de los servicios públicos, estudiantes y ciudadanos, para rescatar a la empresa municipal del agua de las garras del Grupo Canal, nadie imaginaba que cuatro años más tarde fuera necesario constituir la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, en una lucha semejante pero aquí en Madrid, pues ahora es la gestión de la matriz de aquel emporio transnacional lo que se quiere privatizar.

El objetivo en este caso no es solo dar continuidad a un proyecto de mercantilización del agua, dilapidación y apropiación del patrimonio público, sino también de impulso (o respiro) a un viejo modelo de crecimiento basado en la construcción y el ladrillo, implantados en la Comunidad de Madrid desde los años ochenta. La aprobación de la privatización del CYII por la Asamblea de Madrid (mediante la Ley de Acompañamiento 3/2008), hace parte del nuevo plan de gestión anunciado en febrero de 2010 por Ignacio González, presidente del CYII. Esta Ley permite la constitución de una sociedad anónima que tendrá como objeto la gestión de todas las actividades relacionadas con el abastecimiento, saneamiento, reutilización de aguas depuradas, servicios hidráulicos y obras hidráulicas que hoy lleva el Canal, pudiendo acceder el capital privado al 49% de sus acciones.

Mediante la suscripción de convenios entre el CYII y los ayuntamientos de Madrid se garantiza, en el futuro, a la sociedad anónima, la gestión integral de los servicios municipales; a cambio se les ofrece participar en su accionariado y la posibilidad de vender en el futuro el 70% de sus acciones. Los ayuntamientos que firman estos convenios se verán obligados a “pasar de largo” respecto de los requisitos de contratación (licitación y oferta pública) a que estarían obligados por ley al tratarse de una empresa privada, y no podrán romper sus convenios con el “nuevo CYII” firmados cuando era empresa cien por cien pública.

Por otra parte, en dichos convenios, El Canal "adscribe" a la sociedad anónima, para su gestión, los bienes incluidos en la Red General del Agua de la Comunidad de Madrid. Es decir, adscribe los bienes demaniales (los que siendo de titularidad pública se encuentran afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una Ley les otorgue expresamente el carácter de demaniales: inalienables, inembargables e imprescriptibles). Esto, en la práctica, significa que se privatiza la GESTIÓN de la Red General del Agua de la Comunidad de Madrid. Además, el CYII aporta (privatiza) a la nueva sociedad la titularidad de sus bienes “patrimonales” (los que siendo titularidad de las Administraciones Públicas no tengan el carácter de demaniales y puedan ser adquiridos, gravados y transmitidos por las mismas, como si de un particular se tratase). Algunos de estos también podrían ser infraestructuras, pero mayoritariamente consisten en suelo, inmuebles, bonos, acciones en sociedades mercantiles, etc.).

Por supuesto todo ello repercutirá en las tarifas del agua y en la calidad del servicio; significará tanto el fin de las políticas de ahorro del líquido, como la potenciación del agua embotellada; supondrá la precarización de los trabajadores del CYII y el menoscabo del movimiento sindical; y en todo caso consumará una expoliación del patrimonio público de los ciudadanos madrileños.

Quienes como ciudadan@s nos enfrentamos a esta “operación” privatizadora nos hemos planteado varias acciones de carácter político (ocho Iniciativas legislativas municipales ya fueron presentadas ante la Asamblea de la Comunidad de Madrid); jurídico contencioso-administrativo (Recursos Potestativos de Reposición contra los actos de aprobación de los convenios con el CYII, han sido presentados por ciudadan@s, asociaciones y concejales de los ayuntamientos), y en el Ayuntamiento de Madrid se ha presentado por parte de un Concejal de Izquierda Unida una Solicitud de Revisión de Oficio que abre la vía Contenciosa-Administrativa); también hemos previsto el ejercicio de acciones carácter penal (denuncias y/o querellas en los casos en que se hubiesen cometido conductas prevaricadoras); e incluso de carácter constitucional (por lesiones a la autonomía local). Recientemente, en el Foro Mundial Alternativo del Agua, hemos recabado los apoyos internacionales necesarios para impulsar acciones con efectos políticos y jurídicos ante las instituciones europeas, y ya contamos con el apoyo expreso de eurodiputados de la Izquierda Europea, por lo que también podemos afirmar que la lucha contra la privatización del CYII ha desembarcado en el Parlamento Europeo. Paralelamente a todo anterior, como acción fundamental, ejercemos la MOVILIZACIÓN CIUDADANA (cientos de actividades y actos públicos informativos). En el 15M estamos participando de muchas maneras, en el estudio de la problemática de las privatizaciones, específicamente la del CYII, y en los grupos de trabajo específicos de las asambleas de barrios y pueblos de Madrid. Ahora mismo hacemos parte de los grupos de trabajo de las asambleas de barrios y pueblos de “Marea Azul”.



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