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Secciones: CC.OO. -  Economía -  Movimiento Obrero/Mundo del Trabajo

Título: Comité de expertos, pensiones y la posición del Sector Crítico de CC.OO. - Enlace 1

Texto del artículo:

Comité de expertos, pensiones y la posición del Sector Crítico de CC.OO.

Dentro de la enriquecedora pluralidad de CC.OO. y en relación a la situación que se ha generado en torno a las pensiones hay posiciones concretas, posiciones que representan a un número muy significativo de la afiliación y de los cuadros de nuestra Organización Sindical y que merece la pena que sean conocidas por el conjunto de trabajadores y trabajadoras.

En este caso, se trata de la posición expresada por el Sector Crítico de CC.OO. que se ha recogido en un comunicado público que se concretaba el 4 de julio.

PDF de 4 páginas

Anticipo del texto:

CrítiCCOOs 1
Comité de expertos, pensiones y nuestra posición
Sector Crítico de CC.OO.
La publicación del Informe del comité de expertos sobre el Factor de Sostenibilidad del
sistema Público de Pensiones ha generado alarma entre la población en general y en
nuestra afiliación en particular, fruto de la posición del representante de CCOO en
dicha comisión, por los argumentos que proporciona al Gobierno del Partido Popular
para seguir erosionando las pensiones, los incomprensibles errores de nuestra
organización sindical en todo lo relativo a este informe y la debilidad de la explicación
posterior de la dirección confederal de nuestro sindicato. Ello nos obliga, a quienes
conformamos el sector crítico de Comisiones Obreras a intentar profundizar y analizar
la situación actual y la posición a adoptar ante un tema tan vital, como es el de las
pensiones públicas.
El objeto de este documento no es un análisis exhaustivo del Informe, sino situarnos
ante los acontecimientos presentes y futuros.
Se han cumplido las peores previsiones que ya indicábamos en nuestro documento de
Junio “EL SECTOR CRÍTICO ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL”, donde se informaba de que
gobierno de Rajoy había nombrado a un grupo de expertos, la mayoría afines a la gran
banca o a las compañías de seguros, con presencia de CCOO y UGT, para hacer un
primer diseño de otra nueva reforma del sistema de pensiones. Y avisábamos que
“Previsiblemente, dicha reforma se centrará en definir el llamado 'factor de
sostenibilidad', que supondrá endurecer los periodos de cálculo y nuevo recorte de las
pensiones actuales y futuras”
El gobierno del PP ha aprovechado, en su lógica de recortes y desmantelamiento del
sistema de prestaciones sociales, la introducción de un llamado factor de sostenibilidad
en la reforma pactada por CCOO y UGT, con la patronal y el gobierno de Zapatero en
2011.
Dicha reforma, que aún no ha desplegado todos sus efectos, ya incluía, desde nuestro
punto de vista, elementos lesivos para los trabajadores y trabajadoras. Establecía
grandes recortes en las pensiones –por eso el Sector Crítico rechazó la mismasupuestamente
para garantizar su futuro y blindarlo de presiones futuras. Es evidente
que aquellos esfuerzos han sido amortizados en pocos meses.
La elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años, el incremento del periodo de
cotización exigido para jubilarse con el 100% de la base reguladora y el incremento del
periodo de cálculo no han servido para mantener las pensiones al margen de las
políticas de austeridad.
Ahora el gobierno utiliza la situación de déficit de la Seguridad Social, motivado por la
importante caída de las cotizaciones (incremento del desempleo y devaluación de los
salarios) como excusa para promover una reforma estructural y anticipar la aplicación
del factor de sostenibilidad.
CrítiCCOOs 2
Las propuestas que se incorporan a través del falso factor de sostenibilidad no dejan
lugar a la duda: se introducen fórmulas que devalúan la pensión sobre la base de la
mejora de la expectativa de vida, se establecen mecanismos de ajuste en función de la
evolución de los ingresos y del número de pensionistas con la misma orientación de
rebajar la pensión que corresponde a cada persona, se desvincula la actualización de
las pensiones de la evolución de los salarios o del IPC y todo ello se hace con
oportunismo y con crueldad, en un momento en el que se considera que la sociedad
está dispuesta a transigir ante el sufrimiento que lleva acumulado y la amenaza de un
futuro incierto.
Además de los factores económicos, motivados por la reducción coyuntural de de los
ingresos y una supuesta regla de equilibrio necesario entre ingresos y gastos, se
argumenta la necesidad de los recortes por las proyecciones demográficas, por el
incremento de la esperanza de vida de manera más específica. Conviene recordar que
la esperanza de vida es un indicador demográfico que encierra importantes diferencias
sociales y precisamente las personas con menos recursos económicas viven menos y
también en peores condiciones. Las desigualdades sociales en este sentido se
convierten en un factor de solidaridad hacia las clases acomodadas. Los expertos no
han dicho nada al respecto, un “olvido” difícil de entender.
Igualmente, el Informe plantea desligar la revalorización anual de las pensiones
vigentes, desvinculándolas al IPC, lo que puede llegar a producir, según se aplique (con
“suelo” o tope, o sin él), no ya una pérdida de poder adquisitivo, como en estos dos
últimos años, sino una bajada del importe real de la pensión. Una cuestión que puede
entrar en flagrante contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en
relación con el Art. 41 de la Constitución.
El informe es una mentira interesada, revestida de elementos técnicos y adornada de
un falso discurso de objetividad y neutralidad. Ni su diagnóstico ni sus conclusiones
resisten un examen riguroso. Se instrumentalizan las predicciones demográficas y se
obvia cualquier tipo de análisis sobre los elementos económicos que rodean al sistema
de pensiones para concluir, de manera forzada, que el mismo es insostenible. En
definitiva, viene a construir el argumentario que necesita el Gobierno para proceder a
un nuevo hachazo a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, satisfacer las
demandas de la troika tras el rescate bancario y privatizar una de las columnas
vertebrales del estado del bienestar para transformarlo en negocio de quienes han
propiciado la crisis y han estafado a la ciudadanía. El cuestionamiento y deterioro de las
pensiones públicas tiene el objetivo no declarado de promocionar los sistemas
complementarios de pensiones que, pese a presentar unos resultados negativos en los
últimos años, (no se puede olvidar que su rentabilidad en muchas ocasiones se vincula
a los mercados financieros especulativos), no han merecido la atención de los expertos.
Quizá para no desnudar la verdadera intencionalidad de la lógica político?económica
subyacente al cuestionamiento sistemático de los sistemas públicos.
Nuestro sistema de pensiones es uno de los más baratos de la Unión Europea, su
coste global está entre 2 y 5 puntos porcentuales por debajo de los de la UE, los
importes de sus pensiones contributivas son un 25% inferior a la media europea y un
50% en el caso de las no contributivas. En el caso de las mujeres la diferencia es todavía
CrítiCCOOs 3
mayor ya que sus pensiones son, de media, un 39% menores a las de los hombres en la
UE y un 34% en España.
En este contexto es totalmente incomprensible el voto favorable al Informe, del
experto enviado por CCOO, a su vez responsable del gabinete económico Confederal,
así como su Escrito del 19 de junio a la Comisión del Parlamento, con su posición, sin
que hasta ahora se haya dado una explicación convincente, ni exigido responsabilidad
alguna, lo que ha puesto en grave riesgo la credibilidad de nuestro sindicato en un
momento tan delicado como el que está pasando.
En estos momentos es imprescindible y exigible la máxima claridad en las actuaciones
del sindicato. No podemos seguir equivocándonos, ni mirar para otro lado, Existe una
responsabilidad que debe depurarse y eliminar cualquier duda que pudiera recaer
sobre nuestra organización sindical.
La posición de intentar “gobernar el sistema desde dentro” nos ha llevado, en
reiteradas ocasiones, a favorecer reformas que, lejos de situar la pensiones fuera de las
presiones especulativas, vienen a reforzar la excusa neoliberal de una supuesta
necesidad de aceptación de recortes sociales como única vía de salida de la crisis.
El Sector Crítico, manifiesta:
a) Es absolutamente intolerable y nos opondremos a cualquier recorte de
pensiones que se pretenda imponer y/o negociar. El sistema de Seguridad
Social no está en peligro. Ante la posible apertura de un nuevo proceso de
negociación alrededor de esta materia, Comisiones Obreras debe contar con
una plataforma reivindicativa que debe ir más allá de defender mantener el
diseño que actualmente está vigente. La Ley 27/2011 contiene elementos que
deben revertirse desde el momento en que se demuestra que no sirven para
blindar el sistema sino empobrecerlo.
Recuperar la edad de 65 años como edad legal de jubilación en todos los casos,
recuperar el periodo de cómputo de cara al cálculo de la Base Reguladora de los
últimos 15 años, recuperar los 35 años de cotización para el acceso a una
pensión sin coeficiente reductores derivados de la carrera profesional, eliminar
todos los recortes que se han impuesto en el subsidio por desempleo de
mayores de 52 años, subsidio íntimamente ligado a los derechos de jubilación
del trabajador o trabajadora y establecer un sistema razonable y satisfactorio de
jubilación anticipada y de jubilación parcial, deben ser cuestiones que, de forma
ineludible, deben contemplarse en las propuestas de CC.OO. y defenderse
como elementos esenciales del sistema en el proceso de negociación.
b) Es imprescindible que, como se aprobó en el último Congreso Confederal, se
estudie el impacto de género de cualquier medida dirigida a modificar nuestro
ya insuficiente sistema de pensiones. Las mujeres en España son las
perceptoras de las pensiones de menor cuantía y de la mayoría de las no
contributivas.
c) El compromiso de la C.S. de CCOO con la defensa del sistema de pensiones
debe ser total y absoluto. Cualquier actuación del Gobierno dirigida a recortar
CrítiCCOOs 4
derechos que actualmente se protegen en el sistema de Seguridad Social debe
ser contundentemente contestado por el sindicato con las movilizaciones que
sean necesarias, incluida la Huelga General.
d) Proponemos que dado que las pensiones son algo fundamental para el futuro
de millones de personas, el sindicato debe organizar un verdadero debate
técnico y político, abierto a la ciudadanía, donde se elabore un auténtico plan
con alternativas, conocidas y respaldadas por el conjunto social, incluso a través
de un referéndum.
Cualquier proceso de negociación que lleve a cabo CCOO debe ser un ejercicio de
transparencia y de información a la sociedad en su conjunto y, los posibles acuerdos
que pudieran suscribirse, deberán contar con el respaldo mayoritario de nuestra
afiliación tras un proceso de debate, consulta y participación. La legitimidad del
proceso se debe ganar también, y es un elemento fundamental, en la forma de toma de
decisión, nos jugamos mucho de la credibilidad del sindicato. Venimos demandando al
Gobierno que someta su política económica a Referéndum ya que está muy distante de
aquella con la que se presentó a las últimas elecciones generales, por ello es más
necesario que nunca, comprometer al sindicato para que cualquier toma de decisión
que pudiera adoptarse, no puede circunscribirse exclusivamente al ámbito de los
órganos de dirección y debe contar con la participación del conjunto de la afiliación.
4 de julio 2013

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