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ESPACIO 2017 - Centenario de la Revolución Soviética!

Secciones: Documentos militante IU/ PCE -  El Problema Español -  15M, Unid@s Podemos, mareas, unidad popular, PAH

Título: Acuerdo programático: 50 pasos para gobernar juntos. UNIDOS PODEMOS. Llamamiento por un nuevo país- Enlace 1 - Enlace 2

Texto del artículo:

  • PDF con los 50 puntos del acuerdo programático de UNIDOS PODEMOS

  • PDF con el LLAMAMIENTO por un nuevo país UNIDOS PODEMOS


  • Publicado originalmente el dia 11/5/2016

    Estimados compañeros y compañeras:


    Como sabéis, nuestra organización está realizando una consulta a la militancia sobre la posibilidad de participar, junto con Podemos y otras fuerzas políticas, en una coalición para las próximas elecciones generales.


    Reiteramos que en esta coalición cada organización se presenta con su propio programa, pero nos ha parecido apropiado buscar una serie de medidas consensuadas entre las fuerzas políticas que formamos parte de este acuerdo.


    Se trata de 50 medidas que suponen los compromisos mínimos para un Gobierno que va a cambiar este país.


    Un abrazo

    Marga Ferré
    Secretaria ejecutiva de Elaboración Política y Programas
    IU Federal



    DOCUMENTOS ADJUNTOS
    50_PASOS_PROGRAMA.pdf


    TEXTO DEL LLAMAMIENTO POR UN NUEVO PAIS

    Llamamiento por un nuevo país


    Nuestro país atraviesa una grave crisis social y política. Esta crisis está golpeando duramente a nuestras familias trabajadoras, y nos ha expulsado al desempleo, a la precariedad o a la pobreza. O peor aún, a todos esos estadios juntos. Cuando un 29,2 % de la población española está en riego de exclusión, la situación es, sin duda alguna, de emergencia social.

    Las víctimas del capitalismo y de sus crisis debemos organizarnos y trabajar conjuntamente para construir una alternativa social y política. Para construir un nuevo país en el que estén garantizados los derechos humanos. Un nuevo país en el que a nadie le falten los recursos y servicios básicos con los que desarrollar una vida en dignidad: trabajo, vivienda, energía, sanidad, educación… desde una decidida defensa de lo público, de lo que es de todas y de todos. Estamos convencidos de que muchas de las privaciones actuales podrán resolverse con una mejor redistribución de la riqueza, con justicia social, con una gestión adecuada de la economía. Ese es nuestro propósito en este momento histórico.

    Durante las últimas décadas el bipartidismo ha consolidado en nuestro país un sistema económico y político que permite, tolera y promueve la corrupción. Tanto la corrupción ilegal, de los sobres y las “mordidas”, como la corrupción legal, de las privatizaciones y las amnistías fiscales. Corruptores y corruptos han generado la indignación y la rabia de la población, puesto que hemos vivido bajo el reino del expolio y el saqueo legalizado. Algo que durante la crisis se ha agudizado, con la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. Una estafa generalizada que se ha ejecutado en nombre del sistema, pero contra la mayoría social. Ese sistema es el que está hoy en crisis, agotado y consumido por sus propios vicios. Y con él ha entrado en crisis también el propio bipartidismo y el sistema de partidos emanado de la constitución de 1978.

    Por eso hacemos un llamamiento a construir un nuevo sistema político y económico, a poner en marcha un proceso constituyente, que recoja los valores federalistas y republicanos. Necesitamos nuevas instituciones económicas y políticas que protejan a las clases populares y a la mayoría social trabajadora, y que sancione con la dureza debida los comportamientos corruptos vengan de donde vengan, que defienda nuestros derechos y libertades frente a los abusos del poder. Apostamos por un nuevo país construido desde abajo, por la gente que tiene que ofrecer su mano de obra para poder sobrevivir y que ahora enfrenta retos que sólo podremos abordar colectivamente.

    No queremos reformas de chapa y pintura, ni cambios aparentes que sólo servirán para consolidar un sistema que expande masivamente la explotación sobre los seres humanos y el planeta. No queremos pactos que aparentan proponer cambios pero que en realidad suponen más de lo mismo, esto es, reformas para recortar en sanidad, en educación, en pensiones y en nuestros salarios. No queremos una restauración del sistema, sino un nuevo sistema.

    Somos conscientes de que necesitamos sumar a mucha más gente, hacer que los que sufrimos la crisis tomemos conciencia de que hay una alternativa, una alternativa de vida. Por eso queremos hacer un llamamiento a volcar nuestra actividad en los conflictos sociales que emergen en todas partes y que expresan las contradicciones de este sistema, pero también sus soluciones. Queremos estar con nuestra gente, con nuestra clase, que es la que lucha cuando se producen despidos colectivos, desahucios, cuando se destroza el medio ambiente o cuando se extiende la pobreza. Tenemos que llegar a todos los territorios, a todos los barrios, para cohesionar a la gente que busca una alternativa social y política. Y no olvidarnos de los cientos de miles que han tenido que irse fuera a buscarse un futuro que su país hoy les niega.

    Vamos a ser una organización que ayude a construir tejidos sociales, que sea en sí misma una nueva forma de entender la vida política y social, una organización de solidaridad y redes de colaboración y compromiso. No vamos a ser una organización exclusivamente volcada en el ámbito electoral, puesto que entendemos que los resultados electorales son la última expresión de una toma de conciencia que, sobre todo, se genera en la práctica política. Una organización que en su práctica y sus métodos esté describiendo también el nuevo país que queremos, laico y feminista, plural y democrático. Un país que viva en paz y la defienda.

    Somos conscientes también de que no podremos alcanzar nuestros objetivos si trabajamos en solitario. Por eso apostamos por construir con otros y otras, con todas aquellas personas y organizaciones comprometidas con la transformación social y con la defensa de los derechos humanos. Con todas aquellas personas que quieran, como nosotros y nosotras, continuar el hilo rojo de la historia que nos ha permitido alcanzar conquistas en forma de derechos sociales y políticos. Nuestro país necesita una oportunidad y ésta sólo podrá aprovecharse si trabajamos conjuntamente, si sumamos nuestras fuerzas y energías, en nuestro país y en Europa.

    Pero la confluencia no es sólo de carácter electoral. Más al contrario, la expresión electoral es también la última de todas. Antes que eso seguiremos trabajando conjuntamente en las calles y en las luchas, esto es, en las manifestaciones, concentraciones, huelgas… porque es allí, en esas causas concretas, donde logramos nuestras victorias y donde conseguimos mejorar la vida de nuestra gente.

    Este es un llamamiento a todas las personas comprometidas con un nuevo país de justicia social, de feminismo, ecologismo y que haga cumplir los derechos humanos. Un país para las clases populares, para la clase trabajadora. Peleamos por la vida, por eso necesitamos trabajar en la construcción de un nuevo movimiento político y social que ataje la emergencia social y que siente las bases de una nueva sociedad, a la que algunos llamamos socialismo.

    Vivimos en nuestro país un momento histórico, una oportunidad para que dejen de gobernar España y nuestras vidas los que nos han estado robando, saqueando y recortando derechos durante los últimos 40 años. Vamos a cambiar este país, y lo haremos desde la lógica democrática de trabajar codo con codo con todos aquellos y aquellas que saben que puede ser diferente. Tenemos los conocimientos y la voluntad para acabar con las políticas de austeridad, y para situar a nuestro país en la senda de un desarrollo justo, sostenible y solidario. En una senda de libertad.

    No van a robarnos de nuevo nuestro futuro. Vamos a construirlo juntos y juntas.


    TEXTO DE LOS 50 PUNTOS PROGRAMÁTICOS


    E LECCIONES 26J
    50 PASOS PARA GOBERNAR JUNTOS
    Las próximas elecciones generales no serán unas elecciones más. Dada la trascendencia
    política que tendrán, concurrimos con un amplio acuerdo. Las fuerzas políticas que hemos
    participado en este acuerdo acudiremos a las elecciones generales del próximo 26 de
    Junio de 2016 con los mismos programas electorales con los que nos presentamos a las
    elecciones del 20D.
    No obstante, hemos elaborado un documento programático común destinado a
    comunicar a la sociedad española los principales espacios de intersección de los distintos
    programas electorales y, sobre todo, las principales líneas de actuación del gobierno de
    progreso y cambio que aspiramos a liderar tras el 26J. Se trata de una ruta en cincuenta
    pasos con los que responderemos a los grandes problemas de nuestra sociedad en el
    corto y en el mediano plazo.
    El texto se titula “50 pasos para gobernar juntos” y está organizado en torno a cinco ejes
    temáticos: económico, social, político-institucional, medioambiental e internacional
    Hoy nada es más urgente que poner en pie un gobierno capaz construir un nuevo futuro
    para nuestro país. Un nuevo futuro para los millones de trabajadores precarios y para los
    cientos de miles de jóvenes que han tenido que marcharse por falta de un futuro. Nada es
    más urgente que ayudar a las familias que han perdido su casa, a los que han tenido que
    cerrar su negocio, a quienes lo han pedido todo durante esta crisis. Nada es más urgente
    que proteger a quienes echan horas que nadie les paga por salarios de miseria, a quienes
    quieren formar su propia familia y no tienen ni para empezar, a los enfermos que a duras
    penas llegan a pagarse sus medicamentos y a los jubilados que han tenido que volver a
    sostener a sus familias, esta vez con su pensión. Nada es más urgente que recuperar los
    inversión sustraída a la sanidad pública y a la educación pública; a los servicios sociales y a
    las personas dependientes; a la I+D+i, a las infraestructuras, a la cultura y al deporte. Nada
    más urgente que poner fin al robo sistemático de dinero público que unas élites políticas
    corruptas han llevado a cabo durante décadas con total impunidad.
    Hoy nada es más urgente que poner en pie un gobierno que trabaje para defender unas
    condiciones de vida y trabajo dignas para las grandes mayorías de nuestro país y garantice
    que los corruptos se sentarán en los banquillos de los juzgados y no en los consejos de
    administración de las grandes empresas estratégicas del país.
    Estos son nuestros objetivos y estas nuestras propuestas.
    150 PASOS PARA GOBERNAR JUNTOS
    I. Democracia económica
    1. Plan nacional de transición energética (PNTE)
    El desarrollo de este PNTE tiene como objetivo la modernización económica, la eficiencia
    empresarial y un sistema energético totalmente descarbonizado para 2050, en consonancia con el
    acuerdo climático de París. Debe ir encaminado a mejorar la eficiencia energética de nuestro
    modelo productivo y de consumo, y a reducir su consumo global de energía, reducir el coste del
    factor energía para empresas y hogares, disminuir las emisiones de CO2 así como la factura
    importadora de combustibles fósiles. Debe estar estructurado alrededor de dos ejes:
    1) Plan Nacional de Ahorro Energético: orientado a la mejora de la eficiencia
    energética y a la reducción de consumo energético en edificios, pero también en el
    transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. La columna
    vertebral de este plan será la rehabilitación energética de viviendas y edificios de
    la Administración, que debería permitir recolocar parte de las personas paradas
    que vienen del sector de la construcción.
    2) Plan Nacional de Energías Renovables: centrado en tecnologías como la solar
    fotovoltaica y térmica, eólica, geotérmica, pequeña hidroeléctrica y biomasa de
    baja emisión. Este plan debe incluir todos los eslabones en la cadena de
    investigación, desarrollo, fabricación e instalación.
    El PNTE estará acompañado por una reforma en profundidad del sistema eléctrico que
    incluirá:
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    Una auditoría de la deuda acumulada por el déficit de tarifa y una auditoría de costes
    de todo el sistema (además, se reclamará ante la Justicia la cantidad cobrada en
    exceso por las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia).
    El establecimiento de controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas y
    específicamente la integración vertical.
    La modificación del marco regulatorio y del mercado eléctrico de modo que todas las
    fuentes de generación de electricidad reciban una retribución basada en los costes
    reales de producción.
    La aprobación de una legislación del autoconsumo de modo que a) la energía
    autoconsumida instantáneamente quede libre de cualquier tipo de imposición, b) la
    energía vertida al sistema eléctrico sea justamente retribuida por la empresa
    comercializadora, c) los trámites administrativos sean ágiles, d) se permitan
    instalaciones compartidas
    Adopción de medidas para la reducción del precio de la energía para la industria
    (especialmente las electrointensivas) en consonancia con los principios de la
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    transición energética defendida (renovables, ahorro y eficiencia, cogeneración) y de
    transparencia tarifaria (auditoría de costes).
    La sustitución progresiva del uso de energías fósiles por energías renovables,
    garantizando en todo caso una transición justa de los empleos hacia nuevos sectores
    no contaminantes
    El cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña y la no extensión
    de los permisos de operación para el resto de centrales nucleares en funcionamiento,
    de modo que todas ellas estén cerradas en 2024
    La recuperación por parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas
    concesiones a empresas privadas caduquen.
    Se prohibirá el uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking) y de las
    prospecciones de hidrocarburos en el litoral.
    2. Nueva senda de reducción del déficit
    El próximo gobierno deberá presentar y acordar con las autoridades europeas una nueva senda de
    reducción del déficit público que resulte coherente con las prioridades de nuestra economía:
    apuntalar la recuperación económica, incrementar el ritmo de creación de empleo, impulsar
    inversiones públicas que modifiquen el patrón de especialización industrial y fortalecer los
    servicios sociales y el Estado del Bienestar para luchar contra las desigualdades.
    Esto exige un ritmo de reducción del déficit significativamente más paulatino que el planteado por
    la Comisión Europea, y que en todo caso se produzca como consecuencia de una mejora en la
    financiación del Estado y no gracias a nuevos recortes del gasto público. El ritmo de reducción del
    déficit debe trasladar al final de la legislatura el cumplimiento de los umbrales de déficit que
    establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, dado que un ritmo superior podría
    fácilmente traducirse en una nueva asfixia económica y en la imposibilidad de fortalecer la
    cohesión social en nuestro país.
    Debe acordarse igualmente la modificación sustancial de aquellos aspectos de la Ley de
    Estabilidad Presupuestaria que más dificultan la aplicación de políticas fiscales adecuadas a la
    posición cíclica de la economía y a las necesidades de reforzamiento del Estado de Bienestar, y
    debe revertirse la reforma del artículo 135 de la Constitución.
    Además, un gobierno de cambio impulsará una profunda reforma de dicho Pacto de Estabilidad y
    Crecimiento, y de las reglas fiscales en la Eurozona, flexibilizando el objetivo de equilibrio
    presupuestario en los términos que plantea este acuerdo en el apartado “democracia
    internacional”, para adaptarlo a las necesidades de las distintas economías nacionales.
    3. Reforzar el estado del bienestar, fortalecer los servicios públicos y reformar el artículo 135 de
    la constitución
    La situación económica, laboral y social exige un cambio en la política presupuestaria para la
    próxima legislatura. No puede existir agenda social, ni política de inversiones, sin una dotación
    presupuestaria suficiente. Sin un impulso de la actividad económica no se creará más empleo.
    Proponemos por ello incrementar la ratio ingresos/PIB para asegurar el mantenimiento de la ratio
    gasto/PIB en su nivel actual (43,3%). Creemos que puede alcanzarse el objetivo de elevar la ratio
    3ingresos/PIB en 3 puntos porcentuales al final de la legislatura a través de las medidas que se
    proponen más adelante.
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    La mayor parte del paquete de expansión fiscal iría destinada a educación y sanidad,
    de forma que en los dos primeros años de la legislatura se recupere el nivel de gasto
    nominal previo a los recortes, y al final del mandato se haya alcanzado el peso sobre el
    PIB de 2009 (4,6% y 6,8%, respectivamente).
    El gasto en protección social se mantendría 1,1 puntos porcentuales por encima de lo
    que prevé la política diseñada por el Partido Popular. Esto permitiría poner en marcha
    el Plan de Renta Garantizada, la extensión de la atención a la dependencia y la
    revalorización de las pensiones propuesta.
    El desarrollo de la inversión pública estaría centrado en financiar la transición
    energética vinculada al cambio de modelo productivo.
    El resto de la diferencia con el Programa de Estabilidad se destinaría a políticas
    medioambientales, vivienda y servicios comunitarios, ocio y cultura.
    El resto de partidas (servicios públicos generales, defensa, orden público y asuntos
    económicos) sí mantendrían la reducción prevista en el Programa de Estabilidad
    actual.
    Es decir, el peso del gasto en el PIB quedaría de la siguiente forma:
    Clasificación funcional, % PIB
    Total
    Servicios públicos generales
    Defensa
    Orden público y seguridad
    Asuntos Económicos
    Protección del medio ambiente
    Vivienda
    y
    suministros
    comunitarios
    Salud
    Cultura, ocio y religión
    Educación
    Protección social
    2015
    43.3%
    6.5%
    1.0%
    2.0%
    4.2%
    0.8% 2019
    Prog. Estab.
    40.1%
    5.7%
    0.9%
    1.9%
    4.0%
    0.8% Propuesta
    43.3%
    5.5%
    0.8%
    1.7%
    3.7%
    1.1%
    0.5%
    6.2%
    1.1%
    4.0%
    17.0% 0.5%
    5.7%
    1.1%
    3.8%
    15.9% 0.7%
    6.8%
    1.4%
    4.6%
    17.0%
    4. Plan de lucha contra el fraude fiscal
    De forma reiterada los técnicos de la Agencia Tributaria han reiterado que la mayor parte del
    fraude fiscal de nuestro país se concentra en las grandes empresas y grandes fortunas del país.
    Necesitamos un plan de lucha contra el fraude que tome en consideración esta realidad y que
    incluya, entre otras, las medidas siguientes:
    i. Aprobar un paquete de medidas contra los paraísos fiscales en el que se
    aborden los siguientes aspectos: medidas para conocer los titulares de las
    4ii.
    iii.
    iv.
    v.
    cuentas bancarias en paraísos fiscales, medidas sobre transparencia
    financiera, medidas de supervisión y control, y medidas sancionadoras. Estas
    medidas se desarrollarán con especial atención para el caso de los grupos
    multinacionales.
    Eliminar pantallas tributarias. Se revisará la fiscalidad de las SICAV, las SOCIMI,
    las sociedades de capital riesgo y las Entidades de Tenencia de Valores
    Extranjeros (ETVE) para velar por la inversión productiva y la equidad fiscal. Se
    revisará la redacción de los convenios con el fin de evitar la doble imposición
    para incorporar normas antielusión.
    Aprobar una Ley anual tributaria.
    Incrementar gradualmente el personal de la AEAT.
    Elaborar un Estatuto básico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
    para garantizar su autonomía, una dirección profesional y la erradicación del
    uso partidario de la institución. El desarrollo de este Estatuto básico
    contemplará que en el futuro será el Parlamento quien nombre al director de
    la AEAT.
    5. Reforma tributaria progresiva
    El objetivo de esta reforma fiscal debe ser elevar la capacidad recaudatoria de la Hacienda
    española, que recordemos se encuentra a 8 puntos del PIB por debajo de la media de la UE.
    Una reforma tributaria ambiciosa debería incrementar 3 puntos porcentuales la ratio de
    ingresos/PIB a lo largo de la siguiente legislatura. El mecanismo fundamental para conseguir este
    incremento en la recaudación debe ser, además de la lucha contra el fraude fiscal, la ampliación
    de las bases tributarias. Además, deberán acercarse los tipos efectivos a los tipos nominales
    mediante la eliminación de las deducciones más regresivas, deberá instaurarse un tipo efectivo
    mínimo para las grandes empresas (del 15%), habrá que desarrollar un impuesto sobre
    Transacciones Financieras, recuperar y reforzar los impuestos sobre la riqueza, sucesiones y
    donaciones (modificándose además el mínimo exento en el Impuesto de patrimonio). Habrá de
    reducirse además la dualidad de la tarifa entre rentas del trabajo y ahorro. Debe instaurarse un
    Impuesto de Solidaridad a las entidades financieras privada con carácter extraordinario, con el fin
    de recuperar parte de las ayudas públicas recibidas por el sector.
    Esta reforma debe hacerse además reforzando la progresividad de nuestro sistema. Para ello se
    aplicará el tipo superreducido del 4% de IVA a un mayor número de alimentos y productos
    sanitarios de primera necesidad, y el tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos
    (calefacción, gas, electricidad) que actualmente no lo tienen.
    6. Nuevo marco de relaciones laborales y lucha contra la precariedad
    La sociedad española en el curso de la crisis se ha hecho cada vez más desigual. Es necesario
    revertir esta fuerte tendencia hacia la desigualdad, y el primer ámbito donde esto debe y puede
    hacerse es en el ámbito laboral.
    5Es necesario para ello derogar las Reformas Laborales de 2010 y 2012, y avanzar en el desarrollo
    de un nuevo marco laboral que garantice la creación de empleo de calidad. Para garantizarlo
    pensamos que un gobierno de cambio debería apostar, entre otras, por las siguientes medidas:
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    Aprobar un calendario de incremento del Salario Mínimo Interprofesional que permita
    alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años de
    legislatura, y que en 2019 sea de al menos 900 euros al mes.
    Se elaborará un nuevo Estatuto de los Trabajadores que con los objetivos de 1) reducir
    la precariedad; 2) reequilibrar la negociación colectiva; 3) impulsar la participación de
    los trabajadores en la gestión de la empresa; y 4) eliminar las discriminaciones de
    género. Estos objetivos se concretarán, entre otras vías, del siguiente modo:
    Reformar la contratación temporal y a tiempo parcial: a) Se establecerá un contrato
    único temporal (en lugar del contrato estable y progresivo) que establecerá las causas
    que justifiquen la utilización de ese modelo de contrato. Los contratos temporales
    cuya causa sea una obra o servicio determinado se convertirán de manera automática
    en indefinidos cuando su duración sea superior a un año o cuando se concatene una
    sucesión de dichos contratos durante dicho periodo.
    Reforzar la lucha contra el fraude laboral, principalmente en los contratos temporales,
    mediante una mayor dotación de medios y facultades a la Inspección de Trabajo y un
    mayor nivel de implicación de la representación de los trabajadores. Impulsar una
    regulación de las horas extraordinarias para evitar que se conviertan en un
    instrumento de distribución irregular de la jornada y de prolongación fraudulenta de la
    jornada de trabajo
    Modificar la actual regulación del despido: a) En el despido improcedente el trabajador
    tendrá la titularidad de la opción de optar por la indemnización o la readmisión en la
    empresa. b) Se recuperará la figura del despido nulo por fraude de ley. c) Se reforzará
    la causalidad del despido por razones económicas, productivas, técnicas y
    organizativas. d) Se revertirá el abaratamiento del despido de la reforma laboral de
    2012 e) La autorización gubernamental preceptiva para los Expedientes de Regulación
    de Empleo será obligatoria.
    Reformar la negociación colectiva: a) Los convenios sectoriales tendrán preminencia
    sobre los de empresa a la hora de reconocer derechos básicos, y se modificará la
    regulación de las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos. b) Se reconocerá
    el grupo empresarial como unidad de negociación c) Se aprobará un nuevo régimen de
    vigencia y prórroga automática de los convenios colectivos. d) Con la finalidad de
    mejorar la eficacia de los sistemas de representación en la empresa, se ampliará el
    ámbito de representación de los trabajadores a todas las empresas y centros de
    trabajo que carezcan de representación unitaria e) Se suprimirá la unilateralidad del
    empresario para fijar condiciones de trabajo, estructura y cuantía del salario. f) Se
    reforzarán las garantías para ejercer el derecho de huelga bajo el principio de
    autotutela
    Fortalecer los procedimientos de información, participación y consulta mediante la
    implantación de un sistema similar a los Consejos de Vigilancia establecidos en
    Alemania.
    7. Reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares
    6El peso de la deuda privada sigue siendo muy importante en nuestro país, en particular de la
    deuda hipotecaria de los hogares. La caída en el precio de las viviendas ha llevado a una fuerte
    desproporción entre el valor nominal de muchas hipotecas, y el valor real de los activos
    inmobiliarios. Además, el elevado nivel de endeudamiento lastra la demanda privada y dificulta la
    recuperación.
    Por ello, es necesario impulsar la reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares
    mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primera vivienda en el caso
    de las familias que cumplan ciertos criterios sociales (todos sus miembros estén en paro y no
    cuenten con ningún otro ingreso o hogares que presenten ingresos inferiores a 3 veces el
    IPREM). Por otro lado, se debe impulsar un procedimiento simplificado de reestructuración y
    cancelación de deudas (fase de conciliación/fase de vista judicial), en el marco de un nuevo
    régimen de segunda oportunidad que realmente libere de las deudas pasadas una vez que la
    situación de quiebra sea efectiva.
    8. Nuevo modelo productivo, política industrial e I+D+i
    Urge la transformación de nuestro modelo productivo, explotador de recursos y personas, hacia
    un modelo de desarrollo sostenible centrado en buscar el bienestar y la prosperidad para todas las
    personas, capaz de crear empleo estable y de calidad, y que además asegure una redistribución de
    la riqueza más justa y una mayor inclusión social. Se diseñará un plan de transición de la economía
    que genere empleo sostenible y dé respuesta a las necesidades sociales y ambientales del país.
    Para ello apostamos por:
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    Una política industrial que, estratégicamente y desde la eficiencia y la sostenibilidad (de
    energía y materias primas), defina las especializaciones sectoriales e industriales que
    permitan desplazar nuestro tejido empresarial hacia ramas de mayor valor añadido,
    teniendo en cuenta el mercado internacional de productos industriales.
    Un plan de empleo verde que ayude a desarrollar un sector empresarial sostenible y que
    ponga en marcha políticas activas de formación e inserción en los nuevos nichos
    productivos. Este plan priorizará zonas afectadas por la desindustrialización y la
    planificación para derivar el empleo asociado a los sectores en crisis hacia otros más
    sostenibles y necesarios.
    Fijar como objetivo que la inversión nacional en I+D+i se sitúe en el 2% del PIB.
    Además, se reorientarán las inversiones en infraestructuras públicas desde la construcción
    residencial y el transporte por carretera hacia infraestructuras productivas y tecnológicas que
    posibiliten la digitalización de la economía y la transición hacia el nuevo modelo productivo
    (infraestructuras energéticas y de transporte colectivo, pero también de telecomunicaciones y
    suministro de agua, entre otras).
    El nuevo Gobierno del cambio impulsará la creación de Comités Estratégicos Sectoriales con la
    participación de empresas y sindicatos y el objetivo de garantizar el futuro del sector, definir las
    grandes orientaciones estratégicas y tecnológicas y concretar las necesidades para su
    modernización.
    9. Banca pública
    7En esta nueva política industrial cobran un mayor peso los instrumentos financieros públicos para
    crear sinergias entre las capacidades innovadoras y financieras del sector privado y del sector
    público. Con el fin de que España cuente también con una importante red de banca pública para
    llevar a cabo estas políticas, el Gobierno renegociará los términos del Memorando de
    entendimiento firmado con la UE para poner en marcha una potente y eficaz banca pública a
    partir de las entidades ya nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum, que no serán
    reprivatizadas, y del ICO.
    10. PYMES, autónomos y economía social
    Las PYMES y los autónomos suponen más del 98% de las empresas en España. Las PYMES en
    España tienen una especial importancia en cuanto a su contribución en la generación de empleo,
    ya que ocupan casi dos tercios del total de trabajadores. Es preciso reconocer el esfuerzo y la
    iniciativa de estas empresas pequeñas y medianas, de los autónomos, y de las entidades de
    economía social, y para ello, se impulsará:
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    Desarrollo de una verdadera Ley de Segunda Oportunidad, mediante la introducción
    de un proceso simplificado de Reestructuración y cancelación de deudas para
    personas físicas y jurídicas.
    Deben establecerse cuotas a la Seguridad Social porcentuales y progresivas en función
    del rendimiento neto para los autónomos que facturen por encima del salario mínimo
    y alta gratuita para aquellos que facturen por debajo del salario mínimo.
    Fomento de la economía social, con un plan de ayudas a los proyectos cooperativos
    que cumplan con los requisitos de igualdad, sostenibilidad e innovación.
    Fomentar el emprendimiento en sectores innovadores. Se apoyará e impulsará el
    emprendimiento en sectores innovadores, particularmente en la economía digital.
    Estudiar el desarrollo de la figura del autónomo de responsabilidad limitada, de modo
    que todos los autónomos respondan a las posibles deudas únicamente con los bienes
    profesionales que ellos decidan asociar a su actividad y no con todo su patrimonio
    II. Democracia social
    11. Renta Garantizada
    Creación de un programa de renta complementaria a los ingresos existentes para todos los
    ingresos por debajo del umbral de la pobreza monetaria. La cuantía inicial será de 600 euros
    mensuales para las unidades de convivencia de un sólo miembro, y aumentará progresivamente
    en función del número de miembros (35% adicional para el segundo miembro, y 20% por cada uno
    de los siguientes) hasta un máximo de 1290 euros.
    12. Suministros básicos
    Establecimiento de una tarifa por tramos sociales para combatir los cortes de agua y la pobreza
    energética que afecta a 1,4 millones de hogares. Un mínimo vital básico de suministro eléctrico
    8garantizado cuya tarifa se fijará en función de la renta. El mínimo vital de suministro de agua es 60
    litros al día según la Organización Mundial de la Salud. Creación de un bono con una tarifa gratuita
    para todas aquellas personas que no tengan ingresos y otra súper reducida para las que se
    encuentren en situación de pobreza y/o exclusión social.
    13. Vivienda
    Paralización de los desahucios por motivos económicos probados. Derecho a la dación en pago
    con carácter retroactivo y a la reestructuración de la deuda hipotecaria en los términos señalados
    en el punto 7 del capítulo de Democracia económica. Conversión de la Sareb en un instrumento de
    gestión de un parque público de vivienda en alquiler. Se regulará por ley el concepto de alquiler
    social, que no podrá superar el 30 % de la renta familiar (incluidos gastos de suministros).
    Regulación de la Función social de la vivienda, sancionando a las entidades financieras y
    sociedades de gestión de activos que posean viviendas deshabitadas.
    14. Nueva Ley de Educación
    Derogación de la LOMCE y desarrollo de una nueva Ley de Educación basada en el documento Por
    otra política educativa, elaborado con la comunidad educativa. Educación pública, gratuita, laica e
    inclusiva mediante la ampliación de centros de titularidad pública, hasta cubrir todas las
    necesidades de escolarización de Educación Infantil (0-6 años). Recuperación de la inversión en
    educación hasta alcanzar la cota del 4,6% del PIB los primeros dos años de legislatura, que se
    ampliará progresivamente para alcanzar la media europea (6,2%). Moratoria de conciertos
    educativos, junto a un plan para su supresión progresiva mediante la integración voluntaria de
    centros privados-concertados en la red de centros públicos.
    Se acordará con la comunidad universitaria una Ley de Universidad e Investigación pública al
    servicio de la sociedad, que incluya la mejora de su financiación y asegure la gratuidad de la
    enseñanza universitaria como objetivo, fijando mientras tanto tasas mínimas y un sistema de
    becas-salario para garantizar el acceso universal. Rechazo del “3 + 2” y propuesta de un gobierno
    democrático en las universidades. Desarrollo de Programa Nacional de Introducción a la
    Investigación, orientado a fortalecer la carrera investigadora en sus fases iniciales.
    15. Sanidad
    Acceso universal a la tarjeta sanitaria, también para los inmigrantes y personas con nacionalidad
    española que residen en otros países, quienes pierden el acceso a la cobertura sanitaria universal
    noventa días después de su salida del país. Estudio y evaluación de la cartera de medicamentos
    financiados por el sistema sanitario para después proceder a su ampliación. Rechazo de la
    implantación del repago farmacéutico. Incremento del presupuesto público en sanidad hasta
    alcanzar la cota de 6,8% del PIB en 2019. Potenciación de la Atención Primaria como alternativa a
    los recortes para salir de la crisis, incrementando sus recursos para mejorar su capacidad
    diagnóstica y terapéutica. Defensa del carácter público del sistema nacional de salud.
    16. Pensiones
    Indexación de las pensiones al IPC. Derogación de la reforma de las pensiones que aprobaron el
    Gobierno del PSOE en 2010 y el Gobierno del PP en 2014. Compromiso de garantizar la
    sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de la financiación por vía
    9impositiva. Revisión y progresiva supresión de los regímenes especiales de cotización para nuevas
    afiliaciones. Eliminación de los beneficios fiscales para la previsión complementaria individual,
    como en el caso de los planes de pensiones privados. Eliminación del tope máximo a las
    cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción.
    Revalorización de la pensión mínima en los siguientes términos: la pensión de jubilación personal
    o con cónyuge no a cargo será equivalente al SMI anual, la pensión de jubilación con cónyuge a
    cargo será equivalente al 110% del SMI anual. Revisión de todas las medidas de reducción de las
    cotizaciones empresariales aplicadas en los últimos años, que no han servido para generar empleo
    pero sí para deteriorar gravemente el saldo de la Seguridad Social.
    17. Atención a Dependencia
    Priorización máxima del derecho subjetivo de forma real: Revisión de la Ley de Dependencia con
    nuevo articulado y cambios sustanciales acoplados al modelo 100% público siempre que sea
    posible. Si no lo fuese, se priorizará la concertación y el convenio con las entidades de la economía
    colaborativa, social y del bien común. Plan para la recuperación del Sistema de Autonomía
    Personal y Atención a la Dependencia que contemple las siguientes medidas:
    ?
    ?
    ?
    Recuperación de los niveles de financiación por dependiente anteriores a los recortes
    realizados tras los decretos de 2012 y de 2013, y la cotización a la Seguridad Social de
    los cuidadores familiares.
    Establecimiento de un calendario urgente para la atención de las 385.000 personas
    dependientes a las que se les ha reconocido el derecho, pero que actualmente se
    encuentran en lista de espera.
    Incremento del porcentaje de dependientes atendidos por servicios profesionales, y
    puesta en marcha de forma progresiva la universalización del derecho de las personas
    a que los servicios públicos de atención a la dependencia les proporcionen la
    autonomía funcional plena.
    18. Igualdad de género y diversidad sexual
    Reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción, estableciendo un calendario de
    aumento del actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Para garantizar la
    igualdad efectiva de derechos, el permiso será: igual para cada persona progenitora;
    intransferible, como todos los demás derechos laborales y sociales; pagado al 100% del salario; y
    con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y
    paternidad. Incremento de las atribuciones de la Inspección de trabajo y la Seguridad Social en
    materia de prohibición de la discriminación en la contratación, promoción y retribución, con el
    objetivo de equiparar las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres. Creación de una
    Comisión Estatal de seguimiento y control de los planes de igualdad en las empresas, con
    capacidad de propuesta para eliminar las discriminaciones. Medidas de atención especial a
    familias monoparentales (mayoritariamente mujeres), para que el cuidado no sea incompatible
    con la carrera profesional. Plan de empleo para mujeres mayores de cuarenta y cinco años y para
    mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social. Modificación de la Ley de Violencia de
    Género para que se conciba a las mujeres como sujetos activos y no como víctimas; e inclusión de
    todas las formas de violencia machista: matrimonio forzoso, crímenes de honor, trata de mujeres
    y niñas, mutilación genital femenina.
    10Oposición a cualquier tipo de LGTBI+fobia institucionalizada o no, por lo que se pondrán en
    marcha las medidas y acciones oportunas para que puedan garantizarse en todos los ámbitos los
    derechos de las personas LGTBI+. Impulso de la revisión de la Ley de Identidad de Género para la
    despatologización de las identidades TRANS. Creación de protocolos de educación del
    profesorado y profesionales de la educación en diversidad afectivo-sexual y de género.
    19. Infancia
    Pacto de Estado por la Infancia que blinde los derechos de la infancia y la adolescencia para
    garantizar la igualdad de oportunidades entre niñas, niños y adolescentes (dada su condición de
    vulnerabilidad) y reducir la pobreza infantil. Tal y como propone UNICEF, incremento de las
    cuantías y la cobertura de la prestación económica por hijo a cargo de la Seguridad Social (de los
    actuales 291 hasta 1.200 euros al año) para los niños y las niñas con menos recursos, teniendo en
    cuenta para la determinación de los niveles de renta que dan acceso a la prestación las medidas
    oficiales de riesgo de pobreza.
    III. Democracia política
    20. Lucha contra la corrupción y transparencia efectiva del sector público
    Cierre constitucional de las puertas giratorias. Extensión y clarificación de las incompatibilidades
    de los cargos político y algos cargos de la Administración una vez finalizadas sus funciones.
    Bloqueo del acceso de excargos electos a los consejos de administración de empresas que operan
    en sectores estratégicos. Eliminación de los privilegios de los cargos electos. Rebaja de las
    retribuciones de los miembros electos de las Cortes y equiparación salarial a los cuerpos de
    funcionarios del Estado. Eliminación de las “pensiones de oro”. Reducción del número de altos
    cargos.
    Nueva Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Limitación drástica de la financiación bancaria
    de los partidos políticos. Equiparación de la fiscalización de las fundaciones políticas a la de los
    partidos.
    Reformulación de la Ley de Contratos del Sector Público. Creación de una bases de datos de
    contrataciones y licitaciones abiertas y accesibles. Auditorías ciudadanas de la gestión pública.
    Reforma de la web del registro mercantil. Materializar los criterios sociales, medioambientales y
    de fomento de la economía local en los pliegos de condiciones de la contratación pública.
    Introducción de la figura delictiva del enriquecimiento injusto o ilícito. Inclusión en el código penal
    del delito de soborno impropio.
    Derogación de la Ley Berlusconi (Ley Orgánica 13/2015m de 5 de octubre, de modificación de la
    Ley de Enjuiciamiento Criminal). Derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
    por el que, por la vía del sobreseimiento anticipado de los grandes procesos judiciales, se garantiza
    la impunidad de todos los delitos complejos, incluidos los delitos de corrupción.
    Reforma de la insuficiente e inadecuada Ley de Transparencia vigente, partiendo de la concepción
    del acceso a la información generada por las instituciones como un derecho. Se deben incluir a
    11todas las instituciones públicas sin excepción, ampliando su ámbito de aplicación más allá de la
    información administrativa, a toda la información contenida por toda institución pública, los tres
    poderes del Estado, así como a empresas públicas y empresas privadas que gestionen servicios
    públicos y derogando la mención excluyente referente a la información auxiliar que contiene el
    artículo 18 de la Ley. Deben eliminarse las excepciones al derecho de acceso a la información que
    se amparan en motivos poco razonables o vagos como son “los intereses económicos y
    comerciales" y otorgar carácter positivo a las peticiones no respondidas de tal manera que se
    pueda reclamar su cumplimiento.
    21. Referéndum ciudadano para la revocación del gobierno en caso de incumplimiento del
    programa electoral
    Posibilidad de abrir, a los dos años de mandato, un proceso de revocación ciudadana del gobierno
    por incumplimiento del programa. A iniciativa de 158 diputados y un 15% de las firmas del censo
    electoral, se podrá llevar a cabo un referéndum vinculante en el que se preguntará a la ciudadanía
    si deben celebrarse nuevas elecciones por incumplimiento del programa de gobierno. En el caso
    de que el resultado de la consulta fuese positiva, el/la presidente/a del gobierno deberá convocar
    elecciones generales en un plazo máximo de 30 días.
    Se promoverá la regulación de procedimientos similares en Ayuntamientos y Comunidades
    Autónomas.
    22. Reforma del sistema electoral
    Corrección de los factores que provocan la desproporción y la desigualdad del voto en España
    (circunscripción, magnitud, barrera y fórmula), orientada a garantizar la igualdad real del voto de
    todas las personas.
    23. Libertad de expresión, reunión y manifestación
    Derogación de la Ley Mordaza, (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la
    seguridad ciudadana). Elaboración de un nuevo marco legislativo relativo al libre ejercicio de los
    derechos fundamentales de expresión, reunión y manifestación.
    24. Derecho a decidir
    Apertura de un amplio debate ciudadano sobre el reconocimiento y las formas del ejercicio del
    derecho a decidir en el marco del cambio constitucional. Reconocimiento constitucional de la
    naturaleza plurinacional de España. Garantía constitucional del derecho de los gobiernos
    autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial de país cuando una
    mayoría lo pida con intensidad. Al amparo del artículo 92 de la CE, convocatoria de un referéndum
    con garantías en Cataluña para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan decidir el tipo de relación
    territorial que desean establecer con el resto de España.
    Resulta fundamental la mejora del marco democrático actual para fomentar la participación
    ciudadana en la actividad política. Para ello impulsaremos un conjunto de reformas que se podrán
    llevar a cabo mediante políticas públicas, nueva legislación o bien desde el fortalecimiento de
    mecanismos como la Iniciativa Legislativa Popular o el Referéndum
    1225. Municipalismo
    Reforma de las administraciones locales. Derogación de la Ley Montoro (Ley 27/2013, de
    sostenibilidad y racionalización de la Administración Local).
    Promoción de un nuevo marco legal que armonice el nivel de gobierno municipal, autonómico y
    estatal, ampliando y actualizando las competencias y presupuestos de los municipios.
    La necesaria reforma de la ley de estabilidad presupuestaria tomará en consideración los servicios
    sociales realmente asumidos por los municipios.
    26. Nuevo modelo de financiación
    Nuevo modelo de financiación construido bajo principios de equidad, justicia territorial y
    solidaridad interterritorial. Apuesta por un modelo de financiación que garantice la suficiencia del
    ámbito competencial a través de la recaudación de los tributos cedidos a las comunidades
    autónomas y la participación de los tributos del Estado. La financiación no podrá ser un obstáculo
    para el desarrollo del marco competencial propio.
    27. Cambio constitucional
    Apertura de un debate ciudadano orientado a discutir el inicio de un proceso de cambio
    constitucional capaz de modificar los marcos económico, social, político, territorial e institucional
    definidos en el texto de 1978. Convocatoria, al amparo del artículo 92.1 de la Constitución
    Española, de un referéndum consultivo para iniciar ese proceso.
    28. Justicia gratuita real y reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva
    Creación de un texto normativo consensuado con los órganos colegiales y asociaciones de letrados
    del turno de oficio orientado a garantizar la mejora del servicio público de asistencia gratuita y la
    dignificación del turno de oficio.
    Derogación las tasas judiciales.
    29. Multas y sanciones administrativas proporcionales a la renta de las personas
    Creación de un sistema de multas y sanciones administrativas proporcionales a las rentas de la
    persona sancionada. Incorporación de criterios de corrección a los procesos sancionadores que
    incorporen la rendición de cuentas de la persona ofensora, equidad y proporcionalidad de la
    sanción en función del nivel de renta y un sistema de cálculo ágil y limitado, partiendo de tipos
    básicos y fijando umbrales.
    30. Memoria democrática, verdad y justicia
    Promoción de una política pública activa para la recuperación de la memoria democrática.
    Puesta en marcha de tres grandes tipos de medidas: políticas para el ejercicio del derecho a la
    memoria, políticas para el ejercicio del derecho a la verdad y políticas para ejercicio del acceso a
    la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo.
    13Reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo. Reconocimiento jurídico, político y
    social de quienes defendieron la legalidad republicana y de quienes lucharon contra el franquismo,
    el fascismo y el nazismo. Condena institucional del franquismo en los términos declarados por la
    ONU.
    Derogación de la reforma de la justicia universal.
    IV. Democracia ambiental
    31. Lucha contra el cambio climático
    Aprobación de una Ley de Cambio Climático orientada a la consecución de los objetivos del
    Acuerdo de Paris del Clima que transversalmente regule de forma previsible, coherente y estable
    todas las políticas involucradas. Esta ley incorporará objetivos ambiciosos para 2030 con una
    reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación
    con energías renovables al menos del 45% y del 40% de reducción en el consumo de energía
    respecto a 1990. El Plan de Transición Energética contemplado en el apartado de “democracia
    económica” debería garantizar que en 2050 el 100% del consumo energético proceda de fuentes
    renovables. Impulsar una fiscalidad verde que desincentive los consumos más contaminantes. Se
    introducirán igualmente los criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en todas las
    políticas de forma transversal, con acciones para aumentar la resiliencia de las ciudades y los
    ecosistemas. Potenciar una política forestal de repoblación con especies autóctonas y el desarrollo
    del efecto sumidero. Se derogará con carácter inmediato la Ley 11/2014 y el RD 183/2015 que
    modifican la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, de forma que se restituyan los
    pilares rectores de precaución y prevención, y el principio de que “quien contamina paga” y que
    “contaminar no sea rentable”.
    32. Ley de Aguas
    Nueva Ley de Aguas que garantice como un derecho fundamental el acceso al agua de calidad, así
    como la conservación de caudales ecológicos y acuíferos. Dicha ley debe defender que el agua
    permanezca en manos públicas, y garantizar una toma de decisiones participativa sobre la gestión
    y distribución del agua, puesto que hablamos de un bien común. Se impulsarán medidas para la
    erradicación de la pobreza hídrica y se reconocerá el agua como un derecho humano, de forma
    que se garantice con ello una dotación mínima para toda la ciudadanía. Revisión de la construcción
    de grandes infraestructuras hidráulicas.
    33. Plan de Rescate Ecológico
    Impulsaremos un Plan de Rescate Ecológico con el objetivo de recuperar el conjunto de zonas
    degradadas y conseguir la restauración ambiental, lo que conllevará la creación de empleo
    sostenible. Este rescate incluirá un Plan de Conservación de la Biodiversidad en nuestro país que
    inventaríe los sistemas naturales, cree corredores ecológicos e incorpore los ecosistemas no
    representados en la Red de Parques Nacionales pero que también necesitan protección.
    Creación de la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad e impulso de un Inventario
    Nacional de la Biodiversidad, así como de un Plan Nacional de Restauración Ecosistémica, y de
    14planes sectoriales estratégicos de patrimonio natural y biodiversidad. Apostamos por la revisión
    de la Ley de Caza y su reglamento de desarrollo al objeto de adecuarlas a la realidad y a la
    conservación del ecosistema y la fauna autóctona. Impulsaremos un Plan Nacional de
    Restauración Ecosistémica para una adecuada gestión, protección y restauración de los hábitats
    naturales, incluyendo la recuperación de especies desaparecidas en los mismos.
    Proponemos una protección estricta de las especies en peligro de extinción en toda España,
    especialmente para las especies autóctonas (lobo, lince, oso), y la inclusión de estas especies en
    los catálogos de Especies Amenazadas de las Comunidades Autónomas.
    34. Ciudades sostenibles
    Se llevará a cabo una política de transformación de los ecosistemas urbanos en lugares más
    sostenibles y habitables para la ciudadanía. Se impulsará un modelo urbanístico orientado a la
    rehabilitación y la eficiencia energética de las actuales edificaciones y construcciones, en la línea
    de lo ya planteado en el apartado “democracia económica”.
    35. Derecho al medio ambiente
    Se impulsará el derecho a un medio ambiente adecuado como uno de los derechos fundamentales
    de la ciudadanía de nuestro país. Se desarrollará una Estrategia Integral de Participación y
    Educación Ambiental, para hacer partícipe a la ciudadanía de los aspectos ecológicos que afectan a
    nuestra vida y a nuestro bienestar.
    36. Protección de costas y medio marino
    Protección del litoral, el medio marino y su entorno. Invalidación de las modificaciones de la Ley
    de Costas. Se impulsará un nuevo modelo de protección del litoral que tenga en cuenta criterios
    geomorfológicos y paisajísticos.
    37. Economía circular
    Fomento de la economía circular, con el Objetivo de Residuo CERO. Se revisará la transposición de
    la Directiva Marco de Residuos al ordenamiento jurídico español, garantizando los principios de
    precaución y prevención. Se impulsará una economía circular encaminada a garantizar una
    reducción del uso de los recursos naturales, y una gestión efectiva de residuos que tienda a
    eliminarlos.
    38. Política Agraria Común
    Impulsar una nueva Política Agraria Común (PAC) basada en la agroecología, la soberanía
    alimentaria y los bienes comunes, y capaz de defender a los pequeños agricultores, proteger el
    medio ambiente y poner coto al control de la cadena agroalimentaria por parte de grandes
    multinacionales. La PAC debe incluir instrumentos que pongan fin a la especulación alimentaria.
    39. Bienestar animal y protección de la Biodiversidad
    Nos oponemos al uso de recursos públicos y subvenciones a actividades lúdicas, espectáculos,
    festejo o pruebas deportivas incompatibles con el bienestar animal. Defenderemos la eliminación
    15de las declaraciones de Bien de Interés Cultural o de Bien de Interés Turístico para todo
    espectáculo donde se maltraten animales. Se impulsarán iniciativas para promover el respeto a la
    dignidad animal.
    V. Democracia europea e internacional
    40. Reforma de la gobernanza económica en la UE
    Impulsar una reforma de las instituciones europeas que democratice la toma de decisiones
    políticas y económicas en la Eurozona. Impulsar igualmente la reforma de los estatutos del Banco
    Central Europeo, para incluir entre sus objetivos el mantenimiento de un nivel adecuado de
    actividad económica y la creación de empleo, para integrarlo en el conjunto de instituciones que
    aplican la política económica de forma coordinada y bajo un verdadero control democrático, y
    para que pueda actuar como prestamista en última instancia de las autoridades fiscales.
    41. Reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y del Pacto Fiscal
    El gobierno de cambio impulsará en las instituciones europeas una reforma profunda del Pacto de
    Estabilidad y Crecimiento, y del Pacto Fiscal, eliminando el objetivo de equilibrio presupuestario
    estructural y flexibilizando los objetivos de déficit, para que se adapten mejor a las necesidades de
    cada país. Impulsar la consideración de un nivel adecuado de inversión pública, introduciendo una
    “regla de oro” que no las incluya en el cómputo del déficit.
    Se impulsará una auténtica política fiscal europea: un presupuesto común con un peso
    significativo, un mecanismo de transferencia de recursos entre países en función de su situación
    cíclica, la emisión de Eurobonos, y un mayor grado de armonización en algunos impuestos,
    particularmente el de sociedades. Esta política fiscal europea debería ponerse al servicio de un
    plan transeuropeo de inversión en aquellas infraestructuras necesarias para la transición
    energética, y para crear empleos sostenibles.
    42. Conferencia Europea de la Deuda
    Impulsar una Conferencia Europea de Deuda que ponga en la agenda política de la Unión Europea
    la reestructuración coordinada de las deudas públicas en el marco de la zona euro. Proponemos
    una modificación en los plazos de vencimiento de las deudas europeas en circulación, mediante un
    canje de bonos que facilite que los viejos títulos sean sustituidos por nuevos títulos que se
    mantengan a perpetuidad. El BCE sería la institución que debería adquirir, al valor nominal, los
    viejos títulos y canjearlos por otros nuevos, a tipo de interés del 0% y con el objetivo de
    mantenerlos en su balance. El BCE debiera reestructurar las deudas públicas de las economías de
    la zona euro que excedan el 60% del PIB. El BCE debería desarrollar esta operación de supresión de
    deuda pública para todos los países de la zona euro, mutualizando de este modo la deuda.
    43. No al TTIP y no al CETA
    16El Tratado Transatlántico sobre Comercio e Inversiones (TTIP) es una amenaza a nuestra
    soberanía, a nuestra democracia y a nuestra economía porque concibe las regulaciones sociales y
    ambientales como obstáculos al comercio, nos oponemos a su ratificación y estableceremos un
    diálogo con otros gobiernos europeos para que actúen de la misma manera. También nos
    oponemos a la ratificación del CETA, el tratado de comercio e inversiones entre la Unión Europea y
    Canadá.
    44. Acceso efectivo al derecho al voto a españoles residentes en el extranjero
    Derogación del “voto rogado” y reforma de la Ley de Régimen Electoral para facilitar el derecho a
    voto de los españoles residentes en el extranjero.
    45. Plan de retorno
    Plan de Retorno que facilite el subsidio de desempleo y el acceso a la vivienda a los retornados y
    que reconozca a los trabajadores españoles que hayan trabajado en el exterior las prestaciones
    económicas derivadas de las cotizaciones a la seguridad social. Garantizaremos tarjeta sanitaria
    europea a toda la ciudadanía española en el exterior.
    46. Derecho a asilo y dignidad para las personas migrantes
    Cierre de los CIEs y elaboración de las modificaciones legales necesaria para garantizar el derecho
    de asilo, articulando canales de entrada seguros y legales al recuperar la posibilidad de solicitar
    asilo diplomático en embajadas y consulados españoles de terceros países y con la concesión de
    visados humanitarios, la eliminación del visado de tránsito para quienes huyen de países en
    conflicto y la agilización de los procesos de reunificación familiar.
    47. Derechos humanos en las fronteras
    Medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos en el control de fronteras e impedir
    la pérdida de vidas humanas en las mismas. Garantizaremos el cese de las devoluciones ilegales y
    aseguraremos el respeto al principio de no devolución a países donde la vida de los que emigran
    corra peligro, facilitando el procedimiento de refugio. Se trabajará a nivel internacional, europeo y
    estatal por el reconocimiento y protección de las migraciones ambientales y climáticas.
    48. Sahara occidental
    Nos comprometemos con la libre determinación del Sahara Occidental.
    49. Estado Palestino
    Promoveremos el reconocimiento del Estado Palestino por parte de España y de la Unión Europea
    50. Ayuda al desarrollo
    17Nos comprometemos a aumentar el presupuesto destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo al 0,7%
    de la Renta Nacional Bruta.
    18

    Publicado originalmente el dia 11/5/2016

    Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 22/06/2016 - Modificar

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