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Título: Ciberacciones NACIONALIZACIÓN DE LAS ELÉCTRICAS - Y Campaña PCE Trabajo y Vida Digna- Enlace 1 - Enlace 2 - Enlace 3

Texto del artículo:

Ciberacción del PCE: Campaña Trabajo y Vida Digna



En el marco de la campaña por el Trabajo y una Vida Digna, vamos a realizar una acción a través de las redes sociales (Twitter y Facebook) sobre la nacionalización de las eléctricas, contra la pobreza energética y el abuso de las eléctricas.

La acción se inicia hoy lunes, 23 de enero de 2017, a las 12 horas, 11 en Canarias. Los HT a utilizar son el de la acción y principal #NiUnHogarConFrio y también el de nuestra campaña #TrabajoYVidaDigna.

Podéis disponer de los materiales de la campaña en los siguientes enlaces en la web del PCE (http://www.pce.es) y por el canal de Telegram de InfoPCE (https://web.telegram.org/#/im?p=@infoPCE).

Materiales de la campaña contra la pobreza energética: http://goo.gl/SdcSpJ

Materiales de la campaña del PCE Trabajo y Vida Digna: http://goo.gl/bL5kuM

PDF con el ARGUMENTARIO SOBRE SOBERANÍA ENERGÉTICA

Pulsa en la imagen para una de mayor tamaño:



Anticipo del texto del PDF :
ARGUMENTARIO SOBRE SOBERANÍA ENERGÉTICA

ARGUMENTOS SOBRE SOBERANÍA ENERGÉTICA
Objetivo: proporcionar argumentos para las movilizaciones del día 21-D contra
la pobreza energética.
Fuente: resumen de las propuestas de la plataforma que convoca las
movilizaciones. Enlace al documento completo:
www.niunhogarsinenergia.org/panel/uploads/documentos/estudio%20pobrez
a%20energetica_aca_2016.pdf
Concepto: la soberanía energética reside en la capacidad de una comunidad
de gestionar la producción de la energía que consume.
Pese a que aún falta mucho por avanzar en los debates, en los estudios y en el
desarrollo de propuestas, gran parte de la sociedad entiende que no sólo
existe la necesidad de mitigar la pobreza energética y de acudir a la urgencia
de determinados sectores de la sociedad, sino que existen otras muchas
oportunidades que desarrollar en paralelo. Entre ellas, mejorar las condiciones
de habitabilidad en las viviendas españolas, aprovechar al máximo los
procesos de rehabilitación energética de edificios y de renovación urbana
impulsados por la política europea, pensar la necesaria transición energética
con enfoque de pobreza energética, atender a las obligaciones europeas e
internacionales en materia de cambio climático y eficiencia energética,
generar nuevas e innovadoras redes de apoyo social que hasta ahora no
existían o incentivar la comprensión de la dependencia interdepartamental de
las administraciones.
En 2014:
• El 11% de los hogares españoles (equivalente a 5,1 millones de personas) se
declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en
los meses fríos.
• El 8% de los hogares españoles (equivalente a 4,2 millones de personas)
declaraba tener retrasos en el pago de las facturas de la vivienda incluyendo
las de energía doméstica.
• El 15% de los hogares españoles (equivalente a 6,2 millones de personas)
destinaban más del 10% de sus ingresos anuales a la compra de energía para
la vivienda.
• El 10% de los hogares españoles (equivalente a 4,9 millones de personas) se
encontraba en dificultades según la aplicación al caso español del indicador
oficial de pobreza energética del Reino Unido. Esto significa que sus ingresos,
una vez descontados los gastos en vivienda y energía doméstica, estaban por
debajo de la línea de pobreza monetaria (60% de los ingresos medianos por
persona equivalente), y que simultáneamente su gasto en energía doméstica
estaba por encima de la mediana de gasto en energía por persona
equivalente para toda España.
• El 21% de los hogares españoles (equivalente a 12,1 millones de personas) se
encontraba en dificultades según la aplicación al caso español del indicador
basado en el enfoque del ingreso mínimo aceptable (Minimum Income
Standard). De acuerdo con esta metodología, los ingresos de estos hogares,
una vez descontados sus gastos de energía y vivienda, estaban por debajo de
la Renta Mínima de Inserción más elevada de España (País Vasco) una vez
descontados el gasto en vivienda y energía de un hogar nacional.
Debe tenerse en cuenta que los tres últimos indicadores utilizan datos de gasto
real en energía doméstica, los únicos disponibles en estadísticas oficiales en
nuestro país.
Hay diferencias importantes en la incidencia de la pobreza energética por
características socioeconómicas de los hogares y de vivienda. Se detecta una
mayor incidencia de la pobreza energética en hogares en los que la persona
principal tiene bajo nivel educativo, está en paro o depende de otras
prestaciones, tiene un contrato temporal, está soltera, viuda o divorciada, o
proviene de un país de fuera de la UE, así como en el caso de familias
monoparentales. Lo mismo ocurre en hogares con personas con mala salud y
enfermos crónicos, así como en hogares que alquilan la vivienda y que usan
combustibles sólidos o líquidos para calefacción. Se presenta por primera vez
evidencia de desigualdad energética entre hogares españoles con diferente
poder adquisitivo.
Se mantienen las cifras de mortalidad prematura posiblemente asociada a la
pobreza energética calculadas en informes anteriores. Cálculos de la tasa de
mortalidad adicional de invierno (TMAI) actualizados al periodo 1996- 2014
indican que en España se produce un 20,3% más de muertes en invierno (de
diciembre a marzo) que en el resto del año. Este porcentaje equivale a 24.000
muertes anuales, de las cuales 7.100 (el 30%, según metodología de la
Organización Mundial de la Salud) podrían estar asociadas a la pobreza
energética. En comparación, cerca de 4.000 personas murieron al año en
accidentes de tráfico en el periodo 1996-2014, y se estima que la
contaminación atmosférica causa 33.000 muertes prematuras al año en
España.
La pobreza energética se entiende ahora como la consecuencia de una
condición más extensa y difusa denominada vulnerabilidad energética,
definida como la probabilidad de un hogar a experimentar una situación en la
que dicho hogar no recibe una cantidad adecuada de servicios de la energía
(Bouzarovski and Petrova, 2015). Este nuevo enfoque explica la pobreza
energética como una condición temporal causada por condiciones
estructurales y coyunturales que van más allá de la triada de factores
tradicionalmente considerados (ingresos del hogar, precios de la energía y
eficiencia energética de la vivienda).
FACTURA DE LA ELECTRICIDAD
Está compuesta por un término fijo, que se paga independientemente del
consumo que se realice y que se establece en función de la potencia
contratada y de un término variable, que depende del consumo realizado.
Actualmente los clientes deben escoger entre una serie de escalones de
potencia, que determinan lo que se pagará por el término fijo, que se deberá
asumir independientemente del consumo realizado. La elección de uno u otro
escalón es una cuestión que depende de la demanda de cada hogar, que
estará condicionada por el tipo y cantidad de aparatos o elementos que
requieren suministro eléctrico y por las necesidades particulares de cada
hogar. A esta cantidad relativa a la potencia contratada hay que sumarle el
coste derivado del consumo (termino de energía), el coste del alquiler de
equipos (contador) y el impuesto a la electricidad, un impuesto especial que
se aplica sobre la suma del importe derivado de la potencia contratada y del
relativo al consumo realizado. A la cantidad resultante de todos estos
conceptos, por último, se le aplica el IVA, que es el 21%.
SISTEMAS DE TARIFICACIÓN, CONTADORES INTELIGENTES Y AUTOCONSUMO
En la actualidad y desde el mes de abril de 2015 los hogares se someten a un
nuevo sistema de tarificación que sustituía al anterior, basado en la fijación de
un precio único para todo o gran parte del período de facturación mediante
un sistema de subastas periódicas. El nuevo sistema, basado en un
procedimiento que contempla 24 precios diarios, uno por hora, es decir, 720
precios al mes, está asociado al plan de implantación de contadores
inteligentes, aparatos que permiten esta nueva operativa y un mejor
seguimiento sobre el consumo de los hogares. Sin embargo, se ha detectado
que este nuevo sistema, que facilita más información y que podría permitir
optimizar el gasto de los hogares, no está siendo todo lo efectivo que podría,
por un lado, por la actual constitución de la factura, que no prima el ahorro de
energía debido al alto peso que juegan los costes fijos y, por otro lado, por la
falta de información sobre las posibilidades que ofrece al consumidor. Este
último aspecto, de falta de información al ciudadano, se hace extensivo
también al tipo de tarifa contratada, al conocimiento de opciones como la
discriminación horaria, que en muchos hogares podría reducir el importe de la
factura adecuando su pico de consumo a las horas valle, o a la diferencia
entre la tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y las
tarifas del mercado libre.
FACTURA DEL GAS NATURAL
En el caso del gas, España se encuentra ante una situación en la que
depende de forma absoluta de las importaciones, lo que acaba
repercutiendo en el precio final del gas natural, que está muy relacionado con
el precio del crudo y la relación de cambio que exista entre el euro y el dólar.
En el caso del gas natural, el coste de la materia prima supone prácticamente
el 80% del total de la factura, a lo que se le suman los peajes de acceso, los
costes de seguridad de suministro y el margen de ganancia de la
comercializadora. La factura del gas natural consta de unos costes fijos,
independientes del consumo, de un impuesto especial e indirecto que grava
el consumo (no los costes fijos de la factura como si ocurre en el caso de la
electricidad), del término variable, es decir, el asociado al consumo realizado
durante el periodo de facturación, y del llamado impuesto de hidrocarburos. A
estos conceptos se sumaría el alquiler del contador y cualquier otro aspecto
adicional que el cliente pudiera contratar, como por ejemplo servicios de
mantenimiento y revisión de calderas o calentadores, en definitiva, de las
instalaciones de la vivienda.
Gas embotellado
El precio del gas embotellado se revisa el tercer martes de cada mes impar y
es fijado en función de las cotizaciones internacionales, el tipo de cambio
dólar-euro, el coste del transporte y el de la materia prima en sí. Desde mayo
de 2013 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo reguló el precio de la
bombona y fijó un precio máximo para el butano (bombona doméstica de
12,5 kg) de 17,5 euros que se mantuvo hasta finalizar el año 2014. Después ha
ido sufriendo variaciones, principalmente bajadas de precio, hasta la revisión
de enero de 2016. El gas embotellado es utilizado por alrededor de 8 millones
de consumidores
BONO SOCIAL
El bono social, tal y como está definido, constituye una medida paliativa que
contempla un descuento del 25% sobre el Precio Voluntario para el Pequeño
Consumidor (PVPC). Solo está disponible para el suministro eléctrico (no entran
otros tipos de energía) y por tanto se considera que no es suficiente para
afrontar situaciones en las que los hogares que no pueden hacer frente a sus
gastos de energía doméstica diferentes de la electricidad. No obstante,
supone una de las pocas medidas disponibles
REQUISITOS:
• Pensionistas con prestaciones mínimas. El titular debe tener 60 o más años de
edad y tiene que acreditar ser pensionista de la Seguridad Social por
jubilación, incapacidad permanente o viudedad, y que perciba las cuantías
mínimas vigentes en cada momentos para dichas clases de pensión con
respecto a los titulares con cónyuge a cargo o a los titulares sin cónyuge que
viven en una unidad económica unipersonal, así como los beneficiarios de
pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de
pensiones no contributivas de jubilación e invalidez mayores de 60 años.
• Familias numerosas. El titular debe formar parte de una familia numerosa,
según lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a
las Familias Numerosas.
• Familias con todos sus integrantes en desempleo. El titular deber formar parte
de una unidad familiar en la que todos sus miembros están en situación de
desempleo. Se considerarán en situación de desempleo aquellos solicitantes y
miembros de la unidad familiar que, sin tener la condición de pensionista, no
realicen ninguna actividad laboral por cuenta ajena o propia.
• Los consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada. El punto de
suministro ha de tener contratada una potencia inferior a 3 kW.
CUESTIONES A TENER EN CUENTA CON EL BONO SOCIAL
Se han identificado las siguientes deficiencias en los criterios de asignación del
bono social:
• Sólo está considerado el consumo eléctrico y no otro tipo de consumo
energético como el gas natural o el gas licuado, que son esenciales para el
suministro básico de energía en los hogares.
• El criterio de potencia (3 kW de potencia instalada) que es además el
mayoritariamente utilizado (cerca del 80% de aplicación), especialmente
porque tiene una aplicación automática sin la necesidad de presentar
ninguna documentación adicional, está beneficiando, en algunos casos, a
segundas viviendas y a viviendas vacías, y no guarda una relación directa con
el nivel de renta necesariamente.
• La categoría de acceso para familias numerosas permite tanto el acceso a
familias vulnerables como no vulnerables, al no ser un criterio que relacione el
nivel de renta, si bien sí es una medida que favorezca la política de apoyo a
las familias (Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas).
• Carece de flexibilidad en las categorías que contemplan su concesión.
Aquellos hogares que poseen todos sus miembros en situación de desempleo,
en cuanto acceden a un empleo precario, pierden su derecho al bono social,
pese a que su situación de renta no haya mejorado sensiblemente.
• Muchos consumidores han sido llevados al mercado libre atraídos por
distintas ofertas y no pueden acceder al bono social por encontrarse en dicho
mercado, en ocasiones, aceptando condiciones contractuales menos
beneficiosas que las ofrecidas por la tarifa PVPC.
• El descuento es claramente insuficiente para aquellas familias más
vulnerables. Al tratarse de un descuento igual para todos, que supone una
reducción de un 25% respecto al término de potencia y de energía, los
hogares más vulnerables continúan cayendo en el impago del recibo eléctrico
al no poder hacer frente al 75% restante.
RESUMEN DATOS
Si atendemos a los dos indicadores principales calculados en los estudios de
2012 y 2014, relativos a los hogares con gastos desproporcionados (hogares
con un porcentaje de gastos en energía domésticos sobre ingresos superior al
10%) y aquéllos que se declaran incapaces de mantener su vivienda a una
temperatura adecuada en la estación fría, nos encontramos en 2014 con tasas
del 15% y 11%, respectivamente. Esto supondría que, desde el anterior informe,
con datos del año 2012, se habría producido un descenso del 12% en el primer
indicador (gasto en energía desproporcionado), mientras que en el segundo
(incapacidad de mantener temperatura adecuada) se registra, por el
contrario, un incremento de un 22% en tan sólo dos años.

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