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Sección: África

Título: SUDÁFRICA: LOS EXPULSADOS, OBLIGADOS A AMONTONARSE EN SUBURBIOS DE CHABOLAS- Enlace 1

Texto del artículo:

Johanesburgo, 13 de enero de 2006 (IRIN) - Las barriadas de chabolas aparecen a menudo en las afueras de las ciudades sudafricanas de la noche a la mañana: cada chabola se convierte rápidamente en diez, hasta que el paisaje una vez vacío se transrforma en una desparramada red de viviendas de chapa corrugada de los pobres.

Aunque muchos de sus habitantes son refugiados procedentes de todo el continente, los resultados de una nueva encuesta compilada por una ONG sudafricana sugieren otra fuente para el inmenso número de personas que viven en los barrios de chabolas.

La NKUZI Developmen Association ha cuantificado por primera vez el asunto de la expulsión ilegal de los trabajadores agrarios y sus familiares de las granjas subafricanas propiedad de blancos. Y, de acuerdo con la ONG, esta práctica está muy extendida, implica la intimidación, y a menudo es llevada a cabo con ayuda de las autoridades.

La Encuesta Nacional sobre Expulsiones, que necesitó dos años para ser completada, revela que más de 950.000 sudafricanos negros han sido expulsados ilegalmente de granjas de blancos en los 10 años después del fin del apartheid -200.000 más que en los diez años finales del régimen anterior.

En total, la Encuesta Nacional sobre Expulsiones estima que 1,75 millones de personas han sido expulsadas desde 1985, y a muchas de ellas no se las ha dejado otra opción que la de vivir en las barriadas de chabolas que han brotado por todo el país en este tiempo.

Hace cosa de un año, George Madisha y su familia fueron obligados a unirse al siempre creciente ejército de habitantes de las barriadas chabolistas.

Afirma que en diciembre de 2004 su terrateniente le amenazó con matar a su familia si se negaba a dejar el hogar en el que había vivido durante 14 años. A consecuencia de la amenaza, Madisha (47 años) y su esposa Elizabeth (42 años) se fueron y dedicaron la noche a construir un hogar improvisado en un trozo de monte bajo cercano a su granja en Laizonua, Gauteng.

Pero unas horas después, tres hombres enmascarados vinieron a su hogar y dispararon a través de la puerta. Mienras sus tres hijas, Jane (14 años), Sarah (10 años) y Glenda (7 años) se escondían en el interior, los hombres dispararon y golpearon al primo de George, Jack Thoba, que se había quedado a cuidar a las niñas.

"Una de nuestras niñas se las arregló para escapar y telefonear a la policía desde ua casa vecina. Pero antes de que la policía llegara, ellos cogieron a nuestra hija mayor, Jane, y la violaron a punta de pistola entre los arbustos. Nunca volvimos a la casa después de eso", dijo George, a quien se le había dado permiso para vivir en la granja por parte de su anterior propietario, para quien él había trabajado.

Cuando el informe NKUZI afirma que ha ocurrido una expulsión ilegal, se refiere a que la expulsión no se ha llevado a través de un proceso legal.

Aunque la nueva constitución sudafricana, que entró en vigor en 1996, afirma que "nadie puede ser expulsado de su hogar, ni su hogar puede ser demolido, sin ua orden judicial", la ONG mantiene que sólo un 1% de las expulsiones se hacen a través de un proceso legal.

El director del programa de NKUZI, Marc Wegerif, insistió en que aquellos que eran el objetivo de las expulsiones, constituían el sector más vulnerable de la sociedad, con el 77% de los expulsados siendo mujeres y niños de trabajadores agrarios fallecidos o retirados.

"Las personas más a menudo afectadas por las expulsiones son muy pobres y tienen poca educación. Así que incluso aunque se pusieron nuevas leyes para proteger sus derechos, rara vez les sirven de nada", dijo.

"De estas personas sin ningún poder, sobre el 30% no saben nada acerca de sus derechos; son personas que han sido tratadas brutalmente toda su vida. Pero aquellos que se enfrentaron a las expulsiones, a menudo fueron capaces de evitarlas, porque una vez que a una persona se le ha dado permiso por parte de un propietario de tierras para vivir en un lugar, se debe entrar en un proceso legal antes de que pueda pnerse en práctica una expulsión legal".

En los hechos, George Madisha mantenía que la única razón por la que él y su familia abandonaron su hogar fue a causa de las amenazas a su familia.

"Yo no sabía que era ilegal que el granjero nos expulsara de las tierras", dijo, "pero nos hubiéramos ido de todos modos debido a las amenazas".

Pero ha habido historias de éxito relativo por parte de trabajadores agrarios dispuestos a defender sus derechos. El trabajador agrario retirado Nicolas Shirianda es considerado como un héroe local por la manera en que resistió los intentos de expulsarle del árido trozo de terreno de una granja en el que vivía, a 20 Km de Pretoria, que él llama su hogar.

Durante los últimos 3 años el terrateniente de 75 años había estado intentando echarle del trozo de terreno en que había estado viviendo durante 47 años mientras trabajaba para el anterior propietario, incluso aunque se le había permitido legalmente permanecer donde estaba.

Shirianda describe la situación como de continuo acoso. Sin embargo, rechazó moverse, y después de tomar consejo legal de la NKUZI Development AQssociation, decidió tomar acciones judiciales para defender sus derechos.

"El granjero propietario de las tierras había cortado el agua, así que teníamos que ir todos los días a 10 millas de distancia a cogerla. Había amontonado todo el estiercol de vaca al lado de mi casa y había vallado mi parcela, intentando enjaularme", dijo.

"Pero yo no quería moverme; soy demasiado viejo como para empezar de nuevo, así que esperé a ver lo que decía el tribunal."

Los resultados de la encuesta han hecho que los grups de granjeros cuestiones la metodología usada por NKUZI para obtener esos números, y culpan a otros por el estado de cosas si se comprueba que las estadísticas son precisas.

A pesar de su participación en la encuesta, AGRI-SA, un grupo de presión de los granjeros comerciales sudafricanos, insistió en que las estadísticas de NKUZI son excesivamente altas y son probablemente erróneas.

"Creemos que los números no son correctos, aunque no tenemos información para cntradecirlos", dijo la portavoz de AGRI-SA, Annelize Crosby. "Pero es muy difícil verificar si ha ocurrido una expulsión, ya que el informe trata co acontecimientos que ocurrieron hace 20 años y no hay estadísticas alternativas para hacer una comparación."

Ella prosiguió insistiendo en que si los resultados de la encuesta son precisos, el gobierno era el culpable por la apremiante condición de los habitantes de las granjas.

"Si uno acepta que las cifras son correctas, entonces es una acusación muy seria contra el gobierno. Expulsar a alguien ilegalmente de su hogar es una ofensa criminal, así que en teoría debería de ser fácil el perseguirlo por parte del Estado."

"Aunque es cosa de todos asegurar que las expulsiones ilegales no ocurran, es primariamente una área del gobierno, y todo lo que podemos hacer es presionar sobre las partes pretendidamente culpables", mantenía Crosby.

El Ministerio para Asuntos de la Tierra no estuvo disponible para hacer comentarios.

Una elevación en lso costes laborales debido a la introducción del salario mínimo y la creciente competencia internacional han llevado a los granjers a reducir su mano de obra. Otros tratan de cambiar la naturaleza de sus negocios, tales como transformar sus granjas en reservas de caza, debido al temor a que la epidemia de SIDA pudiera causar una inmensa escasez de mano de obra en un futuro.

Con respecto al gran número de mujeres y niños expulsados, la encuesta afirma que "los granjeros no quieren que la gente que no trabaja en la granja permanezcan allí, porque creen que es un riesgo para la seguridad".

Aunque los resultados de la encuesta han sido legítimamente cuestionados, la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos ha informado repetidamente durante años de que estaban ocurriendo graves violaciones de los derechos humanos en este terreno.

Wegerif concluyó que la mayoría de los expulsados acaban o en las barriadas pobres o en campamentos ilegales, porque no se ha previsto por parte del gobierno el acomodarlos apropiadamente.

Añadió que si las expulsiones ilegales de las granjas se dejan sin respuesta las consecuencias añadirían más leña al fuego del amplio problema de la propiedad de la tierra y su redistribución en Sudáfrica, un dilema que potencialmente podría desestabilizar un país que ha conseguido tantas cosas desde el fin del apartheid.

Wegerif sugirió que si los granjeros querían que se les asegurara un futuro a largo plazo y evitar el destino de sus contrapartes en Zimbabue, debían aceptar mayores responsabilidades en el bienestar de todos aquellos que viven en sus tierras.

En torno al 85% de las granjas comerciales son propiedad de blancos, y sólo un 3% ha pasado a manos de negros desde el fin del apartheid.

"La gente está yendo a parar a condiciones terribles en los campamentos ilegales donde está teniendo lugar una gran inquietud y claramente la está alimentando. El tema de la tierra es sensible y estas personas no tienen ninguna razón para confiar en nuestra democracia, puesto que no obtienen nada de ella."

"Muchos apoyarían lo que Mugabe [el presidente de Zimbabue] ha hecho en relación a las invasiones de tierras. Así que hay un factor de riesgo cuando a la gente no se le da un justo acceso a la tierra," dijo Wegerif.

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: Gonzalo - Fecha: 15/01/2006 - Modificar

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