Secciones: Colombia - SaludTítulo: URIBE PROFUNDIZA LA CRISIS DE LA SALUD PÚBLICA- Enlace 1 - Enlace 2 Texto del artículo:
Tribuna Roja Nº 97, Bogotá, septiembre 28 de 2004
Luis A. Villar, médico y profesor de la UIS
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Han transcurrido diez años desde cuando se impuso una ley de supuesta
cobertura universal en salud, que introdujo al capital financiero
convirtiendo la salud en mercancía, eximió de su papel rector y de
financiamiento al Estado y, con la creación de los fondos de solidaridad trasladó esta última responsabilidad a los trabajadores. Los cálculos más bondadosos con el nuevo sistema estiman que 52% de la población no cuenta con ningún tipo de aseguramiento, muy a pesar de que el monto del dinero dedicado al sector no tiene antecedentes pues hoy está entre el 9% y el 11% del PIB.
En un intento por describir el panorama de la salud en Colombia, examinemos al menos cuatro aspectos que ponen al desnudo el balance negativo de la política neoliberal aplicada en la última década.
Deterioro de la salud pública
Aunque en los años noventa no estábamos bien, hoy todos los indicadores importantes señalan un retroceso en la calidad de la salud de los colombianos. Han aumentado significativamente los índices de cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las mentales y las transmisibles, entre otras.
En salud mental, mientras sólo existen mil cien siquiatras registrados en todo el país, y al tiempo que desapareció del Ministerio la División de Salud Mental, doce millones de colombianos padecen algún tipo de trastorno que requiere atención especializada. A lo cual se suma la más aguda crisis
financiera y técnica de todos los centros de atención siquiátrica.
La tuberculosis, enfermedad secularmente ligada a la desnutrición y la
pobreza, se ha incrementado año tras año, aumentando la resistencia a los
antibióticos en niveles alarmantes.
El más notorio de los retrocesos ha ocurrido en enfermedades transmisibles
como sida, tuberculosis y las transmitidas por vectores (ETV) como la fiebre
amarilla, el dengue y la malaria, enfermedades que han resurgido a niveles
semejantes a los observados en la primera mitad del siglo XX.
Acaba de ocurrir el más grave brote de fiebre amarilla en los últimos
cincuenta años, el más delicado de la última década en toda América. Esta
epidemia dejó al descubierto la fragilidad de la salud pública nacional y la
débil capacidad de respuesta del Estado. Hubo que importar vacunas del Brasil
después de que fuimos por décadas un país exportador, y quedó al descubierto
que solamente una mínima parte de la población expuesta, el 5%, estaba
vacunada al inicio del brote. Durante la primera mitad del siglo pasado, la
capacidad estatal superaba con creces a la actual, el Estado colombiano era
proveedor de vacuna antiamarílica para el Continente y tenía el Servicio de
Erradicación de la Malaria y Control de Vectores (SEM), institución que
entrenaba personal de otros países y era visitada por su interés científico.
La situación revela una alta susceptibilidad de la nación a sufrir epidemias
y al empeoramiento de enfermedades crónicas como las cardiovasculares y el
cáncer.
Destrucción de la Red Hospitalaria
La Ley 100 obligó a los hospitales públicos a convertirse en Empresas
Sociales del Estado y eliminó la financiación estatal a la oferta, dando paso
al subsidio a la demanda para condenarlos a vender y facturar servicios. El
efecto ha sido devastador para toda la Red Hospitalaria Pública, por la
«cultura del no pago» del gobierno como responsable de la factura de los mal
llamados «vinculados», que representan la mitad de la población, a pesar de
que gran parte de los dineros para tal fin son recaudados del descuento
obligatorio que se hace de los salarios de los trabajadores del Estado y de
las rentas cedidas.
Además, los hospitales de pequeños y medianos municipios, muchos de ellos
construidos con el esfuerzo de las propias comunidades, han sufrido un
drástico recorte en la financiación del gobierno central.
En un hecho sin antecedentes en la historia del país, numerosos hospitales
vienen siendo cerrados. Esto incluye grandes centros de atención para la
población desprotegida como el San Juan de Dios y el Hospital Infantil
Lorencita Villegas de Santos, de Bogotá, y los Hospitales Universitarios de
Cartagena y de Caldas. Amenazan correr la misma suerte el Hospital
Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga, el de Cúcuta, el de
Popayán y el San Jorge de Pereira, entre una veintena de distintos
departamentos.
Para finales del 2003 la deuda de la Nación a diecinueve hospitales públicos
por la atención a los «vinculados», desplazados, subsidiados y de Fisalud,
era de 663.570 millones de pesos. (El Tiempo, 22 de enero de 2004). En abril,
a sólo ocho de los principales hospitales de tercer nivel, el Estado les
adeudaba 535 mil millones de pesos (Ámbito Salud, periódico Legis, abril 28
de 2004). En febrero, a la Red Hospitalaria del Valle se le adeudaban 74 mil
millones de pesos y al Ramón González Valencia de Bucaramanga, 55 mil
millones de pesos.
Ante los reclamos de distintos sectores, el gobierno uribista responde que
«los hospitales son empresas no rentables» y que toca cerrarlas, pero oculta
que a esos hospitales les sobran «clientes» y que el responsable de
financiarlos es el gobierno, que no paga.
La Contraloría ha denunciado que en TES y CDT existen 2,5 billones de pesos
del Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantías), captados de los salarios de
los trabajadores estatales y con los cuales se podría saldar la deuda con los
hospitales públicos, pero que están respaldando deuda pública con la banca
internacional.
Aseguramiento, negocio del capital financiero
La Ley 100 ha sido un poderoso instrumento de enriquecimiento para el capital
privado dedicado a la intermediación y al aseguramiento. Semana, al reseñar
las cien empresas más grandes de Colombia, informa que se destacan
Saludcoop, Coomeva, Colsánitas, MedicinaPrepagada, Susalud y SaludTotal.
Las cinco tuvieron ventas en 2003 por 2,02 billones de pesos, de los cuales
solo Saludcoop facturó 1,3 billones, superando los ingresos operacionales de
Bancolombia, el primer banco del país, que solo alcanzó1,17 billones.
En una década Saludcoop pasó de 2.500 millones de pesos en activos a 237 mil
millones. Y es ahora una de las veinte empresas más grandes del país y la
tercera en número de empleados después de Almacenes Éxito.
La conversión de la salud en mercancía convirtió el aseguramiento en un gran
negocio, al punto que las decisiones médicas se orientan ahora por la
necesidad de las EPS y ARS de buscar rentabilidad y ganancia para sus
accionistas. Bajo las acciones auspiciadas por un grupo de quintacolumnistas
del sector privado que desde adentro velaron por reducir la capacidad
operativa y técnica del ISS, sabotearon la afiliación de nuevos usuarios y
previnieron negativamente a la población que ingresaba al ISS, todo ello para
fortalecer las EPS privadas.
Afectado gravemente el Seguro, principal regulador de los intereses privados
en el sector salud, se registró la permisibilidad gubernamental para que las
EPS privadas emerjan como trusts, mediante el llamado «crecimiento vertical»,
que no es otra cosa que la conformación de monopolios. Estas empresas de
salud se venden a sí mismas la atención en clínicas propias, aspiran a crear
sus propias empresas de empaques de medicamentos y a contar con sus
facultades de medicina para la formación del recurso humano ajustado a sus
propias necesidades de contención de costos.
Con la creación de las siete ESE del ISS parece haberse planeado la estocada
final contra el Instituto. Estas deben facturar lo necesario para sostener
los gastos de funcionamiento en cada región del país en una situación en la
cual han disminuido los afiliados, y por ende los ingresos.
Las ARS también se han convertido en parte del monopolio de las EPS. El
gobierno nacional, a partir del decreto 1804 de 1999, fijó como requisitos
para administrar el régimen subsidiado tener 200 mil afiliados (50 mil en
algunos casos excepcionales) y acreditar un patrimonio mínimo de diez mil
salarios mínimos mensuales. Así, las ARS pasaron de ser 275 en 1999 a 41 en
junio de 2001, aumentando a su vez la participación de las EPS dentro del
total de ARS y eliminando casi totalmente a las ESS (Empresas Solidarias de
Salud), que en muchos casos eran superiores en la calidad y pertinencia de
los servicios prestados.
El gobierno les pagó a las ARS para que atendiera a 7.500.000 personas, y
solamente atendieron a menos de la mitad. Como consecuencia, en 1996, las ARS
se embolsillaron el 56,58% de los recursos de la salud como gastos de
administración. Para 1998, la cifra alcanzó al 40%. Es tanta la aberración
que el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Social, Cnsss, definió que del
presupuesto que les entreguen los entes territoriales, deben gastar en
atención como mínimo el 75%. Cosa que tampoco se cumple. Son conocidas
también las denuncias de los hospitales porque las ARS y las EPS les niegan
el pago de las cuentas o las demoran varios meses, incluso años.
Desmejoramiento de las condiciones laborales
En asocio con los funcionarios del gobierno uribista, las EPS privadas han
intentado hacer aprobar en el Congreso de la República un proyecto de ley que
abra las puertas a la graduación de profesionales de la salud sin el concurso
de una universidad, y contar con escuelas de formación en la que los
egresados se ajusten a la concepción de una prestación del servicio de salud
basada en la rentabilidad. Con iguales propósitos, el gobierno ha presentado
nuevamente al Congreso su proyecto de ley, identificado con el número 226,
anexándole las correspondientes adecuaciones al manejo del recurso humano
dentro del TLC.
Paralelo al proceso de arrasamiento de la salud pública y de la Red
Hospitalaria, el gobierno ha insistido en echarles la culpa de la crisis a
los trabajadores, para lo cual ha suprimido los derechos de asociación y
contratación. Igualmente el efecto sobre las remuneraciones y derechos de los
profesionales ha sido devastador. Se han destruido las bases del
profesionalismo, eliminando el acceso a la actualización en el conocimiento,
suprimiendo la autonomía para la toma de decisiones en desmedro de la calidad
de la atención, disminuido el tiempo de atención a los pacientes y recortado
los medicamentos prescritos y las pruebas de diagnóstico.
Reforma uribista a la Ley 100, más de lo mismo
Ante la grave situación del sistema de salud del país, el gobierno nacional
propone soluciones con más de la misma política. En el proyecto de ley
presentado, mientras aumentan los recursos para fortalecer el sistema de
aseguramiento favoreciendo el monopolio de las Empresas Promotoras de Salud,
EPS, se reducen drásticamente los recursos para la financiación de los
hospitales. A la vez se les exigen nuevos ajustes de las plantas de personal
y contratación a destajo de los trabajadores, y se sientan las condiciones
para liquidarlos ante la imposibilidad de ser autosostenibles después de los
procesos de ajuste.
El mencionado proyecto es aprovechado por el gobierno para evadir el pago de
las deudas por paripassu (un peso del gobierno por cada peso aportado por los
trabajadores) y por la atención a vinculados en los once años de aplicación
de Ley 100, reducir en un 60% la pingüe financiación de la atención de la
población no asegurada a través del SGP. Quienes no logren acceder a los
carnés de las EPS, dejarán de existir para el sistema de salud.
Convocamos a conformar el más amplio frente para derogar la nefasta Ley 100,
eliminar la intermediación financiera en la salud, lograr la financiación
estatal de la red pública hospitalaria y el respeto a los derechos de los
trabajadores y profesionales de este sector.
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