CHAPAPOTE GOMEZ-FRANQUISTA en PARLA
Victoriano Márquez Cervantes [lagartonguancho@hotmail.com]
A punto de concluir el mandato del actual Equipo de Gobierno es preciso
constatar, aunque sea una obviedad, que los gobierno pasan, pero las
consecuencias de sus actuaciones, permanecen. El PSOE lleva al frente
del Ayuntamiento de Parla casi un cuarto de siglo. Las consecuencias de su
mandato permanecen (deuda de más de 8000 millones, presión fiscal
sobre los ciudadanos, contribución; amiguismo y enchufismo, que ahora denuncian
los sindicatos municipales, en la Bolsa de Empleo o en los 158 puestos de
funcionario que el ejecutivo municipal reserva como “puestos de confianza”
interinos; etc), aunque
siempre figure su erradicación como promesa de su programa electoral.
Estas preocupaciones habitan las mentes de los parleños, legislatura a
legislatura, confiando en algún “milagro” preelectoral, porque luego lo
prometido no es deuda-con el ciudadano, sino deuda-para sus
sufridos bolsillos de contribuyente. Y, como es casi ley universal que siempre
que sucede igual, pasa lo mismo, si el PSOE sigue al frente tras los
próximos comicios, ya sabemos lo que nos espera. Esta es una
consecuencia política, de fondo, del conjunto de los mandatos socialistas en
Parla.
Existen otras consecuencias más cercanas, de la reciente
legislatura, que le han dado “prestige” al actual
Alcalde y a su equipo de Gobierno y, como si de un vertido de crudo se tratara,
han anegado nuestra ciudad de residuos totalitarios, que han puesto en peligro
nuestra salud democrática. Nos referimos al famoso “decreto de
despido”, mediante el cuál,
el dictador socialista, inauguró su glorioso mandato; fulminando no pocos
derechos constitucionales (a la defensa; garantías jurídicas, a la igualdad
ante la Ley... etc) y que se ha convertido en el sello de su identidad política:
lo único que sabe hacer es decretar y decretar. Cada vez más ciudadanos,
trabajadores e incluso colaboradores suyos, tienen experiencia de ello. Lejos de
ejercitar el diálogo y convencer con argumentos, se refugia en su estrella de
sheriff, otorgada por mandato democrático, para zanjar cualquier problema
mediante decreto. Todo una incorrección y falta de ética, ya que todo
elegido democráticamente debe ser demócrata y no autócrata.
Van a cumplirse ya 4 años de indefensión de un
trabajador ante la institución más cercana a los ciudadanos y, por ello, la más
obligada a respetar los derechos y deberes que rigen nuestro sistema democrático.
Tiempo que no ha pasado “en vano”, ya que nos ha mostrado la firmeza democrática
del PSOE, permitiendo estas “alcaldadas” y protegiendo las “patadas”
infringidas a la Carta Magna por su soberano candidato. También hemos conocido
la talla de la oposición política, de “izquierdas”, más preocupada por
meterse en este indigno equipo de gobierno y “salir en la foto” hasta del
chapapote gallego, que de realizar la tarea encomendada por los ciudadanos,
limpiando el chapapote político gomezfranquista y sus consecuencias, letales
para el municipio.
La cuestión es que,
pasados estos 4 años, la demanda del trabajador sigue viva en la Sala IV
del Tribunal Supremo, esperando –tras un penoso transitar por el Juzgado de lo
Social nº 32 y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid- el dictamen de los
expertos judiciales que explique por qué a este trabajador no le amparan
ni los acuerdos plenarios, ni el Convenio Colectivo, ni el Acuerdo Regional de
Empleo que el Consistorio acordó con los Sindicatos CCOO y UGT, ni el Estatuto de los
Trabajadores, ni la Constitución... A tenor de la tardanza, muy sólidos tienen
que ser los argumentos, para sortear la igualdad ante la Ley de tan claro y
conciso cuerpo legislativo, y haberle excluido de sus garantías jurídicas, por
el único hecho de defender los derechos de los trabajadores.
El tema es de candente gravedad, ya que si el Tribunal
Supremo, o posteriormente el Tribunal Constitucional, declararan que el
Consistorio ha abusado de su autoridad desposeyendo ilegítimamente al
trabajador de sus derechos, quedaría bastante probado que Tomás Gómez Franco
incumplió la Ley “a sabiendas”; toda vez que ha defendido con los
dineros municipales un ignominioso estilo de gobernar: el decreto, el
“porque yo lo mando”, convirtiéndose en un anacrónico dictadorzuelo y
abusando de la confianza que en su honestidad personal y política depositaron
los ciudadanos con su voto. Sería un presunto caso de prevaricación que podría
inhabilitarle para ejercer cargo público y obligarle a devolver a las arcas
municipales el dinero que ha invertido (que no es poco) en perseguir los
derechos civiles y laborales.
Pero este reto permanece para todas las candidaturas que
pretendan asumir, en la próximas elecciones, el futuro gobierno de Parla:
n
¿Nos librarán los candidatos de esta maldición
política que ha recaído sobre nuestro municipio y que sólo consigue engordar
la deuda municipal, incrementar nuestros impuestos y aumentar nuestra indefensión
ante la arbitrariedad que, una vez elegidos, caracteriza a nuestros gobernantes?
n
¿Conseguirán los candidatos extirpar el amiguismo
en el empleo público, la represión de los derechos ciudadanos, el racismo
institucional hacia los inmigrantes –a quiénes han castigado injustamente con
el cierre de sus negocios-; la tacañería en los proyectos educativos y
culturales relegados a la siempre “más barata” gestión indirecta de los
servicios?
n
¿Se plantearán algún proyecto político para este
pueblo que contemple la dignificación de la vida pública, que exija valores éticos
de justicia, honradez, transparencia y claridad en todos los asuntos públicos
garantizando la igualdad de
oportunidades de todos los ciudadanos?
De ser así, tendrían que plantearse como elemento
prioritario, hacer de Parla una ciudad justa. Una ciudad donde el alcalde
y sus concejales sean los primeros ciudadanos en dar ejemplo de civismo y
valores democráticos. Comenzando por “vivir en Parla”, por practicar el diálogo
y el consenso. Construir una ciudad donde no sea posible acosar a un ciudadano
por los poderes públicos, ni desposeerle de sus bienes y sus derechos. Donde no
ocurra lo que ha pasado con Victoriano Márquez, ante los ojos de todos y con la
pasividad de todos. Una ciudad sin verdugos y, por tanto, sin víctimas. Donde
no se premie la obediencia ciega y el cierre de filas, la partitocracia; ni se
castigue la opinión, ni la libertad de expresión, ni se empuje a las personas
escaleras abajo, ni se cierre sus negocios por venganza y xenofobia, ni dañen
sus bienes, ni se margine, se persiga y se señale a aquellos que no son dóciles
a las consignas del partido. Si se propone “otra forma de gobernar”, debería
evitar que ésta no revistiera los modos y formas que caracterizan el fascismo.
Esa justicia y dignidad ética que exigimos a nuestros
gobernantes comienza con decisiones reparadoras de las injusticias cometidas
desde el ejercicio de responsabilidades públicas: restitución de derechos
para todas las víctimas de la represión gómezfranquista.
Gómezfranquismo
nunca más.
VICTORIANO MÁRQUEZ, RESTITUCIÓN DE DERECHOS.
Contaminación democrática por abuso de decreto
Colectivo Ponte en Marcha de Parla.
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