CORREO RECIBIDO

CHAPAPOTE GOMEZ-FRANQUISTA en PARLA 

Victoriano Márquez Cervantes [lagartonguancho@hotmail.com

     A punto de concluir el mandato del actual Equipo de Gobierno es preciso constatar, aunque sea una obviedad, que los gobierno pasan, pero las consecuencias de sus actuaciones, permanecen. El PSOE lleva al frente del Ayuntamiento de Parla casi un cuarto de siglo. Las consecuencias de su mandato permanecen (deuda de más de 8000 millones, presión fiscal sobre los ciudadanos, contribución; amiguismo y enchufismo, que ahora denuncian los sindicatos municipales, en la Bolsa de Empleo o en los 158 puestos de funcionario que el ejecutivo municipal reserva como “puestos de confianza” interinos; etc), aunque siempre figure su erradicación como promesa de su programa electoral. 

     Estas preocupaciones habitan las mentes de los parleños, legislatura a legislatura, confiando en algún “milagro” preelectoral, porque luego lo prometido no es deuda-con el ciudadano, sino deuda-para sus sufridos bolsillos de contribuyente. Y, como es casi ley universal que siempre que sucede igual, pasa lo mismo, si el PSOE sigue al frente tras los próximos comicios, ya sabemos lo que nos espera. Esta es una consecuencia política, de fondo, del conjunto de los mandatos socialistas en Parla. 

     Existen otras consecuencias más cercanas, de la reciente legislatura, que le han dado “prestige” al actual Alcalde y a su equipo de Gobierno y, como si de un vertido de crudo se tratara, han anegado nuestra ciudad de residuos totalitarios, que han puesto en peligro nuestra salud democrática. Nos referimos al famoso “decreto de despido”,  mediante el cuál, el dictador socialista, inauguró su glorioso mandato; fulminando no pocos derechos constitucionales (a la defensa; garantías jurídicas, a la igualdad ante la Ley... etc) y que se ha convertido en el sello de su identidad política: lo único que sabe hacer es decretar y decretar. Cada vez más ciudadanos, trabajadores e incluso colaboradores suyos, tienen experiencia de ello. Lejos de ejercitar el diálogo y convencer con argumentos, se refugia en su estrella de sheriff, otorgada por mandato democrático, para zanjar cualquier problema mediante decreto. Todo una incorrección y falta de ética, ya que todo elegido democráticamente debe ser demócrata y no autócrata.

 Van a cumplirse ya 4 años de indefensión de un trabajador ante la institución más cercana a los ciudadanos y, por ello, la más obligada a respetar los derechos y deberes que rigen nuestro sistema democrático. Tiempo que no ha pasado “en vano”, ya que nos ha mostrado la firmeza democrática del PSOE, permitiendo estas “alcaldadas” y protegiendo las “patadas” infringidas a la Carta Magna por su soberano candidato. También hemos conocido la talla de la oposición política, de “izquierdas”, más preocupada por meterse en este indigno equipo de gobierno y “salir en la foto” hasta del chapapote gallego, que de realizar la tarea encomendada por los ciudadanos, limpiando el chapapote político gomezfranquista y sus consecuencias, letales para el municipio.

La cuestión es que, pasados estos 4 años, la demanda del trabajador sigue viva en la Sala IV del Tribunal Supremo, esperando –tras un penoso transitar por el Juzgado de lo Social nº 32 y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid- el dictamen de los expertos judiciales que explique por qué a este trabajador no le amparan ni los acuerdos plenarios, ni el Convenio Colectivo, ni el Acuerdo Regional de Empleo que el Consistorio acordó con los Sindicatos CCOO y UGT, ni el Estatuto de los Trabajadores, ni la Constitución... A tenor de la tardanza, muy sólidos tienen que ser los argumentos, para sortear la igualdad ante la Ley de tan claro y conciso cuerpo legislativo, y haberle excluido de sus garantías jurídicas, por el único hecho de defender los derechos de los trabajadores. 

El tema es de candente gravedad, ya que si el Tribunal Supremo, o posteriormente el Tribunal Constitucional, declararan que el Consistorio ha abusado de su autoridad desposeyendo ilegítimamente al trabajador de sus derechos, quedaría bastante probado que Tomás Gómez Franco incumplió la Ley “a sabiendas”; toda vez que ha defendido con los dineros municipales un ignominioso estilo de gobernar: el decreto, el “porque yo lo mando”, convirtiéndose en un anacrónico dictadorzuelo y abusando de la confianza que en su honestidad personal y política depositaron los ciudadanos con su voto. Sería un presunto caso de prevaricación que podría inhabilitarle para ejercer cargo público y obligarle a devolver a las arcas municipales el dinero que ha invertido (que no es poco) en perseguir los derechos civiles y laborales.

 Pero este reto permanece para todas las candidaturas que pretendan asumir, en la próximas elecciones, el futuro gobierno de Parla: 

n      ¿Nos librarán los candidatos de esta maldición política que ha recaído sobre nuestro municipio y que sólo consigue engordar la deuda municipal, incrementar nuestros impuestos y aumentar nuestra indefensión ante la arbitrariedad que, una vez elegidos, caracteriza a nuestros gobernantes?

n      ¿Conseguirán los candidatos extirpar el amiguismo en el empleo público, la represión de los derechos ciudadanos, el racismo institucional hacia los inmigrantes –a quiénes han castigado injustamente con el cierre de sus negocios-; la tacañería en los proyectos educativos y culturales relegados a la siempre “más barata” gestión indirecta de los servicios?

n      ¿Se plantearán algún proyecto político para este pueblo que contemple la dignificación de la vida pública, que exija valores éticos de justicia, honradez, transparencia y claridad en todos los asuntos públicos garantizando  la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos? 

De ser así, tendrían que plantearse como elemento prioritario, hacer de Parla una ciudad justa. Una ciudad donde el alcalde y sus concejales sean los primeros ciudadanos en dar ejemplo de civismo y valores democráticos. Comenzando por “vivir en Parla”, por practicar el diálogo y el consenso. Construir una ciudad donde no sea posible acosar a un ciudadano por los poderes públicos, ni desposeerle de sus bienes y sus derechos. Donde no ocurra lo que ha pasado con Victoriano Márquez, ante los ojos de todos y con la pasividad de todos. Una ciudad sin verdugos y, por tanto, sin víctimas. Donde no se premie la obediencia ciega y el cierre de filas, la partitocracia; ni se castigue la opinión, ni la libertad de expresión, ni se empuje a las personas escaleras abajo, ni se cierre sus negocios por venganza y xenofobia, ni dañen sus bienes, ni se margine, se persiga y se señale a aquellos que no son dóciles a las consignas del partido. Si se propone “otra forma de gobernar”, debería evitar que ésta no revistiera los modos y formas que caracterizan el fascismo. 

Esa justicia y dignidad ética que exigimos a nuestros gobernantes comienza con decisiones reparadoras de las injusticias cometidas desde el ejercicio de responsabilidades públicas: restitución de derechos para todas las víctimas de la represión gómezfranquista. 

Gómezfranquismo nunca más.

VICTORIANO MÁRQUEZ, RESTITUCIÓN DE DERECHOS.

Contaminación democrática por abuso de decreto


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