República Argentina  [Antiglobalización]   [Economía]

Argentina no puede ni debe pagar la deuda externa. 
Por Julio C. Gambina, economista del Partido Comunista Argentino

El FMI consideró adecuado el cumplimiento de los compromisos acordados con el gobierno argentino entre enero y agosto de este año, y habilita así el inicio de nuevas negociaciones para establecer un nuevo acuerdo por tres años. Allí se renovarán las cláusulas de ajuste fiscal establecidas a comienzo del 2003 y quizá agravadas. Si la meta fiscal requería un superávit de 2,5% del PBI, la intencionalidad del organismo internacional intentará acercarla a 4,5%, presionando a la disminución del gasto público y a una mayor apropiación de la capacidad de recaudación verificable en el último tiempo. Pero también reincidirá en fijar metas de cambios estructurales que agudizarán los problemas de fondo que sufre la mayoría de la sociedad argentina. En primer lugar la salida del "default" con inversores internacionales y la restauración de pagos a los organismos multilaterales de crédito. En segundo lugar la recomposición de las
tarifas de los servicios públicos privatizados, congelados por la Ley de Emergencia desde comienzos de 2002 y prorrogada hasta fines del 2004. Tercero, la reestructuración del sistema bancario, incluyendo algunas de las tantas pretensiones de enajenar los subsistentes bancos oficiales. Además, las consabidas pretensiones de reforma tributaria y disciplinamiento fiscal de las provincias para asegurar capacidad estatal de pago a los acreedores de la deuda externa. Se debe sumar a ello la sempiterna demanda de seguridad jurídica para los inversores internacionales.
Por un lado están los reclamos del FMI, coincidentes con los acreedores externos y las clases dominantes que actúan en la Argentina, a quiénes solo les importa la recreación de condiciones para sus negocios. Nada les importa la problemática social derivada de esa voracidad concentrada en la acumulación de ganancias, riqueza y poder. Por eso les suena bien que el Financial Times pondere la "recuperación económica" de la Argentina, ya que ello genera mejores condiciones para cobrar "que hace un año". Del otro lado está el gobierno argentino y sus propósitos en materia de política económica. El presidente Kirchner le manifestó al ministro de economía francés que reclamaba por los intereses empresarios de Francia en nuestro país, que su preocupación eran 35 millones de argentinos. Eso supone anteponer las necesidades e intereses de la mayoría empobrecida, más del 50% de la población, y que vive "para y del" mercado interno, tales como los trabajadores, pequeños y medianos productores y empresarios, algo así como el 90% de la población. ¿Pero, esas necesidades insatisfechas de ciudadanos afectados por el desempleo, bajos ingresos provisionales o carencias de salud, educación e incluso crédito para la reactivación de economías regionales y desarrollo de pequeñas y medianas empresas y productores, se compadece con un superávit entre enero y mayo 2003 de 5.100 millones de pesos? La proyección para todo el año alcanza a los 10.000 millones. Es cierto que hasta mayo gobernó Duhalde y desde fines de ese mes inició su turno la gestión Kirchner, aunque claro, ambas administraciones con el mismo Ministro de Economía y encargado de negociar con acreedores y FMI.
Eso es lo que está en juego en las negociaciones con el FMI, y las autoridades argentinas deben optar por atender el pliego de condiciones del poder económico, o decidirse firmemente por resolver las necesidades socio económicas mayoritarias de la población. No se puede navegar en la indecisión de esa opción. El ejemplo es la salida de la convertibilidad. Se cambió el régimen cambiario pero se mantuvo la apertura de la economía facilitando la salida de capitales, estimada por el INDEC en más de 7.000 millones de dólares durante el 2002 y continuada en el presente año. Se afirma que las privatizaciones están para perpetuarse, ya que se revisan los contratos, pero si es necesario habrá nuevas convocatorias de privatización. La inserción internacional subordinada se confirma con el periplo por los países capitalistas desarrollados y los encuentros con sus presidentes y reafirmaciones de fe en el capitalismo y la posibilidad de construir un país normal o serio. Apertura de la economía, subsidiariedad del Estado e inserción mundial subordinada al capitalismo desarrollado fueron las banderas enarboladas por la dictadura genocida y lamentablemente sostenidas con vigencia constitucional.
Un camino alternativo supone modificar radicalmente las prioridades de política económica y colocar en primer lugar la demanda de empleo y reactivación del mercado interno. En ese marco, la deuda externa no debe ni puede pagarse. Los acreedores de la deuda externa pública de Argentina deberán aceptar que oportunamente asumieron un elevado riesgo voluntario con tasas de interés usurarias que nuestro pueblo no debe ni puede pagar. Es cierto que hay sectores populares que recibieron bonos compulsivos y son acreedores involuntarios y pueden ser afectados por una política de no pago de la deuda. Para esos casos debe resolverse un fondo especial financiado por los beneficiarios de grandes créditos pesificados y los principales apropiadores de la renta nacional en los recientes 90, e incluso desde el origen del "modelo", asociado al terrorismo de Estado. Deuda externa y crimen organizado desde el Estado son parte de una misma herencia a desterrar para superar la crisis argentina.
Buenos Aires, 27 de julio de 2003.

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¿Qué dice el acuerdo entre el gobierno argentino y el FMI?
Por: Julio C. Gambina

En la carta y adjuntos dirigida al Director Gerente del FMI y datada el 10 de septiembre pasado, que sirviera para la aprobación de un acuerdo el pasado sábado 20/9, se puede leer que los objetivos pasan por "proteger a los sectores más vulnerables" y "apoyar el potencial crecimiento de la economía".
Uno podría deducir entonces que los propósitos apuntan a privilegiar las demandas de los más pobres y lograr la expansión económica local. Sin embargo, a renglón seguido se puede leer que "en este marco, nos proponemos fortalecer las finanzas públicas" para "una reestructuración exitosa de la deuda pública que garantice la sustentabilidad" de la misma. Luego agrega que se tomarán medidas para "fortalecer la solidez del sistema bancario" para obtener mayores niveles de crédito.
Entonces, la finalidad del acuerdo se concentra en el ajuste fiscal para el cumplimiento de las acreencias con los organismos financieros internacionales (OFI). Por eso, en la carta de intención se solicita un "acuerdo Stand By", es decir, condicionado y por 36 meses, entre 2004 y 2006. Por eso se acompaña un Memorando de Políticas Económicas y Financieras donde se detalla el "plan económico para lo que resta de 2003 y para 2004-2006. En ese documento se pueden apreciar las "condiciones" descriptas en 7 capítulos y 54 ítem, incluyendo las llamadas "reformas estructurales".
Para aquellos que dudan cuál es la política económica oficial, deberán remitirse a este conjunto de materiales que relatan el "ajuste fiscal" previsto para el 2004 y las reformas estructurales a resolver hacia el 2006. El acuerdo no incluye fondos frescos y calza los vencimientos de deuda en el periodo con desembolsos de los OFI. Están previstas auditorias trimestrales y en los primeros dos monitoreos, en diciembre de 2003 y marzo de 2004 se empezarán a diseñar las metas para los años siguientes.
Se supone que para entonces habrá avances con los acreedores externos en default, a quiénes se les ha propuesto en la Asamblea conjunta del FMI y el Banco Mundial en Dubai, Emiratos Arabes Unidos, una reestructuración de deuda sobre la base de tres tipos de títulos: uno con quita importante de capital, otro con una considerable extensión del plazo de término y una tercera opción vinculada al crecimiento económico de la Argentina.

Compromisos 2003-2006
De la lectura del acuerdo surge un balance de lo que el gobierno argentino denomina "programa de transición", se supone entre la manifestación de la crisis a fines de 2001 y la actualidad y más precisamente desde la inclusión de Roberto Lavagna desde mayo 2002 en la gestión Eduardo Duhalde (enero/02 a mayo/03) y ahora con Néstor Kirchner (mayo a septiembre/03). El balance hace hincapié en la superación de la emergencia luego de la crisis, la devaluación de la moneda y las restricciones al funcionamiento del sistema bancario. Destaca las políticas de contención social y el inicio de eliminación de las cuasi monedas utilizadas por varias provincias para sustentar su funcionamiento.
Son opiniones que les permite avanzar hacia el "nuevo programa de mediano plazo". Se resaltan objetivos de "crecimiento" y afirmación de la "estabilidad de precios". Para ello se plantea un marco fiscal sólido para sustentar las políticas sociales, la inversión pública y la "normalización de las relaciones con los acreedores". Surge así el privilegio por la reestructuración de la deuda pública, la vuelta al mercado internacional de capital y una preocupación explícita por fortalecer al sistema bancario. No faltan las apelaciones al "mejoramiento del clima de inversiones", la alusión a las empresas privatizadas y a la banca, donde se "implementará una estrategia de compensación y recapitalización", además de "auditorias y revisiones estratégicas de los principales bancos públicos".
Las metas concretas establecidas indican un crecimiento del 5,5% en 2003, para estabilizarse en tasas del 4% en el periodo 2004/2006. Una inflación con bandas entre el 5 y 6% en 2003; del 7 al 11% en 2004; del 5 al 8% en 2005 y del 4 al 7% en 2006. Establece el 3% de superávit primario para el 2004 y un saldo en cuenta corriente de 11.600 millones de dólares en 2003; 8.800 millones en 2004; 7.500 millones en 2005 y 6.300 millones en 2006. Aún en la disminución de valores, se proyecta un crecimiento importante de las exportaciones. Las reservas internacionales se establecen en 14.000 millones de dólares para diciembre de 2003 y en 15.600 millones para fines de 2004.
Sobre el final del capítulo de marco macroeconómico se establece que "el superávit primario brindará bases sólidas para ayudar a ordenar las relaciones con los acreedores, restaurar el acceso al mercado y asegurar la sustentabilidad de la deuda, al tiempo que se cumple con los objetivos de crecimiento, empleo y equidad social".
En materia de política financiera y monetaria se concluye que la estabilización apunta a "eliminar gradualmente la totalidad de los controles cambiarios" y agrega en materia de promoción de exportaciones la "eliminación de factores que desincentiven a los exportadores" y "aumentar la apertura comercial" en el marco de las negociaciones por el MERCOSUR, las negociaciones "multilaterales y regionales" para "establecer un entorno comercial más liberal". En estas últimas consideraciones deben inscribirse las políticas sustentadas por el gobierno en el seno de la OMC y el ALCA y a confesión de partes, relevo de pruebas en el proyecto liberalizador que impulsan los organismos internacionales y el capital transnacional más concentrado.

Reformas estructurales: impuestos, bancos y privatizadas

Incluye propuestas en material fiscal, del sistema financiero, de los servicios públicos, de la deuda empresaria y se completa con proposiciones de reformas institucionales particularmente, en la Justicia e iniciativas orientadas a la "lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".
En materia fiscal se plantea la necesidad de combatir la evasión y se destacan las iniciativas con tratamiento parlamentario en ese sentido. La reforma tributaria se propone para entrar en vigencia en 2005 y a consensuar durante el 2004. Se propone la eliminación gradual de los impuestos a las exportaciones desde 2005 y una gradual reducción del impuesto a los débitos y créditos bancarios durante el próximo ejercicio y la ampliación de la base impositiva del IVA y la eliminación de exenciones. En general se insiste en modificaciones en materia de administración tributaria y eficiencia de la recaudación y por cierto en superar la mora constitucional para establecer un nuevo régimen de coparticipación federal y mejoras en la capacidad de recaudación de las provincias. Se menciona la elevación de una propuesta de reforma del régimen de seguridad social a presentar en marzo 2004 y que asegure mayor cobertura y eficiencia del sistema.
Respecto de la banca se mencionan mecanismos de "fortalecimiento y solidez" del sistema, tanto como el "rol de los bancos públicos". Se anuncia una reforma de la carta orgánica del BCRA para "fortalecer la independencia" en el manejo de la política monetaria y financiera. Se insiste en el tema de las compensaciones por la aplicación de la indexación asimétrica (CER y CVS) y evaluar el "impacto por sentencias judiciales", en alusión a las compensaciones demandadas por los bancos ante los amparos ordenados por la justicia. Se sostiene la continuidad del proceso de reestructuración de la banca y especialmente para la banca oficial se plantean consultorías que deban resolver adecuaciones de la misma durante el próximo año. Con alusiones directas a la necesidad de "reducir los altos costos operativos", en un sector de la banca que hasta ahora ha sido remisa en la disminución de personal y cierre de sucursales.
Sobre las privatizadas se insiste en la legislación presentada por el poder ejecutivo ante el parlamento para resolver la negociación con las empresas y que podría habilitar un incremento de las tarifas a través del mecanismo de la "vía rápida".

Convergencia del presupuesto 2004
Al mismo tiempo que se remitía el borrador para el acuerdo en el FMI, se presentaba en el Parlamento el proyecto de presupuesto. Queda claro que se destinan a los acreedores externos unos 12.500 millones de pesos (3% del PBI) y para mayor gasto público 4.100 millones de pesos. De ese modo se trata de 2/3 de mayor capacidad de gasto público para los acreedores y 1/3 para destino interior y además, sujeto a la consideración del Jefe de Gabinete de Ministros y la evolución de los compromisos asumidos con el exterior.
La política económica se coloca así en consonancia "esencial" con la necesidad de estabilizar el ciclo de negocios del capital dominante, afectado por la crisis de fines de 2001. Ello supone la continuidad de fenómenos estructurales, más allá de los paliativos de la política social sustentada por el gobierno y descripta con detalles en el acuerdo con el FMI. Se insiste en privilegiar los intereses de los acreedores, exportadores, banca transnacional y empresas privatizadas.
Por mucho que se insista sobre un presupuesto con aumentos de destino social y una negociación dura con el FMI, la realidad son las metas y objetivos establecidos y saludados por las autoridades del Fondo y los principales centros de poder local e internacional.