EL "PROBLEMA ESPAÑOL" 

      Homero y el acontecimiento

      Joaquín Navarro Estevan, Juez. 

   Antes de desaparecer bajo las aguas de un pantano, Benínar era una
pedanía de Berja, allá en la Alpujarra almeriense. Tenía Benínar a la sazón
un juez de paz que se apuntaba a todas las guerras para impedir la paz. Un
día, cierto ciudadano voraz robó tres gallinas a su vecino, que
inmediatamente lo denunció ante el Juzgado de Paz. El juicio fue inmediato y
ejemplar, como los quieren Aznar, Acebes y Michavila. El robagallinas podía
ser condenado hasta con treinta días de arresto menor. La sentencia lo
condenó a doce años de reclusión. Pasaron un par de meses y la víctima pidió
explicaciones porque el vecino de larga mano y diente presto continuaba en
libertad. Hubo de intervenir el juez de instrucción de Berja que, con gran
hilaridad, decretó la nulidad radical de la ''sentencia firme'' del juez de
Benínar. Nulidad radical. Inexistencia. El juez de paz había actuado con
manifiesta incompetencia y total desprecio de la ley. A nadie se le ocurrió
que el robagallinas cumpliese con el adefesio judicial.

        Así lo quiere gran parte del entorno político y mediático del
contencioso de otro juez de guerra ­esta vez de instrucción­ con el
Parlamento vasco. Dicta un auto ­el 26 de agosto­ en el que, sin fundamentos
jurídicos solventes y constitucionales, suspende todas las actividades
orgánicas de Batasuna, incluyendo las ''institucionales''. El auto de marras
se remite incompleto y mutilado a la Cámara vasca pues incurría en graves
errores de hecho. El Parlamento no debió pedir aclaración alguna pues, dada
naturaleza y la condición de sus miembros, no podía verse afectado por la
resolución de un juez instructor.

        Pero el ridículo seudoformalismo jurídico que nos invade determinó
la ''consulta'' de la Cámara al gran instructor. Con euforia no disimulada,
éste dicta un auto monumental, con auténtico alarde de soberbia a costa del
ordenamiento jurídico. Ordena, nada menos, que Batasuna deje de ser grupo
parlamentario y de recibir subvenciones como tal. Es decir, sustituye a la
Mesa de la Cámara, a su Presidente y a los diputados elegidos por el pueblo
vasco y les dicta lo que han de hacer.

        Si otro juez instructor hubiese decidido algo similar con el
Congreso de los Diputados o cualquier Cámara autonómica, el escándalo
jurídico hubiese sido mayúsculo y el Consejo del Poder Judicial, el
Ministerio Fiscal y el propio Parlamento agredido hubiesen actuado con la
severidad necesaria ante esa exhibición de arrogancia y prepotencia
inconstitucional. Si el poder judicial ha de actuar en relación con algún
parlamentario o con alguna Cámara legislativa ha de cumplir trámites muy
meticulosos por tratarse de una delicada injerencia en el poder legislativo.
Pero ni el Tribunal Supremo puede ordenar a un Parlamento, como medida
cautelar dentro de una instrucción sumarial, que disuelva un grupo
parlamentario o le impida reunirse o dejen de abonársele las subvenciones
institucionales. Las sorprendentes y, en mi parecer, ilegales medidas
garzonitas no podían afectar, por razón de aforamiento, a ningún
parlamentario individual. Mucho menos, a todo un grupo parlamentario y al
funcionamiento de toda una Cámara legislativa.

        Lo que es radicalmente nulo lo es sin necesidad de declaración
judicial. Su cumplimiento hubiese sido un escándalo mayúsculo, la aceptación
de un golpe de Estado, de una patraña inconstitucional. Su incumplimiento
debe dar lugar, en su caso, a un conflicto de atribuciones o competencias
planteable por el Consejo del Poder Judicial, si es que entiende que la
decisión de la Cámara vasca supone una invasión de competencias judiciales o
cosa similar. Siempre me han estremecido las declaraciones de eximios
juristas alemanes ­muchos de ellos, jueces y fiscales­ que tras la derrota
del totalitarismo dijeron que se limitaron a cumplir unas normas que eran
formalmente Derecho. Radbruch, Eberhard Schmidt y otros rectificaron. Jamás
debieron ser cumplidas normas y resoluciones que, por su renuncia a
cualquier sentido de justicia, no constituían Derecho.

        Para ser totalitario no es preciso vivir en un país totalitario. Lo
sabemos. Lo sabe mejor que nadie el pueblo vasco. Lo sabe el Gobierno
Ibarretxe, sometido a un permanente acoso institucional y mediático. Y lo
sabe el Parlamento vasco, cuyas atribuciones constitucionales y estatutarias
han pretendido ser sustituidas, usurpadas y humilladas por un juez de
instrucción que, según parece, quiere aposentarse, campamento incluido, en
el sillón presidencial de Atutxa.

        Decía Homero que los idiotas sólo se ilustran por el acontecimiento.
El que acaba de ocurrir es mucho más que ilustrativo de la existencia de
tres vicios nefarios en nuestro panorama institucional. No hay separación de
poderes, no existe control del poder y no tenemos libertad política. Algún
político al uso podría decir, una tras otra, dos sentencias orteguianas:
''España y yo somos así, señora''. ''Caballero, en Castilla no hay curvas''

(tomado de diario españolde ámbito nacional)

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