Hace unos meses, tras un operativo policial desarrollado en Iruñea, el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, manifestaba su satisfacción de- clarando ante los medios de comunicación «me alegro de que quienes siempre hemos defendido la libertad tengamos la satisfacción de verles pudrirse en la cárcel».

Con su regocijo, el señor Sanz dejaba constancia con toda claridad del objetivo único, principio y fin en sí mismo, de la política penitenciaria: pudrirse en la cárcel. Algo que entra en reñida contradicción con el pretendido espíritu de la ley penitenciaria, cosa que es necesario recordar a todos aquellos que prefieran pasarlo por alto. El derecho a la igualdad ante la ley, el de no ser objeto de malos tratos, el derecho a la salud, a la integridad física... los derechos que tan salvaguardados aparentan quedar en el Código Penal, La Ley Orgánica General Penitenciaria, el Reglamento Penitenciario y por supuesto, la Constitución española, destapan su verdadero alcance en las palabras de quien es, no un ciudadano cualquiera sino presidente del Gobierno de Navarra, y cuyo sentido de la libertad «que desde siempre» ha defendido pasa, al parecer, por el incumplimiento de sus propias leyes.

Y es desde esta perspectiva desde la que hay que contemplar el caso y la situación de Bautista Barandalla. A Bautista, preso navarro encarcelado desde 1990, se le diagnosticó hace dos años una colitis ulcerosa. Nada excepcional, una enfermedad que afecta a miles de personas, no extremadamente grave pero sí lo suficientemente seria para requerir las consultas de un especialista, controles y revisiones periódicas, seguimiento médico. Pero Bautista es un preso y además un preso vasco, un preso político vasco. Por eso, su enfermedad dejó de ser una enfermedad como tantas otras y pasó a convertirse en un instrumento con el que la política penitenciaria podía conseguir, por el camino más corto, ese «pudrirse en la cárcel» del que hablaba sin cortapisas Sanz. Por eso no tuvo las consultas, ni los controles, ni las revisiones, ni el seguimiento médico que necesitaba. Por eso dos años después, su enfermedad se había agravado y comenzaron los dolores, las diarreas continuas y las pérdidas de sangre... En esa situación y reclamando una consulta médica que se le negó, pasaron meses. Curiosamente, la única medicación que el médico de la cárcel le prescribió estaba contraindicada para la enfermedad que padecía. Los informes médicos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde finalmente tuvo que ser ingresado de urgencia en el mes de marzo, hablan de un proceso evolutivo que comenzó ocho meses atrás. Demasiado tiempo para que pudiera tener efecto ya ningún tratamiento médico, ni siquiera los más agresivos; fue necesario extirparle la totalidad del intestino grueso.

A pesar de la situación límite de Bautista, los engranajes del ensañamiento apenas habían echado a andar. Quedaba la vuelta a prisión, donde en absoluto se iban a dar las condiciones higiénicas y dietéticas que necesita, donde las 24 horas del día vienen acuñadas por la tensión y las condiciones de vida bajo mínimos, y donde, sobre todo, quedaba en manos de un equipo médico que le había conducido directamente al estado en que se encuentra. Desde entonces, Bautista ha debido ser ingresado de urgencia en ocho ocasiones más; ha llegado a perder 25 kilos de peso y registra un deterioro progresivo que no ha sido mayor gracias al calor y ayuda de sus compañeros y a la entereza de unos familiares, también sin derechos, que durante meses tuvieron que compaginar su trabajo con los continuos desplazamientos a Zaragoza, para mantenerse cerca de él.

La legislación penitenciaria contempla el derecho de todo preso a cumplir la condena en la cárcel más cercana a su lugar de residencia. La legislación penitenciaria contempla también el derecho a la excarcelación en libertad condicional de aquellos presos con enferme- dades graves e incurables. Pero la legislación penitenciaria y los derechos que contempla le importunan muy poco a un sistema que ignora cuántas leyes quiere y cambia aquellas que no puede ignorar. Bautista solicitó su traslado a la cárcel de Iruñea y la aplicación del Art. 92 en el mes de abril. A pesar de que la Junta de Tratamiento de la Prisión de Zaragoza adoptó por unanimidad el acuerdo de concederle el traslado, la Dirección General de Institucio- nes Penitenciarias lo denegó y el fiscal del Juzgado de Vigilancia demoró continuamente su informe impidiendo el pronunciamiento del Juez y consiguiendo así retrasar todos los trámites que sus abogados podían efectuar.

Más de 5 meses ha costado que Bautista fuera trasladado a la prisión de Iruñea. Recién llegado fue necesaria una nueva hospitalización de urgencia; y desde entonces ha sido ingresado en dos ocasiones más en el hospital de Nafarroa. Sus familiares han podido evitar el continuo ir y venir desde Etxarri Aranatz a Zaragoza, pero no sin que se les pasara la correspondiente factura: pasando por encima de lo que respecto a sus visitas en el hospital resolvió la dirección de la cárcel de Iruñea, que es quien tiene competencia para ello (art. 217 del Reglamennto Penitenciario), la Policía trató de imponer a Bautista unas condiciones que no alcanzaban siquiera los mínimos establecidos en la legislación penitenciaria: una visita semanal de 20 minutos con sólo dos de sus familiares. Bautista no tuvo ni los derechos de enfermo, ni los de preso. Con cada nueva hospitalización sus familiares se encuentran ante la incertidumbre de si podrán verle o no, cómo, cuánto y en qué condiciones. Los engranajes del ensañamiento ­que ha sido una de las características del fascismo­ encajan con precisión.

Quienes hemos estado en prisión sabemos demasiado bien que cuando está en juego la salud, «negligencia» no es sinónimo de simple dejadez, ni de desidia. Quienes hemos conocido desde su centro motor la maquinaria penitenciaria sabemos que ni uno solo de sus movimientos se dejó al azar y que todos se diseñaron con un único objetivo: la aniquilación, el exterminio.

Sabemos que nuestras condenas llevan implícitas sentencias que sobrepasan todo lo que los tribunales han dictado, que contravienen todas las leyes; sentencias cuyo verdadero contenido jamás tendrán el valor ni la decencia de admitir aquellos que las aplican o les brindan su apoyo. Porque apoyo, justo es decirlo, tienen mucho. Lo vemos en los medios de comunicación que desprecian su compromiso con la información, en quienes arrancan los carteles informativos para evitar a tantos y tantos que la realidad les arañe la conciencia; en quienes se niegan a leer las octavillas que se reparten para no tener que enfrentarse a su responsabilidad; en quienes conocen sobradamente lo que ocurre pero les gusta que sea así; en quienes lo conocen y no les gusta, pero el miedo a ser estigmatizados puede más que sus convicciones.

La situación de Bautista es muy grave. Como la que afecta a Koldo Elizetxea, Jose Antonio Gaztañaga o Sergio Fernández Atauri, es una situación límite. Queda por delante la lenta y dificultosa tramitación de la aplicación del art. 92 solicitada para ellos. Todos sabemos ya cual es el verdadero sentido y alcance de las leyes en el Estado español; sabemos también de qué sirven los supuestos derechos contemplados en esas leyes. Pero conocemos también la capacidad movilizadora de la sociedad vasca, su intransigencia ante la vulneración sistemática de derechos, ante el sufrimiento como fin en si mismo y el ensañamiento. Sólo esa capacidad hará frente a la de ensañamiento. Sólo esa capacidad, que ahora es tan necesario demostrar, hará que Bautista pueda estar en casa. Acudir a las movilizaciones que se convoquen es recordar, y sobre todo reclamar, que es su derecho. No vuelvas la espalda: es tu responsabilidad. -

* Firman también este artículo Gloria Rekarte, Imanol Aramburu, Esther Lakasta, Ricardo Garziandia, Enrike Varona, Karlos Ezkurra, Mario Zapata, Joserra Artola, Fermin Anzizar, Alfonso Arnesto, todos ellos ex presos políticos vascos.