Secciones: Documentos militante IU/ PCE - El Problema EspañolTítulo: Reino de España: balance de la campaña electoral legislativa del 2008, por G.Buster Texto del artículo:
Reino de España: balance de la campaña electoral legislativa del 2008
Por G. Buster, militante de la Asamblea de Técnicos y Profesionales de IU Comunidad de Madrid
Terminada la campaña electoral, las elecciones legislativas del 2008 han parecido
ante todo unas presidenciales. Lejos de suponer una inflexión con la legislatura
anterior, la campaña ha querido comprimirla y transformarla en una mercancía, cuyo
principal valor añadido es la credibilidad o, mejor aun, el rechazo o aceptación
de la misma por los ciudadanos consumidores de esta democracia pre-empaquetada.
Los procesos de cambio, las tensiones sociales, las fricciones que se acumulan
entre el país real y unas estructuras administrativas y territoriales cada vez más
arcaicas y con problemas de legitimación, se intentan condensar en una sola
pregunta: ¿Zapatero o Rajoy?
El dilema responde a la fuerte polarización social y política de estos cuatro
años, que hemos ido analizando en Sin Permiso. Ya en las elecciones del 2004,
marcadas por el atentado terrorista del 11 de marzo, el voto del PSOE y del PP
alcanzó el 80% del total. La fuerte movilización institucional y
extraparlamentaria de la derecha desde entonces, convencida de la falta de
legitimidad de la victoria de Zapatero, y el miedo a una vuelta al gobierno de una
derecha extrema y revanchista del resto de la ciudadanía, no han hecho sino
reforzar esta tendencia al bipartidismo, a la que también colabora una ley
electoral basada en el sistema D´Hondt, que castiga a las terceras fuerzas, muy
especialmente a Izquierda Unida.
La abstención como problema político crucial
No es de extrañar, por eso, que el eje de la campaña del PSOE y del PP haya sido
la abstención. El PSOE necesitaba movilizar electoralmente a un 25% de sus
potenciales votantes para asegurar unos resultados similares a los del 2004, con
más de 4,5 puntos de ventaja sobre el PP (42,5% frente al 37,7%). Pero la alta
participación final del 75,3% le sitúa a solo unas décimas de las tasas
extraordinarias del 2004, que superaron la media de participación electoral
habitual del 69%.
La legislatura ha estado marcada por una gestión en “frío” del PSOE de su victoria
del 2004, en la que ha conseguido “fidelizar” institucionalmente el mayor ciclo de
movilización social tras el franquismo, del 2002 al 2004, evitando su continuidad
autónoma en la calle. Es más, frente a la fuerte movilización de la derecha social
y política, la respuesta de la dirección federal del PSOE ha sido la de no
responder en la calle y, a medida que se acercaban las elecciones, evitar o
limitar cualquier movilización de la izquierda social, objetando la participación
de CCOO y UGT. Los ejemplos más notables han sido la desconvocatoria de la
manifestación antifascista del 2 de diciembre en Madrid o las relativas al 8 de
marzo en defensa del derecho al aborto en el día de la mujer. Para no hablar de la
falta de apoyo a las luchas sindicales del transporte municipal o los servicios de
limpieza en Madrid o Barcelona.
Conscientes de ello, y desde el activo electoral de contar con su propia base
social movilizada en su totalidad después de cuatro años de “gimnasia”
reaccionaria, Los estrategas del PP han centrado su estrategia en crear las
condiciones para la abstención de los votantes socialistas. Con toda transparencia
e ingenuidad, Gabriel Elorriaga lo explicaba al corresponsal del Financial Times:
“Sabemos que nunca nos votarán. Pero sí podemos sembrar suficientes dudas sobre
la economía, sobre la inmigración y sobre cuestiones nacionalistas, entonces
quizás se quedarán en casa".
¿Cómo compatibilizar esa necesidad de movilización electoral del electorado
socialista con una oposición creciente a la movilización de la izquierda social?
La respuesta en términos de discurso ha sido el “viaje al centro”. La búsqueda de
un supuesto elector moderado, temeroso de la movilización de la derecha, al que, a
falta de estímulos ideológicos positivos, los estrategas electorales del PSOE han
querido arrastrar a las urnas empujados por el miedo a la derecha y los estímulos
fiscales materiales.
Un “viaje al centro” pauloviano de estímulos fiscales
El “centro” del electorado ha sido construido así socialmente de una manera
pauloviana, con estímulos fiscales que contrarresten el otro “miedo” de esta
campaña, alimentado por el PP, a la crisis económica. Tras doce años de
crecimiento ininterrumpido, basado en un modelo de ladrillo y deuda familiar para
el consumo, las clases medias han alcanzado unos niveles de consumo a los que
amenaza la desaceleración económica. “Viajar al centro” se ha convertido para los
estrategas del PSOE en la necesidad de responder al miedo de esas clases medias
-“la gente corriente que no llega a final de mes” en el lenguaje de Rajoy-, en una
continua subasta con un PP cada vez más catastrofista.
El “ofertón” estrella del PSOE ha sido la rebaja fiscal de 400 euros en las
declaraciones de IRPF, que afectarían a 13,5 millones de contribuyentes. Su
carácter lineal excluye per se a los sectores de menos ingresos que no están
obligados a declarar (el 40% de los asalariados, según CC OO, no llega a los 1,200
euros brutos mensuales), y sus efectos sobre las rentas más altas es mínimo. Se
trata por lo tanto de una medida diseñada para las clases medias, adaptada de las
medidas anticíclicas de la Administración Bush, cuyos resultados económicos son
bastante cuestionables.
Por parte del PP, las ofertas fiscales incluyen una rebaja lineal del 16% en la
declaración del IRPF, eximir del impuesto a todos los asalariados con ingresos
anuales inferiores a los 16.000 euros y una devolución fiscal de 1.000 euros a
todas las mujeres contribuyentes. Ambos partidos coinciden en rebajar los
impuestos sobre los beneficios de sociedades y acabar con el impuesto sobre el
patrimonio.
Puestos a contabilizar estas rebajas fiscales, las ofertas del PSOE alcanzan los
5.000 millones de euros, mientras que las del PP –que se ha negado a hacer las
cuentas con exactitud-, podrían alcanzar los 15.000 millones de euros. Si se tiene
en cuenta que el superavit anual ha sido de un 2% del PIB en 2007, y que el total
del superavit esperado es de unos 40.000 millones de euros, las rebajas fiscales
para las clases medias supondrían entre el 12% (PSOE) y el 37% (PP) del superavit,
antes de entrar en otras promesas electorales destinadas a otros sectores y que,
en el caso del PSOE, llegarían hasta los 22.000 millones de euros.
La respuesta al miedo a la desaceleración económica –estimada en el peor escenario
en una caída del crecimiento del PIB del 3,8% al 2,4%, en el que la economía
española no crea empleo adicional- se escenificó en el primer debate en televisión
de la campaña electoral entre el Vicepresidente Solbes y el pretendido economista
estrella del PP, el expresidente de Endesa Manuel Pizarro. Si el objetivo era
vender credibilidad para la gestión económica de la desaceleración, Solbes
consiguió aplastar macro-económicamente con su superavit las preocupaciones de las
“familias que no llegan a fin de mes” de las que se quería hacer portavoz Pizarro.
Y ello pinchó desde el primer momento uno de los pilares centrales de la campaña
electoral del PP.
Solo Izquierda Unida, desde los márgenes, se preocupó en señalar que el objetivo
no debía ser los recortes fiscales, sino, por el contrario, converger con la UE en
gasto social, calculando el déficit en unos 70.000 millones de euros y proponiendo
un aumento de 1% del PIB anual en gasto social a través de una política de acceso
universal a derechos ciudadanos.
La TV como ágora electoral prioritaria
La televisión se ha convertido en el ágora electoral por definición, centrada en
los dos debates entre Zapatero y Rajoy. El debate con el resto de los partidos,
también en dos partes, quedaba marginado por el propio formato, que imitaba el de
Rajoy y Zapatero pero en el que no participaban estos sino dos candidatos
secundarios del PSOE y del PP. Hasta los actos electorales públicos se han
diseñado como espectáculos televisivos que pudieran ser recogidos por los
telediarios en su momento culminante.
De un debate político colectivo y ciudadano se ha pasado así a un ágora virtual,
prisionera de sus propias condiciones de puesta en escena y gramática. Por
sustitución, la contienda electoral plural se convierte en un duelo singular, del
que depende de la suerte de todos y, por lo tanto, hay que tomar partido,
reforzando el bipartidismo.
En los debates entre Zapatero y Rajoy, seguidos por más de 13 millones de
espectadores, de un cuerpo electoral de poco más de 25, el resultado del duelo fue
ligeramente favorable a Zapatero en el primero y claramente en el segundo. Todos
los temas de la legislatura volvieron a reaparecer: Irak, ETA, el terrorismo
islamista, las políticas económicas y sociales, las reformas estatutarias…De
nuevo, como en el debate entre Solbes y Pizarro, parecía un pulso por la
credibilidad en el que el PP tenía que superar el estigma de su gestión de los
atentados terroristas del 11-M y el PSOE los del dialogo con ETA para el proceso
de paz en Euskal Herria. Ambos candidatos se acusaron continuamente de faltar a la
verdad, de manipular cifras y hechos o simplemente de mentirosos.
En el desideratum de la polarización, los debates acabaron siendo la palabra de
uno, en nombre de la derecha, contra la palabra del otro, en nombre de la
izquierda. En el segundo debate, los asesores de Zapatero creyeron poder escapar
de este dilema con el “libro blanco” de los datos que aportaba. Pero las
encuestas demostraron que ninguno había convencido a los votantes del otro, que
Rajoy, abandonada cualquier pretensión de dirigirse al “centro” desde el veto a la
presencia de Gallardón en las listas del PP, estaba completamente solo, mientras
que el discurso de Zapatero llegaba al resto de los votantes que no eran ni del
PSOE ni del PP. El éxito del bipartidismo se consolidó a costa de las terceras
partes excluidas –IU-ICV y ERC- porque la derecha nacionalista de PNV y CiU pudo
rentabilizar a su favor el ser la alternativa a los socialistas en su propio
ámbito político diferenciado vasco y catalán.
Pero si algo estuvo ausente de los debates fue una perspectiva de cambio político
y social o, si se quiere, de enfrentar simplemente los problemas acumulados de
modernización tras un fuerte ciclo de crecimiento económico que han pensionado
hasta el limite muchas de las estructuras administrativas y políticas de la
Transición de finales de los años 70 o comienzos de los 80. La “niña de Rajoy”, la
metáfora ya utilizada en varias campañas en América Latina por la derecha para
visualizar los retos del futuro, llegó en el caso del PP a limites grotescos.
Zapatero solo prometió más de lo mismo, convencido de personificar el mejor de los
mundos posibles.
El miedo a la emigración
El único tema nuevo de esta campaña ha sido el tratamiento de la política
emigratoria por parte de Rajoy. Calco de las propuestas de Sarkozy en Francia, su
adaptación española se la debemos al consejero de la Comunidad de Madrid y
exdirector de la FAES, José Fernández Lasquetty. Al miedo a los nacionalistas que
rompen España, a la crisis económica que no deja llegar a fin de mes a las
familias, el PP ha decidido añadir el racismo y la xenofobia, con un miedo a los
emigrantes que compiten con los españoles por unos servicios públicos escasos.
Con unos porcentajes de población emigrada que han pasado en siete años del 4% al
12%, España ha aguantado razonablemente bien esta transformación demográfica
gracias a las altas tasas de crecimiento económico, a la elevada proporción de
emigrantes latino-americanos, más cercanos lingüística y culturalmente y a los
restos de una conciencia de haber sido emigrantes a su vez solo dos generaciones
atrás. Pero el miedo a la emigración se sitúa en los sectores mas desfavorecidos
de la población española, compitiendo en la precariedad y en un paro friccional
del 8%, que implica una reforma del mercado laboral encubierta. La “fidelización”
del voto asalariado del PP y, al mismo tiempo, la búsqueda de la abstención de los
votantes socialistas coinciden en este tema.
La propuesta del PP de un “contrato de integración” que deberían firmar los
emigrantes residentes legales en España, comprometiéndose a aprender el español
(no por supuesto las lenguas cooficiales) y a respetar las costumbres, llenaba de
perplejidad a los oyentes cuando Rajoy explicaba que era la única forma de evitar
la poligamia o la ablación ritual del clítoris en territorio español, como si no
se tratase de delitos del código penal y de practicas sociales de rara incidencia.
La lógica “securitaria” de la cuestión emigratoria, convertida en problema a pesar
de depender de las cotizaciones de los emigrantes una parte sustancial de las
pensiones, ha llegado a la afirmación de que “no cabemos más”, a rechazar de
antemano cualquier legalización de emigrantes irregulares –que se acercarían ya al
medio millón-, a condenar la regularización del Gobierno Zapatero de otros 700.000
al comienzo de la legislatura y a prometer la expulsión inmediata del país de
todos los
emigrantes, legales o no, que sean condenados a menos de 6 años de cárcel.
En una precampaña electoral marcada en parte por las manifestaciones y actividades
de organizaciones fascistas y xenófobas contra los emigrantes, Rajoy ha hecho
suyas en buena medida sus propuestas vía interpuesta de la derecha francesa. Lo
más grave es el eco que ha tenido el “contrato de integración”, aceptado según las
encuestas por el 56% y rechazado por el 42%. La aparición de esta posición
política xenófoba de la emigración en el debate bipartidista de “estado” supone
una seria amenaza de futuro.
ETA y la crónica de un atentado anunciado
El vil asesinato del militante socialista vasco Isaias Carreño por ETA el último
día de la campaña hizo descender, desgraciadamente, la campaña virtual del PSOE y
el PP a las duras realidades de los conflictos marginados. La ilegalización de las
opciones políticas de la izquierda abertzale tras los atentados de ETA que
pusieron fin al “alto el fuego indefinido”, impidiéndole concurrir a estas
elecciones, han respondido al miedo de la dirección del PSOE a que el fracaso de
las negociaciones de paz se convirtieran en el centro del debate de la campaña
electoral. De hecho, el PP ha hecho todo lo posible por convertir el atentado de
la T-4 del aeropuerto de Madrid en el 11-M del atentado de la Estación de Atocha,
contraponiendo las mentiras de Aznar en 2004 a las supuestas mentiras de Zapatero
en 2008.
El “cordón sanitario” -de detenciones, selectivas al comienzo y cada vez menos
después, contra la izquierda abertzale, los macrosumarios contra sus
organizaciones sociales en base a la “doctrina Garzón” de que “todo es ETA”, la
negativa a cualquier contacto directo o indirecto con la dirección de Batasuna,
incluso cuando como en el caso de Otegui seguían defendiendo el proceso de paz
como único horizonte posible-, ha tenido ante todo la función de proteger a
Zapatero de las criticas del PP, dando argumentos a la afirmación de que el actual
Gobierno había hecho en cualquier caso menos concesiones que el de Aznar, a pesar
de las expectativas infladas.
Pero el efecto sobre ETA de esta estrategia era asumible también, e implicaba una
confrontación terrorista para mantener su propia base social, fuertemente
erosionada y tentada cada vez más de buscar alternativas cercanas pero claramente
contrarias a la violencia. El atentado mortal de ETA era una crónica anunciada por
el mismo Rubalcaba, que solamente esperaba y confiaba en la capacidad policial y
en la suerte para frustrar la dureza del golpe. En el retorcimiento táctico de
ETA, la elección de un militante socialista y no del PP como victima implica el
querer enviar el mensaje, pero no volcar hacia la derecha los resultados
electorales. Asimismo, el atentado imposibilita de hecho a los militantes de la
izquierda abertzale poder acercarse a las urnas y ejercitar otra opción que no sea
la abstención, incapaz de controlar la disciplina del voto en blanco propiciada al
comienzo de la campaña.
Esta por ver lo acertado del cálculo táctico de ETA. Lo que es evidente es que
lejos de mantener la esperanza de una solución del conflicto, que solo puede
llegar por la vía del proceso de paz, refuerza aun mas la marginación de la
izquierda abertzale, excluyéndola de poder ser uno de los sujetos políticos de la
campaña por el derecho a decidir anunciada por el Gobierno Vasco para el próximo
otoño.
Los retos de la próxima legislatura
Los resultados finales suponen la subida de algo más de un 1% del PSOE, que
obtiene 5 diputados más. Lo mismo que el PP, que sin embargo aumenta en casi un
3%. CiU mantiene su número de escaños, con una ligera caída de 0,3%, mientras que
ERC es fuertemente castigada, pasando de 8 a 3 diputados y perdiendo la mitad de
su electorado. El PNV prácticamente se mantiene, aunque pierde 1 diputado y el
0,4% de sus votos, y el PSE le desplaza como primera fuerza política en Euskadi.
Lo mismo ocurre con el BNG, en coalición con el PSOE en la Xunta galega, que
repite escaños y porcentajes. O Nafarroa Bai. Coalición Canaria pierde un escaño y
el 40% de sus votos, tras la crisis que dividió al nacionalismo canario en
opciones de derecha e izquierda. IU-ICV ha sido quizás la fuerza más castigada al
perder 3 de sus cinco parlamentarios, el propio grupo en el Congreso y el 20% de
sus votos, aunque sigue siendo la tercera fuerza política estatal. Rosa Diaz y la
UPyD han conseguido entrar
en el Congreso por Madrid, con el 1,22% de los votos.
Los resultados dan un amplio margen de maniobra al PSOE en esta segunda
legislatura. Al mismo tiempo que se consolida el bipartidismo a nivel nacional,
abre probablemente una crisis de sucesión en el PP, y hace del PSOE el eje de
cualquier política de alianzas tanto a nivel territorial como social, con un
abanico de fuerzas que solo pueden aspirar a influir parlamentariamente sobre su
orientación más que a determinarla.
No es casualidad que a medida que la derrota de Rajoy se ha hecho más probable, en
especial tras el primer debate, una parte del discurso de los candidatos del PP ha
girado hacia los acuerdos entre los dos grandes partidos. Es decir, a reclamar de
nuevo un derecho de veto del PP sobre las políticas de cambio. Los resultados
electorales, con una subida de cinco escaños para cada una de las dos grandes
fuerzas políticas estatales, reforzarán en este sentido las exigencias de la
derecha social y política, dando una salida institucional a la estrategia de
polarización mantenida en esta legislatura. Para sectores significativos de la
derecha empresarial y financiera la otra formula, compatible por otra parte con
los “pactos de estado” con el PP, es un gobierno de coalición PSOE-CiU, que
asegure la gestión de la desaceleración económica y la transición hacia un nuevo
modelo de desarrollo de acuerdo con sus intereses. Sin embargo, el impresionante
voto del PSC en Cataluña se
convierte en un seguro para el Govern tripartito frente a las pretensiones de CiU,
a cambio de su entrada en el Gobierno español, de exigir la presidencia de la
Generalitat en una nueva coalición CiU-PSC.
Zapatero ha reiterado en la campaña su voluntad de mantener la actual situación de
alianzas puntuales unas veces con la derecha nacionalista y otras con IU y las
izquierdas nacionalistas. En ese sentido, cualquier cambio de orientación
dependerá ante todo de la capacidad de presionar desde la movilización. La
acumulación de conflictos parciales sindicales como consecuencia de la presión de
la desaceleración económica es patente en los últimos meses. La dirección de CC OO
se ha implicado de manera inusual en el apoyo a la campaña de Izquierda Unida, más
consciente de este dilema del Gobierno Zapatero, aunque el resultado de estos
esfuerzos haya sido nulo. Y junto a la cuestión social, el conflicto territorial
toma cuerpo en el desafío del Gobierno Vasco de impulsar en otoño una consulta
sobre el derecho a decidir, en la decisión del Tribunal Constitucional sobre el
recurso contra el nuevo Estatut de Catalunya y sobre la negociación de la
financiación estado-comunidades
autónomas de las que depende en buena parte la legitimidad social de las nuevas
reformas autonómicas.
Para todo ello seria no solo conveniente sino imprescindible un “giro a la
izquierda”. Hoy la izquierda alternativa cuenta con menos instrumentos políticos
para impulsarlo, en la medida que IU-ICV pierde peso sustancial en el Congreso. Y
tendrá que adecuar su táctica y su estrategia en relación con el PSOE, manteniendo
su autonomía política pero influyendo críticamente desde los propios movimientos
sociales, en los que inevitablemente deberá centrar la mayor parte de su
actividad. Pero esa es la tarea que tiene por delante.
Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 10/03/2008 - Modificar
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