Secciones: El Problema Español - Memoria HistóricaTítulo: El régimen constitucional del aparato franquista cumple 30 años- Enlace 1 - Enlace 2 Texto del artículo:
Portada :: España :: Monarquía frente a República
07-12-2008
XXX Aniversario de la Constitución Monárquica de 1978
El régimen constitucional del aparato franquista cumple 30 años
David Arrabalí
Mundo Obrero
Tras
la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, la clase burocrática
del régimen y la derecha situada en el aparato franquista, puso en
marcha un plan diseñado años antes para que una vez llegado este
momento pudieran sobrevivir aspectos fundamentales del régimen político
del movimiento nacional, asegurando de esta forma la continuidad del
franquismo encarnado en la figura del sucesor del dictador, Juan Carlos
de Borbón, el mantenimiento del estatus de los poderes fácticos y los
enormes privilegios de las élites económicas y políticas existentes en
ese momento en nuestro país.
El régimen dio sus primeros pasos
en 1969, con el nombramiento Juan Carlos de Borbón como sucesor del
general Franco en la jefatura del Estado para asegurar el futuro de la
dictadura, este se convierte en el dictador tras la muerte del general
como jefe del estado que se transforma en rey de forma ilegal,
vulnerando de forma consciente los derechos dinásticos existentes sobre
la corona española, cuando jura como monarca ante las cortes
franquistas los principios del "glorioso" movimiento nacional.
Éste
proceso continúa con la constitución de facto de un partido
cívico-militar encabezado por el propio dictador monarca, como jefe del
estado y capitán general de los ejércitos, que controlará todo el
proceso con ingeniosos trucos de ingeniería política diseñados por
parte de influyentes ideólogos del aparato franquista, cuyos elementos
principales se desencadenan de manera paulatina, primero, con la Ley de
Reforma Política, después, con la legalización del PSOE y los partidos
nacionalistas y la aprobación del derecho de asociación sindical,
posteriormente, con grandes reservas y porque no quedaba otro remedio,
con la legalización del Partido Comunista de España (PCE) el 9 de abril
de 1977.
El régimen constitucional actual, por tanto, no es el
resultado de un proceso constituyente que toma como base la
participación popular y los deseos del pueblo soberano, sino es la
resultante del pacto del aparato franquista y las élites políticas del
país para transformar el sistema político sin cambiar el régimen
franquista del movimiento nacional, aprobando una constitución que
transfiguraba los principios del movimiento nacional asegurando la
pervivencia de elementos estructurales de la legalidad política
anterior, la continuidad de las personas que encarnaban a las elites
políticas y económicas, y de las instituciones básicas heredadas del
viejo sistema franquista.
De esta forma se firman los Pactos
de la Moncloa y se constituyen las Cortes constituyentes, tras unas
elecciones que se celebran con muy pocas garantías, los censos
manipulados y con toda la ventaja para el aparato franquista, e incluso
donde un número importante de senadores lo son por "designación regia"
y no son electos. Estas Cortes designan a una ponencia constitucional
cuyos miembros reciben el texto definitivo del informe sobre el
anteproyecto de Constitución, que viene ya redactado de antemano y con
el visto bueno del "partido cívico-militar" de Juan Carlos de Borbón.
Finalmente,
con todo "atado y bien atado", comienzan los debates en la Comisión del
Congreso y todos los grupos parlamentarios se muestran favorables a la
aceptación del anteproyecto. La Comisión Constitucional del Senado
rechaza todas las enmiendas referentes al derecho de autodeterminación
y a favor de una república confederal. El 31 de octubre de 1978 el
Congreso y el Senado, aprueban el proyecto de Constitución. El 6 de
diciembre de 1978 se aprueba en referéndum el proyecto de Constitución
aprobado por las Cortes Generales.
Los poderes fácticos mantienen intacto su poder
Los
miembros del viejo aparato franquista que acapararon los escaños en las
Cortes constituyentes, tuvieron entre sus objetivos principales, acabar
con cualquier intento de cambio serio y profundo del régimen, y como
tarea, la estructuración y diseño de un sistema político coherente con
el mantenimiento de las estructuras anteriores capaz de mantener la
preeminencia política y los privilegios de los poderes fácticos,
alterando la correlación de fuerzas existente en la sociedad,
introduciendo en el texto constitucional "cláusulas de ventaja" de
forma que la adhesión al nuevo marco jurídico resultara contundente a
la vez que incuestionable.
El plan se mostró efectivo, pero
también es verdad que esa contradicción manifiesta que suponía cambiar
el sistema político para mantener el régimen condujo a una ambigüedad
que se ha comprobado cuando se fueron desarrollando los diversos
aspectos y en la puesta en práctica de los preceptos constitucionales.
La
monarquía parlamentaria es la forma política actual del Estado, por
tanto la Corona no puede ser jurídicamente otra cosa que un órgano
fundamental, que, como institución no electiva es inviolable y no está
sujeta a responsabilidad según la constitución, por lo que puede hacer
lo que quiera y no responder ante nada ni ante nadie. Además la
monarquía recibe de los presupuestos del Estado una importante cantidad
para el sostenimiento de su familia que distribuye libremente y sobre
la que no tiene que dar cuentas, aparte de los fondos reservados.
Las
funciones del rey no sólo son representativas, como Jefe del Estado le
corresponden importantes competencias que podría ejercer de manera
efectiva incluso en contra de la soberanía popular si lo considerara
oportuno. Las principales prerrogativas del monarca son sancionar y
promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes generales, convocar
elecciones, convocar a referéndum, declarar la guerra, consentir los
tratados internacionales, proponer o nombrar al Presidente del
gobierno, nombrar y separar a los miembros del gobierno, conferir
empleos civiles y militares, conceder honores y distinciones, ejercer
el derecho de gracia, etc.
El rey ejerce también el mando
supremo de las Fuerzas Armadas, por tanto el monarca es a la vez Jefe
del Estado y Jefe del Ejército, figura constitucional que no es muy
usual y que está ligada más bien a regímenes autoritarios como por
ejemplo, Pinochet en Chile o Musharraf en Pakistán.
Las Fuerzas
Armadas, puesto que la Constitución se fundamenta en la indisoluble
unidad de la Nación española, tienen como misión principal garantizar
la soberanía e independencia del Estado, defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional. Su papel como poder
fáctico está garantizado y desarrollado en la Ley Orgánica de la
Defensa Nacional, que atribuye importantes competencias al monarca como
mando supremo del ejército, así como al Jefe del Estado Mayor de la
Defensa, que podrían poner en jaque a cualquier gobierno.
La
consideración de la religión católica como religión del estado esta
presente a lo largo de todo el constitucionalismo español, y de esa
forma continúa puesto que los preceptos constitucionales recogen el
carácter preferencial de la religión católica cuando se afirma que "los
poderes públicos tendrán en cuanta las creencias de la sociedad
española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con
la Iglesia Católica", que en la practica se concreta, entre otras
cosas, en el Concordato con la Santa Sede, y en la recepción por vía
directa a través de los impuestos (IRPF) y de los presupuestos
generales de una importante cantidad de dinero para su sostenimiento, y
por vía indirecta en una enorme cantidad en subvenciones, etc.
Por
otra parte, el marco jurídico diseñado en la Constitución reconoce las
libertades clásicas establecidas desde las revoluciones liberales: el
estado de derecho, respeto a la dignidad humana, protección de las
libertades, pluralismo político, democrática representativa, imperio de
la ley, separación de poderes, pero, en la práctica, el estado no es
capaz de asegurar su cumplimiento, convirtiéndolas en cuestiones de
segundo orden.
Sin embargo, la constitución si protege
celosamente la propiedad privada y el libre mercado en el mundo
empresarial, que es una de las bases fundamentales del régimen
político, y existen mecanismos rigurosos para hacer cumplir estos
principios, mientras los derechos de los trabajadores no aparecen como
derechos sociales que no se reconocen que existan sino como "principios
en la actividad política y económica del Estado".
Por último,
son también herencia del régimen del franquismo el poder Judicial y los
tribunales de justicia, así como el papel que se le asigna a los medios
de comunicación, la regulación y los límites de la libertad de
expresión y el control de los mismos. Además de otras cuestiones como
el "Estado de las Autonomías" y la ordenación administrativa del
estado, que no abordamos en este artículo.
En síntesis, la
clase burocrática y la derecha situada en el aparato de estado,
trazaron un plan para asegurar la continuidad del régimen franquista,
cuyos principales elementos fueron la monarquía, en alianza con los
núcleos fundamentales del poder económico, religiosos, aristocrático,
político y militar. Los supuestos iniciales para el cambio de sistema
político fueron: no cuestionar el sistema socioeconómico establecido en
el país, no plantear responsabilidades de la etapa anterior, y que el
jefe del estado y del Ejército sería Juan Carlos de Borbón como
cabecilla del partido cívico-militar y sucesor de franco, y
posteriormente serían sus descendientes reestableciendo la línea
dinástica de los Borbones que tantas veces fue rechazada por el pueblo
español.
Ahora, el famoso "Pacto del silencio" parece
desquebrajarse, incluso la monarquía da signos de debilitamiento, y los
descendientes del actual monarca no parecen muy cualificados para
reinar, por muchos cursos, títulos y formación que hayan recibido. Esto
abre la esperanza a que en el futuro se den las condiciones objetivas
para un verdadero cambio de régimen, que hoy no es posible, resultado
de un proceso constituyente participativo y democrático que tenga en
cuenta los deseos del pueblo soberano. Si luchamos en ese horizonte,
sin duda la forma política de ese nuevo Estado será la República
Democrática Federal sobre la base de los intereses de la clase
trabajadora, que ya propugnaron las constituciones republicanas.
Este
país tiene una deuda con una parte de su historia más reciente, con los
que lucharon por la República, con los que lucharon contra la
Dictadura, con los que lucharon por la Democracia. Nosotros que
conquistamos la Libertad, los Comunistas, lo conseguiremos.
David Arrabalí es Analista Político, miembro del Consejo de Redacción
de Mundo Obrero, Órgano Central del Partido Comunista de España (PCE),
y master en Materialismo Histórico y Teoría Crítica. Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 10/12/2008 - Modificar
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