Sección: Ecologismo, Movilidad y Soberanía AlimentariaTítulo: AFEMA Revista de Prensa ecología 16/11/04 Texto del artículo:
Indice de contenidos
1 Plataforma en Defensa del Tren Fins al Centre de Palma de Mallorca
15 de noviembre de 2004
Durant més de dos anys, el tren no arribarà al centre de Palma
2 “Estrella Digital”
15 de noviembre de 2004
Renfe Operadora apuesta por revitalizar el servicio del Ave con nuevos
trayectos y un plan comercial
3 “Estrella Digital”
15 de noviembre de 2004
ACS inicia las obras del tramo internacional ferroviario del Ave
Figueras-Perpignan
4 EL PAÍS - Andalucía
13 de noviembre de 2004
La Junta anuncia que en 2005 adjudicará los tres primeros tramos del tren de
la Costa del Sol
5 EL PAÍS - Andalucía
12 de noviembre de 2004
Los trenes en Jaén registran la mitad de ocupación que hace nueve años
6 EL PAÍS
15 de noviembre de 2004
Procesado por delito ecológico un ex alto cargo de Medio Ambiente de Murcia
7 “Levante”
15 de noviembre de 2004
El Gobierno niega que Narbona dijera que la desalación es la alternativa al
trasvase
8 EL PAÍS - C. Valenciana
15 de noviembre de 2004
El alcalde socialista de Xeraco ordena la paralización de los vertidos y los
aterramientos en el marjal
9 EL PAÍS - Andalucía
15 de noviembre de 2004
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir propone un acuerdo por el
agua
10 EL PAÍS
15 de noviembre de 2004
Los ecologistas piden que se declaren Parque Nacional las costas de
Fuerteventura
11 “El Periódico”
15 de noviembre de 2004
Barcelona opta a crear un mercado de derechos de emisión de gases
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Plataforma en Defensa del Tren Fins al Centre de Palma de Mallorca
15 de noviembre de 2004
Que no aturin el tren
Durant més de dos anys, el tren no arribarà al centre de Palma
Pretenen suprimir les sortides i arribades del tren a la plaça d’Espanya i
els trajectes fins a Son Fuster realitzar-los amb autocars, allargant el
temps dels trajectes en més de vint minuts.
La Conselleria de Transports i SFM, han aprovat un projecte desmesurat de
soterrament amb una estació intermodal, un corredor ferroviari amb quatre
vies de Son Fuster fins a la plaça d’espanya, una nova estació per a 30
autocars i un nou aparcament per a 400 cotxes.
Aquest projecte no respon a cap pla de transport públic de Mallorca, no s’ha
consensuat a cap àmbit tècnic, polític, o professional, no s’ha comparat
amb altres projectes possibles, no respon a cap demanda dels usuaris del
tren, ni dels ciutadans de Palma ni de Mallorca i no satisfà als propis
treballadors de SFM.
Les possibilitats de realitzar un projecte adaptat a les necessitats i
demandes futures i la possibilitat de no interrompre el trànsit ferroviari
fins a la plaça d’Espanya mentre durin les obres depenen de la voluntat
política del Govern Balear i de la Conselleria de Transports.
Per a reclamar més sensibilitat, més consens i la redacció d’un nou
projecte, convoquem:
Dissabte dia 20 de novembre de 2004
Marxa pel tren
a les 12h. a la parada del tren a Son Oliva
a les 13h. entre a l’estació de Palma i el carrer Marques de la Fontsanta.
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“Estrella Digital”
15 de noviembre de 2004
Renfe Operadora apuesta por revitalizar el servicio del Ave con nuevos
trayectos y un plan comercial
La compañía se adelantará a la liberalización y comenzará a operar como dos
empresas en diciembre, para corregir "posibles disfunciones"
La nueva Renfe Operadora prevé "revitalizar" el transporte ferroviario de
Alta Velocidad (Ave) mediante la explotación de nuevos trayectos entre
medias distancias, la puesta en servicio de nuevos trenes y el diseño de un
nuevo plan comercial. Así lo anunció el presidente de Renfe, José Salgueiro,
quien subrayó como "reto inmediato" de este negocio la puesta en servicio de
los trenes adquiridos para explotar la línea Madrid-Lérida, "aunque siempre
con las limitaciones de velocidad que impongan las condiciones de
explotación del corredor".
En una entrevista con la revista "Vía Libre", Salguerio apunta que este
hecho permitirá al Ave Madrid-Sevilla recuperar los dos trenes que trasladó
al Ave a Lleida y volver así a ofrecer su "máxima oferta de plazas". La
estrategia de la nueva Renfe para este servicio pasa también por comenzar a
prestar servicios de medias distancias en las líneas Ave, entre las que citó
la Córdoba-Sevilla, y por diseñar un nuevo plan comercial.
El plan será fruto de una "reflexión sobre las condiciones en que
actualmente está comercializando y gestionando el producto". "No podemos
perder la capacidad de innovación tanto tecnológica como comercial que el
Ave ha supuesto", aseguró Salgueiro.
Los proyectos forman parte de los planes estratégicos que la actual Renfe ha
diseñado para Renfe Operadora y el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif), las dos empresas en que se segregará el actual
monopolio ferroviario con motivo de la liberalización del sector de
transporte en tren a partir del próximo 1 de enero. La compañía presentará
los planes a los sindicatos esta semana.
En cuanto al transporte de mercancías, el primero que deberá enfrentarse la
libre competencia, la estrategia de Renfe Operadora pasa por "establecer
alianzas estratégicas con los grupos logísticos que organizan los grandes
flujos de mercancías".
Renfe también diseñará una "nueva estrategia" para el servicio de transporte
Regional "con el fin de rehabilitar de manera radical la calidad de este
segmento de transporte", que incluye el desarrollo de un nuevo tren
"adaptado a las condiciones de explotación de estos tráficos". Además, la
empresa articulará "un nuevo marco de relación con las comunidades autónomas
para responder a las demandas de movilidad regional o interregional del
territorio".
Para Grandes Líneas, el plan estratégico prevé la puesta en explotación de
nuevos trenes de ancho variable para los trayectos Madrid-Barcelona y
Madrid-Valencia y "la mejora de la puntualidad y fiabilidad, mientras que el
referido a Cercanías contempla la ampliación de la oferta y la mejora de
calidad.
Adelanto a la liberalización
El presidente de Renfe anunció también que la compañía se adelantará al
calendario de liberalización establecido y comenzará a operar como dos
empresas distintas en "las últimas semanas del año" con el fin de "encajar
las posibles disfunciones que puedan surgir" antes de que el 1 de enero
arranque la liberalización del sector.
Salgueiro aseguró en la entrevista que el proceso de adaptación de la
compañía al nuevo modelo liberalizado "transcurre en función de lo
previsto". Renfe ya acordó el pasado jueves reorganizar el actual monopolio
ferroviario en cinco nuevas direcciones generales operativas, como primer
paso para afrontar la liberalización.
El operador ferroviario quedó compuesto por la Dirección de Gestión de
Capacidad y Mantenimiento de Infraestructuras, la de Servicios a Operadores
Ferroviarios, la de Servicios de Transporte de Cercanías y Regionales, la de
Servicios de Transporte de Alta Velocidad, y la de Servicios de Mercancías y
Mantenimiento Integral de Trenes.
De esta forma, cuando Renfe se escinda en Renfe Operadora y Adif, este nuevo
titular y gestor de la red férrea asumirá la Dirección de Gestión de
Capacidad y Mantenimiento de Infraestructura, la de Prestación de Servicios
a Operadores Ferroviarias a Terceros y la de Desarrollo de Infraestructura.
Renfe Operadora, por su parte, se quedará con la Dirección de Servicios de
Transporte de Cercanías y Regionales, la de Servicios de Transporte de Alta
Velocidad y la de Transporte de Mercancías y Mantenimiento Integral de
Trenes.
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“Estrella Digital”
15 de noviembre de 2004
ACS inicia las obras del tramo internacional ferroviario del Ave
Figueras-Perpignan
La construcción del nuevo enlace tendrá un coste cercano a los 1.000
millones de euros y permitirá conectar España con Europa por alta velocidad
El grupo TP Ferro, integrado por ACS, Dragados y Eiffage, ha comenzado ya
las obras de la conexión ferroviaria del tramo internacional de alta
velocidad entre Figueras y Perpignan. El nuevo enlace ferroviario, de ancho
internacional y tráfico mixto de viajeros y mercancías, se inscribe en el
marco del tren de alta velocidad Sur-Europa, que permitirá la conexión de la
red española de alta velocidad con la red francesa. El plazo previsto para
la puesta en servicio es de 60 meses a partir de la firma del contrato.
Los gobiernos español y francés suscribieron el 10 de octubre de 1995 un
acuerdo para la construcción y explotación de dicho enlace ferroviario, en
régimen de concesión. El contrato se firmó el pasado 17 de febrero por el
Ministerio de Fomento, por el de Equipamiento francés y por el grupo
concesionario.
El coste de construcción previsto asciende a 952 millones de euros, sin
impuestos, y la longitud del tramo es de 44,4 kilómetros, incluyendo un
túnel de 8,3 kilómetros. Las obras que se inician ahora corresponden a la
galería de acceso intermedio y eventual tratamiento en el lado francés, y la
boca sur del túnel en el lado español.
Ambas actuaciones están ligadas a la construcción del túnel de Perthús. La
segunda de ellas deberá estar terminada cuando comience la instalación de
las tuneladoras, en la primavera del 2005. La primera deberá finalizar con
anterioridad a que dichas tuneladoras alcancen la zona de eventual
tratamiento.
El objetivo de las galerías será facilitar la construcción del túnel,
evitando posibles problemas al paso de las tuneladoras. Las obras han sido
contratadas por el concesionario a una agrupación constructora denominada
TEP formada por las empresas Cobra, Dragados, Eiffage TP y Forclum.
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EL PAÍS - Andalucía
13 de noviembre de 2004
La Junta anuncia que en 2005 adjudicará los tres primeros tramos del tren de
la Costa del Sol
Constituida la sociedad que construirá y explotará el metro de Málaga
D.N. - Málaga
La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, anunció ayer que su
departamento sacará a concurso en "los primeros meses" de 2005 los proyectos
de los tres primeros tramos del corredor ferroviario de la Costa del Sol
entre Rincón de la Victoria y San Pedro Alcántara. Gutiérrez presidió ayer
la constitución de la sociedad mixta que construirá y explotará las dos
primeras líneas del metro de Málaga entre nuevas críticas del alcalde,
Francisco de la Torre, quien se quejó de que la Junta ha incumplido la
promesa de incluir en ella a la Empresa Municipal de Transportes. El estudio
informativo del corredor ferroviario de la Costa del Sol que unirá Nerja y
Estepona, estimado en 2.281 millones de euros, ya tiene el estudio de
impacto ambiental terminado y se encuentra actualmente en fase de
adaptación.
Dada la alta ocupación del suelo en la zona, el 60% del trazado del tren irá
soterrado, y se ha localizado las estaciones en espacios de dominio público
por lo que según la consejera al no necesitarse expropiaciones los trámites
del proyecto podrán avanzar a un buen ritmo. En los primeros meses de 2005
saldrán a concurso los proyectos del tramo oriental entre Málaga y Torre de
Benagalbón, estimado en 253 millones de euros y conectará con la línea 3 del
metro en El Palo, y los occidentales entre Fuengirola y Marbella, por 791,7
millones, y Marbella-San Pedro Alcántara (340,5 millones de euros). La
consejera dijo también que la Junta mantiene negociaciones con el Ministerio
de Fomento para determinar la participación estatal en este ambicioso
proyecto.
La Junta y las empresas adjudicatarias constituyeron ayer la sociedad Metro
de Málaga S.A. que construirá y explotará las dos primeras líneas del
suburbano y desembolsaron el 25% de los 76.864.508 euros de capital social.
Otro 50% se aportará en un año y el resto antes de dos años. La sociedad
está participara por la empresa pública Giasa (25%), Fomento de
Construcciones y Contratas (26,7%), Sando (12,6%), Azvi (12,6%), Comsa
(11,1%) y Cajamar (0,75%). Las dos primeras entidades cuentan con dos
representantes el el consejo de administración, formado por ocho miembros.
Según la consejera, con este nuevo trámite se da un paso decisivo para el
proyecto. Antes del 8 de diciembre se debe firmar el contrato y las obras
comenzarán en el segundo semestre de 2005.
Arenas exige una ley de metros
El alcalde recordó que el 16 de enero de 2003, la consejera de Obras
Públicas se comprometió a dar entrada a la EMT con un 10% del accionariado y
dijo que ha incumplido su compromiso. La consejera sostiene que la
incorporación a la sociedad se producirá cuando concluyan las obras porque
en esta fase no es necesaria.
El presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, exigió ayer la elaboración
"urgente" de una ley específica para los metros andaluces que contemple,
entre otros aspectos, un modelo común de financiación en todos los casos.
Arenas consideró "una vergüenza que algunos que se consideran modernos y
progres apelen a leyes franquistas para la financiación de los metros,
cuando las competencias son de las comunidades autónomas".
Los alcaldes de Málaga, Francisco de la Torre, y de Granada, José Torres
Hurtado, y el portavoz del PP en Sevilla, Jorge Raynaud, firmaron el
manifiesto por los metros andaluces en tres actos repetidos en las tres
ciudades. En el documento se exige que la forma de financiación sea en los
tres casos idénticas. El PP rechaza que para el metro de Sevilla el Gobierno
central aporte el 50% de la inversión, como estipulaba la ley por la que se
formuló el primer proyecto en 1973, y que para Málaga y Granada sólo ponga
el 33%. La Junta insiste en que el esfuerzo económico de los ayuntamientos
será igual, 16%, porque en estas dos ciudades la Junta pondrá el 50% y el
Estado el 33%, proporciones inversas a la de Sevilla.
Arenas pidió también que los proyectos de metro sean dialogados y negociados
con los ayuntamientos y aseguró que es una "afrenta a Málaga" que el
Ayuntamiento no fuera ayer invitado al acto de constitución de la sociedad
que gestionará las dos primeras líneas y que no se haya incluido a la
empresa municipal de transportes en la misma.
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EL PAÍS - Andalucía
12 de noviembre de 2004
Los trenes en Jaén registran la mitad de ocupación que hace nueve años
GINÉS DONAIRE - Jaén
Los usuarios del ferrocarril en Jaén han descendido de forma constante desde
1995, en contraste con la evolución experimentada en Andalucía, donde la
cifra de usuarios pasó de 10 millones en el mismo ejercicio a 24 millones en
2002. Según la memoria socioeconómica del último año, presentada ayer por el
Consejo Económico y Social (CES) de la provincia, el número de viajeros que
han utilizado el ferrocarril en Jaén pasó de 465.000 a 220.000 entre 1995 y
2002.
Eso se ha notado también en el volumen de ingresos, pues hace nueve años
suponían el 7,5% de toda Andalucía y en 2002 sólo representaban el 2,3%. Un
descenso todavía mayor se experimentó en el transporte de mercancías.
"Estos datos no hacen sino revelar el deterioro de la situación del
ferrocarril en nuestra provincia, con el consiguiente impacto negativo,
tanto en el transporte de viajeros como de mercancías", se indica en el
informa del CES de Jaén, donde se lamenta que la red ferroviaria sólo se
haya incrementado en la última década en 30 kilómetros de vía sencilla que
se ha electrificado.
Más tiempo que en coche
Para el presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén,
Manuel Parras, la conexión por Alta Velocidad entre Jaén y Madrid,
actualmente en proyecto, debe complementarse con la mejora de las conexiones
entre Jaén y el resto de provincias andaluzas, puesto que en el informe se
admite que los tiempos de recorrido en tren desde Jaén a otras ciudades
andaluzas "son, en todos los casos, superiores a los del viaje por
carretera".
Además, el CES plantea que en el horizonte de dos años debe mejorarse la
calidad de los trenes que acceden a Jaén así como la frecuencia de salida y
de llegada de los servicios a Sevilla y Madrid (consideran necesarias al
menos cinco llegadas y cinco salidas) y la mejora de las vías que unen Jaén
con Espeluy.
El progresivo desmantelamiento de la red ferroviaria de la provincia es una
de las principales sombras que destaca el CES en su memoria sobre la
situación socioeconómica y laboral de la provincia del año 2003.
En el mismo se alude a la importante brecha existente entre la economía
provincial y la convergencia europea. Así, en el año 2000, el Producto
Interior Bruto (PIB) por habitante de Jaén estaba casi 40 puntos por debajo
de la media de la Unión Europea, algo más de un punto por debajo de la media
andaluza y cerca de 25 puntos por debajo de la media nacional.
Con todo, el año 2003 arrojó indicadores positivos, con 9.200 nuevos
ocupados (el 90% de ellos mujeres), un crecimiento del 3,4% en las
afiliaciones a la Seguridad Social, un descenso del desempleo del 7,3%. La
agricultura siguió tirando de la economía provincial, pues en la industria
se produjo un descenso en la ocupación del 9,56%.
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EL PAÍS
15 de noviembre de 2004
Procesado por delito ecológico un ex alto cargo de Medio Ambiente de Murcia
TONO CALLEJA - Murcia
El ex director general del Medio Natural de la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente de Murcia Carlos Brugarolas, que cesó en su cargo hace
tres meses, ha sido procesado por un juzgado de Cieza por un presunto delito
de prevaricación y otro contra el medio ambiente, según el auto del juez. En
el mismo caso aparece procesado por los mismos delitos el técnico del
Ayuntamiento de Cieza (PP) Federico Rubio, y el presidente de la Junta de
Usuarios del Norte de la Vega del Segura, Isidoro Ruiz, imputado por un
delito contra el medio ambiente.
Según Rubén Vives, de Ecologistas en Acción de Murcia, que actúa como
portavoz de la asociación que está personada en la causa como acusación
popular, los hechos se remontan a 1999, cuando se inició un plan de
modernización de regadíos en el municipio murciano de Cieza, situado al
norte de la comunidad. En 2000 comenzaron las obras de construcción de los
embalses de riego. Según consta en la denuncia de Ecologistas en Acción,
siete se construyeron en montes catalogados de utilidad pública, mientras
que en la evaluación de impacto ambiental se decía expresamente que debían
ubicarse en zonas de cultivo.
Cuando comenzaron las obras de los embalses, la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente inició un expediente sancionador contra la comunidad de
regantes que las había emprendido, que era la del Norte del Segura. En
septiembre de 2001, agentes del Servicio para la Protección de la Naturaleza
(Seprona) de la Guardia Civil, denunciaron que se estaban construyendo esos
embalses sin la autorización pertinente. Meses después, y sin que se hubiera
resuelto el expediente sancionador, los regantes pidieron autorización para
dejar los embalses en los mismos espacios. La Dirección de Medio Natural,
que también inició el expediente de recalificación de 100 hectáreas del
Parque de Calblanque, rechazado por la Comisión Europea, dio entonces su
visto bueno contradiciendo la evaluación de impacto ambiental.
Transgresiones
Los responsables de Medio Ambiente de Murcia consideraron entonces que los
terrenos sí que eran de cultivos, en contra de los informes del Seprona.
Para demostrarlo, se apoyaron en un informe elaborado por el técnico del
Ayuntamiento de Cieza. En dicho documento municipal, el funcionario
aseguraba que eran terrenos de cultivo y que el proyecto cumplía con todos
los requisitos incluidos en el estudio de impacto ambiental.
Los ecologistas denunciaron que para construir uno de los embalses, situado
en la sierra de Benís, incluso se talaron árboles, pese a estar prohibido.
Según la denuncia, la Guardia Civil constató que se incumplían las
condiciones técnicas en las obras, y la capacidad de los embalses "era
bastante superior a la proyectada inicialmente".
Carlos Brugarolas manifestó ayer al diario La Opinión que todas las
actuaciones "se encuentran dentro de la legalidad" y que "la denuncia no es
otra cosa que el producto de un berrinche de los ecologistas, que estaban en
contra de la modernización de los regadíos, que suponen un ahorro de agua".
Añadió que, cuando concluyan las diligencias, no descarta iniciar acciones
legales contra Ecologistas en Acción.
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“Levante”
15 de noviembre de 2004
El Gobierno niega que Narbona dijera que la desalación es la alternativa al
trasvase
Recuerda que otros ministros del PP inauguraron plantas como la de Alicante
Europa Press, Sevilla
El Gobierno central ha asegurado que la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, «nunca ha afirmado ni que la desalación es la alternativa a los
trasvases ni que sea la panacea para resolver los problemas del agua».
En una respuesta parlamentaria, requerido por su opinión sobre si los
problemas que genera el funcionamiento de las desaladoras de Palomeras y
Carboneras (Almería) avalan la política de desalación como alternativa a los
trasvases, la Administración ha sentenciado que «la ministra tiene el mismo
grado de convencimiento sobre la bondad de las desaladoras que el expresado
por anteriores ministros de Medio Ambiente».
Así, recordó que los anteriores responsables del departamento «pusieron en
marcha desaladoras como la de Carboneras, anunciada como la mayor de Europa,
o bien las inauguraron, como la desaladora de Alicante, en compañía del
presidente de la Comunidad Autónoma».
Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) ha explicado que «no
tiene nada que ver la política de desalación con temas puntuales de
incumplimiento de unas condiciones de vertido». De esta manera, ha subrayado
que «los vertidos deberán cumplir los requisitos medioambientales que se les
exija por parte de la autoridad competente, en este caso, la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta».
Carboneras
Por ello, aseveró que la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Sur,
organismo del MMA, «no ha recibido en ningún momento, denuncia alguna en
relación con la desaladora de Carboneras». En este sentido, concluye que las
pruebas en esta instalación «han sido totalmente satisfactorias y van a
permitir paliar el déficit hídrico de una amplia zona de Almería, lo que
demuestra su validez como fórmula de creación de nuevas fuentes de
abastecimiento».
Finalmente, la respuesta del Ejecutivo criticó que «no se pueda afirmar lo
mismo de la notable desviación de costes de la citada desaladora,
responsabilidad de gobiernos anteriores, ni de las imprecisiones para su
funcionamiento efectivo».
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EL PAÍS - C. Valenciana
15 de noviembre de 2004
El alcalde socialista de Xeraco ordena la paralización de los vertidos y los
aterramientos en el marjal
EVA BATALLA - Gandia
El alcalde de Xeraco, el socialista Ferran Bofí, decidió el jueves
intervenir ante el abocamiento de residuos inertes en el marjal del
municipio, y ordenó la paralización de los vertidos. La medida será efectiva
a partir de hoy, lunes, y la Policía Local vigilará que no se produzcan
nuevos aterramientos. Además, el Ayuntamiento abrirá un expediente contra el
propietario de la finca donde se estaban realizando los vertidos, La
Roqueta, ante la posibilidad de que estuviera cometiendo una infracción al
realizar movimientos de tierra sin licencia municipal. El informe será
remitido a la Generalitat.
Con esta decisión, el primer edil de Xeraco da marcha a atrás a la postura
que había mantenido los últimos días, después de que el grupo municipal del
Bloc denunciara que el Consistorio estaba permitiendo transformaciones en el
espacio protegido del marjal. Bofí salió al paso de las críticas de los
nacionalistas, y sostenía que en la finca afectada se estaba realizando "un
alzamiento" de tierras en zona cultivable y no "aterramientos"
incontrolados. Por ello, no consideraba que la actuación mereciera tramitar
una sanción municipal contra el propietario de los terrenos.
El argumento del alcalde chocaba con la versión del Bloc, que asegura que el
gobierno socialista conocía desde el año 2001 que camiones vertían a diario
material de todo tipo, sobre todo procedente de obras, en el humedal. Los
nacionalistas presentaron documentación gráfica y varias denuncias de
particulares, del Seprona, de grupos ecologistas (como Ecologistas en
Acció-Samaruc), y del Síndic de Greuges formuladas en los últimos cuatro
años ante el Ayuntamiento y que alertaban de los aterramientos.
La Generalitat también intervino y abrió dos expedientes sancionadores al
propietario de la finca transformada. La semana pasada, la Consejería de
Territorio y Vivienda decidió remitir un informe a la Fiscalía de Medio
Ambiente para que actúe ante la posible existencia de una infracción contra
la protección del paraje protegido del marjal, incluido en el Catálogo de
Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.
El secretario del PSPV en la Safor, Alfredo Boix, se sumó a la defensa de la
actuación del alcalde socialista. Boix acusó a los nacionalistas de realizar
una crítica política "radical y demagógica" con el fin de "desacreditar al
alcalde". El representante comarcal socialista aseguró que el primer edil de
Xeraco ha actuado "con diligencia y seriedad" ante las denuncias sobre
transformaciones en el marjal.
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EL PAÍS - Andalucía
15 de noviembre de 2004
CRONICA EN VERDE
Cauces transparentes
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir propone un acuerdo por el
agua
JOSÉ MARÍA MONTERO - Sevilla
La nueva cultura del agua, cuyos planteamientos estaban reservados hasta
hace poco al movimiento ecologista y a aquellos sectores más comprometidos
de la Universidad o los centros de investigación, ha terminado por empapar a
algunos de los organismos que mayor resistencia oponía a esta corriente de
pensamiento. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no sólo ha
incorporado algunos de los planteamientos que apuestan por un
aprovechamiento más sostenible de este recurso limitado sino que, incluso,
trata ahora de romper con una larga tradición de opacidad informativa, en la
que tenían difícil cabida el diálogo y el consenso.
Desde el pasado lunes, y después de haberlo sometido a la opinión del
Consejo Andaluz del Agua, cualquier ciudadano puede consultar en la web de
la confederación (www.chguadalquivir.es) el documento con el que este
organismo trata de promover un gran acuerdo en torno al agua en la principal
cuenca andaluza. A lo largo de una docena de páginas se establece un
diagnóstico de la situación actual y se proponen diversas soluciones a
diferentes problemas, invitando a los lectores a que incorporen las
sugerencias que crean necesarias.
La propuesta parte del convencimiento de que la solución a los problemas que
giran en torno al aprovechamiento del agua "no se encuentra en el ámbito
puramente hidráulico, sino en el más amplio de la política territorial, en
el marco del desarrollo rural, con criterios económicos y sociales y en
estrecha colaboración con la administración autonómica". De esta manera se
admite, al fin, que estamos en los últimos momentos de una etapa histórica
en la que el déficit de agua tan sólo se ha venido resolviendo mediante
planes de infraestructuras de regulación y trasvase, como si estos elementos
fueran capaces de proporcionar recursos ilimitados.
La regulación superficial en la cuenca del Guadalquivir se sitúa en torno al
45% de los recursos hídricos naturales, por lo que no parece razonable, a
juicio de la confederación, acometer la construcción de nuevas presas de
cierta entidad. Tan sólo se admite la incorporación de La Breña y Arenoso,
y, en determinadas circunstancias justificadas, la de Siles. Tampoco debería
incrementarse el aprovechamiento de los recursos subterráneos, ya que
numerosos acuíferos se explotan por encima de sus posibilidades de recarga,
retirando cantidades cercanas, e incluso superiores, al 50% de sus recursos
renovables.
En el documento se propone limitar la demanda de los regadíos y establecer
medidas de ahorro, entre las que se citan el fomento en el uso de aguas
recicladas, la modernización de las redes de abastecimiento urbano y
agrícola, la correcta medición de los consumos o la limitación en el
aprovechamiento de especies vegetales que demanden grandes cantidades de
agua.
Como se venía reclamando desde los colectivos conservacionistas, el agua,
defiende el documento, no puede separarse de los ecosistemas acuáticos a
ella asociados, de tal manera que la gestión del recurso debe incorporar las
necesarias cautelas ambientales. En situaciones de sequía, por ejemplo, se
admite que además de garantizar las demandas básicas deben tratar de
reducirse los efectos ambientales adversos, contemplando ambos factores en
un plan de gestión de este tipo de situaciones, ciertamente frecuentes en la
comunidad andaluza.
También se proponen diferentes mecanismos para garantizar la correcta
depuración de las aguas residuales que se vierten a los cauces, ya que en la
actualidad el 30% de los municipios de entre 15.000 y 100.000 habitantes
carecen de plantas depuradoras, mientras que un buen número de instalaciones
de este tipo registran un mal funcionamiento. A este aporte de residuos se
une la contaminación difusa causada por malas prácticas agrícolas, cuyo
efecto más grave es la presencia de diferentes sustancias químicas (abonos y
productos fitosanitarios) en las aguas superficiales y subterráneas.
Más allá del clásico principio de "quien contamina paga", la confederación
propone uno más ambicioso por el que "quien genere distorsiones o problemas
de cualquier índole en la gestión del agua pague, a fin de compensar al
resto de usuarios y a la sociedad en general". Estos buenos propósitos, sin
embargo, no podrán materializarse si este organismo no mejora sus mecanismos
de vigilancia y control.
Entre otros instrumentos novedosos, el acuerdo que ahora se somete a la
opinión de los ciudadanos propone la creación de bancos públicos del agua,
donde atesorar este recurso para emplearlo en los usos más beneficiosos,
comunidades de usuarios, capaces de autorregularse en el aprovechamiento de
los acuíferos, o redes de control diseñadas para proporcionar información
sobre el conjunto de recursos de la cuenca, ya sean superficiales o
subterráneos.
De dominio público
El análisis de la CHG no oculta la degradación del dominio público
hidráulico, considerando éste como algo más que "un simple canal que
transporta agua". La invasión de los cauces, la minería a cielo abierto, las
escombreras, las alteraciones de los lechos fluviales, la pérdida de las
funciones ecológicas de ríos y humedales o la irregularidad de los caudales
de mantenimiento de estos ecosistemas, son algunos de los problemas que se
apuntan en lo que se refiere a la destrucción de este patrimonio común.
Esta es una de las principales preocupaciones de Ecologistas en Acción, que
ya en junio solicitó a la ministra de Medio Ambiente un esfuerzo decidido en
la protección del dominio público hidráulico. Aún cuando la actual
legislación ampara este afán conservacionista, este colectivo estima que son
más de 40.000 las construcciones ilegales que, en toda España, se levantan
dentro de los cauces o en sus inmediatas zonas de influencia, y la cifra no
para de crecer.
De estas construcciones, afirman los ecologistas, "la mayoría son viviendas,
aunque también existen un buen número de campings, polideportivos e,
incluso, colegios".
Ecologistas en Acción propone que, en el plazo de dos años, concluya el
deslinde de la totalidad del dominio público hidráulico, y que en cinco años
se eliminen todas las construcciones existentes en estas zonas, procediendo
a la restauración ambiental de las mismas, La Guardia Civil, por último,
debería intensificar la vigilancia en estos terrenos de manera que se
paralicen las obras ilegales y se impongan las oportunas sanciones.
Un paso más en la conservación de estos espacios sería la creación de
reservas fluviales en todos aquellos tramos de ríos "con escasa o nula
intervención humana”.
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EL PAÍS - Sociedad
15 de noviembre de 2004
Los ecologistas piden que se declaren Parque Nacional las costas de
Fuerteventura
S. MENÉNDEZ - Fuerteventura
Las organizaciones ecologistas internacionales radicadas en España,
Greenpeace, WWF/Adena, SEO/BirdLife, así como Ecologistas en Acción, han
pedido al Ministerio de Medio Ambiente que se declare Parque Nacional, de
forma urgente, el norte, oeste y sur de Fuerteventura, en representación de
un hábitat de espacios semiáridos y de costas atlánticas de la Macaronesia.
Pretenden preservar este territorio, que aún se mantiene virgen, de los
planes urbanísticos. La iniciativa partió de la plataforma local Salvar El
Cotillo, y el pleno del Cabildo Insular aprobó en agosto con el apoyo de
todos los partidos la propuesta, a la que se ha sumado también el Foro
Universitario y las dos universidades canarias.
La costa norte y oeste de Fuerteventura fue elegida por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza para tratar de recuperar
la foca monje -una de las especies más amenazadas del planeta. Las zonas
semiáridas de Fuerteventura son el lugar del mundo con más densidad de
machos de avutarda hubara y la única zona de la UE donde vive otra ave
peculiar, el corredor sahariano; también se encuentra la tarabilla canaria y
cuenta con la mayor población de la subespecie de alimoche canario (el
guirre), entre otras aves amenazadas.
Los litorales norte, oeste y sur de Fuerteventura están prácticamente
intactos; sus playas de dunas móviles, saladares y acantilados volcánicos
son de gran belleza y biodiversidad. A pesar de ello, es la isla con menos
territorio protegido de todo Canarias.
Algunos de los lugares descritos están situados en un municipio donde en la
anterior legislatura se aprobaron hasta 31 planes urbanísticos, algunos con
permisos irregulares, según los ecologistas.
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“El Periódico”
15 de noviembre de 2004
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LAS DIRECTIVAS MEDIOAMBIENTALES EUROPEAS
Barcelona opta a crear un mercado de derechos de emisión de gases
• La bolsa y un grupo de empresas presentarán la candidatura al Gobierno
para operar en el 2005
• Los promotores, apoyados por el Govern, quieren conseguir negocio del sur
de Europa
AGUSTÍ SALA
BARCELONA
La Bolsa de Barcelona y las fundaciones Fòrum Ambiental y Fundació Barcelona
Digital presentarán al Gobierno la candidatura de Barcelona como sede del
mercado de derechos de emisión de CO2 (dióxido de carbono) que deberá
funcionar a partir de enero. En las fundaciones, además de las
administraciones catalanas, figuran empresas como Gas Natural, Ros Roca,
Fomento de Construcciones y Contratas, Ferrovial, el grupo Aguas de
Barcelona y La Caixa.
La iniciativa, que tiene el apoyo de la Conselleria de Economia y la de Medi
Ambient, nace con el objetivo de canalizar las contrataciones de derechos de
emisión que las eléctricas e industrias emisoras de gases deberán comprar y
vender para ajustarse a los planes de asignación de emisiones de cada país
de la Unión Europea (UE) para cumplir con el protocolo medioambiental de
Kioto a partir de enero. Además de las empresas en Catalunya y otras
comunidades, los promotores del proyecto pretenden captar negocio
esencialmente del sur de Europa, según el director general de Política
Financiera de la Generalitat, Miquel Salazar. En una segunda etapa, no se
descarta atraer negocio de Latinoamérica.
FUNDACIÓN O SOCIEDAD
De las 1.066 instalaciones industriales (centrales eléctricas, plantas
productoras de cemento, pasta y papel, vidrio, ladrillos, azulejos y
refinerías, entre otras) incluidas en el listado provisional elaborado por
el Ministerio de Medio Ambiente dentro del plan de asignación de emisiones
para el periodo 2005-2007, unas 180 se encuentran en Catalunya, destaca el
Govern. En conjunto, en la UE el cupo de emisiones afecta a 12.000
instalaciones industriales de los 25 países miembros. Bruselas ha aprobado
por ahora por completo o de forma condicionada 16 planes nacionales. El plan
español está pendiente de aprobación.
En los próximos días, los promotores del nuevo mercado decidirán si apuestan
por estructurar el proyecto como fundación o como sociedad anónima, según
explica Salazar. La Bolsa de Barcelona dispone del espacio físico y los
medios para desarrollar una plataforma tecnológica adecuada para alojar este
mercado, según el director general de Política Financiera de la Generalitat.
El proyecto comenzó a fraguarse a mediados de septiembre después de que el
presidente de la bolsa, Joan Hortalà, le propusiera la idea al conseller de
Economia, Antoni Castells, según este departamento. Desde entonces, la
Administración, a través de Economia y con el apoyo de la Conselleria de
Medi Ambient, ha dado soporte técnico al proyecto para atraer una actividad
de valor añadido hacia la capital catalana. Para la bolsa, esta iniciativa
supone aumentar actividad y negocio.
En una primera fase, las industrias negociarán la compraventa de derechos de
forma bilateral, pero, a medida que se avance, tenderán a utilizar mercados
organizados, se-
gún las previsiones. De hecho, ya existen iniciativas para ello en otros
países europeos. Algunos expertos estiman que esta actividad moverá unos
10.000 millones de euros en el 2007 (1,7 billones de pesetas).
Además de este mercado, el Gobierno deberá aprobar también un registro de
emisiones, que tiene que estar en funcionamiento en las próximas semanas.
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