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Título: Carta abierta a los firmantes del Acuerdo de Estabilidad de Caja Madrid suscrito por IU-CM

Texto del artículo:

Carta abierta a los firmantes del "Acuerdo de Estabilidad de Caja Madrid" suscrito
por IU-CM.


La pasada semana algunos miembros de la Ejecutiva de IU-CM nos enteramos por los
medios de comunicación -ni siquiera a través de nuestra portavoz o de algunos de los
instrumentos de comunicación interna de IU-CM-, del acuerdo suscrito, suponemos,
por el coordinador de IU-CM. En un comunicado que no viene firmado por nadie, se
nos dice que IU-CM lo ha suscrito porque 'garantiza la pluralidad de los órganos de
gobierno'.


Alaba, dicho anónimo, los principales aspectos del acuerdo: Garantiza la naturaleza
jurídica de Caja Madrid e impide su privatización; incrementa los recursos
destinados a la Obra Social; garantiza los créditos a familias y PYMES; garantiza
los derechos de los trabajadores en un momento de especial incertidumbre del mercado
financiero; garantiza la pluralidad de los órganos de gobierno; incentiva el
consenso y el acuerdo en el funcionamiento de los mismos; mejora la calidad del
servicio a los clientes; facilita la participación en los procesos electorales y
mejora la representación de organizaciones e instituciones en la Asamblea General;
incorpora la política laboral a los planes estratégicos de Caja Madrid.


Todo ello sin detallar los mecanismos y controles de que se dotarán los firmantes
para hacer efectivas dichas garantías; para evitar la privatización de la
institución y mejorar la calidad del servicio y la participación; o aún sin explicar
en qué consiste "incorporar política laboral a los planes estratégicos", (como si la
política laboral no fuese un aspecto connatural a cualquier plan o proyecto
estratégico de carácter económico, sea de izquierdas o de derechas).


Se dice que el Acuerdo contribuirá de forma determinante a la estabilidad de la
Caja, pero ¿quién garantiza que la necesaria "estabilidad" de Caja Madrid será
interpretada por todos igual y, por tanto, para todos signifique conservar los
puestos de sus trabajadores, mejorar el servicio a los clientes, y evitar la temida
privatización, aún si fueran estos sus únicos cometidos? Las palabras que se repiten
en todo el texto son: asumimos, valoramos, consideramos, etc., que no se traducen
en obligaciones reales adecuadas al momento que vivimos, (como por ejemplo serían:
reduciremos en tanto % el coste de las hipotecas; duplicaremos el porcentaje a
invertir en Obra Social; crearemos un fondo de financiación para autónomos y PYMES
de tantos millones de euros; ampliaremos la plantilla de la Caja en tantos puestos
de trabajo; crearemos un ámbito participativo de control ciudadano de la entidad,
etc.), con la única concreción en el punto 13, que compromete a elevar de doce a
trece el número de vicepresidentes del consejo de administración y de nueve a once
los miembros de la Comisión ejecutiva, todos ellos pagados espléndidamente a través
de las consabidas dietas de carácter reservado.

También se dice que el Acuerdo evita el control político de la Comunidad de Madrid y
su Presidenta sobre los órganos de gobierno y desbarata la voluntad del PSOE de
imponer la lógica bipartidista en dichos órganos, con la marginación de Izquierda
Unida. Sobre estos dos aspectos el comunicado no aporta ningún dato, pues no sabemos
de qué manera se evitará el control político que la mayoría más ultraderechista del
PP mantendrá, en su virtud, en la dirección de la Caja, ni qué se espera alcanzar
con los llamados consensos no bipartidistas. Como si todo se resolviera gracias a la
inclusión de una cláusula "milagrosa" que supuestamente, según los dicentes, permite
"no apoyar" al presidente de la entidad que sea propuesto por el partido ganador (en
este caso el PP de Esperanza Aguirre), algo que ni siquiera esta escrito en
términos tan voluntariosos.

Finalmente, se afirma que en virtud del Acuerdo IU-CM "asume y renueva los acuerdos
suscritos anteriormente, que garantiza la pluralidad en los órganos de gobierno, y
una vez que se han retirado los apartados más polémicos del proyecto de reforma de
la Ley de Cajas". Aquí cabe preguntarse ¿Qué acuerdos suscritos anteriormente? ¿Y
cuáles son los polémicos apartados del proyecto de reforma de la Ley de Cajas que se
han retirado?

Si analizamos el texto del acuerdo NO encontramos el aspecto de fondo y decisivo que
le impediría al gobierno regional imponer su política en la Caja, ostentando una
cómoda mayoría de gobierno. O acaso los firmantes, ingenuamente esperan que la
ultraderecha, ahora representada por Esperanza Aguirre, haciendo caso de este
"papelito", imprimirá un carácter más social a la Caja, ampliará y defenderá los
derechos de sus trabajadores, bajará el precio de las hipotecas y, abandonando su
consabida voracidad neoliberal y privatizadora -y su programa electoral- dejará de
intentar, el mes que viene o el siguiente, y durante los próximos seis años,
utilizar a la entidad como base y lanzadera financiera para sus ya iniciados
proyectos privatizadores de la sanidad, la salud, el agua, la TV, y otros servicios
públicos madrileños, privatizando también, si hiciera falta, la propia Caja de
Ahorros? En suma, se vierten alabanzas a un acuerdo sin justificar, ni fundamentar,
ni detallar nada de lo que se dice conseguir.

Cuando se firmó el pacto del PSOE, UGT y CCOO-Madrid con el PP (3 ó 4 años atrás),
que desalojaba a un representante de IU y a otro de Comfía-CCOO del Consejo de
Administración, en beneficio de PSOE, UGT (no excesivamente representado en Caja
Madrid), y de la permanencia de CCOO-Madrid en una vicepresidencia, la dirección de
IU-CM se extendió en críticas sobre las formas y contenidos de aquel pacto,
manteniendo que los acuerdos se habían sucedido a lo largo de los años con el
objetivo de defender la naturaleza jurídica de la Caja y la toma de acuerdos, bajo
el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales representadas en la Asamblea y
en el Consejo de Administración. Entendíamos dicha posición crítica porque,
entonces, lo que supuestamente nos diferenciaba de cualquier otro partido tenía que
ver también con las formas y los métodos de hacer política, que desde luego no
consisten en el oportunismo, el ocultamiento y el reparto de poder en el seno de la
Caja, escondidos, todos estos, tras el manido argumento de "la pluralidad".

Nuestro derecho a pertenecer al Consejo de Administración de Caja Madrid está ligado
principalmente, y así se menciona en varios de nuestros programas electorales, a la
posibilidad real de incidir en la entidad, para reconducirla e incluso trasformarla
en un instrumento útil a la economía social que preconizamos, potenciando su
naturaleza jurídico social, democratizando la representación de los municipios en su
dirección, y extendiendo y efectuando su compromiso con la clase trabajadora,
ampliando y controlando la actual aportación del beneficio dedicado a la obra
social, así como creando ámbitos eficaces de participación de sus trabajadores en la
gestión. Nada de esto se garantiza en el acuerdo firmado, que más bien parece una
declaración de buenas intenciones, o un brindis al sol en época de crisis, y que en
la práctica, como bien dicen en CCOO de Madrid, a falta de medidas y concreciones
urgentes, supone reproducir acuerdos anteriores que no garantizaban el consenso
general, ni la estabilidad de la Caja. Por el contrario, lo que sí objetiviza es que
IU, lejos de no contar para nada, pudo llegar a ser tan "útil" al gobierno de
Esperanza Aguirre (que ve así justificado y legitimado el conflicto creado con la
modificación de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid), como inútil e
inexistente será el beneficio económico, electoral y político que nos reportará el
vicepresidente de la Caja elegido en nuestra representación.

Por si esto fuera poco, el Acuerdo ha sido anunciado en los términos vagos e
imprecisos de un comunicado anónimo, pues ninguno de los miembros de la ejecutiva
que suscribimos esta carta estábamos enterados de que se estaba negociando el
acuerdo y mucho menos del alcance de su contenido, habiendo tenido, como se tuvo, en
la primera y única reunión de la Ejecutiva de IU-CM del pasado mes de mayo, la
oportunidad de discutirlo. Sin embargo, a pesar de toda esta desinformación hay
diputados regionales que se atreven públicamente a afirmar: El acuerdo firmado por
IUCM "es un pacto con muchos riesgos para nosotros. Pero, preferimos asumirlos". Y
ante esta descarada afirmación, nos vemos obligados a plantear de nuevo el problema
de los métodos antidemocráticos de quienes representan actualmente la mayoría de
IU-CM: ¿Quién ha decidido asumir esos riesgos? ¿Alguien ha hecho un llamado a la
intervención documentada y democrática de los miembros de los órganos de dirección
para discutir el contenido del acuerdo? ¿En qué órgano se han discutido o aprobado?
¿En el CPR? ¿En la Presidencia? ¿En la Ejecutiva?

Ni siquiera se ha tenido en cuenta la política de alianzas, seguida hasta hace poco,
de oposición frontal a Aguirre, aunando esfuerzos con el PSOE (cuando estos
oportunamente se terciaban), para echarle abajo sus políticas ultraderechistas. Por
sorpresa, sin que medie ningún actividad política que lo anticipe, se margina al
PSOE (con las consecuencias que esto nos derivará en todo en Estado) y se desprecia
o se ignora la opinión de aliados naturales y necesarios en la región, en estos
momentos de sequía de votos, como puede ser la de la Unión de CCOO de Madrid, que
incluso llega a afirmar: "En una situación económica como la actual, en la que el
sistema financiero se encuentra seriamente cuestionado y ante la necesidad de
abordar un nuevo modelo productivo, parece esencial, restablecer el más amplio
consenso de las fuerzas políticas y sociales que participan en los órganos de
gobierno de Caja Madrid. Muchas empresas y familias dependen de este consenso, que
no facilita en absoluto el acuerdo suscrito."

Y si bien es cierto que IU, obrando con independencia, debe defender su posición sin
darle explicaciones al PSOE o a CCOO de Madrid, no es menos cierto que la dirección
IU-CM no es presidencialista, ni personal, sino colegiada y democrática y, por
tanto, toda decisión de esta envergadura debe ser adoptada y legitimada
colegiadamente, en coherencia con nuestros discursos, con nuestros programas, e
incluso con nuestros estatutos.

Por todo ello, creemos que con esta decisión abusiva y antidemocrática lejos de
garantizar una situación de estabilidad para Caja Madrid, o de frenar la voracidad
privatizadora y neoliberal del Gobierno de Madrid, o de transformar su voluntad
ideológica, política y programática, y a salvo de obtener, por nuestra parte, una
representatividad decisiva en un órgano de poder tan importante, lo único que se ha
logrado con esta acción irresponsable y oscura, es una sumatoria de consecuencias
desastrosas para nuestra organización: Traicionar una vez más a los militantes, que
no encuentran explicaciones legítimas a este acuerdo, ni en nuestros documentos
políticos, ni, mucho menos, en nuestros programas electorales. Menospreciar y burlar
a los miembros de sus órganos colegiados, contribuyendo a profundizar la
desestabilización de IU; y lo que es más grave, aumentar el desencanto de nuestros
votantes, que no ven ninguna coherencia en esta forma de hacer política con
nuestras propuestas alternativas, democráticas, económicas y sociales, al servir en
bandeja a los medios de comunicación el siguiente titular: "Izquierda Unida entrega
el poder en Caja Madrid a Esperanza Aguirre".

Liliana Pineda

Miembro de la Presidencia Ejecutiva de IU-CM

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