Sección: CC.OO.Título: CONSIDERACIONES de COMFIA SOBRE EL ACUERDO DE ESTABILIDAD EN CAJA MADRID- Enlace 1 Texto del artículo:
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CONSIDERACIONES SOBRE EL ACUERDO DE ESTABILIDAD EN CAJA MADRID
Este acuerdo trasciende de la propia entidad. Por una parte tenemos la responsabilidad y la oportunidad de estabilizar institucionalmente la cuarta entidad financiera española, que debe ser una solución y no un problema de cara al proceso de reestructuración del sector financiero que se avecina.
Es necesario hacerlo desde la defensa del modelo de cajas, puesto en cuestión por la situación económica y, también, por episodios como el que sucede en Caja Madrid.
Y, por último, recoge un elemento sindical de primer orden: compromiso de acuerdo laboral ante cualquier proceso de integración, fusión o absorción.
CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO:
1)Devuelve la estabilidad institucional perdida y certifica la rectificación del Gobierno de la Comunidad de Madrid que, obligada a retirar de la ley aspectos susceptibles de inconstitucionalidad, regresa a un acuerdo que rompió unilateralmente.
2)Introduce aspectos laborales que nos proporcionan herramientas en un momento en el que se avecina una reestructuración del sector:
Compromiso de acordar protocolos de garantías laborales en caso de reestructuración (fusiones, absorciones, etc.).
Mayor participación sindical, a través de la RSE, en concreto será preceptivo que las memorias anuales cuenten con un informe de la representación laboral.
Compromisos de desarrollo de acuerdos laborales futuros.
En cuanto a la recuperación del “sosiego” institucional y los contenidos de anteriores acuerdos, hay que destacar:
Apoya formalmente la defensa de la naturaleza jurídica de las cajas. (Recordar las declaraciones del Consejero de Hacienda a favor de la privatización).
Da continuidad a los de 1996, 2001 y 2006, poniendo especial énfasis en las líneas estratégicas del negocio y en la banca de cercanía a ahorradores modestos y Pymes.
Da estabilidad, al aglutinar una mayoría suficiente en los órganos de gobierno para adoptar políticas, estrategias y decisiones en la Caja. Esto es fundamental también en estos momentos, abocados como estamos a una reestructuración del sector.
Es integrador, pues:
Todos sus contenidos pueden ser suscritos por todas las organizaciones presentes en Caja Madrid.
Habilita tres vicepresidencias (una más de las dos actuales) y amplía en dos puestos más la Comisión Ejecutiva, lo que facilita la inclusión de quienes se habían autoexcluido en 2003. Es decir, facilita la inclusión de otras partes. (Hay que recordar que dicha autoexclusión se produjo cuando los consejeros socialistas renunciaron a estar presentes en una Comisión Ejecutiva bajo la excusa formal de la presencia en la misma del consejero Ricardo Romero de Tejada. Estábamos en septiembre de 2003, inmediatamente después del “tamayazo” y el PSM había pasado ya página y no estaba en clave de consenso).
Y, finalmente, establece la necesidad de consenso para la designación de la Presidencia:
La iniciativa de propuesta le corresponda, como siempre ha sido, al grupo mayoritario en los órganos de gobierno, hoy por hoy al Partido Popular.
El resto tenemos la capacidad de valorar la adecuación de la propuesta, y apoyarla si así se considera.
Varias consid
eraciones a este respecto sobre lo mucho que se ha dicho, se ha escrito… y se escribirá:
Este acuerdo no supone la sustitución de Miguel Blesa (es más, quizá fuera la única posibilidad de la que dispone, porque lo que si es evidente es que ni Comunidad ni PSM estarían por renovarle)
Al PP le corresponde la iniciativa no porque gobierne en la Comunidad (como estarían de acuerdo tanto el Gobierno de la Comunidad como el PSM) sino porque, además de tener mayoría tanto en el sector de ayuntamientos como en el de la Asamblea Regional, promovió y apoyó la candidatura de impositores que resultó ganadora en las elecciones de dicho sector. Es decir, es el grupo mayoritario en la Asamblea General.
ANTECEDENTES:
Desde principios de 2008 se manifiestan tensiones varias y en diversas direcciones entre la Caja, la Comunidad de Madrid, el PP y el PSM.
El trasfondo es que se acerca la renovación de órganos de gobierno, en la que también se ha de abordar la renovación de la Presidencia, y se empieza a especular con un posible cambio de la Ley de Cajas de Madrid.
En octubre, el Consejo de Administración de Caja Madrid decide iniciar el proceso electoral de renovación de órganos, cuyo primer paso es designar las entidades representativas por parte de su Asamblea General.
La decisión de iniciar el proceso electoral es tomada por el Gobierno de la Comunidad como “causa de guerra” lo que provoca el primer enfrentamiento abierto interno en la Caja del PP (Ayuntamiento de Madrid vs Comunidad).
Así, la puesta en marcha del proceso da lugar, en diciembre, a la sustitución del Presidente de la Comisión de Control (afín a la Consejería de Economía y Hacienda), por ejercer un claro obstruccionismo a dicho proceso.
La Consejería reacciona abriendo expedientes sancionadores al nuevo Presidente de la Comisión de Control y al Secretario de la misma, al tiempo que los suspende en sus funciones.
La Comunidad anuncia una nueva Ley, que se torna en descaradamente intervencionista e inconstitucional con la aprobación el último día y a última hora de las auto-enmiendas que el propio grupo popular realiza.
Este cambio no es necesario, ni para adaptar la Ley a la LORCA (ya se habían realizado renovaciones de órganos con la LORCA vigente), ni siquiera para “aclarar” como se podía utilizar el mandato extraordinario para cualquier consejero que hubiera cumplido 12 años en el puesto, como es el caso, entre muchos más, de Miguel Blesa.
Sin embargo sí es un cambio legislativo en el que PP y PSM pueden estar interesados para “fijar” la hegemonía de lo político en Caja Madrid, y así evitar que se tengan que hacer acuerdos de gobernabilidad en Caja Madrid con carácter transversal (política - sociedad civil - representación laboral).
Así, la Comunidad de Madrid rompe, en la parte que le corresponde, el acuerdo de estabilidad que ha venido rigiendo la gobernabilidad de la Caja desde 1996 y sus sucesivas renovaciones en 2001 y 2006, abriéndose, en medio de la crisis financiera más grave que se recuerda, el más duro periodo de desestabilización institucional que ha vivido la Entidad:
Se vuelve a cuestionar la naturaleza jurídica de las cajas (manifestaciones de Beteta).
COMFIA-CCOO se dirige a la Fiscalía poniendo en su conocimiento los hechos de cómo transcurrieron las reuniones de la Comisión de Control en las que se inhabilitaron a sus nuevos Presidente y Secretario, por si fueran constitutivas de un delito de prevaricación.
La Comisión de Control queda bloqueada y deja de reunirse.
COMFIA-CCOO ha mantenido desde el principio del conflicto que esa Ley no podía ser de aplicación, pues entre otras materias quebraba el principio de Igualdad, y ejerció las medidas a su alcance:
Elaboró un recurso de inconstitucionalidad para que el Defensor de Pueblo lo presentara (a él se adhirió, finalmente, la USMR).
Dio cuenta del recurso y sus contenidos tanto al Partido Socialista como al Partido Popular y a la Secretaría de Estado de Economía. Al final, el Gobierno decidió presentar el recurso de inconstitucionalidad, pero con menos contenidos de los que sugería COMFIA-CCOO.
Preparó también un recurso contencioso-administrativo que no se llegó a presentar porque era necesario previamente que se adaptaran los estatutos de la Caja a la Ley, lo que no se produjo al quedar ésta suspendida por el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Nación.
En todo este tiempo, no obstante y pese la insistencia de COMFIA-CCOO, no ha sido posible tener una reunión conjunta de COMFIA y la USMR ni con el Gobierno de la Comunidad ni con el PSM. Sólo hemos mantenido reuniones entre ambas organizaciones, a veces, sólo para “desenredar entuertos” producidos por movimientos unilaterales de unos o de otros (casi siempre de “otros”)
Sin embargo, la USMR-CCOO, por separado, y con bastante asiduidad con la Unión de UGT mantuvieron diversos contactos con la Comunidad, sin acuerdos concretos, pero con variadas y contradictorias manifestaciones públicas, pretendiendo llevar la iniciativa y arrogándose una representación que no les correspondía en exclusiva. Lo que se traslucía era el interés de aplicar un mix entre la Ley de 2003 y la de 2008, que garantizara la presencia en el Consejo de Administración de una persona de cada Unión Sindical Regional, en representación del sector de Entidades Representativas.
El PSM, por su parte, que no votó en contra de la nueva ley, se movía entre la crítica “hueca” al conflicto interno del PP, las “cargadas” continuas sobre Blesa (que han dejado “perlas” como las referidas a su comprensión acerca de movimientos de retirada de depósitos, por ejemplo) y la resignación a que las leyes están para cumplirlas y “quien tiene mayoría absoluta manda”. En el fondo se atisbaba un acuerdo tácito con el Gobierno de la Comunidad: “el que gobierne en la Puerta del Sol gobernará la Caja”. De ahí la gran frustración con la que el PSM recibió la presentación por el Gobierno del recurso de inconstitucionalidad.
En el PP la disputa se plantea entre Comunidad y Ayuntamiento, y se judicializa cuando el Ayuntamiento plantea recurso contencioso-administrativo, que queda en suspenso en tanto en cuanto no se produjera la adaptación estatutaria de la Ley 2008 (mientras tanto no se puede reclamar por efectos que aún no han tenido lugar).
La situación se bloquea tanto en la Comisión de Control como en el Consejo, pero la Ley avanzaba en su aplicación hasta el momento en que queda suspendida por el Tribunal Constitucional.
A partir de ese momento, los acontecimientos dan un nuevo giro que, deja prácticamente sin capacidad de reacción al grupo mayoritario del Consejo que se había opuesto a las acciones de la Comunidad de Madrid. La Comunidad rectifica, modificando los aspectos más abiertamente inconstitucionales que tenía la Ley: elimina la suerte de “voto censitario” que se imponía al primar a los ayuntamientos con mayor relación depósitos/habitantes y se restituyen los anteriores requisitos de saldo medio y número de operaciones que garantizaban de forma amplia el derecho a los impositores a ser elegibles y elegidos.
La Comunidad abre rondas de conversaciones. Primero con quienes lo venía haciendo, PSM por un lado y las uniones sindicales regionales en conjunto por otro.
De lo planteado por el PSM se sabe que estarían de acuerdo en que quien gobierna la Comunidad, manda en la Caja.
De las conversaciones con las uniones, que deliberadamente se ocultan a COMFIA-CCOO, se sabe que insisten en garantizarse la presencia de un miembro de cada una de ellas en el Consejo de Administración.
COMFIA-CCOO, la organización de CCOO a quien compete actuar en todo el sector financiero, explora y alcanza, junto con Izquierda Unida y la Unión Independiente de Impositores y Consumidores, un acuerdo con el Partido Popular de Madrid abierto a otras organizaciones.
COMFIA-CCOO da cuenta del acuerdo al Secretario General de la Confederación, que plantea la conveniencia de que el pacto tenga el mayor respaldo posible, tanto por parte de CC.OO. como del resto de organizaciones implicadas en los órganos de gobierno de Caja Madrid; petición que COMFIA traslada al Secretario General de la USMR, que pide tiempo para considerar la cuestión.
Para COMFIA-CCOO este acuerdo se enmarca dentro de la política confederal y, en concreto, se referencia al documento que con la colaboración de COMFIA-CCOO, se acaba de aprobar en la Comisión Ejecutiva Confederal y fue presentado en las jornadas del pasado día 8 de junio.
GESTIONES POSTERIORES AL ACUERDO
COMFIA-USMR: La USMR conoció el acuerdo el mismo día que se alcanza y manifiesta su lógica contrariedad. No obstante, se mantiene una reunión ese mismo día y se queda en darnos un tiempo para estudiar su adhesión al mismo y buscar elementos, más en la Ley (que estaba tramitándose) que en el acuerdo, que permitan la suma de más organizaciones.
Sin embargo, una vez que la USMR se lo comunica a la Unión de UGT, muestran su rechazo a la Comunidad. Posteriormente la Cadena SER se hizo eco de la existencia del mismo con lo que se impedía de facto adhesiones posteriores de los no participantes. Todo ello sin comunicación ninguna a COMFIA.
CONFEDERACIÓN-COMFIA-USMR: Toxo convoca a los secretarios generales de ambas organizaciones de CCOO. Y, en el transcurso de la misma, se acuerda intentar “ensanchar” el número de organizaciones firmantes, sin menoscabo de los términos acordados que previamente no aceptasen modificar los firmantes, pero con la necesaria flexibilidad para que bien en el acuerdo, bien mediante la tramitación de enmiendas a la Ley, se alcance un punto de equilibrio que haga posible la incorporación de la USMR, del PSM y, a ser posible también de UGT.
Así pues el Secretario General de la CS de CCOO solicita que COMFIA y la USMR, conjuntamente, se pongan en contacto con los firmantes del acuerdo, primero, y luego con los no firmantes, para buscar la adhesión de éstos últimos.
COMFIA-IU-PP: COMFIA-CCOO plantea la necesidad de modificaciones en la ley, a través de enmiendas que serán presentadas por IU en los siguientes aspectos:
Reducción de las circunscripciones en las elecciones para representantes de los impositores.
Recuperación para los órganos de gobierno de la designación de EE. RR.
Reinstaurar mayorías cualificadas para la atribución de carácter ejecutivo a la Presidencia.
Introducir la salvedad en la Ley que garantice las decisiones tomadas por los OOG de la Caja en el proceso electoral en curso, fundamentalmente la designación realizada en noviembre de 2008 de entidades representativas (entre las que se encuentra la Fundación 1º de Mayo)
La Consejería advierte de la dificultad de aceptarlas si no hay un consenso suficientemente amplio.
COMFIA-USMR-PP de Madrid: COMFIA-CCOO reitera sus peticiones y los representantes del PP aceptan incluso, a solicitud de la USMR, la creación de una comisión de seguimiento, pero rechaza la exigencia de la USMR de garantizar un puesto a la UGT por el sector de Entidades Representativas. Este desencuentro concreto es el que impide tanto la firma de la USMR como del PSM (y lógicamente el de UGT).
Asimismo, aceptan la introducción de mayoría cualificada para el asunto de la Presidencia Ejecutiva, condicionándolo a la existencia de acuerdo más amplio; y por último, reiteran su predisposición a que según se acordó, el PSM recupere centralidad en los órganos de gobierno de Caja Madrid (Vicepresidencia y dos puestos en la Comisión Ejecutiva).
COMFIA-PSM: Se producen distintos contactos con responsables del PSM, en los que se les comunica la predisposición del PP a realizar diversas modificaciones en la Ley que se estaba tramitando y como ello permitía sentar las bases para:
por una parte, producir acuerdos en sede parlamentaria y por lo tanto de notable relevancia para su grupo político.
y segundo, y más importante, mejorar una Ley y propiciar un consenso, si no ahora, sí en el transcurso de la adaptación estatutaria y previamente a la renovación de los órganos de gobierno de Caja Madrid, teniendo claro que tienen el camino expedito a una vicepresidencia y dos puestos en la Comisión Ejecutiva.
El PSM no considera factible aceptar este marco de acuerdo pues ya tenían decidido su voto en contra de la Ley, a pesar de la franca contradicción que supone votar en contra de esta ley y abstenerse en la anterior, claramente inconstitucional.
Nota: tanto la entrevista con el PP de Madrid, como las gestiones con el PSM se hacen a iniciativa de COMFIA-CCOO, en cumplimiento del compromiso contraído con la Confederación.
LA LEY RESULTANTE:
Se han retirado los aspectos susceptibles de ser recurridos por inconstitucionalidad.
El nuevo proyecto se ha elaborado bajo la supervisión de la Abogacía del Estado dado que existe un recurso de inconstitucionalidad en curso, lo que supone un cierto corsé para abordar determinadas modificaciones.
A día de hoy, la Ley ha sido aprobada con los votos a favor del P.P. y de I.U. EL Gobierno de la Comunidad argumenta que la exclusión del PSM y la indefinición de la USMR han sido fundamentales para que no se hayan asumido todas las modificaciones que pretendíamos.
Ahora se inicia el proceso de adaptación estatutaria. En ese proceso COMFIA-CCOO vamos a realizar todo el esfuerzo para que se pueda “ensanchar” el número de apoyos al proceso de estabilidad institucional, pero el primer paso está dado con el vigente acuerdo.
22 de junio de 2009
Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 23/06/2009 - Modificar
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