Secciones: El Problema Español - Economía - Documentos, opinión, debateTítulo: Reino de España: la disyuntiva de la izquierda. Por G. Buster Texto del artículo:
Reino de España: la disyuntiva de la izquierda
G. Buster
A un año y medio de su segunda victoria electoral, el Gobierno Zapatero se enfrenta
a la decisión que probablemente marcará el carácter de esta legislatura. La
polarización social y política con la derecha, con las patronales y el Partido
Popular -que actúan de manera coordinada para favorecer a la vez una salida a la
crisis favorable a sus intereses y un cambio de gobierno-, no le dejan otra opción
para acabar la legislatura que apoyarse en los sindicatos de clase para reconstruir
su bloque social y en los ocho votos a su izquierda (BNG, IU-ICV, ERC, NB), además
de Coalición Canaria, para hacer aprobar los presupuestos del 2010.
Este escenario no ha sido una opción buscada y preparada por el Gobierno Zapatero.
Por el contrario, ha intentado por todos los medios evitarla, manteniendo una
política de alianzas “asimétrica” y de pactos con el PP y CiU (hasta el punto de
contar con su apoyo para 11 de las 23 leyes aprobadas, entre ellas la Ley de
Reestructuración Bancaria y la Ley de Oficinas Judiciales). Sin olvidar el apoyo a
UPN en Navarra o la alianza con el PP en el País Vasco /1.
Si se ve ahora obligado a ello es porque no le quedan tácticamente muchas otras
opciones. Y aun así, tanto el Gobierno Zapatero como el PSOE se encuentran
divididos, por la presión institucional y del aparato que recogen y proyectan
internamente las posiciones del sector financiero y de la propia patronal, y que buscan un pacto de legislatura con CiU, al precio de sacrificar el Govern de Progres catalán.
El próximo año y medio, hasta las elecciones municipales y autonómicas del 2011, será por lo tanto decisivo para establecer la correlación de fuerzas y consolidar hacia la izquierda el actual ciclo político o, por el contrario, abrir la vía a una
contraofensiva profunda de la derecha social y política en todos los frentes.
1- La crisis de tijera fiscal y la subida de impuestos
Esta indecisión estratégica del PSOE se ha manifestado también en la orientación de las políticas para salir de la crisis y en el llamado “diálogo social”. La promesa de Zapatero de mantener el gasto social ha sido paralela a una política de
transferencias y ayudas a los distintos sectores empresariales, sobre la base de un
crecimiento explosivo del déficit presupuestario, que en siete meses ha superado los
50.000 millones de euros y puede acercarse en el 2009 al 10% del PIB.
Pero el margen para este supuesto “equilibrio de intereses” se ha agotado a las
primeras señales, por débiles que sean los “brotes verdes”, de recuperación en la
OCDE, aunque la economía española tenga aun por delante todo un año de crecimientos
negativos. No se trata solo del déficit presupuestario y de la deuda pública, para
los que aun queda recorrido. Si no fundamentalmente de la presión de los organismos
internacionales como el FMI, la OCDE, el Banco Central Europeo, que al situar en
primer plano una política de reequilibrio presupuestario y austeridad, buscan
transformar los paquetes de estímulos anticíclicos en políticas de recuperación de
los beneficios y la productividad en perjuicio de los salarios y el gasto social. La
Comisión europea ha exigido ya que para el 2012 las cuentas públicas vuelvan a
encorsetarse en los criterios de Maastricht y un déficit presupuestario no superior
al 3% del PIB.
Como “reequilibrar” los presupuestos se ha convertido en uno de los temas esenciales
de la polarización social. La opción de izquierdas es evidentemente una reforma
fiscal que aumente los ingresos a través de un aumento de los impuestos sobre las rentas de capital y los beneficios de las empresas, para poder hacer una política redistributiva que mantenga y aumente el gasto social y el peso de los salarios en
la renta nacional. Las preferencias de la derecha se sitúan en el aumento de los
impuestos sobre las rentas de trabajo, via IRPF, o el consumo, a través del IVA.
Pero también a través de la compra y negociación de la deuda pública, que ofrece
beneficios y tiene un efecto favorable a las rentas de capital /2.
Zapatero ha repetido una y otra vez desde el mes de junio que su Gobierno “no
subiría los impuestos” en 2009, sin especificar cuales. La presión fiscal actual es
del 32,8% del PIB, por debajo de la del PP en 1995 (34%) y una de las más bajas de
la UE. El Gobierno Zapatero ha realizado diversos recortes que han supuesto una
merma de recaudación de 10.000 millones en el IRPF, 4.000 millones en el impuesto de
sociedades y los 1.800 millones del suprimido impuesto de patrimonio.
El primer debate parlamentario serio sobre este tema tuvo lugar a mediados del mes
de junio, con ocasión de la Ley de Techo Presupuestario. Joan Herrera, de ICV,
presentó una moción con seis condiciones /3, que apuntaban a un aumento de los
impuestos sobre las rentas más altas. Elena Salgado, respondió: "Estamos abiertos a
considerar todas las posibilidades que nos ofrece el examen de los ingresos y de los
gastos que tendremos que contemplar a la hora de elaborar los Presupuestos Generales
del Estado". Pero este acuerdo genérico duró solo seis horas. Al final, el Gobierno
prefirió pactar la abstención de CiU –presionado por los sectores financieros y
empresariales- y sacar la Ley del Techo Presupuestario, con una reducción del 4,6%
en relación con el gasto presupuestario real del 2009, con los votos de Coalición
Canaria y UPN.
El pacto con CiU tampoco fue duradero. En la última semana de junio, la izquierda,
esta vez con el protagonismo de Gaspar Llamazares, volvió a los planteamientos
adelantados por Herrera. CiU, por su parte, exigía que la subida de impuestos, de
realizarse, fuera en el IVA, como había hecho el Gobierno de Felipe González en 1992
(que lo aumentó del 12 al 16%). Las vacaciones de verano dieron un respiro, hasta
que el 21 de agosto el ministro de fomento, José Blanco, recuperó por su cuenta y
riesgo la posibilidad de un aumento de impuestos a las rentas más altas. La
respuesta de Salgado fue la misma: “se estudiará”. Pero CiU y PNV mostraron su total
desacuerdo y Bono añadió por su interés que, a él, Salgado no le había dicho nada.
La asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda pidió la restauración del
impuesto de patrimonio y recordó que la subida debía ir dirigida “a quién tiene
mucho más y no a quién declara más”,
apuntando no solo a las rentas superiores de 50.000 euros, sino sobre todo a las
3.347 sociedades de inversión de capital variable (SICAV), que manejan más de
25.000 millones de euros y solo tributan el 1%.
Zapatero no intervino hasta su viaje a Estocolmo el 31 de agosto, cuando puntualizó
que el aumento de impuestos sería temporal y afectaría a las rentas de capital y
plusvalías, no al IRPF ni al impuesto de sociedades, que volvería a bajar, y se
eliminaría la reducción de 400 euros efectuada en el primer paquete de medidas
contra la crisis.
La decisión final irá unida a los presupuestos. La izquierda tiene una oportunidad
de imponer un giro a la izquierda en la política fiscal, como ya ha hecho en la
extensión de las ayudas de paro de 420 euros a partir del 1 de enero, recogiendo la
exigencia de los sindicatos. Pero como ha señalado Vicent Navarro, es fundamental
acompañar ese giro de un discurso de lo que implica el debate fiscal, frente a la
estrategia de erosión del PP apoyada en el crecimiento del paro y la exigencia de
bajada de impuestos /4.
2.- La ruptura del “diálogo social”
El debate del estado de la nación, en mayo de este año /5, fue también testigo de la
indecisión del Gobierno. Durante unas horas, los pasillos del Congreso se
convirtieron en el escenario de un pulso entre quienes habían pactado con CiU una
resolución apoyando la reforma del mercado laboral, la introducción del contrato
único y la entrada de las empresas privada en el sistema público de colocación (tres
de los cinco puntos de la plataforma de la CEOE), y quienes defendían mantener
abierto el diálogo con los sindicatos y con la izquierda, que exigía aumentar la
protección para los parados más desprotegidos. Aunque finalmente sería esta última
resolución la que se impusiera, el dramatismo del debate y de las opciones que
implicaba reflejaban los intereses en juego.
La ofensiva de la CEOE para imponer su programa anticrisis se vio reforzada con las
declaraciones del Comisario Almunia y del Presidente del Banco de España, Miguel
Angel Fernandez Ordoñez, ambos miembros del PSOE, sobre la necesidad de ampliar las
reformas estructurales al sistema de pensiones y el Pacto de Toledo (EP 19-05-09).
El llamado Manifiesto de los 100 economistas, defendiendo las posiciones de la
CEOE, encontró su respuesta en el Manifiesto de los 500, pronto 800, alineándose
con las de los sindicatos y acabando con el pretendido carácter “técnico” de las
posiciones neoliberales /6. El Secretario General de CC OO, Ignacio Fernández Toxo
advirtió que “el diálogo social no pasa por un buen momento” y marcó las “lineas
rojas” de los sindicatos /7, centrando el posible pacto en la defensa y protección
del millón de personas en paro y sin prestaciones sociales.
A ese millón hay que sumar los 800.000 trabajadores emigrantes, un terció de los 2,4
millones actuales, aunque solo coticen a la seguridad social 1,8 millones, que han
caído en manos de la economía sumergida y suponen el sector más explotado de la
economía española, junto a los jóvenes, cuyas cifras de paro duplican la media
(38,4%).
Sin embargo, el recorrido del “diálogo social” iba a ser muy corto, sobre todo tras
los malos resultados electorales del PSOE en las elecciones europeas. La cúpula de
la CEOE comenzó a coordinar su estrategia a medio plazo con CiU, para el debate
parlamentario, y a largo plazo con el PP, para facilitar una derrota electoral de la
izquierda en las elecciones municipales y autonómicas en el 2011 y en las generales
del 2012. Su programa, más que un paquete de estímulos para salir de la crisis,
tiene el objetivo de un cambio significativo en la correlación de fuerzas en el
mercado laboral que le permita recuperar la tasa de beneficios y determinar a favor
del capital los parámetros del nuevo modelo productivo /8. La reunión técnica de
negociación el 22 de julio ya constató la ruptura sobre el punto de las cotizaciones
empresariales a la seguridad social, cuando el Gobierno ofreció una rebaja de 1,5
puntos y la CEOE exigió 5 puntos, lo que
supondría un fuerte déficit de 12.000 millones a la caja de la seguridad social si
al mismo tiempo se mantenían y ampliaban las prestaciones por paro. En la cena
organizada por Zapatero ese mismo día para celebrar el fin de las negociaciones, el
presidente de la CEOE, Diaz Ferrán, volvió a reabrir todos los puntos, en lo que
los sindicatos calificaron de “una tomadura de pelo” /9.
El comunicado del Ministerio de Trabajo fue aun más duro: “El presidente de la
organización empresarial fue incapaz de explicar en la cena celebrada ayer en
Moncloa las razones por las que no aceptaba el documento que ya habían consensuado
sindicatos y el Gobierno”. El ministro de trabajo, Corbacho, aclaró que la CEOE
había “defendido el despido libre”. Zapatero, por su parte, cerró las negociaciones:
“la previsión es que no haya nuevas reuniones” y El País tituló su crónica “Zapatero
declara la guerra a la CEOE” (EP 26-07-09). La ampliación de las prestaciones de 420
euros a los parados sin rentas (una medida de una duración de seis meses, calculada
en 642 millones de euros) fue adoptada por decreto ley. Diaz Ferrán declaró por su
parte: “Espero que a Zapatero se le pase pronto el berrinche y deje de meterse
conmigo” (EP 26-07-09).
3.- El cierre de la financiación autonómica y de los mecanismos de reestructuración
bancaria
Zapatero pudo cerrar, sin embargo, otros dos frentes esenciales antes del verano.
La financiación autonómica, sobrepasados todos los plazos fijados en el Estatut
catalán y carcomiendo al Govern de progrés, pudo finalmente concluirse en el plazo
anunciado del 15 de julio, despejando una de las incógnitas mas importantes para los
presupuestos del 2010. Después de tanto tiempo de desencuentros, la labor de
negociación de Salgado y Blanco, y en menor medida de Cháves –a quién se le suponía
un protagonismo que no tuvo- permitió alcanzar un acuerdo interno en el PSOE y entre
Cataluña y Andalucía. Primero, con la subida del techo de déficit presupuestario de
las Comunidades al 2,5% (de un 1% previsto por ley). Segundo, con la mejora de la
oferta de Solbes de diciembre de 2008 de una aportación central de 8.000 millones de
euros, que se acabó convirtiendo en 11.000, para compensar al resto de las
Comunidades de los 3.500 millones exigidos por el Govern catalán, de acuerdo con el
Estatut.
El PP se dividió ante la oferta. El intento de Esperanza Aguirre de construir un
bloque del NO con Valencia y Murcia que arrastrase al resto de las Comunidades
gobernadas por el PP, fue bloqueado por el aparato de la sede de calle Genova, que
ordenó la abstención. A pesar de ello, Ceuta acabó votando con el resto de las
autonomías del PSOE, además de Canarias y Cantabria. La importante aportación del
Gobierno central, en periodo de crisis, reforzaba la posibilidad de aumentar el
gasto social transferido a las Comunidades /10. La LOFCA deberá ser aprobada en las
Cortes durante el mes de septiembre.
El debate sobre la reestructuración del sistema financiero en España se ha intentado
reducir en estos meses a una serie de seminarios organizados por los propios bancos
y cajas afectados. A diferencia de la CEOE, la capacidad de presión sobre el
Gobierno del sector financiero es tal, que las posibilidades de llegar a un acuerdo
favorable al sector estaba fuera de discusión. Lo que si era motivo de debate era la
capacidad del Gobierno central, de los gobiernos autonómicos y de los grandes bancos
como el BBVA y el Santander de determinar el proceso de reestructuración, que
afectará esencialmente a las Cajas.
Por otro lado, las fuertes diferencias en la exposición a la morosidad del sector de
la construcción y las inmobiliarias entre bancos y cajas, del peso de sus
inversiones en América Latina (de donde provienen el 40% de sus beneficios) y la
composición de su cartera de prestamos, ha alentado un doble discurso: por un lado,
que el sector financiero español ha escapado gracias a su solidez y la vigilancia
del Banco de España a la crisis internacional; por otro, que la burbuja inmobiliaria
no ha pinchado aun y que cuando lo haga, se llevará por delante al 15 0 20% del
sector, obligando a una fuerte reestructuración y concentración. En este panorama
todas las entidades financieras toman posiciones. Mientras el Presidente de las
Cajas, Juan Ramón Quintás, anunciaba un año desastroso y pedía una recapitalización
pública, el Presidente del Banco Santander, Botín declaraba beneficios por un total
de 8.876 millones de euros y que la
“reestructuración se lleve a cabo sin interferencias políticas”.
El 28 de junio el Gobierno adoptó por decreto ley el texto de la Ley de
Reestructuración Bancaria y creación del Fondo de reestructuración (FROB),
suspendiendo el derecho de veto de las Comunidades en la Ley de Cajas para aquellas
fusiones que pidan ayuda al FROB y dotándole inicialmente con 9.000 millones de
euros, ampliable hasta 90.000. El Gobierno cedía la dirección del FROB al Banco de
España, que situaría a 5 de los 8 miembros de la Comisión rectora. El proyecto fue
apoyado inmediatamente por el BBVA y el Banco de Santander. A cambio, las Cajas
obtendrían poco después más flexibilidad en la contabilidad de las propiedades
morosas, que podrían contabilizar hasta un 70% de su valor y no el 0% como hasta la
fecha. El decreto ley sería ratificado en el Congreso el 8 de julio con los votos
del PSOE y del PP. A cambio, Salgado anunció la intención del Gobierno de pedir al
sector financiero privado una contribución de 10.000 millones de
euros para el Fondo para una Economía Sostenible que esperaba constituir con la
nueva Ley del mismo nombre por el doble de esa cantidad.
4.- El conflicto vasco y el recurso del Estatut de Catalunya
La estrategia del Gobierno Zapatero ha sido la de marginar políticamente la cuestión
nacional, con la criminalización del entorno de la izquierda abertzale y no solo la
represión directa contra ETA y obviar cualquier debate sobre el recurso presentado
por el PP al Estatut catalán, a la espera del dictamen del Tribunal Constitucional.
Tras la formación del Gobierno vasco del PSE con el apoyo del PP, la estrategia de
criminalización del conjunto de la izquierda abertzale ha adquirido un carácter
institucional. Batasuna ha intentado responder a esta estrategia movilizando un
espacio, el de los sindicatos y los trabajadores abertzales, de imposible
ilegalización. La huelga general del 21 de mayo tuvo ante todo ese carácter
democrático, mas allá de la exigencia de un nuevo modelo económico frente a la
crisis, cuya credibilidad quedaba cuestionada por la exclusión de CCOO y UGT para
privilegiar una movilización exclusivamente abertzale por parte de ELA-LAB y ESK.
Una división, por otra parte, que ha paralizado la negociación colectiva desde hace
mucho tiempo en el País Vasco para evitar conflictos con la patronal vasca, cercana
al PNV. La huelga tuvo un impacto real de un 30% en una gran parte de la industria y
algo menos de lo esperado en el sector público. Por si había
dudas, Otegui publicó un texto de balance y orientación estratégica que no dejaba
dudas sobre sus objetivos: mantener una presencia social y publica y acumular
fuerzas para una nueva fase de negociación (Gara 21-06-09).
La decisión pocos días después del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre
el recurso presentado contra la ilegalización de Batasuna, supuso un duro mazazo
para esta estrategia de la izquierda abertzale. El Tribunal de Estrasburgo recogía
toda la argumentación del Tribunal Supremo, en el sentido de “la necesidad social
imperiosa de la ilegalización de Batasuna (…) que incita a la violencia”. Para el
PNV desaparecía al mismo tiempo uno de sus argumentos públicos de crítica contra la
política antiterrorista del PSOE, que a su vez legitimaba su desalojo del Gobierno
vasco en las últimas elecciones, a pesar de haber sido el partido más votado,
haciéndole depender aun mas en el futuro de posibles trasvases de votos de la
izquierda abertzale.
En este marco, la ofensiva de ETA no se hizo esperar. La colocación de un coche
bomba en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Burgos causó 66 heridos el 29 de
julio. Un día después, colocaba una bomba lapa en Calvia, en Mallorca, que acababa
con la vida de dos guardia civiles, seguida de tres pequeñas bombas más en la isla
para demostrar su capacidad operativa. Una capacidad que le costaba la continua
detención de sus miembros y la desarticulación de su infraestructura en Francia. El
conflicto vasco se situaba de nuevo en el callejón sin salida de la espiral
represión-respuesta, pero esta vez a favor del Gobierno /11.
La alarma de verano sobre el posible dictamen negativo del Tribunal Constitucional
de algunas partes del Estatut catalán tiene un origen mas turbio. De hecho, la
polémica fue iniciada por El País pocos días después de que el Gobierno aprobase un
decreto ley sobre la televisión digital de pago contraria a los intereses de PRISA,
la compañía editora del periódico. A la denuncia como antidemocrática del decreto
ley por Juan Luis Cebrian (“Un desatino” EP 21-08-09), siguió un confuso articulo
dos días después sobre la supuesta falta de mayoría progresista en el Tribunal
Constitucional en relación con el concepto de nación que tienen los catalanes de si
mismos y el deber de conocimiento del catalán /12.
La maniobra de desestabilización tuvo el éxito esperado. El vicepresident de ERC,
Carod Rovira, adelantó la necesidad de una gran manifestación en defensa del
Estatut antes del dictamen. Sus socios Montilla y Saura, viéndose desbordados por
ERC en una nueva confrontación con el Gobierno central que solo podía beneficiar a
CiU, pidieron calma y no excluyeron la posibilidad de una manifestación para
después. El Ministro de Justicia, Camacho, tuvo que recordar que cualquier dictamen
del Tribunal Constitucional tendría que ser acatado, aunque se enfrentase a la
voluntad política tanto de las instituciones catalanas como del Congreso de los
Diputados, que lo habían aprobado. La batalla por la Generalitat comenzaba así a
fraguarse en el peor de los terrenos posibles para el PSC, Montilla y Zapatero.
5.- El PP, la crisis y la izquierda
Por el momento, la estrategia de polarización total del PP puede presentar como
éxitos propios no solo su impronta en las 11 leyes aprobadas por el Gobierno con sus
votos –que se pueden ampliar a la Ley de Educación- , la nueva orientación del
Gobierno vasco y la falta de mella en su electorado de los escándalos por corrupción
en sus Comunidades de Madrid y Valencia. Hasta el punto de comenzar el año político
con una cena de 2.000 personas en la plaza de toros de Valencia en homenaje al
Presidente Camps y acusar al PSOE de “instaurar un régimen de terror”. El año de
retraso previsto por la OCDE para que la economía española se incorpore a los
“brotes verdes” del resto de las economías avanzadas es el margen que se da a si
mismo Rajoy para que el paro erosione el bloque social de izquierdas y el se ponga
al frente de una derecha social movilizada en todas sus fuerzas vivas, de los
empresarios a la Iglesia católica.
Frente a esa movilización, el principal dique de contención de la izquierda son hoy
los sindicatos CC OO y UGT. Es su resistencia y el impulso a la negociación
colectiva la que permitirán ganar tiempo en este año y medio para intentar articular
un nuevo bloque social. En sus aspectos democráticos con las leyes de aborto y
libertad religiosa, en los sociales con unos presupuestos que inicien el giro a la
izquierda, manteniendo y aumentando el gasto social y permitiendo una salida a la
crisis sin retrocesos en los derechos de los trabajadores a través del debate sobre
el nuevo modelo productivo. La izquierda parlamentaria a la izquierda del PSOE (IU,
ICV, ERC, BNG, NB) deben proyectar institucionalmente el esfuerzo de la izquierda
sindical y social. Porque a pesar de su crisis, su presión es esencial para mantener
una correlación de fuerzas favorable dentro del propio PSOE y evitar, en esta
situación de “empate técnico” en erosión, la
opción por una alianza estratégica con CiU y cesiones del PSOE al PP en nombre de
la “política de estado”.
Queda pendiente durante este año y medio si este conjunto de fuerzas a la izquierda
son capaces de articular alguna forma de coordinación y espacio común o, por el
contrario, seguirán subordinadas a su relación bilateral con el PSOE. El problema de
la “refundación” del espacio político a la izquierda del PSOE es común, a pesar de
su negativa a aceptarlo. Sin pequeños pasos prácticos también en este campo no será
posible comenzar a pensar un horizonte más allá de Zapatero que no implique la
pesadilla de Rajoy en el Gobierno.
Notas
1/ Ver Patxo Unzueta, « La inercia de Zapatero », El Pais 18-06-2009. Unzueta hace
una descripción de la polarización en términos de “doble crispación” y parece añorar
las pretendidas políticas de estado frente a la crisis cuando escribe: “Pero si
Rajoy ya no ofrece su colaboración, tampoco Zapatero la reclama en serio, pese a que
el momento seria propicio a pactos de estado para hacer frente a los efectos de la
crisis, especialmente el paro. No lo plantea porque Zapatero y su equipo más próximo
se encuentran más cómodos en el discurso de las descalificaciones sumarisimas de la
derecha, que es el que mejor conocen”.
2/ Ernest Mandel, «Déficit budgétaire et internationalisation du Capital dans la
théoríe marxiste», La Gauche 12-08-1992, Bruselas. Por su interés, Sin Permiso
publicará una traducción de este artículo de Mandel en su próxima entrega. Ver
asimismo el reciente artículo de Vicent Navarro, “Efectos de la Regresividad
Fiscal”, Publico 3-09-2009. En él, delimita claramente las diferencias políticas
entre una fiscalidad neoliberal y otra de izquierdas y concluye: “Presentar el
tímido aumento de impuestos de los grupos más pudientes como necesario para cubrir
el déficit del estado transmite una visión gestora con escasa capacidad de
movilización entre sus bases electorales. Las izquierdas deben recobrar los valores
y el lenguaje de izquierdas, subrayando que hay que redefinir la mala distribución
de poder económico (que determina también el poder político), revirtiendo unas
políticas fiscales liberales que han sido, durante
todos estos años, muy exitosas para una minoría a costa del sacrificio de la
mayoría de nuestra población”.
3/Fernando Garea, “El PSOE acepta negociar subidas fiscales a las rentas altas para
salvar las cuentas”, El País, 19-06-2009. Las seis condiciones de ICV eran: 1.
Eliminar la deducción de los 400 euros; 2. Introducir progresividad en la deducción
o prestación de 2.500 euros por nacimiento o adopción; 3. Un nuevo tramo en el IRPF
con un tipo marginal del 50% para las rentas más altas de 7.000 euros mensuales;
4. Equiparar las rentas de trabajo y capital; 5. Recuperar el impuesto de patrimonio
para bienes muebles e inmuebles superiores al millón de euros; 6. Que deportistas
con fichas superiores a los 60.000 euros mensuales no puedan acogerse a una
tributación equivalente al 24% del marginal.
4/ En el articulo citado, Patxo Unzueta recordaba los datos aportados por J.M.
Maravall en “El control de los políticos”, Ed. Taurus 2003, sobre los efectos
electorales del paro: “En 1986 y 1989, el PSOE volvió a ganar por mayoría absoluta
con tasas de paro de entre 16% y el 20%, y por mayoría relativa en 1993, con un
desempleo del 23%. Mientras que perdió en 1996, cuando ya se había iniciado la
recuperación del empleo”.
5/ Ver G. Búster, “Reino de España: los discursos políticos de la crisis”, Sin
Permiso, 17-05-09 ( http://www.sinpermiso.info/?id=2580 ).
6/ Ambas plataformas fueron resumidas por Manuel Gomez en “Los sindicatos movilizan
a 700 expertos contra la rebaja del despido”, El Pais, 20-06-09.
PROPUESTAS DE LOS 100
- 1. Reducir el número de contratos y unificarlos en un contrato único con una
indemnización por despido más barata y creciente en función de la antigüedad.
- 2. Unificar las causas de despido y mantener la tutela judicial sólo para los
despidos por razones discriminatorias.
- 3. Aumentar el gasto en prestaciones por desempleo mientras haya crisis y alargar
su duración.
- 4. Cambiar la negociación colectiva para flexibilizarla. Que los convenios de
empresa prevalezcan sobre los de ámbito superior.
- 5. Centrar las políticas activas de empleo en los trabajadores con menor
cualificación.
- 6. Participación de las agencias privadas de empleo en la intermediación laboral.
PROPUESTAS DE LOS 800
- 1. Aumentar la protección social para los trabajadores en paro y aumentarla en el
tiempo. - 2. Aumento controlado del gasto público para estimular la economía con la
construcción de infraestructuras económicas y sociales que creen empleo.
- 3. Más protagonismo de las políticas industriales, energéticas, medioambientales y
educativas.
- 4. Rechazo a la eliminación de la tutela judicial sobre el despido.
- 5. Reformas para el mercado laboral que se encaminen hacia el cambio de modelo
productivo.
- 6. Estimular a través de la negociación colectiva medidas de flexibilidad interna
en vez de recurrir a contratos temporales y despidos.
7/ Ignacio Fernandez Toxo, “Diálogo social: un pacto por la economía y el empleo”
25-05-09 (http://www3.feccoo.net/bdigital/com/20090528_com/pdf/articulo%20toxo.pdf)
8/ Manuel Gomez resumía en El Pais las posiciones en la mesa de diálogo social (“El
Gobierno carga contra la CEOE por defender el despido libre”, 24-07-2009)
SINDICATOS
- Ayudas mensuales de 420 euros a parados sin rentas durante un año.
- Reclamación de un plan de actuación urgente para hacer frente al deterioro de la
coyuntura económica con inversiones en infraestructuras, turismo, vivienda.
- Declaración con compromisos y calendarios para abrir la discusión sobre el camino
a seguir para cambar de modelo económico.
PATRONAL
- Abrir en el próximo septiembre un debate sobre la reforma laboral.
- Recortes de cotizaciones a la Seguridad Social. Ayer estimaron que había margen
para más de seis puntos.
- Colaboración de las agencias de colocación privadas con los servicios públicos de
empleo.
- Recorte de cinco puntos en el impuesto de sociedades para Pymes.
GOBIERNO
- Ayudas mensuales de 420 euros a parados sin rentas durante seis meses. El programa
puede prorrogarse seis meses más.
- Recortes de cotizaciones a la Seguridad Social de un punto y medio. Uno sólo
durante 2010 y otro de forma permanente.
- Mejorar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo para aumentar su
mediación en el mercado laboral.
9/ Para un análisis crítico del diálogo social, ver Daniel Albarracín,
“Oportunidades para discutir tras la ruptura ¿temporal? de la mesa” Rebelión
8-07-09.
10/ Ver Vincent Navarro, “La reforma de la financiación autonómica: un buen paso
pero todavía insuficiente”, Rebelión 18-07-09. Navarro señala con razón el déficit
entre el PIB per cápita de España, el 93% de la media comunitaria y el de gasto
público per capita, el 71% de la media UE. El déficit supone unos 70.000 millones de
euros. Moody´s advirtió casi el mismo día del deterioro de la deuda pública de las
Comunidades (EP 22-07-09).
11/ Ver el análisis de Ramón Zallo, “Gabinete López: cien días de palo y sin
gobierno” Rebelión 18-08-09.
12/ Julio M. Lazaro, “El Tribunal Constitucional encalla en dos aspectos clave del
estatuto catalán”, El Pais, 23-08-09
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