Sección: El Problema EspañolTítulo: Jaume D'Urgell puede ingresar en prisión por un supuesto delito que, en el fondo, se refiere a la libertad de opinión. - Enlace 1 Texto del artículo:
Jaume D'Urgell puede ingresar en prisión por un supuesto delito que, en el fondo, se refiere a la libertad de opinión.
Jaume D'Urgell es socio de Paz Ahora y en el pasado reciente ha sido secretario de nuestra junta directiva.
El Juzgado de lo Penal número 5 de Madrid, sentenció la libre absolución de Jaume del cargo de ‘desórdenes públicos’ pero le condenó a multa de varios miles de euros
por el cargo de ‘ultrajes a España’.
El 'ultraje' por el que ha sido condenado consistió en sustituir en un edificio
público la actual bandera de España, por la que fue bandera oficial de España
durante la II República desde el año 1931 al 1939.
Jaume va a ejercer la objeción de conciencia al pago de esa multa. De acuerdo con el
artículo 53 del Código Penal, debe afrontar un período de 105 días de privación de
libertad.
En Paz Ahora entendemos que Jaume D'Urgell se ha limitado a ejercer un acto de
desobediencia civil no-violenta. En estados tan patrióticos como Estados Unidos o
Gran Bretaña nadie puede ser condenado por 'ultrajar a la bandera' (Ver ENLACE 1:
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Profanar/bandera/seguira/ser/delito/EE/UU/elpporint/20060629elpepiint_16/Tes
).
Representantes de Paz Ahora acompañarán a Jaume al juzgado en el momento de
ejecutarse la sentencia el jueves 10 de septiembre de 2009 a las 10 a.m.
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NOTA DE PRENSA EMITIDA POR JAUME D'URGELL:
Inminente ingreso en prisión del ciudadano que sustituyó
la bandera monárquica por la republicana en un edificio público
El 14 de mayo de 2006, en el transcurso de una manifestación celebrada en Madrid,
con el doble objetivo de reivindicar el abaratamiento del coste de la vivienda y
protestar por la elevada tasa de precariedad laboral, Jaume d’Urgell escaló la
fachada del edificio que aloja la sede de los Juzgados del
Contencioso-Administrativo, en la Gran Vía, y, tras arriar la bandera monárquica,
izó en su lugar la republicana, ambas de España.
En el momento de producirse los hechos, Jaume d’Urgell no era militante,
simpatizante, ni actuaba en representación de ningún partido político.
Poco después, efectivos no-uniformados del Cuerpo Nacional de Policía, procedieron a
su detención y traslado a comisaría. Transcurridas 27 horas, fue puesto a
disposición judicial, acusado de ‘desórdenes públicos’ (artículo 557.1 del Código
Penal) y ‘ultrajes a España’ (artículo 543 del Código Penal).
Durante el proceso ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, el 20 de
febrero de 2007, la Fiscalía solicitó la pena de un año de prisión por el cargo de
‘desórdenes públicos’, y el pago de 4.000 euros en concepto de multa por el cargo de
‘ultrajes a España’.
El juicio, inicialmente previsto para el 4 de octubre de 2007, hubo de ser aplazado
a última hora, tras el abandono de la defensa, 48 horas antes del juicio, motivado
por la intensidad de las presiones recibidas.
El 18 de enero de 2008, durante la celebración del juicio, Jaume d’Urgell afirmó
que, lejos de menoscabar la honorabilidad del país, con la restitución de la enseña
republicana en un edificio público, pretendía poner de manifiesto su convicción
política de que: más allá de los símbolos o la pervivencia de ‘reductos feudales del
folklore institucional’, la adopción de una forma de gobierno plenamente
democrática, con una mayor separación de poderes, transparencia y participación,
resultaría más favorable para los intereses del conjunto de la ciudadanía.
El 25 de enero de 2008, el Juzgado de lo Penal número 5 de Madrid, sentenció la
libre absolución del cargo de ‘desórdenes públicos’ y condenó a multa de siete meses
por el cargo de ‘ultrajes a España’.
En palabras del propio magistrado: no hubo violencia, ni premeditación, ni
destrucción de la propiedad pública; no se actuó en grupo, ni se ofreció la menor
resistencia u oposición al arresto. Se trató de un acto de desobediencia civil
pacífica, que no obstante, se encuentra tipificado en el artículo 543 del Código
Penal, por lo que resolvió imponer la pena mínima contemplada en la Ley.
Ejecución de la sentencia.
El próximo jueves, 10 de septiembre de 2009, el Juzgado de Ejecución Penal número 7
de Madrid, ha citado a Jaume d’Urgell para que comparezca a las 10:00 horas, al
efecto de proceder al cumplimiento de la sentencia.
Manteniendo su posición, Jaume d’Urgell no va a satisfacer el importe de la multa:
‘ni de 4.000 euros, ni de 1.260, ni siquiera de un céntimo’, y no por desobediencia
a la Justicia, sino por incompatibilidad moral con sus convicciones. Jaume d’Urgell
considera haber infringido un precepto de naturaleza política –y no verdaderamente
penal, dado que el bien jurídico protegido (la monarquía), en su opinión, atenta
contra el interés general de la ciudadanía–, por ello, se ve obligado a objetar en
conciencia ante el pago de la multa.
De acuerdo con el artículo 53 del Código Penal, en caso de mantener su decisión,
cabe la posibilidad de que Jaume d’Urgell deba afrontar un período de 105 días de
privación de libertad, y eso, aún tratándose de una pena inferior a dos años y
considerando que el condenado carece de antecedentes penales.
Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 10/09/2009 - Modificar
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