Secciones: El Problema Español - Memoria HistóricaTítulo: El problema de la impunidad en España son sus causas, no sus consecuencias. Por EQUIPO NIZKOR Texto del artículo:
EQUIPO NIZKOR Información DERECHOS
23 abr 2010
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El problema de la impunidad en España son sus causas, no sus consecuencias
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Desde que el Equipo Nizkor hiciera público el 14 de abril de 2004 su documento "La
cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", que fue el primero
después de la promulgación de la Constitución de 1978 en plantear la cuestión de
las víctimas del franquismo a la luz del derecho penal internacional y del derecho
internacional de los derechos humanos, hemos elaborado y difundido regularmente
declaraciones y documentos sobre el denominado "modelo español de impunidad".
En relación con los hechos ocurridos como consecuencia de las denuncias
presentadas en la Audiencia Nacional, también han sido varios los documentos de
análisis que hemos emitido; en los mismos han participado además organizaciones de
todo el Estado que, por decisión propia, no tomaron parte en dichas denuncias. En
esas declaraciones preveíamos muchos de los hechos que se produjeron después, y,
especialmente, el riesgo de archivo de las causas conforme al derecho procesal
vigente.
Entre las declaraciones emitidas destacamos:
La "Declaración sobre la situación de las denuncias de víctimas del franquismo
ante la Audiencia Nacional", hecha pública el 30 de septiembre de 2008, a la que
siguió otra de fecha 20 de noviembre de 2008 titulada "Declaración sobre el
incidente de competencia en la Audiencia Nacional: el crimen no puede ser origen
del derecho". Se trata de dos documentos detallados donde tratábamos de explicar
la situación creada a partir de los hechos procesales desencadenados por la
actuación instructora del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 de la Audiencia
Nacional. Por último, el 21 de febrero de 2010, publicamos el documento titulado
"El caso contra el juez Baltasar Garzón muestra las contradicciones estructurales
del sistema de impunidad español".
Con estas declaraciones hemos dejado en claro la posición de todas las
organizaciones que, por razones de estrategia jurídica, no participamos en las
denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional.
La situación que se está produciendo en la actualidad en el Tribunal Supremos nos
lleva a ratificarnos en todas y cada una de las declaraciones reseñadas. No
obstante, dadas las circunstancias nos vemos en la obligación de reiterar algunos
de los aspectos ya abordados.
Thomas Paine en su obra "Los derechos del hombre", referencia indispensable para
la ética de libertades civiles que emana de la Revolución Norteamericana y la
Revolución Francesa, y que consideramos de especial relevancia en la situación
actual, dice: "Conviene a sus propósitos [de aquéllos que se oponen a los valores
republicanos y las libertades civiles] el exhibir las consecuencias omitiendo sus
causas. En eso consiste uno de los recursos del drama. Si se exhibieran los
crímenes de los hombres al mismo tiempo que sus sufrimientos el efecto escénico se
destruiría fácilmente y el público se sentiría inclinado a aprobar, cuando no se
desea más que su conmiseración. "
Por ello consideramos que, como parte del ejercicio de nuestras libertades, es
necesario reflexionar sobre las causas estructurales que llevan a la situación
actual, en la cual, las principales afectadas son las víctimas del franquismo que
merecen y reclaman justicia y no conmiseración.
En los últimas días se han producido hechos de una esencial importancia en el
procedimiento que se sustancia en el Tribunal Supremo a raíz de la querella
presentada por el denominado Sindicato "Manos Limpias" - organización de extrema
derecha originada en los restos del partido franquista Fuerza Nueva-, la
asociación del mismo origen político "Libertad e Identidad" y el partido político
Falange Española de las JONS, de la que basta decir que es la única organización
que dio origen a, y participó en, un régimen fascista y/o nacionalsocialista en
Europa y que en cambio ha sido reconocida por altos tribunales en la Europa
surgida de la Segunda Guerra Mundial, la misma Europa cuya historia dio origen al
Sistema de Naciones Unidas y al derecho penal internacional reconocido por todos
los países que integran esa organización.
Por todo ello nos ratificamos en lo declarado desde 2004 en los siguientes
aspectos que afectan a la situación actual:
* 1) El Tribunal Supremo debe proceder a resolver la cuestión planteada por la
querella en contra del Juez Baltasar Garzón de manera acorde al derecho penal
internacional y concordante además con la historia de todos los países que han
sufrido regímenes fascistas y nacionalsocialistas .
* 2) El reconocimiento de la legitimidad activa de Falange Española de las JONS
coloca a España fuera del derecho europeo y, en la práctica, es un acto propio de
lo que podríamos denominar un estado de excepción, en el sentido que el conocido
doctrinario nacionalsocialista Carl Schmitt dio al término; ni siquiera la
dictadura de los coroneles griegos obtuvo tal reconocimiento en los tribunales.
* 3) Rechazamos expresamente que sea posible en derecho alegar la representació n
de un régimen que, según las resoluciones de Naciones Unidas "En sus orígenes,
naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen
fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda de la
Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de Mussolini" y que, por lo tanto,
no puede aceptarse su legalidad en sede judicial y, menos aún, en el Tribunal
Supremo de un país que pretende cumplir las condiciones formales de un estado de
derecho.
Por ello, consideramos meros subterfugios jurídicos y manifiestamente insuficiente
el que se proceda a rechazar la participación de Falange Española de las JONS en
el proceso abierto en contra del Juez Baltasar Garzón por meras formalidades
procesales, obviando la resolución de la cuestión de fondo.
4) Tampoco podemos aceptar en derecho el planteamiento del fiscal en su escrito de
22 de abril de 2010 en el que considera que Falange Española de las JONS carecen
de "legitimación procesal", posición que ha sido apoyada públicamente incluso por
el Ministro de Justicia del Reino de España por los mismos motivos que ya hemos
expuesto.
Esta posición de la Fiscalía ha sido utilizada por medios de prensa como "El País"
para manipular una vez más los tipos penales y dar así a entender que lo que
estaba diciendo la Fiscalía es que Falange Española de las JONS carecía de
legitimidad, cuando en ningún momento en este procedimiento, hasta el momento, se
ha puesto en cuestión la legitimación de Falange Española de las JONS sobre la
base de ser una organización que formó parte de la persecución sistemática de
personas por motivos políticos que llevó a cabo el régimen franquista.
En realidad, la posición de la Fiscalía ataca directamente la institución de la
"acusación popular" reconocida en la Constitución Española y no es más que un
grave intento de deslegitimar esta institución y eliminar la posibilidad de que
mediante la misma se pueda llevar a alguien ante la justicia y, por supuesto,
obvia la discusión de la cuestión de fondo.
Es necesario aclarar que existen amplios sectores de la magistratura que llevan al
menos 12 años elaborando proyectos de todo tipo para que la institución de la
"acusación popular" desaparezca. Por eso no deja de ser asombroso que se
aprovechen de una circunstancia excepcional como la presente para esconder estas
intenciones de modificación "de facto" de la Constitución, que sin embargo niegan
cuando se trata de reconocer los derechos de las víctimas del franquismo.
Son los jueces quienes con sus decisiones basadas en el derecho aplicable y la
jurisprudencia deben poner los límites objetivos a la utilización perversa de la
institución de la "acusación popular". Existen, como en el presente caso,
elementos jurisprudenciales y de derecho penal internacional suficientes para
resolver este caso sin eliminar el derecho de representació n ante los tribunales
de justicia.
* 5) Las causas que han llevado a esta situación que tanto asombra a los países
europeos que consideraban que España "había hecho sus deberes" durante la
transición democrática, no es la actuación del Juez Baltasar Garzón, sino el
desconocimiento palmario del derecho penal internacional, la continuidad de la
legalidad de un régimen dictatorial como el franquista y el total abandono de las
víctimas del franquismo por parte del Estado, cuestiones todas ellas de las que
han hecho gala los diferentes gobiernos democráticos y que han tenido su culmen
épico en la aprobación de la denominada "Ley de la Memoria" por la práctica
totalidad de los grupos parlamentarios representados en el Congreso, con la sola
excepción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, cuyo
diputado Joan Tardà representó esta honorable excepción y, por razones políticas
totalmente contrarias a las víctimas del franquismo, el Partido Popular.
* 6) La denominada "Ley de la Memoria" es una ley de impunidad objetiva y, por lo
tanto, de confirmación del modelo de impunidad español, y ello por dos motivos
muy claros: primero, porque niega el reconocimiento jurídico de las víctimas al
convertirlo en un mero "acto administrativo" y así está siendo aplicado por los
juzgados de primera instancia e, incluso, defendido por asociaciones que
promueven la "Ley de la Memoria"; y, segundo, porque reconoce la legalidad de las
leyes franquistas y ésta es la base jurídica que dio pie a la presentación de
Fuerza Nueva y Falange Española de las JONS en una querella ante el Tribunal
Supremo, reconociéndoseles así la legitimación activa para defender a integrantes
del régimen franquista. [Ver comunicado de 11 de octubre de 2007 titulado
"Declaración ante el acuerdo parlamentario para presentar un nuevo proyecto de
Ley de la memoria y la apertura de la ponencia en la Comisión constitucional del
Congreso" firmado por más de 70 asociaciones y el complementario de 30 de octubre
de 2007 titulado "Una ley aberrante"]
* 7) La cuestión de fondo sigue y seguirá siendo la misma que explicitamos en el
punto 2) del documento hecho público el 01 de septiembre de 2006 titulado "Entre
la cobardía moral y la ilegalidad". En el mismo decíamos, junto a más de 60
organizaciones, que: "El Proyecto de Ley no hace ningún reconocimiento jurídico
de las víctimas del franquismo y, como consecuencia, no recoge ninguna de las
demandas de las asociaciones de víctimas, ya que sólo habla de reconocimiento
moral y compensaciones económicas, que no de indemnizaciones, y no es concordante
con el derecho internacional de los derechos humanos, ni con las normas
internacionales de reparación de víctimas. En este sentido, resulta conveniente
recordar que los tratados internacionales suscritos por España forman parte del
ordenamiento interno, esto es, los pactos y tratados sobre derechos humanos están
reconocidos por la Constitución vigente, tratándose además de normas de
nivel superior a la propia constitución. "
Esta declaración fue ratificada por varias organizaciones el 11 de enero de 2010,
en un texto titulado "Ante el segundo aniversario de la "Ley de la memoria" en el
que, a raíz del segundo aniversario de la entrada en vigor de la "Ley de la
Memoria", decíamos que esta ley era "insalvablemente ilegal" debido a que "El
artículo 3 de la Ley proclama la 'ilegitimidad' de los tribunales franquistas
aceptando, por ende, su legalidad y, como dijimos en un comunicado de 14 de agosto
de 2007, esta postura doctrinal retrotraía la discusión al año 1930 en que los
conocidos juristas y abogados D. Felipe Sánchez Román y D. Luis Jiménez de Asúa
defendieron en una asamblea del Colegio de Abogados de Madrid la necesidad de
dejar sin efecto el Código Penal de 1928, conocido como 'Código de Primo de
Rivera', que fue aprobado por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928. Su
propuesta fue aprobada por mayoría del Colegio de Abogados de Madrid. La ponencia
en
cuestión afirmaba expresamente que 'El Código penal gubernativo, impuesto por Real
Decreto de 8 de septiembre de 1928, previo acuerdo del primer Consejo de ministros
de la Dictadura, adolece, por esta sola razón, de ilegítima procedencia, del más
rotundo vicio de ilegalidad'" .
* 8) A pesar de las discusiones bizantinas y política e ideológicamente motivadas
con relación a la "Ley de Amnistía", y a pesar de la vacua, irreflexiba, perversa
y nula en derecho reforma de dicha ley que ha propuesto el Diputado Gaspar
Llamazares, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en una proposición de ley
presentada en el registro del Congreso de los Diputados el 20 de abril de 2010,
no cabe duda alguna en derecho internacional de que a tenor de la jurisprudencia
emanada de los juicios de Nuremberg y de las resoluciones de las Naciones Unidas,
la ilegalidad del régimen del General Franco está fuera de toda duda razonable en
el derecho penal aplicable en la Europa surgida de la II Guerra Mundial y, por lo
tanto, los crímenes cometidos no pueden ser amnistiados al reunir las
caracteristícas de "crímenes de guerra" y "crímenes contra la humanidad".
* 9) Desde que hiciéramos público en 2004 nuestro documento "La cuestión de la
impunidad en España y los crímenes franquistas" , primero en analizar lo que
hemos denominado el "modelo de impunidad español", hemos pedido la investigación
penal de los crímenes del franquismo entre otros aspectos incluidos en el "Plan
de Acción" contenido en el mismo. A su vez, tanto el Equipo Nizkor como las
asociaciones que nos han apoyado, hemos hecho públicas numerosas declaraciones
argumentando esta necesidad. En todas ellas hemos partido de que es necesaria la
transparencia procesal y el cumplimiento del derecho a la justicia como única
forma de reparación a las víctimas del franquismo. Por eso mismo exigimos que se
apliquen en forma escrupulosa todas las normas del debido proceso como única
manera de reconocimiento y de respeto a las víctimas y sus familiares.
* 10) Por último, ratificamos en esta oportunidad la declaración "Entre la
cobardía moral y la ilegalidad" que hicimos pública, con el apoyo de la práctica
totalidad de las asociaciones de víctimas del franquismo, el 1 de septiembre de
2006
El actual estado de cosas no es más que la consecuencia de la falta de
responsabilidad ética, moral y legal de los grupos políticos parlamentarios que
apoyaron la denominada "Ley de la Memoria Histórica", la cual no da solución
legislativa a los principales aspectos de la cuestión de las víctimas del
franquismo, dejando en la indefensión más absoluta a las víctimas y sus familiares
y, más aún, pretende alejarles de la historia común europea y especialmente de las
soluciones que se adoptaron en la materia en los países que sufrieron regímenes
fascistas o nacionalsocialistas .
* 11) Por todo ello reiteramos la exigencia de que el Tribunal Supremo archive
las actuaciones abiertas a causa de la querella presentada contra el Juez
Baltazar Garzón y reiteramos también que las víctimas del franquismo lo que
necesitan es justicia y no conmiseración.
El no reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo es, no sólo un acto
de injusticia manifiesta, sino también un acto que desconoce la igualdad ante la
ley y permite la legalizaciónde facto de un régimen fascista que toda Europa creía
finiquitado.
Madrid y Charleroi, 23 de abril de 2010
Equipo Nizkor, Gregorio Dionis, presidente.
AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República
por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta
Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas
Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE
(Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general.
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