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Texto del artículo:
ANÁLISIS
Cuando todavía no hemos
asimilado el recorte de las
pensiones pactado entre
el Gobierno, la patronal
y los sindicatos más representativos,
el Gobierno aprueba el Real
Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero,
“para el reforzamiento del
sistema financiero” y nos anuncia
que se van a inyectar, como mínimo,
20.000 millones de euros más
a dicho sector. No deja de ser paradójico
que en plena época de “reformas
estructurales” y de recortes
sociales destinados al ahorro en el
gasto público, no falte dinero, sin
embargo, para ayudar a los bancos.
Pero lo que me parece más contradictorio
es el razonamiento que
se esgrime en la exposición de motivos
de esta norma para justificar la
actuación: ayudar al sector financiero
para que pueda cumplir su
función principal de canalizar el
crédito a la economía, las familias y
las pequeñas y medianas empresas.
Yo me pregunto, ¿cómo nos pueden
intentar vender esta moto, cuando
ya se han aprobado más de 100.000
millones euros en ayudas públicas,
a este mismo sector y el crédito se
recorta cada día más, asfixiando a
miles de familias y empresas?
¿Acaso este Gobierno pretende engañarnos
cree que no somos conscientes
de que ese dinero se destinará
a “lavar” las pérdidas de las entidades
financieras? Si hasta los propios
presidentes de estas empresas
no tienen empacho en decir públicamente
que “estas medidas pueden
servir para salvar entidades, pero
no para restituir los créditos y que
mejore su circulación”. Si hubiera
voluntad política de conseguir el objetivo
de reestablecer los préstamos
a la economía real, lo canalizarían
directamente a través del Instituto
de Crédito Oficial. Incluso, se podrían
adoptar medidas para ayudar
a los ciudadanos y a los bancos, a
la vez. Por ejemplo, mediante el pago
de las hipotecas de las familias a
las que esas entidades de crédito
desahucian cada día. El Estado podría
adquirir, de esta forma, un importante
parque de viviendas que
alquilaría, con opción de compra, a
esos mismos ciudadanos, y hacía
efectivo así el derecho constitucional
a una vivienda digna.
El crédito no fluirá además, porque
disminuirá la competencia en
el sector, al producirse una concentración
desmedida del poder financiero
en manos de menos agentes.
Piénsese que la norma, en realidad,
supone el desmantelamiento de las
cajas de ahorro y su obra social, las
obliga a convertirse en bancos o a
ser compradas por los ya existentes.
Las que no puedan cumplir los
requisitos de reservas y liquidez serán
ayudadas con dinero público
del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB), que
permite inyectar hasta 99.000 millones
a este sector. No obstante,
por más que se nos quiera vender
que se hará mediante una “nacionalización
transitoria”, leyendo el articulado
de la norma, es muy probable
que se trate de una medida para
sanear este tipo de entidades y ponérselas
en bandeja a los bancos a
precio de saldo. Y ello, por las siguientes
razones:
1ª. Porque es muy posible que ahora
compremos las acciones de esas
entidades a un precio muy superior
al que luego se las venderemos a los
bancos. No se exige que la reventa
se realice, como mínimo, por lo mismo
que se ha pagado. Piénsese que
el precio de adquisición lo fijarán
unos supuestos expertos “independientes”
nombrados por la Comisión
Rectora del FROB que, a pesar
de gestionar dinero público, está
formada, en su mayoría, por representantes
de los bancos y del sector
financiero. No hay nadie designado
por el Parlamento, y el representante
de la Intervención General de la
Administración del Estado, que sería
el único que podría velar por la
legalidad y la justicia de las decisiones,
sólo tiene voz, pero no voto y
sus informes no son vinculantes.
2ª. Tampoco se puede hablar de
“nacionalización” porque no somos
nosotros, a través de nuestros representantes
democráticamente
elegidos, los que nos incorporaremos
a los órganos de administración
de las entidades a las que les
concedamos el dinero público, pudiendo
exigir, por ejemplo, que se
concedan más créditos. Qué casualidad
que las personas que allí se
sienten, gracias a nuestro dinero,
serán nombradas por esa Junta
Rectora del FROB.
Pero, lo peor de todo es que no tenemos
ese dinero para entregárselo
al sector financiero. Tendremos que
acudir, de nuevo, a la Deuda Pública
para obtenerlo, con el consiguiente
aumento del déficit. Seguiremos
con la dinámica diabólica en la que
nuestros propios dirigentes nos han
metido: ese mismo sector financiero
nos exigirá nuevos recortes sociales
para comprarnos la deuda pública
que hemos adquirido, precisamente,
para ayudarlo. En definitiva,
con estas nuevas ayudas aprobadas
nos perjudicamos doblemente: le
damos a los bancos un dinero que
no tenemos y que, en todo caso, podríamos
utilizar para otros fines sociales,
y, al mismo tiempo, les permitimos
que nos pongan de rodillas,
otra vez, ante sus pretensiones
privatizadoras, sin exigirles, al menos,
que nos devuelvan lo mismo
que les prestamos, que supriman
sus filiales en los paraísos fiscales,
que eliminen las cláusulas “suelo”
de las hipotecas y los seguros leoninos
sobre intereses de los préstamos,
que paralicen los desahucios,
que se salden las deudas con la entrega
de los inmuebles, etc.
Por tanto, digo alto y claro: no
más ayudas a los bancos con mis
impuestos.
Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 27/03/2011 - Modificar
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