Secciones: Ecologismo, Movilidad y Soberanía Alimentaria - Prensa / Medios comunicaciónTítulo: AFEMA Revista de Prensa sobre ecología 15/12/04 Texto del artículo:
Índice de contenidos
1 EL PAÍS
14-12-2004
Fomento garantiza que Renfe no se privatizará con la liberalización
2 “Cinco Días”
15 de diciembre de 2004
WWF/Adena alerta sobre el aumento del deterioro ambiental
3 “Europa Press”
15 de diciembre de 2004
España presenta en la Cumbre del Clima su compromiso con el Banco Mundial para crear el Fondo de Carbono
4 “ABC”
15 de diciembre de 2004
La UE se muestra débil ante los intentos de EE.UU. de boicotear el futuro de Kioto
5 “Expansión”
15 de diciembre de 2004
EEUU complica las negociaciones sobre cambio climático
6 “La Voz de Galicia”
15 de diciembre de 2004
Multas de 40 euros por cada tonelada de dióxido de carbono
7 EL PAÍS
14-12-2004
El Gobierno obligará a los dueños de suelo contaminado a pagar su limpieza
8 EL PAÍS
14-12-2004
Tóxicos históricos
9 EL PAÍS
14-12-2004
La Administración ignora el 45% de las peticiones de información medioambiental
10 EL PAÍS
14-12-2004
Los empresarios critican la tasa de Murcia sobre la desalación
11 “Expansión”
15 de diciembre de 2004
El Gobierno abre las puertas a la implantación de ecotasas
12 “Attac-Madrid”
14 de diciembre de 2004
La omisión de Antillas Holandesas, Andorra, Bermudas, islas Caimán, Suiza y Luxemburgo, donde el Grupo Repsol-YPF donde tiene una presencia muy relevante
13 INFORMACIÓN DE ALICANTE
14-12-2004
La falta de una tuneladora bloquea nueve meses las obras del Júcar-Vinalopó
14 LAS PROVINCIAS
14-12-2004
El Consell de la Joventut premia a Xúquer Viu
15 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
09-12-2004
Aguas de Alicante quiere aumentar de 32 a 45 hectómetros el aporte de los pozos del Vinalopó
16 EL PUNT
12-12-2004
La PDE reclama un canvi radical en la gestió de l'aigua a les Terres de l'Ebre
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EL PAÍS
14-12-2004
Fomento garantiza que Renfe no se privatizará con la liberalización
La compañía, que estrena imagen, invertirá 2.500 millones en trenes
R. M. - Madrid
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, aseguró ayer que la liberalización del sector ferroviario y la entrada de la competencia privada, que se iniciará el 1 de enero próximo, no supondrá en ningún caso abrir la puerta a la privatización de Renfe. La empresa, que presentó el nuevo logotipo que lucirá como empresa de transporte, invertirá 2.500 millones de euros en los próximos cuatro años en la compra de trenes. Tiempos de modernización, pero no de privatización. Ése es el mensaje que quiso lanzar ayer la ministra de Fomento ante los principales ejecutivos de Renfe, reunidos en Madrid con motivo de la XIII convención de calidad de la empresa.
"Apostamos por un ferrocarril público y de calidad", indicó la ministra, que defendió el proceso que se ha llevado a cabo para preparar a la compañía con vistas al nuevo escenario de un mercado en competencia, basado en dos empresas públicas: el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la nueva Renfe operadora.
A partir del 1 de enero, el Adif estará encargado de la construcción y mantenimiento de las líneas y de las estaciones, y también de la gestión del tráfico ferroviario, otorgando los permisos de ocupación de la vía a las diferentes empresas que deberán pagar un tasa por el uso de las mismas. Renfe operadora se convertirá en una mera empresa de transporte de viajeros y mercancías.
Para ello, será preciso reasignar los activos y el personal que se destinarán a una y otra empresa. En principio se estima que el Adif asuma hasta la mitad de la plantilla y activos por 7.000 millones de euros. De aquí al 1 de enero, el Gobierno debe aprobar aún los reglamentos de desarrollo de la Ley del Sector Ferroviario y los estatutos jurídicos de las dos empresas. La liberalización se realizará en varias fases, de acuerdo al calendario marcado por Bruselas. El 1 de enero se liberalizará el transporte de mercancías. Renfe no entrará a competir con otras compañías para transportar viajeros en algunas líneas hasta enero de 2008. Todos los mercados deben estar completamente liberalizados en 2010.
Por lo pronto, Renfe ya tiene nuevo logotipo: el nombre en minúsculas en color malva. Se abandona el símbolo del cruce de vías que, con algunas modificaciones, llevaba implantado desde 1971. El coste del diseño del nuevo logo ha sido de 29.400 millones, y su implantación costará 180.000 euros.
El presidente de Renfe, José Salgueiro, anunció que la empresa invertirá 2.500 millones en compra de trenes en los próximos cuatro años. Por su parte, Antonio González Marín, que asumirá la presidencia de Adif, indicó que aumentarán los controles en las adjudicaciones de líneas de AVE.
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“Cinco Días”
15 de diciembre de 2004
WWF/Adena alerta sobre el aumento del deterioro ambiental
L. F. / BUENOS AIRES
A lo largo de este siglo la temperatura de la tierra no debe aumentar más de dos grados si queremos que los ecosistemas se sigan pareciendo en algo a los que tenemos actualmente. Este es el mensaje que envío ayer la asociación ecologista WWFAdena durante la presentación de su informe Climas Extremos: ¿Puede soportarlo la naturaleza? en la COP 10. Éste concluye que la situación actual es peor que la prevista por el IPCC, el panel de científicos de control de cambio climático de las Naciones Unidas para estos años.
El IPCC calcula que el aumento de la temperatura media anual desde los noventa ha sido de 0,7 grados, un ritmo que se debe reducir según las conclusiones de WWFAdena que pone como tope un incremento de la temperatura global de la tierra para este siglo de 1,5 grados, lo que supone limitar la media de aumento del calor en 0,05 grados por década. Para conseguirlo sería necesario reducir las emisiones de CO2 de todo el mundo entre un 60% y un 80% para 2050, lo que significa recortar este tipo de gases un 30% para 2020.
'El protocolo de Kioto es importante porque significa un cambio de tendencia, pero es solo un primer paso. Necesitamos compromisos más serios para después de 2012', asegura Mar Asunción, responsable del área de Cambio Climático del grupo Adena.
Todas las asociaciones ecologistas insisten en señalar que la UE debe seguir el camino que ha emprendido, y presionar para que EE UU llegue a asumir compromisos reales en la lucha contra el cambio climático.
Por otra parte, las organizaciones ecologistas Greenpeace, WWF/Adena y FERN, respaldadas por 150 asociaciones, publicaron ayer un proyecto de ley para prohibir las importaciones de madera ilegal en Europa y para promover una gestión sostenible de los bosques en el mundo.
Atentos a
Para frenar el aumento de la temperatura de la tierra sería necesario reducir las emisiones de CO2 de todo el mundo entre un 60% y un 80% para 2050, lo que significa recortar este tipo de gases un 30% para 2020, según los datos recogidos en el informe de Adena.
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“Europa Press”
15 de diciembre de 2004
España presenta en la Cumbre del Clima su compromiso con el Banco Mundial para crear el Fondo de Carbono
BUENOS AIRES (de la enviada especial de EUROPA PRESS, María García) - El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, presentó esta tarde en la décima Conferencia de las Partes del Convenio para el Cambio Climático (COP 10) el acuerdo suscrito con el Banco Mundial para crear el Fondo de Carbono Español, que permitirá adquirir un mínimo de 34 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2), con una inversión de 170 millones de euros.
Este acuerdo permitirá poner en marcha proyectos de desarrollo limpio en Latinoamérica y otras regiones que no se han atendido hasta ahora, señaló el director del Fondo de Carbono del Banco Mundial.
España tiene como prioridad los proyectos de energías renovables y de eficiencia energética y su zona geográfica de especial atención es Latinoamérica. Para que los proyectos se lleven a cabo, los dos países interesados deben presentar al Banco Mundial sus propuestas. Para agilizar los trabajos España está suscribiendo acuerdos de entendimiento con varios países de la región como Panamá, Uruguay, Argentina, México y Colombia, y se prevé que también con Costa Rica y Bolivia.
Además, España participará en el Fondo de Biocarbono y en el Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario del Banco Mundial. Así, en el de Desarrollo Comunitario se obtendrán cuatro millones de toneladas con una inversión de 20 millones de euros, y el Fondo Biocarbono, se lograrán dos millones de toneladas con una inversión de 10 millones de euros.
A través de estos fondos España podrá realizar proyectos de desarrollo limpio en terceros países y obtener derechos de emisiones que necesita a través de mecanismos de flexibilidad para cumplir el Protocolo de Kioto.
En el periodo 2008-2012 España sólo puede emitir un 15 por ciento de CO2 más que en 1990, pero el Gobierno calcula que expulsará un 24 por ciento, por lo que el nueve por ciento de exceso por el que sería penalizada se obtendrá de sumideros (dos por ciento) y mecanismos de flexibilidad (siete por ciento). Gonzalo Aizpiri señaló que los mecanismos de flexibilidad que tiene que adoptar España se deben a que "no ha hecho sus deberes a tiempo", y presenta "un aumento consumo energético no sostenible en transporte y residencias elevadísimo".
Asimismo, España contribuirá al Programa de Asistencia Técnica del Banco Mundial con un 2,5% de las aportaciones a los tres fondos, es decir cinco millones de euros.
Gonzalo Aizpiri destacó que la participación privada en estos fondos será importante con las modalidades que se concreten en el segundo plan nacional de asignación de emisiones para 2008-2012. No obstante, con las empresas que quieran participar ya en estos fondos porque necesitan deducirse emisiones, el Gobierno les facilitará la tarea, indicó Gonzalo Aizpiri.
Por su parte, el director del Fondo de Carbono del Banco Mundial, Ken New Combe, expresó su satisfacción con la entrada de España porque permitirá financiar proyectos en pequeñas comunidades que hasta ahora no se podían realizar por falta de recursos, así como integrar la lucha contra los efectos del cambio climático con las comunidades.
Por otra parte, la organización Ecologistas en Acción reclamó al Gobierno que no compre 'aire caliente', es decir, emisiones que nunca tuvieron lugar en Rusia o Ucrania por ejemplo, a través del Fondo de Carbono Español. Gonzalo Aizpiri respondió que "el Gobierno no se plantea adquirir 'aire caliente' si no es vinculado a proyectos de energías renovables".
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“ABC”
15 de diciembre de 2004
La UE se muestra débil ante los intentos de EE.UU. de boicotear el futuro de Kioto
La Administración Bush se niega en la Cumbre del Clima a adquirir ningún tipo de compromiso para el cumplimiento de Kioto incluso para después de 2012
ARACELI ACOSTA. ENVIADA ESPECIAL/BUENOS AIRES
El liderazgo que en los últimos años ha demostrado la Unión Europea en las negociaciones internacionales sobre cambio climático parece haber desaparecido a su llegada a Buenos Aires. Uno de los objetivos principales de esta cita era intentar traer de nuevo al redil a Estados Unidos, que dijo no al protocolo de Kioto en 2001. Se trataba de que, aunque ya es tarde para que la Administración Bush pueda incorporarse al primer periodo de cumplimiento del Protocolo, que termina en 2012, pudiera empezar a hablarse de futuros compromisos para lo que podríamos llamar la etapa postKioto.
Para intentar dar un marco a estas conversaciones de futuro, el negociador internacional para Argentina sobre cambio climático, Raúl Estrada, propuso la celebración de unos seminarios en 2005 para sentar las bases de lo que debían ser los retos y desafíos para después de 2012, pero también las obligaciones. Una palabra de la que la Administración Bush no quiere oir ni hablar. La respuesta que han dado a esta propuesta es que aceptan un seminario de sólo un día de duración, a puerta cerrada y en el que sólo se hable de los programas en vigor dentro de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático y en ningún caso de compromisos bajo la tutela de Kioto.
Una propuesta considerada inaceptable por los grupos ecologistas presentes en la COP 10 pero que, sin embargo, la UE está estudiando. Jos Delbeke, portavoz de la Comisión Europea, dijo ayer que «la cuestión no es si duran un día, dos o la semana entera, sino que los seminarios sean útiles», y que si lo son no tienen problema en financiarlos. Pero los grupos de observadores en la reunión quieren que se haga referencia al Protocolo, pues lo contrario podría significar «un riesgo de que se empiecen a diluir los compromisos para el segundo periodo de cumplimiento», dice Mar Asunción, responsable de cambio climático de WWF/Adena.
Así las cosas, no es de extrañar que el segundo y tercer puesto de los premios Fósil del día -que las ONG otorgan a las delegaciones que peor están actuando en las negociaciones- recayera en Estados Unidos, por «hacer una propuesta vacía de contenido sin precedentes por parte de un Gobierno nacional». El primero ha recaído en Holanda, por ejercer la Presidencia de la Unión Europea, «por generar confusión en cuál es la posición europea para las negociaciones post 2012» y porque «en vez de acomodarse a la Administración Bush, deben tender hacia la obligación de reducción de emisiones».
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“Expansión”
15 de diciembre de 2004
EEUU complica las negociaciones sobre cambio climático
Estados Unidos ha dejado claro en la X Conferencia del Clima de Buenos Aires (COP 10) su intención de no asumir compromisos de lucha contra el cambio climático, ni siquiera al margen del Protocolo de Kioto.
EEUU está dispuesto a seguir negociando, pero sólo bajo el marco de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, lo que evita asumir un objetivo cuantificado de la reduccción de emisiones a largo plazo. La UE propone que las emisiones desciendan un 20% en 2050, en un contexto en el que EEUU ha logrado reducir las discusiones a cuestiones técnicas como la celebración de seminarios sobre cambio climático.
Arabia Saudí
El segundo bloque de discusiones gira en torno a Arabia Saudí, que está presionando a través del G-77 (presidido por Qatar) para obtener compensaciones como productor de petróleo por las pérdidas derivadas de la lucha contra el cambio climático, algo a lo que la UE, principal donante, se niega. El resto del G-77, incluidos otros países de la OPEP (como Indonesia), no están de acuerdo con la postura de Arabia, al prever que perjudicará la obtención de ayudas.
Bruselas ha alcanzado un acuerdo para definir las reglas de los registros nacionales de emisiones, “una pieza clave para que el mercado europeo funcione en 2005”. Estos registros estarán interconectados por una autoridad europea.
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“La Voz de Galicia”
15 de diciembre de 2004
Multas de 40 euros por cada tonelada de dióxido de carbono
Las empresas que superen su techo gratuito de emisiones de CO2 (el asignado por el Gobierno español) tendrán tres opciones: invertir en tecnología que reduzca su contaminación; comprar CO2 en el mercado europeo, o pagar una multa.
Las inversiones en tecnología menos contaminante se cifran en Galicia en 669 millones de euros. El precio de los derechos de CO2 aún no cotiza en Europa y las estimaciones de su valor van desde los 5 a los 40 euros por tonelada.
La multa inicial prefijada por la Unión Europea para la industria que exceda su cuota de gases de efecto invernadoro es de 40 euros por tonelada para el período 2005-2007 y de 100 euros por tonelada para el 2008-2012.
En un cálculo optimista, la industria gallega actual tendría pagar 40 millones de euros en el 2005 en la compra de derechos de dióxido de carbono. La estimación más pesimista es de 800 millones de euros, suponiendo que ninguno de los nuevos proyectos industriales obtuviera derechos gratuitos.
Condiciones
El Ministerio de Medio Ambiente obliga a obtener derechos a cualquier nueva industria de celulosa o papel que supere las 20 toneladas de producción media diaria; las 2,5 toneladas/hora de acero; las 75 toneladas/día de ladrillos o tejas; o las 20 toneladas/día para vidrio. Las cifras mínimas sirven tanto para nuevas fábricas como para la renovación de derechos de CO2 a partir del ejercicio 2008.
Las normas son idénticas para empresas que realicen ampliaciones de producción de más de un 20% de su capacidad actual.
Las industrias de menos tamaño no están obligadas, de momento, a declarar cada año sus emisiones de dióxido de carbono ni, por lo tanto, a obtener derechos gratuitos de la burbuja española.
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EL PAÍS
14-12-2004
El Gobierno obligará a los dueños de suelo contaminado a pagar su limpieza
La declaración de terreno contaminado deberá constar en el registro de la propiedad
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid
La declaración de suelo contaminado constará en el registro de la propiedad y descontaminar el suelo será imprescindible para cambiar el uso del terreno. Así lo establece un borrador de real decreto sobre suelos contaminados que ha elaborado el Ministerio de Medio Ambiente. El texto obliga a miles de empresas de 101 sectores (desde químicas a talleres mecánicos) a elaborar un informe sobre la situación de su emplazamiento, establece valores máximos para 60 sustancias químicas y obliga a pagar la limpieza de la zona si se superan esos valores. El subdirector general de Prevención de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Martínez, reconoce que "nadie sabe a ciencia cierta cuántos suelos contaminados hay en España". El borrador de real decreto asegura que en el Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados (1995-2005) "se inventariaron 4.532 emplazamientos como potencialmente contaminados". Sin embargo, como reconoce el texto, al cifra real es mayor: "Existe en nuestro país un mayor número de zonas degradadas por la acción del hombre".
La Ley de Residuos, de 1998, ya encargaba al Gobierno un decreto sobre cómo declarar y descontaminar los suelos afectados. La falta de reglamento ha convertido esa parte de la ley en papel mojado, como explica el abogado experto en suelos contaminados Carlos de Miguel. El texto que maneja Medio Ambiente, de 25 folios, ha sido aceptado por las comunidades autónomas y remitido a los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente y al Consejo de Estado.
Medio Ambiente prevé aprobar el real decreto a principios de 2005 después de cuatro años de discusiones y estudios. El texto obliga a las empresas "potencialmente contaminantes" a realizar un informe a la comunidad autónoma. En ese informe -para el que hay un plazo de dos años- la empresa debe incluir datos como las materias que utiliza, la red de drenaje, si el suelo es pavimentado o no, el tipo de almacenamiento, la cantidad de productos peligrosos utilizados, la separación de materiales...
Miles de empresas
Las empresas "potencialmente contaminantes" son miles. El decreto fija que todas aquellas que pertenezcan a 101 sectores deberán emitir el informe sobre el estado de su suelo. El listado comprende desde talleres de automóviles, fabricación de productos químicos, extracción de derivados del petróleo, fabricas de muebles, empresas farmacéuticas, transformación de metales, revelado de fotografía al por mayor y fabricación de ordenadores, entre otros. También están obligadas las empresas de otros sectores que manejen más de 10 toneladas al año de sustancias peligrosas o que almacenen más de 50.000 litros.
Martínez afirma que el texto ha tardado tanto debido precisamente al gran número de empresas que afecta: "Es un texto valiente y muy complicado por la cantidad de niveles que había que fijar técnicamente. Pocos países han regulado el tratamiento de los suelos contaminados". Cada comunidad autónoma, generalmente la Consejería de Medio Ambiente, recibirá esta documentación y podrá pedir nuevos informes a las empresas con más posibilidades de haber contaminado el suelo. Finalmente, la comunidad autónoma será la encargada de declarar un suelo como contaminado. En ese momento, la administración obliga al dueño de la parcela a descontaminar el terreno aunque no le da el plazo para hacerlo.
Además, la situación de suelo contaminado constará como nota al margen en el registro de la propiedad. "El registrador de la propiedad hará constar la expedición [del certificado de suelo contaminado] por nota extendida al margen de la última inscripción", según el texto.
"Aunque el decreto no fija un plazo para descontaminar, las empresas sabrán que con un suelo contaminado no podrán hacer nada: ni vender, ni ampliar el negocio, ni cambiar el uso del suelo", explica Martínez. En casos muy graves, la comunidad autónoma puede obligar a descontaminar inmediatamente. El departamento que dirige Cristina Narbona estima que la mayoría de suelos contaminados estarán en zonas cerca de las ciudades, por lo que "la plusvalía de limpiar el suelo compensará la descontaminación". El registrador retirará la nota al margen cuando la comunidad autónoma certifique la descontaminación.
Polígonos de tiro
La organización ecologista WWF/Adena ha pedido la inclusión de los polígonos de tiro entre las actividades potencialmente contaminantes. El decreto deja a un lado los terrenos militares hasta que el Ministerio de Defensa y Medio Ambiente acuerden un plan de actuación. De Miguel explica que las implicaciones son enormes: "Hay empresas que cuentan en sus activos los solares, pero su precio se puede reducir drásticamente si resulta que están contaminados. Limpiar un suelo es muy caro. Es fácil hablar de centenares de miles de euros".
El texto establece distintos valores máximos en el suelo para 60 sustancias contaminantes (del cloroformo al DDT). El nivel admitido para un suelo urbanizable es 10 veces menor que para un suelo industrial o una agrícola. Un suelo se declarará contaminado en función del riesgo para la salud (el decreto fija niveles máximos de sustancias nocivas) o para el ecosistema (establece niveles permitidos en organismos que viven en el suelo, seres acuáticos y vertebrados terrestres).
Martínez afirma que el decreto es realista: "En Estados Unidos controlan centenares de sustancias. Hemos querido hacer un decreto realista que se pueda cumplir y que nos permite mejorar la calidad del suelo, aunque es un proceso que tardará años". Y añade: "El texto impedirá problemas legales que se dan actualmente con la venta de suelos. Hay casos de gente que compra terrenos sin saber que están contaminados y cuando se da cuenta, no puede reclamar porque la ley no fijaba la obligación de declararlo".
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EL PAÍS
14-12-2004
Tóxicos históricos
R. M. - Madrid
¿Qué ocurre con un suelo contaminado durante décadas y que acaba de ser vendido? "Pues que el nuevo dueño tendrá que descontaminarlo", replica Carlos de Miguel, abogado experto en suelos contaminados del despacho Uría y Menéndez.
De Miguel afirma que "el decreto es poco sutil en ese aspecto. Hay zonas contaminadas desde la época de los romanos y ahora el decreto establece que el encargado de limpiarlo es el dueño actual".
El subdirector general de Prevención de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Martínez, admite que la contaminación histórica en un problema pero que "no se puede dejar fuera a terrenos muy contaminados sólo porque lleven así años".
Otro problema será el caso de suelos sin dueño o en los que descontaminar sea muy caro. Martínez explica cómo lo han solucionado otros países: "En EE UU, si no hay dueño o éste se niega a descontaminar, el Gobierno tiene fondos para limpiar el suelo y, a la vez, un equipo de abogados empieza el litigio para cobrar o al menos poder venderlo tras la limpieza, pero aquí no hay nada así. Este es un proceso de años que acabamos de empezar".
Otro de los problemas es el de aquellos lugares con altos niveles naturales de metales. Es el caso de Almadén, en Ciudad Real, donde los niveles de mercurio en el suelo son elevados. "Si fuésemos estrictos, todo Almadén estaría contaminado, por eso hablamos de niveles de mercurio por encima de lo habitual en una zona". Lo que nadie puede alegar son niveles naturales de DDT o hexaclorobenceno.
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EL PAÍS
14-12-2004
La Administración ignora el 45% de las peticiones de información medioambiental
R. M. - Madrid
La Administración no contesta o deniega el 45% de las peticiones sobre información ambiental, según un estudio publicado ayer por la organización ecologista WWF/Adena. Esta asociación denunció que la directiva europea de Libertad de Acceso a la Información Medioambiental, aprobada en 1990, se incumple sistemáticamente en España. La Comisión Europea contestó en plazo el 100% de las peticiones.
En el último año, WWF/Adena ha solicitado 60 informes a las distintas administraciones y sólo ha recibido el 54% en los dos meses que marca la directiva. En este tiempo, el Gobierno respondió al 66,6% de las peticiones y las comunidades autónomas al 30%. En el resto de los casos, la administración ignoró o denegó el acceso. La directiva, traspuesta en España desde 1995, obliga a hacer pública toda la información medioambiental salvo aquella que afecte a la seguridad del Estado, esté bajo proceso judicial o dañe los intereses mercantiles de alguna parte.
Rita Rodríguez, del departamento legal de WWF/Adena, asegura que a menudo las autonomías deniegan las peticiones sobre evaluaciones de impacto ambiental y remiten al Ministerio de Medio Ambiente aunque las tengan. La organización ha presentado dos quejas ante la UE por el comportamiento de España.
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EL PAÍS
14-12-2004
Los empresarios critican la tasa de Murcia sobre la desalación
TONO CALLEJA - Murcia
Los principales empresarios de la desalación han criticado duramente la intención del Gobierno murciano de imponer un canon por el vertido de salmuera al mar. La consideran una medida "injusta, ya que ninguna otra comunidad inflige un sobrecoste similar a los agricultores", según José Luis Loidi, director de la empresa Tedagua. La tasa propuesta por el Gobierno de Murcia, del PP, supondrá elevar el precio del agua al menos en 16.000 euros por hectómetro cúbico, 16 veces más de lo propuesto del Ministerio de Medio Ambiente.
El responsable de Tedagua, que gestiona una quincena de desaladoras en Murcia, advirtió de que si el Gobierno de Murcia se empeña en castigar a los agricultores de Mazarrón y Águilas, "los agricultores tendrán que tomar la decisión de no pagarlo, ya que si no desaparecería la mitad de las explotaciones por la falta de rentabilidad de sus negocios", dijo Loidi. Éste calificó el canon al vertido de la salmuera como "un auténtico disparate".
Loidi negó que la salmuera sea un vertido contaminante, como argumenta en la enmienda el grupo parlamentario popular en la Asamblea Regional murciana: "A 20 metros de distancia de la zona de vertido no hay efecto sobre el entorno, especialmente en la pradera de poseidonia".
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“Expansión”
15 de diciembre de 2004
El Gobierno abre las puertas a la implantación de ecotasas
Ejecutivo y PSOE plantean la elaboración de una ley de bases de fiscalidad ecológica. El texto pretende recoger "los principios a los que debe adecuarse el establecimiento de este tipo de impuestos" en las comunidades autónomas.
La reforma fiscal que plantea el Gobierno tendrá un elemento adicional: las ecotasas.
PSOE y Gobierno quieren abrir la puerta a estos tributos. En concreto, su propuesta recoge la creación de una “ley de bases de fiscalidad ecológica”. En esa norma se deberán incluir “los principios a los que debe adecuarse el establecimiento de estos impuestos”. La futura ley, además, deberá “promover la eficiencia y la modernización ecológica del sistema productivo, con el objetivo de fijar el marco normativo que debe presidir la producción normativa [de estos impuestos]”, según recoge un documento de Moncloa en el que se detalla la reforma fiscal.
Este tipo de impuestos –que gravan las actividades o instalaciones que provocan contaminación y daños al medioambiente– prácticamente no ha hecho su aparición en España. Los roces entre el anterior Gobierno de los populares y la Hacienda Balear –que se decidió, hace casi tres años, a lanzar una ecotasa– marcaron una tónica de enfrentamientos en el Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo central que frenó el desarrollo de estos impuestos.
El Gobierno quiere acabar con este parón en el lanzamiento de las ecotasas. Y cuenta ya con el respaldo de la Unión Europea en su deseo por implantar la fiscalidad medioambiental. El hasta hace poco comisario de Fiscalidad de la UE, Frits Bolkestein, y su sucesor, László Kovács, han defendido tradicionalmente una línea de fiscalidad basada en la rebaja del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y de las cotizaciones a la Seguridad Social. A cambio, la propuesta europea incluye la compensación de las posibles pérdidas de recaudación a causa de todas estas rebajas de impuestos que afectan al mercado laboral con la creación de otro tipo de impuestos, entre ellos y de forma destacada, las ecotasas. Alemania y Francia han reclamado a España, de hecho, desde hace tiempo la incorporación de estos tributos.
Los planteamientos marcados desde el Gobierno no ocultan que la incorporación de las ecotasas permitiría, por ejemplo, llevar a cabo la rebaja del IVA cultural con el objetivo central de favorecer un mejor acceso a los libros.
El documento que baraja el Ejecutivo habla de un punto adicional: la posibilidad de que “el desarrollo de la producción normativa pueda reservarse a las comunidades autónomas”. De esta manera, serían las haciendas territoriales las titulares de las nuevas ecotasas, con lo que se convertirían en una fuente de ingresos adicionales de las comunidades.
La normativa europea sobre las ecotasas recoge una limitación en el destino de los ingresos que se obtengan a través de este mecanismo fiscal. Toda la recaudación debe dirigirse obligatoriamente a la financiación de proyectos medioambientales o al pago de la factura provocada por el gasto sanitario. En España esta exigencia no supondría ningún problema. Si las ecotasas terminan de perfilarse como un impuesto autonómico, la abultada deuda sanitaria de las comunidades sería capaz de absorber sin problemas los ingresos logrados por estos tributos.
Las últimas estimaciones oficiales cifran la deuda conjunta territorial por este concepto en cerca de 4.500 millones de euros. En caso de que la recaudación de las ecotasas fuese superior, el resto debería dirigirse a la financiación de mecanismos de lucha contra la contaminación o recuperación del ecosistema.
El plan antifraude choca con los inspectores de Hacienda
El plan de lucha contra el fraude presentado hace tres semanas por el Gobierno puede encontrarse con más problemas de los inicialmente previstos. La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado ha planteado su rechazo al plan y asegura que recoge “carencias normativas, falta de medios y que, incluso, puede infringir la norma vigente sobre el secreto de los planes de control fiscal al haber hecho público indiscriminadamente el contenido del plan”. Los sindicatos de los cuerpos de Gestión y Subinspección de la Agencia, por el contrario, están dispuestos a apoyar el plan, según aseguraron ayer.
UN EJE TRIPLE
La fiscalidad ecológica
El esquema planteado para la implantación de las ecotasas afecta a tres grupos de impuestos. El primero: al de los propios impuestos ecológicos, obviamente, que serán los encargados de abrir una vía de financiación extra con la que costear la factura medioambiental y la deuda sanitaria de las comunidades autónomas, según recoge la documentación en manos de Moncloa.
Las ecotasas se convertirán, de esta manera, en un mecanismo de ingreso con el objetivo de aliviar, al menos en parte, las escaseces de ingresos registradas por las haciendas territoriales ante la asunción de competencias y partidas de gasto con motivo de la fuerte descentralización llevada a cabo por el anterior Gobierno del PP.
Impuestos sobre los consumos nocivos
El segundo grupo de impuestos también se encargará de obtener más ingresos para las arcas de las administraciones públicas, y de nuevo, en concreto, para las haciendas de las comunidades autónomas. Se trata de los impuestos que gravan el alcohol y el tabaco, para los que el Gobierno pretende dar una mayor capacidad normativa a los gobiernos territoriales, de manera que puedan elevar sus tipos.
La punta de recaudación obtenida con estos impuestos -que la Comisión Europea considera como gravámenes que hay que impulsar porque afectan a consumos nocivos para el cuerpo humano- sumada a los ingresos por las ecotasas, deberán abrir la puerta a la aplicación de una rebaja fiscal de la cultura, la tercera pata de este triple eje fiscal.
Menos impuestos a los libros y alimentos
El Gobierno no ha dado carpetazo a su proyecto de rebajar los impuestos que afectan a los bienes culturales. Aunque en su momento, nada más comenzar la legislatura, la Comisión Europea sacó los colores al Ejecutivo de Zapatero al negar la posibilidad de dar luz verde al deseo de los socialistas de rebajar el IVA de los discos, actualmente en el 16%, sigo vivo un propósito: la reducción del IVA de los libros desde el 4% hasta el 1%. Esta medida no ha sido rechazada por la UE.
La segunda rebaja del IVA que se quiere afrontar es la que afecta a los alimentos más básicos. Se trata del pan, la harina, la leche, el queso o los huevos, entre otros productos. Su gravamen se encuentra ahora en el 4%. El plan del PSOE pasa por dejarlo en el 1%.
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“Attac-Madrid”
14 de diciembre de 2004
La omisión de Antillas Holandesas, Andorra, Bermudas, islas Caimán, Suiza y Luxemburgo, donde el Grupo Repsol-YPF donde tiene una presencia muy relevante
Como El País no ha publicado la carta que Attac remitió el 1/11/2004, referente a un reportaje acerca del Grupo Repsol – YPF, a propósito de los cambios en su cúpula directiva, hemos optado por divulgar algunos hechos documentados que justifican esa carta.
El texto de la carta de Attac, firmada por el Coordinador de la Comisión de Paraísos Fiscales de Attac-España, decía así:
“Sr. Director:
En El País del lunes 1 de Noviembre, páginas de Economía, se incluye un interesante gráfico sobre La presencia internacional de Repsol-YPF y Gas Natural indicando los lugares del planeta en donde están presentes estas dos corporaciones. Sin embargo, nos vemos obligados a subrayar la omisión en ese gráfico de Antillas Holandesas, Andorra, Bermudas, islas Caimán, Suiza y Luxemburgo, donde el Grupo Repsol-YPF tiene una presencia muy relevante, según los datos publicados en el Informe anual de 2003, información requerida por la vigente legislación española en interés para sus accionistas actuales y potenciales y de los ciudadanos en general.
Esperando que estas líneas sean publicadas, le saluda,”
Sabido es que esos lugares indicados en dicha carta son centros financieros extraterritoriales, notorios paraísos fiscales para la OCDE, donde no existen reservas ni explotaciones petrolíferas que pudieran justificar la presencia de una corporación petrolera.
¿Por qué Repsol-YPF tiene establecidas 18 sociedades, reseñadas en su memoria de 2003, en esos centros offshore no relacionados con su actividad productiva?
¿Para qué puede servir la sociedad reaseguradora Greenstone Assurance Ltd. en las Bermudas, “participada” al 99,04 % por YPF Internacional S.A. de Grupo Repsol-YPF?
Nos lo explica el Fondo Monetario Internacional. Un informe del FMI (OFCs. IMF Background Paper. June 23, 2000) nos indica que las corporaciones transnacionales establecen en los paraísos fiscales offshore una compañía de seguros “cautiva” (exclusiva para el propio grupo empresarial) para gestionar los riesgos del negocio, minimizando la tributación, reasegurando los riesgos con unos requisitos mínimos (mínimos costes) de capital y reservas, mucho menos rigurosos que los previstos en el país de la casa matriz. Y esas posibilidades, además del secretismo, son ofrecidas por la colonia británica de las Bermudas, donde están registradas más del 30 % de las compañías aseguradoras “cautivas” del mundo y algunas de las mayores aseguradoras de catástrofes (www.bermuda-insurance.org).
¿Y para qué las 11 sociedades del Grupo Repsol- YPF registradas en la también colonia británica caribeña de las Caimán?
Pues, como las actividades de estas sociedades en las Caimán son variadas, incluyendo la dedicación financiera, sería deseable que la nueva Presidencia de Repsol informara detalladamente en interés de sus accionistas minoritarios, que cuando tuvo lugar la privatización de la empresa estatal CAMPSA invirtieron sus ahorros en la nueva corporación, porque tal vez no todas esas actividades sean santas y benéficas.
Sabido es que la principal dedicación de las sociedades tapadera o instrumentales registradas en los paraísos fiscales offshore es el “transfer prices” o transferencia de precios y costes, de manera que los mayores beneficios del Grupo empresarial aparecen contablemente atribuidos a esas sociedades, allí donde no se paga el impuesto de sociedades o sobre los beneficios, es decir, practicando la evasión fiscal en el país de la casa matriz.
Pero la OCDE nos da muchas otras explicaciones en su Informe – no divulgado en España y disponible en www.oecd.org - titulado “Tras el velo corporativo: la utilización de entidades para finalidades ilícitas” (Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes, 2001) Esas sociedades tapadera registradas en paraísos fiscales extraterritoriales son utilizadas para la evasión fiscal, para el blanqueo del dinero para sobornos y corrupción de dirigentes, para la información privilegiada y para otras formas de “ingeniería” o delincuencia financiera.
Desde luego, como el Grupo PRISA, que cotiza en Bolsa, tiene también una dimensión económica global como Repsol -YPF, algunos malpensados podrían buscar otras explicaciones de por qué El País no ha publicado la carta remitida por Attac.-
Juan Hdez. Vigueras. Attac, 30/11/2004.
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INFORMACIÓN DE ALICANTE
14-12-2004
La falta de una tuneladora bloquea nueve meses las obras del Júcar-Vinalopó
El retraso afecta a 42 kilómetros del trazado donde hay proyectados siete túneles que no se han iniciado por carecer de la maquinaria
F. J. BENITO
La falta de maquinaria específica, una tuneladora, ha bloqueado durante los últimos nueve meses el comienzo de las obras en tres de los tramos más complicados del trasvase Júcar-Vinalopó: la construcción de varios kilómetros de túneles con un presupuesto de adjudicación de cien millones de euros. Los trabajos debían haberse iniciado el pasado mes de marzo con unos plazos de ejecución que oscilaban entre agosto de 2006 y enero de 2007, que van a tener que corregirse, por lo que la canalización no estará lista
hasta, al menos, principios de 2008.
Los tramos afectados son el segundo, «Cuesta», el tercero, «Los Machos» y el cuarto, «Navalón», que tienen un total de 42 kilómetros de longitud con siete túneles y representan más de la mitad del trazado entre el embalse de Cortes de Pallás y Villena. Fuentes de Aguas del Júcar apuntaron ayer que el tema de la tuneladora estaba en vías de solución tras encargar su fabricación y aseguraron que en el consejo de administración de la sociedad
celebrado el pasado jueves se aprobó una ampliación de capital de 27 millones de euros que aportará el Ministerio de Medio Ambiente para cubrir, en principio, cualquier sobrecoste de las obras.
Aunque el nivel medio de ejecución del proyecto del Júcar-Vinalopó alcanza en estos momentos el 30%, con puntas del 60% en el tramo de Cortes -impulsión del agua a un depósito de 600.000 metros cúbicos desde donde comenzará el trasvase- y del 90% en el tramo sexto -canalizaciones en Villena-, la empresa Aguas del Júcar no ha movido todavía un metro cúbico de tierra en cuatro de los siete tramos. En concreto los que corresponden al depósito de San Diego -adjudicado por 40 millones de euros a la ute Sacyr-Cleop el pasado marzo- y la construcción de 42 kilómetros de túneles por cien millones de euros y que deben realizar OHL-Los Serranos -16 kilómetros-; Necso -14,5 kilómetros-; y Ferrovial y Sedesa, que tienen que soterrar 11,5 kilómetros, en concreto los comprendidos entre los túneles cinco, seis y siete, según el proyecto. Todas las obras se adjudicaron en enero y las actas de replanteo e inicio se firmaron a finales de marzo, por lo que los trabajos debían estar ya a buen ritmo. Sin embargo, la falta de maquinaria ha impedido el comienzo. Una circunstancia que ha vuelto a añadir tensión a las comunidades que deben recibir los caudales del Júcar, máxime ante la incertidumbre que reina desde la publicación de la sentencia que anula los artículos del plan de cuenca del Júcar que asignaban la dotación de los 80 hm 3 . Oficialmente, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, optó ayer por el silencio, pero fuentes cercanas al proyecto ratificaron que la razón esgrimida por Medio Ambiente hasta el momento para explicar el bloqueo de los trabajos ha sido la falta de la tuneladora, traspasando la responsabilidad en las empresas
adjudicatarias.
El Júcar-Vinalopó tiene un coste de 224,6 millones de euros y su ejecución se dividió en seis tramos, a fin de que las obras pudieran acabar en un principio durante 2006. Los trabajos consisten en una conducción de 67.270 metros desde un depósito junto a Cortes de Pallás, con un caudal de 7 metros cúbicos por segundo. La estación de bombeo será de 10 m 3 /segundo; habrá un depósito regulador en Villena y dos centrales hidroeléctricas a lo largo del cauce. La última fecha oficial facilitada por Aguas del Júcar para el final de los trabajos fue la primavera de 2007, pero visto el retraso que vuelve a acumular la ejecución del proyecto, el agua no podrá llegar, en principio, hasta 2008. Falta por conocerse, por otro lado, el dictamen final de la comisión creada el pasado agosto para determinar si la cuenca del Júcar dispone hoy de excedentes para trasvasar los 80 hm 3 anuales aprobados.
Blindaje
Por otra parte, la Conselleria de Territorio prevé aprobar en febrero de 2005 el plan de acción territorial con el que blindará los terrenos por donde debía trazado el derogado trasvase del Ebro a su paso por la Comunidad Valenciana. La actuación afecta a propietarios de suelo en Villena, Salinas, Monóvar, Pinoso, La Romana, Algüeña, Hondón de las Nieves y Orihuela. Una vez quede aprobado el plan, el Consell prohibirá cualquier tipo de recalificación en el suelo no urbanizable.
Únicamente se permitirá la construcción de viviendas aisladas y almacenes agrícolas de menos de 80 metros cuadrados, pero siempre que se ubiquen a más de cien metros del eje del corredor. En las viviendas existentes -casas de campo- no se permitirán ampliaciones y el suelo urbanizable programado pero sin ejecutar se destinará a zonas verdes.
Por último, el plan prohíbe las transformaciones agrícolas, para impedir el incremento del valor de los terrenos objeto de protección, según el documento que está en exposición pública.
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LAS PROVINCIAS
14-12-2004
El Consell de la Joventut premia a Xúquer Viu
El sábado se celebra un acto en favor del río
REDACCIÓN/ ALZIRA
El colectivo Xúquer Viu en defensa del río Júcar recibió en Massamagrell el galardón que el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana le concedió dentro del apartado de acción reivindicativa.
Este galardón se le concedió a Xúquer Viu por su defensa del río y de sus ecosistemas, por su constancia en promover un medio ambiente mejor para toda la sociedad y por la difusión de los principios de la nueva cultura del agua.
El presidente de Xúquer Viu, Roger Pons, realizó un llamamiento en su intervención a los jóvenes para que estimaran el territorio en que viven, las montañas y ríos, y en especial el Júcar.
También señaló que la plataforma nació ‘‘porque en la Ribera y en otras tierras vecinas hay gente que estima el río que, a lo largo de milenios, ha configurado la comarca y le ha dado riqueza y vida”.
Río envejecido
No obstante, concluyó tras apuntar que, en los últimos tiempos, ‘‘hemos visto cómo cada año que pasaba, aquel río de nuestra infancia y juventud iba envejeciendo camino de su muerte”.
Pero, además de la recepción de premios, el colectivo en defensa del río Júcar continúa celebrando actividades para recabar apoyos vecinales e institucionales para sus reivindicaciones.
El próximo será el sábado 18 a partir de las doce del mediodía en el puente de piedra de Cullera. En él, todas las personas que asistan participarán en un abrazo simbólico al río.
El lema de este acto reivindicativo de Cullera, uno más de este colectivo comarcal es Per un Xúquer Viu, per una Albufera viva.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
09-12-2004
Aguas de Alicante quiere aumentar de 32 a 45 hectómetros el aporte de los pozos del Vinalopó
Los ecologistas piden que se cubran las necesidades con los recursos de la desaladora
SANTIAGO NAVARRO - Alicante
La mercantil Aguas Municipalizadas de Alicante pretende incrementar de 32 a 45 hectómetros cúbicos los aportes de los acuíferos del Vinalopó hasta el año 2010 para el abastecimiento de Alicante, Petrer, Monforte del Cid y Sant Joan d'Alacant. La empresa mantiene que su propuesta no daña el ya frágil equilibrio hídrico del sistema subterráneo del Vinalopó. Los ecologistas rechazan la demanda y piden que se rebajen las aportaciones subterráneas ante los nuevos recursos hídricos, como los 18 hectómetros cúbicos que ya
genera la desaladora de Agua Amarga.
El estudio de demandas y recursos brutos subterráneos presentado por Aguas de Alicante a la Confederación Hidrográfica del Júcar recoge que los derechos de aprovechamiento de aguas en 22 acuíferos del Vinalopó ascienden a 29.511.980 metros cúbicos, más otros 2.500.000 metros cúbicos procedentes de los pozos de San Juan y San Agustín, lo que supone un total 32.011.980 metros cúbicos. La empresa aspira a aumentar este volumen hasta los 45.090.700 metros en el año 2010. Según la sociedad, la situación actual de algunos de estos acuíferos (Peñarrubia, Sierra del Cid, Argueña-Maigmó y las Águilas) impide extraer la totalidad de los derechos de agua que en ellos dispone. "Sin embargo, en el acuífero Villena-Benajama se están explotando volúmenes superiores a los concedidos, dado que sus recursos y, sobre todo, sus reservas lo permiten", subraya el documento.
"Por lo expuesto, se pretende obtener una única unidad de explotación que permite redistribuir los derechos de forma más acorde a las extracciones actuales, permitiendo con ello obtener los recursos absolutamente necesarios para las poblaciones abastecidas". Los cinco municipios cuentan una población de 540.000 habitantes fijos y casi otros 200.000 estacionales.
La empresa considera que las nuevas captaciones no dañará a los 22 acuíferos que conformarían la unidad única de explotación, ya que su equilibrio sostenible quedaría garantizado con los recursos procedentes de los trasvases Júcar-Vinalopó y del Ebro.
La propuesta de Aguas de Alicante cuenta inicialmente con un informe favorable del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Confederación. La hipotética concesión sería por un plazo de 25 años, con un volumen máximo de 19 hectómetros cúbicos. La concesión está pendiente de la aprobación por parte de la Comisaría de Aguas.
El colectivo Ecologistas en Acción del País Valenciano ha presentado alegaciones a la iniciativa de la Aguas de Alicante y mantiene que se rebajen las aportaciones de los pozos en función de los nuevos recursos hídricos disponibles, como los 18 hectómetros cúbicos que ya genera la desaladora de Agua Amarga, volumen que se duplicará con la ampliación de la planta.
Acuíferos sobreexplotados
La sobreexplotación de los acuíferos donde se ubican los pozos para los que la empresa Aguas Municipalizadas de Alicante solicita la nueva concesión es "incontestable". Este es el principal argumento del colectivo Ecologistas en Acción del País Valenciano en contra de la pretensión de la sociedad que gestiona el abastecimiento de agua en L'Alacantí de aumentar sus recursos procedentes del sistema subterraneo del Vinalopó. "En esta situación, el otorgamiento de la concesión incumpliría la normativa del Plan Hidrológico
de la Cuenca del Júcar y una abundante legislación que protege a los acuíferos de la sobreexplotación", recoge el texto de las alegaciones del grupo naturalista.
Ecologistas en Acción también resalta que la propuesta de Aguas Municipalizadas de Alicante no tiene en cuenta la existencia de la conducción Júcar-Vinalopó [La alegación es anterior a la sentencia del Supremo que anula el trasvase], en cuya comunidad de usuarios está integrada y que establece el cierre progresivo de pozos, para facilitar la recuperación de los acuíferos, y su sustitución por aguas superficiales.
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EL PUNT
12-12-2004
La PDE reclama un canvi radical en la gestió de l'aigua a les Terres de l'Ebre
El delegat d'Agricultura diu que el govern estudia enderrocar el tram final del canal Xerta-Sénia per esvair l'amenaça d'un transvasament
GUSTAU MORENO . Tortosa
El portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE), Manolo Tomàs, va reclamar ahir un canvi radical en el model de gestió de l'aigua a les Terres de l'Ebre, a la vegada que va mostrar-se molt crític amb el projecte de reg del canal Xerta-Sénia, «un transvasament encobert al País Valencià». Tomàs, que va intervenir en una de les taules rodones del IV Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l'Aigua que es fa a Tortosa, va provocar la rèplica
del delegat territorial d'Agricultura, que seguia el debat des del públic.
Antoni Espanya va reiterar que la voluntat de la Generalitat és que el Xerta-Sénia siga un regadiu de suport limitat al territori, i que el govern ha estudiat enderrocar el tram final del canal per evitar suspicàcies.
Abans, el portaveu de la PDE havia detallat que l'Ebre té greus problemes de qualitat i quantitat de l'aigua, amb una pressió afegida sobre el règim hídric per l'hegemonia de les empreses hidroelèctriques i alguns grans regadius. Manolo Tomàs també va lamentar la infrautilització i la contaminació creixent de les aigües subterrànies, i va qüestionar l'actual
sistema de gestió dels recursos hídrics del territori, amb cinc administracions competents: la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, l'Agència Catalana de l'Aigua, els ajuntaments, el Consorci d'Aigües de Tarragona i les comunitats de regants. Segons Tomàs, els regants són els que realment gestionen la política hidràulica del territori. Però sobretot, va recordar que algunes comunitats també són un instrument de «dominació política».
Tomàs va afegir que la clau és definir quin ha de ser el model de desenvolupament territorial, i si el futur de les Terres de l'Ebre ha de dependre de la venda o el lloguer dels recursos naturals. Així, va avançar que la PDE aposta per un canvi radical en el model de gestió de l'aigua, començant per la revisió del pla de conca, la redacció d'un altre Plan
Hidrológico Nacional (PHN), el desterrament de la interconnexió de xarxes i la perllongació del minitransvasament, la descontaminació del pantà de Flix i el redimensionament del canal Xerta-Sénia, que va definir com «un transvasament encobert» cap al sud. Les paraules de Tomàs van provocar la rèplica del delegat territorial d'Agricultura. Antoni Espanya seguia la taula rodona des del públic, i va garantir que la voluntat de la Generalitat és limitar el reg del Xerta-Sénia a les Terres de l'Ebre, i també que el projecte siga un regadiu de suport, no de transformació. El delegat també va explicar que ha elevat les pors dels sectors tècnics que han manifestat que el Xerta-Sénia podria ser la porta d'un futur transvasament, i va avançar que la Generalitat «fins i tot s'ha plantejat enderrocar el tram final del canal», per evitar suspicàcies. A més, Espanya va afegir que el projecte encara no està redactat en la seua versió definitiva, i que en els pròxims mesos es presentarà una proposta «que encara serà oberta, i que podrà ser debatuda al territori». Per la seua banda, el director dels serveis territorials de Medi Ambient, Víctor Gimeno, va aprofitar la seua participació en la taula rodona per reclamar la revisió del pla de conca i
d'algunes concessions de regadiu. Gimeno també va apostar per millorar la gestió de l'aigua dels usos agrícoles i ramaders, per controlar els consums reals, i perquè una empresa pública gestioni de manera global tota l'aigua de les Terres de l'Ebre.
Connexions sospitoses amb el Xúquer-Vinalopó
ROSER ROYO . Tortosa
El projecte de regadiu Xerta-Sénia i el transvasament Xúquer-Vinalopó són dues infraestructures que formen part d'un altre transvasament de l'Ebre, inferior en quantitat d'aigua al de 1.050 hectòmetres cúbics del govern del PP, però que continua sent un transvasament. Així ho van denunciar ahir la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) i la Plataforma per un Xúquer Viu, que van alertar que els dos projectes estan sobredimensionats: el regadiu Xerta-Sénia té una concessió anual de 72 hm i un canal amb 600 hm de capacitat, el transvasament Xúquer-Vinalopó és de 80 hm amb una canonada per a 300. «Tenim indicis suficients per dir que el Xerta-Sénia és una infraestructura bàsica per fer un transvasament cap al sud, per tant en demanem la paralització immediata», va manifestar el portaveu de la PDE, Manolo Tomàs. Graciela Ferrer, de la plataforma del Xúquer, va dir que després de la derogació del transvasament de l'Ebre no s'entén que es continue finançant un projecte com el del Xúquer-Vinalopó, que només servirà per fomentar l'especulació urbanística al litoral alacantí. «Aquest riu no té fixat un cabal ecològic i té trams on baixa sec», va afirmar. Les plataformes denuncien que els dos projectes es complementen i que el govern estatal podria haver recuperat un transvasament de l'Ebre del 1967 que preveia portar l'aigua fins a Sagunt i d'allí fer una nova connexió per enllaçar deu quilòmetres avall de l'embassament de Tous amb la sèquia reial del Xúquer. «Les peces del trencaclosques comencen a encaixar», va manifestar ahir Antonio Estevan, membre de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, assenyalant que aquest altre transvasament de l'Ebre es preveu fer en quatre fases: la primera seria el transvasament Xúquer-Vinalopó, les obres del qual ja han començat, però estan paralitzades provisionalment per ordre judicial. La segona, el canal Xerta-Sénia, de la qual el govern català elabora actualment un projecte de regadiu. Una tercera fase seria la connexió Sénia-Xúquer, i encara n'hi hauria una quarta per connectar el Xúquer amb el transvasament Tajo-Segura.
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