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Texto del artículo:
“El Tribunal Supremo de España ingresará definitivamente en la historia universal de la infamia”. Con esta frase se iniciaba el Manifiesto Nosotros acusamos, leído en defensa del juez Baltasar Garzón por el actor José Sacristán el pasado 15 de enero en el auditorio Marcelino Camacho, de CC.OO. El escrito fijaba el vergonzoso recorrido del alto tribunal el 24 de enero, fecha en que comenzó el primero de los tres juicios de la vergüenza. La lamentable entrada del alto tribunal en esa deleznable parcela de la historia, cuyo título acuñó el argentino Jorge Luis Borges, se materializó, tristemente, con la vergonzosa decisión que hizo pública en la mañana de ayer, 9 de febrero de 2011.
Garzón: “Rechazo frontalmente la sentencia”
Ante la sentencia de la Sala 2 del Tribunal Supremo en la causa seguida contra el mismo, rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy. Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.
He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.
Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.
Mi actuación en el denominado caso Gürtel se ajustó a la ley y, en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.
Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.
La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.
Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.
Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.
Madrid a 9 de febrero de 2012
La sala segunda del Tribunal Supremo dictó sentencia condenatoria por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta 2010, por la primera de las tres causas abiertas contra él: la incoada por establecer escuchas telefónicas a los abogados del caso Gürtel. Una amplísima trama de corrupción política vinculada al PP en la que están implicados más de una veintena de dirigentes del partido en el Gobierno, a través de la cual los fondos públicos fueron saqueados durante años, y que el juez Garzón había desarticulado en los primeros meses de 2009, tras una investigación desarrollada a lo largo de todo un año.
La sentencia, condena al juez Garzón a 11 años de inhabilitación, lo que supone su expulsión de la carrera judicial y le obliga a pagar a los abogados de los corruptos de la red Gürtel. En ella, el Tribunal Supremo le acusa de haber “laminado los derechos de defensa”, una expresión utilizada por el instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro. Y, en un alarde de acabar con un juez con 31 años de brillante carrera a sus espaldas, y que ha perseguido con rigor el delito allí donde lo hubiere, afirma que Garzón ha colocado a todo el sistema procesal penal “al nivel de sistemas políticos ya superados” y ha admitido prácticas “propias de regímenes totalitarios” en los que “todo se considera válido para obtener la información que interesa al Estado, prescindiendo de las garantías mínimas para los ciudadanos”.
Sorprendentemente, en ningún momento da validez alguna a la afirmación expresada durante el juicio tanto por Garzón como por los policías que prestaron testimonio de que las escuchas telefónicas resultaban necesarias para impedir que la trama corrupta siguiera delinquiendo. Ni tampoco se reconoce el hecho de que el ministerio fiscal avaló las escuchas establecidas por Garzón, que el juez Pedreira decretó su prorroga al hacerse cargo de la instrucción del caso Gürtel y que el magistrado del Tribunal Superior de Madrid discrepó de su anulación.
La sentencia, redactada y hecha pública con una celeridad realmente inusual, fue acordada con una extraña unanimidad de los magistrados que componen la sala segunda del Tribunal Supremo: Joaquín Jiménez, que actuó de presidente durante el juicio; Miguel Colmenero, que intervino como ponente; Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez-Arrieta, Manuel Marchena y Luciano Varela. Una composición de la sala de lo Penal del Supremo a la que parece que no le agradó en absoluto que el prestigioso The New York Times afirmara en un reciente editorial que el proceso abierto contra Garzón “es un eco perturbador del pensamiento totalitario de la era de Franco”, y en la que se observan algunos perfiles que merece la pena destacar.
De un lado, la “promiscuidad procesal” de dos de estos magistrados en los tres juicios incoados contra el juez Baltasar Garzón, tal como criticó públicamente Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y exmagistrada suplente de la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional. Concretamente, la de los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena. Además de formar parte de la sala que acaba de dictar sentencia por las escuchas del caso Gürtel, el primero de ellos, Luciano Varela, es instructor de la causa abierta contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo; el segundo, Manuel Marchena, desempeña la misma función de instructor en la tercera de estas causas, la de por los patrocinios de los cursos que impartió en Nueva York entre 2005 y 2006. De nada sirvió la recusación formulada por la defensa de Baltasar Garzón contra ambos magistrados, al entender el letrado Baena Bocanegra que “su imparcialidad se hallaba comprometida”. La recusación fue rechazada taxativamente por el Supremo.
De otro lado, se observa un segundo elemento, siniestro donde los haya y fuertemente llamativo, de la composición de esta sala y de la “unanimidad” con la cual fue dictada la sentencia condenatoria de Baltasar Garzón. En ella, han coincidido magistrados de perfil político e ideológico supuestamente diferentes. Magistrados conocidos por sus posiciones claramente conservadoras y reaccionarias, como Colmenero, Marchena, Monterde y Berdugo, y otros situados teóricamente en planteamientos progresistas, Jímenez, Martínez-Arrieta y Varela. Los primeros, afines a la Asociación Profesional de la Magistratura; los segundos, a Jueces para la Democracia.
Simples apariencias. De hecho, todos ellos han cerrado filas contra Baltasar Garzón, dando la razón, sin paliativos, a la acusación formulada públicamente por el exfiscal Anticorrupción, Carlos Jímenez Villarejo, en el masivo acto de apoyo al juez Garzón celebrado en la Facultad de Medicina de la Complutense el 13 de abril de 2010 y reiterada el pasado 15 de enero: “El Tribunal Supremo se ha constituido en un instrumento al servicio de la actual expresión del fascismo español”.
Previendo la confluencia de esas posiciones supuestamente diferentes en la sentencia que ayer se hizo pública, la profesora Araceli Manjón-Cabeza denunciaba esa vergonzosa alianza en un reciente artículo publicado en El País, en el que hablaba de lo que, algunos días antes, el abogado y ex diputado del PP, Jorge Trías Sagnier calificaba, sin ambages, de “cacería”.
Para la penalista Manjón-Cabeza “en esa concentración convergen personas que nada tienen en común, que son oponentes naturales y que, cuando esto termine -con gran probabilidad, porque finalmente se consiga perpetrar el plan-, actuarán contra sus antiguos compañeros de viaje. Aunque debe decirse también que algunos son entre ellos ‘más que un amigo’. Salvados estos íntimos, aquí hay mucha alianza contra natura: activistas de la ultraderecha, abogados que nadan y guardan la ropa, políticos -y no políticos- desenmascarados por la Operación Gürtel, magistrados progresistas a los que ya no amparan ni los suyos, informadores muy bien informados, etcétera. Hay protagonistas de esta persecución que nunca se habrían movido en solitario; huele a locura, soberbia y venganza”. En su opinión “sólo hay una explicación a tan extrañas cohabitaciones y no es que para todos ellos Garzón sea un indeseable juez estrella; no, no es eso, porque ese sentir ya anidaba en cada uno de ellos desde antiguo. La cacería ha sido posible porque se han unido todos y han actuado a la vez, encubriéndose y envalentonándose los unos a los otros”.
Al final, se unieron contra Baltasar Garzón los postulados políticos reaccionarios de unos magistrados y los odios e inquinas corporativistas de otros que habían proyectado una imagen bien distinta a los anteriores. Los primeros, decididos a frenar en seco las investigaciones contra la trama de corrupción política de más extensión que se ha conocido hasta ahora y, al mismo tiempo, la encaminada a colocar en el lugar que la Historia y las víctimas exigen a los crímenes del franquismo. Los segundos, determinados a acabar con la carrera judicial de un juez cuyas valientes actuaciones quizás eran para ellos el espejo en el que no les gustaba verse reflejados. Una posición ésta en la que, en algunos sectores de la magistratura, se ve la poderosa influencia contra Baltasar Garzón de dos antiguas compañeras en la carrera judicial, convertidas en políticas de primera línea en distintos momentos: Margarita Robles, exsecretaria de Estado de Interior en el Gobierno de Felipe González, y María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La sentencia contra Baltasar Garzón es una sentencia firme y contra ella no cabe recurso alguno ante el Supremo, que, además, había rechazado la petición de que se permitiera al juez la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante la Sala 61 del propio tribunal. Pero sí cabe que sea planteado ante el Tribunal Constitucional, instancia ante la que es posible elevar un recurso de amparo a partir de la consideración de que se ha producido una vulneración de los derechos fundamentales, protegidos en los artículos 14 al 29 de la Constitución. Entre ellos, el derecho a la tutela judicial efectiva.
En una nota hecha pública hacia las 9 de la noche, Baltasar Garzón anunció que recurrirá la sentencia “que me condena de forma injusta y predeterminada” con el fin de “tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido”. Todo parece indicar que ése será el siguiente paso que dará su abogado defensor, el letrado Francisco Baena Bocanegra. Un abogado que defendió al juez Garzón con argumentos firmes y gran rigor, y para quien “el rastro que ha dejado esta instrucción, de denegación de pruebas, indefensión, recusaciones no aceptadas… permite recurrirla sin duda”. No se descarta tampoco que el juez Garzón y su defensa interpongan el recurso correspondiente ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Al conocerse la sentencia, en los ambientes judiciales se esperaba con interés conocer la posición que adoptaría el nuevo fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, un jurista conocido también como especialista en el séptimo arte y contertulio habitual de los programas de televisión conducidos por el director de cine José Luis Garci. Sobre todo, por la posición mantenida en todo momento por la propia fiscalía del Tribunal Supremo, coincidente siempre con la mantenida por el juez Garzón. Al igual que Garzón, el fiscal del Supremo consideró que había, al menos, indicios de connivencia entre los encausados en el caso Gürtel y sus abogados y trató de impedir el traslado a paraísos fiscales de las cuantiosas sumas que habían amasado en sus relaciones con las Administraciones públicas dirigidas por el PP.
En unas primeras declaraciones, Torres Dulce manifestó que será la Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) la que “en su momento” estudie si presta su apoyo al recurso por vulneración de derechos fundamentales que pueda presentar Baltasar Garzón contra la sentencia. Y lamentó “que la postura del Ministerio Fiscal en este caso”, que fue la de solicitar la absolución del juez Garzón, que desde su punto de vista estaba ‘suficientemente fundamentada’, no haya sido acogida por el Supremo”.
El conocimiento de la sentencia se propagó con rapidez por la sociedad española y por países que han seguido muy atentamente la persecución judicial emprendida contra Baltasar Garzón. Y cayó como un mazazo en los miles de demócratas que no han dejado de manifestarse en su apoyo desde semanas antes del comienzo de los juicios de la vergüenza y que en la misma tarde de ayer, jueves 9 de febrero, volvieron a hacerlo en el corazón de Madrid y en algunas otras capitales, como Palma de Mallorca y Valencia.
Por la mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid había declarado, sin disimular su satisfacción, que la sentencia era “un triunfo del Estado de Derecho” y que era “un día muy alegre para la democracia”. Le faltó por añadir que lo era para “la democracia de los corruptos” que, con Garzón anulado, pueden campar a sus anchas por los recovecos de la Administración pública gobernada por el PP. Por la tarde, muy cerca de su despacho oficial, instalado en el mismo edificio que bajo la dictadura fue prisión para miles de españoles perteneciente a la oposición democrática, se convirtió de nuevo en el centro de las concentraciones de protesta contra el Tribunal Supremo y en apoyo de Baltasar Garzón.
De forma casi espontánea, allí se congregaron los integrantes de los movimientos sociales que componen el movimiento Solidarios con Garzón. Entre ellos, miembros de AMESDE, la Asociación para la Memoria Social y Democrática, y los de la Plataforma contra la impunidad de los crímenes del franquismo que ayer, como todos los jueves, recorren el centro de la Puerta del Sol en apoyo de su reivindicación. Y, una vez más, desplegaron pancartas con eslóganes que sitúan los procesamientos del juez Garzón en sus justos términos y corearon gritos lanzados, desde el comienzo de los juicios, en sus concentraciones en Madrid ante el edificio del Tribunal Supremo, en la Plaza de la Villa de París y en la calle del Marqués de la Ensenada: “¡Vergüenza! Tenemos memoria, queremos justicia”, “Tribunal Supremo, suprema impunidad‘, “Basta ya de mafia judicial”, “Los crímenes del franquismo no prescriben”, “España al revés, corruptos y fascistas hacen juzgar al juez”, “Tapan sus delitos echando a Garzón”.
Desde una improvisada tarima, instalada bajo la estatua ecuestre de Carlos III, que amparaba una gran pancarta en el que destacaba el rostro de Baltasar Garzón sobre la que se podía leer “Contra los juicios de la vergüenza”, se dirigieron a los concentrados Julián Rebollo y Jaime Ruiz Reig, que expresaron con fuerza su indignación por la condena de Baltasar Garzón. Para el veterano luchador de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo está claro que “han querido apuñalarlo como a César, por varios sitios y cada uno con un cuchillo”. Al igual que para Jaime Ruiz, presidente de AMESDE, quien dijo que, “es una vergüenza que se condene a quien investiga la verdad y no a los corruptos y los asesinos. Garzón va a ser el último exiliado del franquismo. Con esta sentencia terminan de expulsarlo de la judicatura”, “¡Depuración de los jueces fascistas!”.
Entre los concentrados en la Puerta del Sol, se encontraba Cayo Lara, presidente del Grupo Parlamentario de IU que afirmó tajantemente: “Hoy es un día triste para la justicia española y para los demócratas. La justicia se ha quitado la venda de los ojos”. Y, al tiempo que reiteraba su total apoyo al juez Garzón, señaló que, tras la condena dictada por el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón, “vamos a tener dificultades para explicar a nuestros hijos que los buenos fueron condenados y los malos no se han sentado en el banquillo”.
La hija de Garzón se dirige a “todos aquellos que brindarán con champán”
Esta carta está dirigida a todos aquellos que hoy brindarán con champán por la inhabilitación de Baltasar Garzón. A ustedes, que durante años han vertido insultos y mentiras; a ustedes, que por fin hoy han alcanzado su meta, conseguido su trofeo. A todos ustedes les diré que jamás nos harán bajar la cabeza, que nunca derramaremos una sola lágrima por su culpa. No les daremos ese gusto.
Nos han tocado, pero no hundido; y lejos de hacernos perder la fe en esta sociedad nos han dado más fuerza para seguir luchando por un mundo en el que la justicia sea auténtica, sin sectarismos, sin estar guiada por envidias; por acuerdos de pasillo. Una justicia que respeta a las víctimas, que aplica la ley sin miedo a las represalias. Una justicia de verdad, en la que me han enseñado a creer desde que nací y que deseo que mi hija, que hoy corretea ajena a todo, conozca y aprenda a querer, a pesar de que ahora haya sido mermada. Un paso atrás que ustedes achacan a Baltasar pero que no es más que el reflejo de su propia condición.
Pero sobre todo les deseo que este golpe, que ustedes han voceado desde hace años, no se vuelva en contra de nuestra sociedad, por las graves consecuencias que la jurisprudencia sembrada pueda tener.
Ustedes hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y que nuestra conciencia SÍ está tranquila.
María Garzón Molina. Madrid, 9 de febrero de 2012.
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Concentración en apoyo a Baltazar Garzón y a las víctimas del franquismo, y en repulsa a la sentencia del Tribunal Supremo, realizada de forma espontánea en Madrid, en la Puerta del Sol, al conocerse la sentencia el jueves 9 de febrero.
Solidarios con Garzón Puerta del Sol (1 de 5)
Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 10/02/2012 - Modificar
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Actualizado a 12/09/25
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