Secciones: Correo recibido - Mundo Insurgente - El Problema EspañolTítulo: En España todos somos inmigrantes, por Juanjo Llorente Texto del artículo:
El reglamento de extranjería que entrará en vigor el 31 de enero del 2005 no supone ninguna solución para los inmigrantes, ni resolverá la situación económica y del mercado de trabajo actuales, porque se limita a mantener y desarrollar la ley de extranjería 8/2000, pactada en la anterior legislatura por el PP y el PSOE. Una ley, y ahora este reglamento, que se subordinan a las directrices de la Unión Europea sobre cierre de fronteras y control (represión) de los flujos migratorios, al tiempo que infringen los principales códigos de
derechos, humanos y sociales, como en particular la libertad de circulación de personas, la no discriminación laboral por razones de sexo o procedencia, o las libertades básicas de expresión, manifestación y organización.
Todo ello no ha impedido, sin embargo, que en torno a este reglamento elaborado de espaldas a los inmigrantes y sus organizaciones, exista un amplio consenso de todas las fuerzas políticas del estado (menos el PP), la patronal y los principales sindicatos. Un consenso que de por sí evidencia la creciente distancia entre la sociedad y las instituciones del vigente régimen político. Se dice que este reglamento permitirá "regularizar" al más de un millón de "sin
papeles" (más de doscientos mil en la Comunidad Valenciana) hoy existente, pero
nada apoya este optimismo. El reglamento establece, en efecto, un período único
y excepcional de "normalización" de "sin papeles" que cubrirá desde febrero a
abril del 2005, pero para acogerse hay que acreditar la estancia en territorio
español desde antes del 31 de julio pasado, tener un contrato de trabajo de 6
meses y demostrar carecer de antecedentes penales tanto en España como en el
país de origen. Además, en este proceso que concede autorizaciones de residencia
y trabajo para un año sólo puede ser el empleador quien haga los trámites ante
la administración, adjuntando a la documentación del inmigrante exigida la de su
propia empresa.
Esto implica, en primer lugar, que de partida quedarán fuera los trabajadores
por cuenta propia y todos aquellos que no pueden acreditar una relación laboral,
por estar en paro, trabajar en la economía sumergida y/o sufrir situaciones más
extremas de explotación laboral, sexual, infantil. , mientras que tampoco se
puede ignorar que los "empleadores" poco "escrupulosos" contablemente van a
estar muy poco interesados en tramitar nada. Supone también, en segundo lugar,
restringir la "normalización" a unas circunstancias laborales muy difíciles de
cumplir, pues como sabe cualquier trabajador en España -dadas las altas tasas de
desempleo y precarización laboral- no resulta fácil conseguir un contrato de
trabajo, y menos aún de seis meses (aunque en el caso de servicio doméstico el
contrato puede ser de al menos 30 horas semanales durante 6 meses y para los
trabajadores del campo 3 meses). Y junto con estas dificultades para la
contratación y los problemas burocráticos para conseguir justificantes de
estancia en España, también shay que considerar que los tres meses de plazo para
la "normalización" son insuficientes para poder obtener certificados de penales
en muchos países de origen.
Un segundo tipo de medidas contempladas en el reglamento es que tras la
finalización del periodo de "normalización" de tres meses, se abrirá la
posibilidad de obtener un permiso temporal de residencia de un año de duración
por "arraigo laboral". Para ello, hay que acreditar la permanencia en el
territorio español desde hace al menos dos años y unas relaciones laborales de
un año, aportando como prueba obligatoria una sentencia judicial, lo que sin
duda tampoco resulta fácil o viable en la inmensa mayoría de casos.
Finalmente, este "cierre de filas" reglamentario en torno a la defensa de una
"Europa fortaleza" que, si nada lo remedia, cristalizará tras la aprobación del
"tratado constitucional", acaba con dos únicas medidas supuestamente "para la
integración social": las "oficinas de extranjeros" para la tramitación
burocrática de expedientes y una red pública de "centros de migraciones" basada
en los centros actuales de internamiento. Esta ausencia de medidas integradoras
significa más que una mera omisión, considerando los serios problemas de racismo
y xenofobia ya existentes. Al ignorarlos, este reglamento contribuirá en
realidad a alimentarlos y a fomentar la crispación y las divisiones en el seno
de la sociedad y entre los propios colectivos de inmigrantes.
La valoración que cabe extraer sobre las medidas contempladas en este Reglamento
de extranjería es, por tanto, negativa. Porque defrauda a quienes pensaron que
el gobierno socialista, tal como prometió en las pasadas elecciones, iba a poner
en marcha un política de extranjería progresista, o simplemente acorde con los
derechos más básicos de todas las personas. Porque lo único que garantiza, al no
ofrecer soluciones para la gran mayoría de inmigrantes, es el mantenimiento de
la exclusión y de la sobreexplotación de los extranjeros, contribuyendo así a un
mayor deterioro de las condiciones laborales y sociales del conjunto de la clase
trabajadora. Y porque no incluye tampoco mejoras sustantivas para la integración
social, cultural, educativa, sanitaria y de calidad de vida de los inmigrantes,
por seguirles considerando -como ya hace la ley de extranjería vigente-
únicamente como mano de obra barata para "usar y tirar".
Esta "vuelta de tuerca" de la política de extranjería española que se pone en
marcha con el nuevo reglamento, subordinada a los dictados de la Europa del
capital y la guerra, no podemos ignorar que nos afecta a todos y a todas de uno
u otro modo: a los inmigrantes pero también a los trabajadores autóctonos y a
las poblaciones en su conjunto. Porque la conculcación de derechos y libertades
a los extranjeros es también un recorte de las mismas para los demás. Porque la
democracia es incompatible con el sostén de relaciones económicas esclavistas.
Porque la criminalización y la exclusión sólo pueden que deteriorar las
condiciones de vida de toda la colectividad.
Nuestra principal fuerza para combatir esta política sigue siendo la unidad por
la defensa de la democracia y las libertades en este país y continente. Una
lucha que hoy y aquí se concretan en la exigencia de:
* Regularización sin condiciones de los sin papeles. No a la persecución y a la
criminalización por razones étnicas, de género, culturales o de procedencia.
* Igualdad de derechos y deberes para todos los que viven y trabajan en este
país y continente.
* Por una nueva ley de extranjería y disposiciones complementarias que en lugar de excluir integren a los inmigrantes, fomentando su efectiva y plena incorporación a la vida social, política y económica, incluyendo los servicios y equipamientos públicos que todos contribuimos a financiar.
* No al tratado constitucional europeo. No a la Europa de las multinacionales y oligarquías.
Valencia, 23 diciembre 2004
Juanjo Llorente. Reencuentro comunista. <areabs_ARROBA_ono_PUNTO_com>Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 23/12/2004 - Modificar
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