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Católicos de base piden a Rajoy que suprima los privilegios de la Iglesia
Denuncian que los recortes recaen sobre los más débiles mientras la institución "se mantiene inmune ante la crisis”
Juan G. Bedoya Madrid 29 NOV 2012 - 11:08 CET384
Los incontables privilegios de la Iglesia romana en España también molestan a muchos católicos, incluso a eclesiásticos de relieve y a muchos teólogos. Ahora, quien alza la voz es el colectivo Cristianas y Cristianos de Base de Madrid, que agrupa a cientos de comunidades y parroquias, además de algunas organizaciones de la multitudinaria asociación conocida como Redes Cristianas. El disgusto se plasma mediante una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le piden que denuncie los llamados Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español firmados en enero de 1979, en sustitución de anteriores Concordatos. “Estos Acuerdos consagran para la Iglesia católica numerosos privilegios, lesionan seriamente los derechos de muchos españoles que tienen otras creencias u otras convicciones filosóficas y lastran de forma grave el genuino sentido del cristianismo, a través del contradictorio proceder de la Iglesia católica, motivo de escándalo para muchos”, escriben al presidente.
Europa Laica lleva meses en campaña pública para forzar a los políticos a cambiar la legislación fiscal e hipotecaria vigente, con el objetivo de que las instituciones católicas paguen impuestos como el IBI, y para acabar con el confesionalismo de incontables instituciones del Estado. Los cristianos de base de Madrid elevan aún más el punto de mira, directamente al líder del Ejecutivo. “El objetivo de esta carta”, le dicen, “es plantearle la urgente necesidad de que el Gobierno que usted preside denuncie los Acuerdos firmados por el Estado español con la Santa Sede en 1976 y 1979 (BOE, 03/01/1979) porque, a nuestro juicio, esos Acuerdos consagran para la Iglesia católica numerosos privilegios, lesionan seriamente los derechos de muchos españoles que tienen otras creencias u otras convicciones filosóficas y lastran de forma grave el genuino sentido del cristianismo, a través del contradictorio proceder de la Iglesia católica, motivo de escándalo para muchos”.
“Tras mucho tiempo de reflexión sobre la actuación de la Iglesia católica en el seno del Estado democrático que desde hace décadas intentamos consolidar, hemos llegado a la conclusión de que el actual marco de relaciones Iglesia-Estado colisiona frontalmente con distintos principios fundamentales recogidos en nuestra Constitución, lesiona derechos básicos de muchos ciudadanos y traiciona la neutralidad del Estado respecto a las diferentes corrientes de pensamiento, convirtiéndolo, de facto, en un Estado confesional. Todas las razones apuntadas ponen de manifiesto la necesidad de denunciar estos Acuerdos y sustituirlos por otras normas más acordes con un Estado social y democrático de Derecho, que pongan un punto final a los anacronismos hoy vigentes en diferentes esferas de la vida pública española”, añaden.
Las subvenciones y exenciones fiscales inexplicables en un Estado democrático”
El colectivo de católicos razona que los Acuerdos de 1979, al margen de su dudosa estructura jurídica (“pensamos que pueden ir en contra de la Constitución”, llegan a afirmar), mantienen “casi intacto” el núcleo del concordato franquista de 1953, “especialmente en los privilegios que otorgan a la Iglesia católica en el ámbito de la economía y de la enseñanza”. También señalan que esos acuerdos “fueron concebidos, negociados y acordados sin contar con la ciudadanía y vieron la luz solo unos pocos días después de la promulgación de la Constitución de 1978, poniendo de manifiesto la urgencia por resolver el tema antes de que las reglas del juego democrático estuvieran plenamente establecidas”.
En el ámbito económico, este grupo de católicos de base sostiene que tanto el Acuerdo sobre Asuntos Económicos como diferentes normas legales posteriores atribuyen a la Iglesia católica unos derechos que implican subvenciones, exenciones fiscales y facultades de apropiación patrimonial “inexplicables en un Estado democrático”. Añaden: “Por el contrario, la Iglesia, la mayor propietaria de bienes inmuebles en España, incumple su compromiso de autofinanciación, tal como reconoció en los citados Acuerdos, y continúa reclamando incrementos en las subvenciones estatales que, en estos momentos, superan ya los 10.000 millones de euros al año”.
“En nuestros días, los ajustes y recortes recaen especialmente sobre los más débiles, mientras la Iglesia católica es la única instancia, además del sector financiero y las grandes empresas, que se mantiene inmune ante la crisis: ningún recorte en subvenciones, las mismas exenciones fiscales que décadas atrás”, afirman. La jerarquía de la Iglesia católica en España alega en su defensa la labor de Cáritas, “que todos reconocemos, pero oculta que la financiación de la Iglesia a su labor no llega ni al 3% del presupuesto de Cáritas”.
Un anacronismo difícil de entender es la presencia de la religión en la escuela"
Otro anacronismo “difícil de entender”, añaden, es la presencia de la religión en la escuela. Dicen: “La educación en la fe religiosa pertenece a otro lugar, y a otros protagonistas: los templos, las sinagogas, las mezquitas, etc. Si hoy pervive es porque los Acuerdos con la Santa Sede garantizan y blindan para la Iglesia ese dominio ideológico, de las conciencias. Asimismo, nos parece totalmente irregular que sea el Estado el que pague a los profesores de religión y sean los obispos los que los elijan y los puedan expulsar a su conveniencia, al margen de la normativa que rige para el resto del profesorado".
También reclaman al Gobierno de Rajoy medidas en el ámbito social y cultural. “Los Acuerdos son también contrarios a la lógica democrática, ya que consolidan la casi omnipresencia de la Iglesia católica en instituciones y espacios que no son los suyos: hospitales, ejércitos, ceremonias civiles, etc., sin olvidar su constante intento de injerencia en las políticas sociales así como en el desarrollo legislativo regulador de los derechos civiles, la moral pública, la investigación, etc. Un poder de coacción moral incompatible con el pluralismo ético y cultural de la sociedad española y con el ejercicio de las libertades que consagra nuestra Constitución”.
En consecuencia, la misiva concluye reclamando del Estado “un marco jurídico nuevo que garantice el derecho de los ciudadanos a la libertad de conciencia moral, así como el compromiso por consolidar una ética pública basada en el respeto a los Derechos Humanos y a los principios y valores democráticos recogidos en la Constitución”. Añade que “ninguna confesión religiosa ni cosmovisión alguna puede imponer sus códigos morales al conjunto de la sociedad, y que la libertad de conciencia es anterior y superior a la libertad de las organizaciones para difundir sus propias creencias y puntos de vista”
La carta a Rajoy, firmada por Gloria Encinas, presidenta de Cristianas y Cristianos de Base de Madrid, en nombre y representación de su asamblea general, va acompañada de razonamientos más detallados en un extenso documento adjunto. Concluye con esta afirmación: “Creemos que es cada vez más urgente la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede que deben ser derogados y sustituidos por normas acordes a un Estado democrático de derecho, es decir, con máximo respeto a las libertades civiles de los ciudadanos y bajo los principios de no discriminación y no confesionalidad del Estado”.
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Ceremonias de confusión por el fisco episcopal
Los obispos afrontan divididos la polémica sobre sus privilegios fiscales
Blázquez pide a sus sacerdotes que no se opongan al IBI
Rouco dice que el pago perjudicará a Cáritas, lo que es falso
Juan G. Bedoya 25 MAY 2012 - 23:43 CET138
¿Tiene privilegios la Iglesia católica en España? ¿Están dispuestos los obispos a renunciar por la crisis a esas regalías? ¿Pagan más impuestos los católicos para sostener a su confesión? ¿Hasta dónde alcanza el paraíso fiscal eclesiástico? ¿Cuántos millones reciben cada año de las diferentes Administraciones del Estado? ¿Figura esta confesión en la Ley de Presupuestos del Estado? ¿Entorpecería la labor de Cáritas si la Iglesia pagase el IBI? Los libros de estilo al uso prohíben empezar un informe con preguntas, pero ¿qué hacer cuando las respuestas se niegan o se contradicen con desparpajo, según gustos o intereses? Es el caso.
Los obispos parecen perdidos en una recta en plena polémica sobre los privilegios fiscales. Ni siquiera aceptan que existan esas prebendas. ¿O se trata de una ceremonia de confusión orquestada para que todo parezca complicado o irremediable? La confusión se ha extendido a muchos políticos. No faltan quienes achacan el debate a intenciones anticlericales, con apelaciones, incluso, a la manoseada persecución religiosa de laicistas impenitentes.
La polémica de los impuestos que no paga la Iglesia católica viene de antiguo, pero arrecia con la crisis económica, hasta el punto de que muchos prelados se han visto forzados a publicar cartas pastorales sobre la cuestión. Salvo excepciones, no son partidarios de cambiar de régimen fiscal ni de ceder privilegios, que consideran casi de derecho natural. Sin embargo, el arzobispo Ricardo Blázquez, prelado de Valladolid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha reclamado a sus sacerdotes “sensibilidad con la situación inmensamente complicada que vivimos” y que no defiendan con “uñas y dientes” las exenciones.
El dinero para el salario de obispos y sacerdotes sale de la caja común
Un ejemplo de confusión se produce en torno a Cáritas, la confederación de las entidades católicas de acción caritativa y social. Creada en 1947, tiene personalidad jurídica propia, tanto eclesiástica como civil, y dispone de centros en 6.000 parroquias, dependientes de 68 Cáritas diocesanas. Su ingente tarea está apoyada por el trabajo gratuito de 61.783 voluntarios y por 4.543 trabajadores remunerados.
En el último ejercicio fiscal (2010), Cáritas invirtió 247,5 millones en acciones de lucha contra la pobreza, de las que se beneficiaron 6,5 millones de personas dentro y fuera de España. De esos recursos, el 64,89% procede de donaciones privadas (socios, colectas, empresas, etcétera, por un total de 160,6 millones de euros); el 35,11% lo pagan entes públicos (Hacienda a través de la casilla de Fines sociales en el IRPF, Gobiernos central y autonómicos, Ayuntamientos, etcétera, por un total de 86,9 millones), y apenas el 2,17% les llega de la CEE (5 millones en 2012). “Es el cuarto año en que la Conferencia Episcopal repite este gesto de generosidad, que se inició en 2008 con la entrega de 1,9 millones, y que volvió a producirse en 2009 con 2,9 millones”, informa la oficina de comunicación de Cáritas.
En Alemania solo
los católicos pagan
un impuesto para financiar su iglesia
Más extravagante es la ceremonia del impuesto de bienes inmuebles (IBI), antes llamado contribución territorial urbana. ¿Quieren, o no quieren, pagar el IBI los obispos, como todo hijo de vecino? La Iglesia romana es la segunda propietaria inmobiliaria en España, después del Estado, de forma que muchos alcaldes están buscado la manera de cobrar el IBI sobre algunos de sus inmuebles ahora exentos, o que el Ministerio de Hacienda les compense por esa pérdida de ingresos. El primero en pedirlo fue el Ayuntamiento de Madrid, entonces presidido por el hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Antes se había producido una masiva campaña de Europa Laica (muy eficaz, a la vista de las disputas que ha suscitado), con una propuesta concreta de moción municipal, en paralelo a otra para que los ciudadanos no pongan la equis en favor de la Iglesia en su declaración del IRPF. Son un centenar los Ayuntamientos que ya han aprobado esas mociones, pero sus deseos han fracasado en el Congreso, abstención incluida del Grupo Socialista pese a haberse comprometido lo contrario. Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, afeó este viernes con gran severidad este comportamiento errático del PSOE.
La disputa, estas semanas, está centrada también en el impreso de la declaración de la renta de las personas físicas (IRPF), donde solo figura la Iglesia católica. También se discute sobre el origen de tales canonjías.
No es verdad
Con este título —No es verdad— se despacha con virulencia contra los impíos patrios, cada semana, un boletín del Arzobispado de Madrid, de nombre Alfa y Omega. Es un lugar ideal para medir la preocupación episcopal ante la avalancha de críticas por sus silencios ante la crisis y la contumacia con que defienden el paraíso fiscal. La Red está que arde y nadie parece tener argumentos para apagarla. Insultos aparte —lástima que surjan brotes de feroz clerofilia y clerofobia por asuntos tan meridianos—, vean este chiste que inundó el sistema cuando se conoció que el Gobierno Rajoy recortaba 2.000 millones a la Ciencia, y cero euros a la Iglesia católica. “Ánimo, ciudadano. Cuando tengas cáncer no faltará un ensotanado para darte la extremaunción”.
El prestigio de la Iglesia católica está por los suelos, según las encuestas, y la crisis no hace más que remacharlo. Para defenderse, el cardenal Rouco se escuda en Cáritas. Podía hacerlo también con Manos Unidas y gran parte de las congregaciones de monjas y frailes dedicadas a atender a los desheredados de la tierra. No vale. El desprestigio eclesiástico sería inenarrable sin esas organizaciones y los llamados fieles y curas de las iglesias populares.
Otro cantar son las falsedades. Decir que la Iglesia católica no está en la Ley de los Presupuestos del Estado —como ha proclamado el portavoz episcopal— es sencillamente un despropósito. Los ciudadanos comprueban cada año cómo lo está, en varias partidas, y que, además, se ha colado, solo ella, en el impreso de Hacienda sobre el IRPF.
Rizan también el rizo de las confusiones cuando se empeñan en afirmar que sus privilegios —cuando aceptan tenerlos, rara vez— proceden de leyes ordinarias y comunes, y no de un concordato firmado en Roma por un ministro democristiano, Marcelino Oreja, más súbdito del Vaticano en aquel momento, que de España. Cumplía el solemne mandato de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), de la que todavía es apasionado militante: “Nos interesa el catedrático, el jefe de empresa, el hombre político: hoy subsecretario; mañana, ministro. Con un fin, y es que estos hombres sirvan a Dios y sirvan a la Iglesia muy atentos a los consejos de Roma”. Textual.
Otra ceremonia de dispersión episcopal es cuando se enfadan por llamar concordato a los Acuerdos de 1979. Maestros del eufemismo. ¿Qué son esos acuerdos si no un concordato en toda regla? Pero el nombre concordato quema. Está maldito desde que Roma firmó varios de esta especie, los últimos: con Napoleón III —“un pacto entre el prostíbulo y la sacristía”, se enfadó el gran Lamennais—; con Isabel II en plena furia católica contra esta pobre reina —“un pacto entre canallas”, juzgó William J. Callahan—; con Mussolini para recuperar para el Papa el rango de Jefe de Estado; con Hitler, para asegurarse una inmunidad poco martirial; y, sobre todo, el infame Concordato de 1953 con Franco, otro dictador manchado de sangre.
“Ni pagas más, ni te devuelven menos”. Con este argumento excitan los obispos a sus fieles para que pongan la equis en su IRPF a favor de la Iglesia católica. Lo ha hecho ya una veintena de prelados mediante cartas pastorales. Craso error de comunicación. Frente a ese gratis total, predicado también en la propaganda de la CEE con el eslogan de XTantos, los prelados sostienen, sin embargo, que lo que reciben de Hacienda es producto de lo asignado por católicos o simpatizantes, no dotación del Estado.
¿Quieren decir, acaso, que los católicos pagan un impuesto especial para su Iglesia, como ocurre en Alemania, por ejemplo? No. El católico en España paga a Hacienda, mediante el IRPF, por los mismos conceptos que el resto de los contribuyentes, sean judíos, musulmanes, protestantes, budistas, ateos e incluso anticlericales a la vieja usanza. Ni un euro de más para su Iglesia. El dinero para salarios de obispos y sacerdotes sale de la caja común, no lo dan los católicos de su bolsillo.
Este año, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que debate estos días el Congreso, Hacienda está ingresando cada mes 13.266.216,12 euros en una cuenta corriente de la CEE, a esperas de una liquidación a final de año casi siempre superior.
Así que, efectivamente, los católicos “ni pagan más, ni les devuelven menos” por asignar a su confesión el 0,7% de su cuota fiscal. Los obispos dicen la verdad en esto porque llevan siglos bebiendo de un cáliz sin fondo: la proverbial tacañería del español para con su Iglesia. En 1979, cuando el Estado vaticano y España acuerdan revisar el Concordato nacionalcatólico de 1953, se pacta una “dotación presupuestaria” (con ese nombre), en tanto la jerarquía encontraba formulas para “lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Textual.
Nada se ha cumplido. Ni prosperó la idea de lo que entonces se llamó, sin razón, el impuesto religioso, ni los obispos están interesados en autofinanciarse. La fórmula que se ha consolidado es la llamada “asignación tributaria”, que les permite sostener la ficción de que lo que Hacienda les da cada mes se lo han adelantado los contribuyentes católicos.
Dotación, asignación, impuestos... La realidad es que, eufemismos aparte, quien paga los salarios de obispos y sacerdotes, más otras funciones de culto, es Hacienda —y “Hacienda somos todos”, decía un eslogan que hizo fortuna—.
¿Qué ocurriría si el católico español tuviera que pagar a Hacienda un 0,7% más para el sostenimiento de su Iglesia? Conocemos lo que sucede en Alemania desde que comenzó la crisis. Según datos de su Conferencia Episcopal, de enero pasado, en 2009 abandonaron esta confesión 120.000 feligreses para no tener que pagar el impuesto eclesiástico.
En Alemania, con 25 millones de católicos —el 31% de la población—, este impuesto es obligatorio para quien confiesa pertenecer a una religión. Quien no lo paga queda excomulgado, con la suspensión de sus derechos —presencia de sacerdote en ceremonias sociales, entierros, etcétera)—. La misma reglamentación sirve para los protestantes, que son mayoría. Los ingresos fiscales les sirven para pagar sus aparatos —jerarquía, clero, Administración—, pero sobre todo para el sostenimiento de instituciones caritativas y oficinas de asesoría, incluso en temas de aborto voluntario.
La Iglesia católica es la segunda dueña inmobiliaria de España
Sobre la financiación global del Estado español —mediante sus diversas Administraciones— a la Iglesia católica, incluido el paraíso fiscal eclesiástico, Europa Laica calcula que la confesión que lidera el cardenal Rouco recibe cada año, por múltiples conceptos, en torno a 11.000 millones de euros, una cifra que la Fundación 1º de Mayo acaba de rebajar a 5.689,7 millones. Lo hace en un informe de abril pasado, titulado Financiación de la Iglesia católica y gasto público. Tanta discrepancia prueba la opacidad, cuando no el secretismo, con que Gobierno y obispos llevan sus relaciones.
¿De dónde proceden los privilegios eclesiásticos? La respuesta es sabida, pero no compartida: de los acuerdos entre el Vaticano y España, suscritos en Roma en 1979. Los obispos, en este debate, han cambiado el mensaje, afirmando ahora que, en realidad, sus privilegios fiscales, como la exención del IBI, son consecuencia de la ley de mecenazgo de 2002, que también beneficia a otras instituciones “sin ánimo de lucro”. Si un día un Gobierno decide cambiar esa ley suprimiendo ese privilegio, se encontrará con que los obispos apelarán entonces al concordato económico de 1979 para garantizarse la inmunidad fiscal. Es ese concordato, llamado ahora en una de sus partes Acuerdo sobre Asuntos Económicos, el que garantiza esta situación. Dice su artículo IV: “La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas tendrán derecho a las siguientes exenciones: A) Exención total y permanente de la contribución territorial urbana, etcétera”. El cardenal Rouco considera, con razón, que se trata de un acuerdo internacional, e incluso “supraconstitucional”, es decir, inamovible salvo un complicado proceso de modificación.
La CEE solo aporta
un 2,17% del
presupuesto de Cáritas
No están de acuerdo ni el vicesecretario para Asuntos Económicos episcopales, Fernando Giménez Barriocanal, ni el director de la Oficina de Comunicación de la CEE, Isidro Catela. Dice el primero: “A día de hoy, la Iglesia dispone del mismo régimen fiscal que se aplica a otras instituciones no lucrativas del país, el mismo que tienen otras confesiones religiosas. No hay privilegios. Gracias a estos beneficios, nuestras instituciones realizan una importantísima labor a favor de la sociedad, atendiendo demandas de los ciudadanos y con ellos devolviendo con mucho el esfuerzo fiscal realizado. Es una inversión social muy rentable”.
Isidro Catela, más contundente, habla de campaña de descrédito y de muchas falsedades. “La manipulación de la opinión pública, que cala como lluvia fina, lleva a creer a mucha gente que la Iglesia católica es la única que no paga el IBI y que además no paga ninguna clase de impuestos”, se lamenta.Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 01/12/2012 - Modificar
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