Se van a cumplir dos años de gobierno de Rajoy y con la crisis de fondo, ha puesto en marcha un ataque sin precedentes contra los pilares que dieron cuerpo y forma a la democracia española hace ya 36 años. Arrincona el derecho del trabajo, somete a su antojo a la administración judicial, hace retroceder los derechos civiles, olvida la investigación y la ciencia, se ensaña con la cultura, convierte la política parlamentaria en un paripé, juega irresponsablemente con la financiación autonómica, y a modo de golpe de gracia, acaba con la autonomía municipal y la emprende contra los ayuntamientos, la administración pública más cercana a la ciudadanía. Es un golpe en toda regla contra la calidad de la democracia.
El domingo 13 de octubre, dos mil alcaldes y alcaldesas de todo el país celebraron un encuentro en Madrid para plantar cara a la contrarreforma local del Gobierno y advertir que darán la batalla con todas los instrumentos legales que tengan a su alcance. El alcalde de la madrileña ciudad de Rivas, José Masa, representante de IU en la Comisión Ejecutiva de la FEMP y uno de los principales impulsores del acto, denunció las consecuencias de una ley que, de aprobarse, reducirá a los ayuntamientos a meras terminales administrativas y cercenará la capacidad de ofrecer servicios relevantes a la ciudadanía, como han venido haciendo desde la constitución de las entidades locales tras las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, hace ya 34 años. Frente a este desvarío conservador, IUCM ha elevado una propuesta alternativa a la dirección federal para que enmiende en el Parlamento de arriba abajo el proyecto del Partido Popular.
No estamos únicamente ante una discrepancia sobre las futuras competencias de las instituciones locales. Asistimos, si no lo remediamos, a la amputación de la democracia municipal y a la jibarización de la política local, a manos de unos gobernantes que parecen más inspirados por el espíritu del Gobernador civil, el que en el negro tiempo de la dictadura designaba a los alcaldes, que por el impulso democrático de 1979, heredero de la cultura municipalista de las Cortes de Cádiz de 1812 y de la democracia republicana de 1931.
La reforma que necesitamos
No nos equivocamos si afirmamos que el proyecto del Gobierno avanza en dirección contraria al mandato constitucional de transformar las instituciones posfranquistas en estructuras modernas para garantizar el funcionamiento de la democracia. Con más luces que sombras, la Ley de 1985 ayudó a consolidar la administración local del Estado, unos años después de la elección de miles de concejales y concejalas en todo el territorio nacional, a partir del respeto, la convivencia y el diálogo político en una sociedad que carecía de las herramientas básicas para poner en marcha un sistema democrático.
Reforzar los pilares de la democracia, y de manera singular los ayuntamientos, es lo que propone IUCM con su propuesta alternativa. Una propuesta que parte del reconocimiento de las entidades locales y de la autonomía municipal, como espacios insustituibles de gestión de intereses y competencias; de ampliación de los derechos en el territorio municipal y de reconocimiento legal de la participación ciudadana; de profundización de los elementos de transparencia política; de supresión de las Diputaciones provinciales; de respeto a los órganos forales y a las entidades locales menores; de clarificación del régimen retributivo de los cargos públicos y del personal eventual; de creación de entidades públicas empresariales para la gestión de servicios públicos; del estudio de la reforma de la financiación local; de las competencias en materia de policía local; del capítulo que aborda sanciones alternativas con fines educativos y de aprendizaje cívico; y de las correspondientes disposiciones transitorias, derogatoria y finales..
Respuesta unitaria
La Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, contribuyó a pesar de sus insuficiencias a reforzar y desarrollar las instituciones, los servicios y el funcionamiento de la Administración Local, una etapa que el nuevo proyecto del Gobierno liquida definitivamente. Por eso, creemos los firmantes de este artículo, que no basta con identificar la relación de competencias que ya no serán de los ayuntamientos y que pasarán a Comunidades Autónomas o Diputaciones; hay que vincular la contrarreforma local a la pérdida de calidad de la democracia, y a la devaluación de poderes que soportan el Estado de derecho mientras se incrementa el poder autoritario de la administración central. Ni siquiera deberíamos enfrentar este proyecto incentivando la lógica izquierda-derecha. El municipalismo, sin el cual no es posible entender la conquista de la libertad, es un pilar esencial de la participación de la gente en democracia, y con frecuencia quiebra las fronteras partidarias para adentrarse en la transversalidad política y ciudadana. Y en este sentido IU debe plantear este conflicto como una afrenta del Gobierno a las fuerzas democráticas y a la ciudadanía que entienden los ayuntamientos como la institución más cercana, ágil y eficaz en la prestación de servicios.
A nuestro juicio, Izquierda Unida y las fuerzas progresistas deben elevar el tiro de su acción política contra la reforma local del Gobierno, buscar las más amplias alianzas y construir una sólida complicidad con vecinos y ciudadanas. Se debe decidir un calendario intenso de actos e iniciativas contra esta reforma, y con toda contundencia, las fuerzas políticas que aspiran a gobernar el país, tienen que declarar con la mayor solemnidad que cuando gobiernen, su primera medida será derogar esta Ley y recuperar la autonomía municipal.
Raúl Calle. Coordinador Área Institucional IUCM
Yaiza García. Secretaria de Política Municipal de IUCM
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