Contenido del Informe

Introducción [ir]

1. Planteamiento del problema [ir]

2. Diseño y metodología [ir]

3. Análisis del coste de la plaza escolar en la educación pública y privada-concertada [ir]

4. Resultados del coste de la plaza escolar en la enseñanza pública y privada concertada [ir]

Conclusiones[ir]

Referencias [ir]

---

En España resurge con frecuencia el debate sobre el coste de la enseñanza privada-concertada respecto al de la educación pública. El presente trabajo proporciona un análisis comparativo de la inversión pública que supone cada plaza escolar, para las administraciones públicas, en función de la titularidad del centro educativo.

La metodología analiza la inversión educativa en centros públicos y privados-concertados según los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2011, últimos que aparecen registrados en el momento de realizar este estudio. Se ha partido del ejercicio presupuestario de ese año, aplicando un control de variables, para comparar resultados, que ha exigido tomar en consideración sólo los capítulos presupuestarios y las partidas de la inversión en educación pública que tienen su correlato en la enseñanza privada-concertada. También se han introducido otros factores de corrección, dadas las diferencias entre ambas redes educativas en ciertas condiciones de gran relevancia económica, como la ratio profesores/grupo, la ratio alumnos/grupo o el salario del profesorado.

Los resultados obtenidos indican que el coste por alumno o alumna en la enseñanza privada-concertada, sin considerar el gasto familiar, viene a ser equivalente al de la pública, si se tienen en cuenta las variables que permiten un tratamiento homogéneo de los datos. De ahí que podamos sostener que se ha fabricado un mito interesado, basado en estudios que carecen del debido rigor, sobre la creencia infundada de que, en educación, lo privado es más rentable que lo público, cuando -incluso en términos estrictamente económicos- resulta imposible mantener esa tesis. La escuela pública, según se concluye, es la única que garantiza una educación de calidad con equidad para todo tipo de alumnado y en todas las zonas geográficas, y además no resulta más costosa para el contribuyente.

[SUBIR]

 

La escuela concertada en España

 

La educación es un derecho universal que, según los tratados internacionales de la ONU y la UNESCO y la propia Constitución Española, debe ser garantizado mediante un servicio público que permita ejercerlo en condiciones de igualdad, sin ningún tipo de discriminación de origen social o cultural, o por razones de creencias, de sexo, de orientación sexual o cualesquiera otras características de índole personal.

España constituye al respecto un caso singular dentro del panorama europeo, en lo que se refiere a su red de centros educativos, dada la alta proporción de los que, siendo de titularidad privada, reciben financiación pública a través de importantes subvenciones (conciertos educativos).

En efecto, desde mediados del siglo XIX, se ha venido desarrollando en España una tupida malla de centros de iniciativa privada, mayoritariamente de religión católica. Sin embargo, no será hasta 1985, con la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación), promovida por un gobierno del PSOE, cuando la figura del colegio privado-concertado adquiere carta de naturaleza legal y se consolida como una categoría propia, una anomalía en el conjunto de los países europeos. (Fernández y Múñiz, 2012).

La libertad de enseñanza reconocida por la Constitución Española (Artículo 27) se concreta en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones; ello les permite ofrecer una enseñanza equiparable a la que proporciona el sistema educativo público, gestionado por las diferentes Administraciones del Estado. Pero en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos.

El texto constitucional establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no prescribe que el Estado esté obligado a garantizar esa gratuidad en colegios privados, por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado y gestionado por los poderes públicos.

Así lo ha dejado asentado el Tribunal Constitucional. Cabe citar, por ejemplo, la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.” (Moreno y otros, 2012).

Actualmente se ha alcanzado una situación en la que casi toda la enseñanza privada se encuentra concertada (Fernández y Muñiz, 2012). En un primer momento, las subvenciones a centros privados a través de los conciertos educativos se justificaron como complemento a una red pública que no era capaz de atender la creciente demanda de plazas escolares, sobre todo por la carencia de una oferta suficiente de plazas durante el franquismo que había cedido la educación al monopolio de la iglesia, junto al fuerte crecimiento demográfico de los años 60 y la ampliación de dos años de la escolarización obligatoria con la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema educativo). Sin embargo, desde hace años no cabe justificar el mantenimiento y crecimiento del número de unidades escolares concertadas en centros privados por la insuficiencia de plazas públicas para atender la demanda, sino por otro tipo de razones más de carácter ideológico y económico (Fernández y Muñiz, 2012).

Además, como señalan estos mismos autores, otros motivos avalan la necesidad, en el momento actual, de potenciar la red pública frente a la privada-concertada:

-          la notable e indiscutible mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de centros que hace que sea cuestionable la figura del centro concertado;

-          la actual coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos públicos, que plantea un evidente problema sobre la desviación de fondos públicos a centros educativos privados;

-          la financiación pública de los centros concertados que llega hasta el extremo de que el concepto de centros sostenidos con fondos públicos sea literal, ya que muchos de ellos desaparecerían inmediatamente si no la recibieran (Moreno y otros, 2012).

España es, como se ha dicho, una anomalía en el ámbito europeo. Si en la UE-28, en el curso 2010-2011, la media de enseñanza privada concertada representaba un 6,5% para toda la educación primaria y secundaria, en España ese porcentaje alcanzaba el 22,6%, según la estadística comparada que ofrece el MECD. Posteriormente ese porcentaje ha ido aumentando, y en algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, Madrid, Navarra o País Vasco supera ya el 50% (Moreno y otros, 2012). En el último informe anual del Consejo Escolar del Estado se indica al respecto: “En el curso 2010-2011, el 32,2 % de los alumnos españoles matriculados en enseñanzas de régimen general lo estaban en centros de titularidad privada: el 25,6 % en centros privados con enseñanzas concertadas y el 6,5 % restante en centros privados sin enseñanzas concertadas” (MECD, 2013a, 118).

La enseñanza privada-concertada se ha convertido así en una potente red, potenciada por las administraciones educativas, que compite con la escuela pública tratando de atraer “clientela” a sus centros para mantener una financiación pública que permita su subsistencia y extensión (Villarroya, 2003).

Para ello, desde la patronal del sector, se han desarrollado diferentes estrategias que van desde la potenciación de una imagen de mayor control escolar, hasta su adecuación a modelos de gestión empresarial, pasando por la selección de su alumnado (el 82% del alumnado inmigrante, de minorías y con necesidades educativas específicas está escolarizado en la escuela pública; Sáenz, Milán y Martínez, 2010). Además un tópico habitual que se trata de difundir a la opinión pública de manera sistemática es el supuesto “ahorro” que, para el erario público, supone el modelo educativo privado-concertado.

Por eso, el objeto de este trabajo ha sido investigar y desentrañar la veracidad de esa afirmación, considerando las principales variables implicadas. Buceando en un intrincado océano de datos oficiales, se analiza si efectivamente tales datos (de ámbito estatal) avalan la tesis según la cual la educación pública resulta, o no, más costosa que la enseñanza privada-concertada.

 

Antecedentes sobre el tema

Los trabajos, estudios e investigaciones que comparan el gasto público dedicado a los centros públicos y privados-concertados son relativamente escasos y, cuando se ofrecen datos, suelen ser excesivamente genéricos o poco precisos, sin un control riguroso de las variables implicadas.

A pesar de que existen aportaciones que analizan pormenorizadamente los costes de la educación y su financiación (Uriel y otros, 1997; Pérez-Díaz y Rodríguez, 2003; 2011), no se ha encontrado ningún estudio que ofrezca una visión comprensiva y comparada de la inversión pública por plaza escolar en centros públicos y privados-concertados que, como decimos, tenga en cuenta el control de las variables relevantes para poder establecer una comparación real y ajustada (Rogero y Andrés, 2013).

Este trabajo pretende contribuir a cubrir esa laguna y tiene, por tanto, como finalidad ofrecer dicha comparación mediante el análisis de las repercusiones económicas que ambos tipos de centros tienen para la financiación pública.

[SUBIR]

 

Cuando a instancias de los organismos internacionales, las administraciones públicas de diferentes países aportan estudios estadísticos sobre su inversión en el ámbito educativo (OCDE, 2005; Molina y otros, 2011; OCDE, 2011; MECD, 2012a), lo hacen siguiendo indicaciones concretas para utilizar criterios homogéneos; de otra manera los datos de los diversos países no serían comparables. Así, a lo largo de los últimos años, el Ministerio de Educación (bajo distintos nombres en diferentes legislaturas) viene utilizando los parámetros y procedimientos establecidos por Eurostat, OCDE y UNESCO para calcular la inversión media por alumno/a y compararla con el resto de países. La importancia de ese dato queda explicitada en el siguiente texto de la web ministerial (MECD, 2011) (la negrita es nuestra):

La relación entre los recursos materiales invertidos en el sistema educativo y el número de alumnos escolarizados en los diferentes niveles educativos proporciona un índice que suele asociarse con la calidad de la educación. Este índice se expresa como el gasto medio por alumno en términos absolutos (euros); en él están incluidos los diversos conceptos del gasto educativo, bien de procedencia pública o privada.

Los resultados obtenidos para el año 2009 (último año del que hay datos oficiales) se pueden observar en la Tabla 1: la inversión en el caso de España es ligeramente superior a la media de la UE-27, pero bastante inferior a la de países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Por tanto, al comparar estos datos, no basta con indicar que la inversión española por puesto escolar es superior a la media de la UE, sino que resulta pertinente afinar más, ya que las diferencias son muy significativas: desde Dinamarca que invierte 9.114 euros, hasta Rumanía que sólo dedica 2.386 euros. De hecho, si la comparación se realiza con los países de nuestro entorno (UE-15), nuestro país está a la cola, sólo por delante de Italia y Portugal. Resultados similares obtenemos si se comparan las etapas educativas de Primaria, Secundaria y Educación Superior.

 

Tabla 1. Inversión pública por alumno/a en distintos países de la UE en el año 2009

Fuente: MECD, 2012a

Para obtener los valores anteriores sobre inversión pública por alumno/a en esos países, los cálculos se realizan utilizando los mismos criterios en cada uno de los países para conseguir datos equivalentes. Esta metodología, que debe ser necesariamente estricta para poder establecer comparaciones entre los distintos países, debería aplicarse con el mismo rigor a la hora de calcular y comparar la inversión por plaza escolar en la educación pública y en la privada concertada en nuestro país. Sin embargo, no ocurre así.

Lo habitual es que los cálculos de gran parte de los estudios citados y de los informes difundidos, que interesadamente se filtran a la prensa por sectores que apuestan por la enseñanza privada-concertada, se obtengan con parámetros que no son comparables (CECE, 2008; Ruiz-Bravo Peña, 2012). Y esos datos, como cabría suponer, generan titulares que sostienen reiteradamente que el coste público por plaza escolar en la enseñanza privada concertada es mucho menor que en la educación pública[i].

La investigación se ha realizado a partir de datos oficiales incluidos en las páginas web del MECD[ii], del INE[iii] y del Consejo Escolar del Estado[iv], que no siempre aparecen desagregados, como sería deseable para el objeto de nuestra investigación. En efecto, por un lado, ciertos datos sobre los centros privados-concertados no aparecen diferenciados del resto de centros privados; y por otro, la inversión pública no está desglosada según las distintas etapas educativas anteriores a la Universidad.

El primer hecho implica que no se puedan manejar exclusivamente los distintos datos de los centros concertados y ello obliga, en ocasiones, a hacer algunas aproximaciones en el estudio. El segundo hecho conlleva que no se pueda limitar el análisis comparativo, como hubiera sido más adecuado, a la educación gratuita y obligatoria, que es la mayoritariamente concertada, sino incluyendo también la inversión correspondiente a la secundaria postobligatoria (Bachillerato y FP), cuyo peso relativo en la educación pública es muy superior y su coste medio por alumno y alumna también.

Como ya hemos indicado, para obtener las cifras correspondientes a la inversión pública por alumno o alumna en los distintos países, recogidos en la Tabla 1, los cálculos se realizan comparando valores equivalentes para las dos redes escolares. En la metodología seguida por el Ministerio de Educación español se recogen los siguientes criterios, acordes con las normas que la OCDE (2003) aplica al respecto en su Proyecto de Indicadores (INE, 2006):

• La inclusión de todo el gasto público en educación realizado -con excepción del gasto en becas- independientemente de la administración que lo financie y (…) de si se ejecuta en centros públicos y privados.


• La deducción de los capítulos financieros en el monto del gasto.


• La utilización como alumnado de un año el resultado de ponderar las cifras correspondientes a dos cursos (2008-09 y 2009-2010 para el 2009) suministradas por la Estadística de la Enseñanza no universitaria y transformar el número de matriculados en las distintas enseñanzas en equivalentes a tiempo completo usando los mismos factores de conversión que se emplean para la estadística internacional.[v]


• La exclusión del gasto relacionado con actividades de formación ocupacional

Consecuentemente, en nuestro estudio hemos calculado el número de escolares, de unidades o de docentes en los centros públicos y privados concertados para el año 2011 (año de referencia a efectos presupuestarios), haciendo la media ponderada de los datos correspondientes a los cursos 2010/11 (MECD, 2013b) y 2011/12 (MECD, 2014). Además, hemos restado el alumnado del exterior y el de educación a distancia al número total de estudiantes matriculados en los centros públicos en cada curso, como se justificará más adelante.

Junto a estos aspectos, la siguiente cuestión metodológica que nos hemos planteado al analizar los datos oficiales es que no cabe comparar el coste por plaza escolar, en la enseñanza pública y en la privada-concertada, sin determinar previamente los capítulos y partidas presupuestarias que resultan homogéneos para realizar los cálculos, pues no todos afectan por igual a ambos tipos de enseñanza.

Pero aquí no acaban las razones metodológicas que cuestionan la pretendida comparación de datos sobre gasto por alumno en la pública y la privada concertada, obtenidos sin el debido control de las variables implicadas. Se deben tomar en consideración también otros factores que, por sus características, encarecen la educación pública, mientras que, al contrario, abaratan el coste de la enseñanza privada-concertada, dado su escaso o nulo compromiso a la hora de acoger al alumnado que, por unas u otras circunstancias, requiere mayor inversión en recursos, programas, apoyos y atención educativa.

Es decir, los datos que aparecen insistentemente sobre el “gasto por alumno” en la enseñanza pública y en la privada concertada no son (o no del todo) válidos, porque no están obtenidos a partir de condiciones equiparables, es decir, no responden a criterios homogéneos. Y ello obedece sobre todo a los siguientes motivos:

• en primer lugar, la inversión total en la educación pública incluye ámbitos que la enseñanza privada concertada no atiende (primer tipo de variables que se deben controlar)


• en segundo lugar, para asegurar el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, la educación pública llega a todas las zonas geográficas y acoge a todo tipo de alumnado, lo que no sucede en el caso de la enseñanza privada concertada; y ello repercute fundamentalmente en la diferente ratio de alumnos/as por aula y de docentes por grupo que hay en ambas redes, variables que son muy relevantes a la hora de calcular el coste medio por plaza escolar (segundo tipo de variables)


• en tercer lugar, las condiciones salariales del personal que desempeña sus funciones en la educación pública no son equiparables a las del personal que trabaja en la enseñanza privada concertada, circunstancia que también repercute significativamente en el coste medio por alumno/a (tercer grupo de variables

[SUBIR]

 

3.1. Control de variables presupuestarias

A) Selección de Capítulos presupuestarios de las Administraciones Públicas

Para equiparar el monto total destinado a financiar la educación pública y la privada concertada, nos hemos basado en la propia definición oficial de concierto educativo. Textualmente se dice: el concierto general incluye, como transferencia por parte de las Administraciones, las cantidades correspondientes al pago de salarios del personal docente y de dirección (Pago Delegado y Monto equivalente, incluidas las cotizaciones pagadas por el Centro a la Seguridad Social, RETA y SERAS), los gastos variables (antigüedad del personal, sustituciones del profesorado …) y las cantidades asignadas para otros gastos (personal de administración, servicios y mantenimiento …) Este concierto obliga a impartir gratuitamente la enseñanza objeto del mismo (INE, 2012a).

Ello nos ha llevado a considerar como gasto público equivalente, para la educación pública, los capítulos I y II del correspondiente ejercicio presupuestario (año 2011), a la vista del contenido implícito en los distintos capítulos presupuestarios:

 

Así pues, partiendo de la definición de concierto y de los criterios metodológicos de la OCDE antes citados, queda justificada la opción de considerar sólo los capítulos I y II de los presupuestos públicos, a la hora de cuantificar la inversión por escolar en educación pública, para proceder a compararla con la enseñanza privada-concertada en condiciones homogéneas. Merece la pena subrayar que el capítulo IV (Transferencias corrientes) se refiere básicamente a la financiación pública de los conciertos educativos, y sorprendentemente algunas informaciones sobre el tema lo incluyen también, al realizar los cálculos sobre el coste medio por alumno en la educación pública, lo que puede dar una idea de su absoluta falta de rigor.

 

B) Partidas presupuestarias en las etapas educativas correspondientes

Para calcular la cuantía total destinada a la educación pública, hemos tenido en cuenta sólo las partidas económicas que tienen correlato en la enseñanza privada-concertada y que se corresponden con las siguientes:

• Educación infantil y primaria


• Educación secundaria y formación profesional


• Educación especial.

Un análisis riguroso exigiría el desglose de las dos primeras partidas en Educación infantil y Educación primaria, por un lado; y en Educación Secundaria Obligatoria y Post-Obligatoria (Bachillerato y Formación Profesional), por otro; ya que los conciertos educativos se destinan muy mayoritariamente a las enseñanzas gratuitas y obligatorias. Esto repercute obviamente en el incremento del coste medio por estudiante de la educación pública, por ser la que escolariza en mucha mayor proporción al alumnado de las etapas postobligatorias (Bachillerato y FP), que son a su vez las que necesitan mayor inversión económica, dada su mayor variedad y opcionalidad, que implica a su vez mayor dotación de profesorado.

Como se ha apuntado más arriba, no se han considerado las partidas dedicadas a Educación a distancia, Educación en el exterior, Enseñanzas de Régimen especial o Educación compensatoria, porque no tienen correlato en la enseñanza privada-concertada. Tampoco se han incluido partidas que atienden indistintamente a ambas redes de centros, como Formación y perfeccionamiento del profesorado o Investigación educativa, entre otras.

Partiendo exclusivamente de los datos presupuestarios, para hacer un primer cálculo del coste por alumno/a, ya sea en la red pública o en la privada-concertada, bastaría con dividir la financiación total del año correspondiente (en nuestro caso el 2011[vi]) entre el alumnado de ese mismo año en cada una de las redes, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores sobre los capítulos y partidas que permiten homogeneizar esos datos. No obstante, ese cálculo inicial sólo constituye una primera aproximación al coste comparado por alumno y alumna en cada red, que ha de ser ponderado mediante el control de otras variables, que a continuación se exponen.

 

3.2. Ratio de alumnos y de profesores por grupo según factores condicionantes

Tanto el número de escolares por grupo (ratio alumnos/grupo) como el de docentes por grupo (ratio profesores/grupo) repercuten muy significativamente en el coste medio de la plaza escolar, dado que conjuntamente proporcionan la ratio global profesorado/alumnado, es decir, la cantidad de docentes que se pone a disposición del alumnado, cuyo peso ponderado en la inversión educativa total supera el 60%.

En este sentido, el propio Consejo Escolar del Estado señala al respecto: “El correspondiente análisis estadístico muestra que el 68% de las diferencias de gasto público por alumno entre comunidades autónomas se explica por sus diferencias en la ratio alumnos/profesor (R2=0,68). Está, por tanto, esta última variable fuertemente correlacionada con el gasto público por alumno” (MECD, 2013a)

Conviene resaltar que los valores de estas dos ratio vienen determinados por factores que están directamente relacionados con el grado de calidad y equidad que ofrece el sistema educativo en su conjunto. Nos referimos ante todo a su capacidad para atender a todo tipo de alumnado y en todas las zonas geográficas del territorio (rurales y urbanas).

Para hacer las comparaciones pertinentes, partiendo de la información oficial disponible, conviene tener presentes los siguientes datos: a) número de centros docentes públicos y privados según el tamaño de los municipios, b) número de programas de diversificación curricular en ambos tipos de centros, y c) porcentaje de alumnado inmigrante y de alumnado con necesidades educativas específicas (ACNEE) escolarizados en ellos.

Vale la pena conocer los datos al respecto, antes de abordar directamente las dos variables de este segundo grupo (ratio alumnos/grupo y ratio profesores/grupo), dada su influencia en ellas y, por tanto, en el coste por alumno o plaza escolar.

 

A) Ratio de alumnos y de profesores por grupo en centros docentes públicos y privados según el tamaño de los municipios.

Los datos publicados por el Ministerio de Educación para el curso 2011-12[vii] muestran el número de centros existentes, tanto públicos como privados, según el tamaño de sus municipios (Véase tabla 2).