Secciones: Europa - El Problema Español - Correo recibidoTítulo: La Constitución Europea y la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Ramón Afonso Texto del artículo:
Adán Martín Menis, presidente del Construgobierno canario, anda estos días muy contento con la especial mención que la Constitución europea hace de estas islas atlánticas. No para de repetir la importancia que para “todos los canarios” tiene el hecho de que Valéry Giscard d'Estaing y sus
notables-redactores del europeo engendro constitucional hayan resaltado la
ultraperifericidad de nuestro archipiélago y “lo que eso significa para el
plátano, el tomate, el turismo, etc.” No habla, y hace bien, de los beneficios
para los trabajadores del plátano y del tomate, o para los del sector terciario,
él se refiere, como no puede ser de otra manera, a los dineros que ellos y sus
amos de la patronal van a embolsarse con los fondos de cohesión, fondos
estructurales y demás “prebendas” venidas de Bruselas. Nos han mentido y nos
siguen mintiendo. La mera lectura del artículo III-424 nos revela lo vacuo de
las repercusiones políticas que para Canarias tiene este tratado, sólo
generalidades y ambigüedades basadas en nuestra lejana posición geográfica. Nos
mienten cuando dicen que Canarias se convertirá en una plataforma
ultraperiférica y al mismo tiempo central en el comercio atlántico. Nos mienten
cuando hablan del ámbito de paz y de seguridad que la Carta europea confiere a
todos los territorios de la Unión y sobre todo a los fronterizos como el
nuestro, eludiendo mencionar el papel protagonista que adquiere la OTAN en la
guerra preventiva neocolonial. Nos mienten cuando dicen que la Constitución
Europea nos va a dotar de más autogobierno al ocultar que en realidad se suprime
tajantemente el derecho a la autodeterminación de los pueblos e insta a los
estados miembros a defender con uñas y dientes su integridad territorial. Nos
mienten cuando afirman que construye el mayor espacio de participación
democrática, y no desvelan que existen países donde sólo ha sido refrendada por
sus gobiernos sin la participación de sus ciudadanos ni los impedimentos que
impone a las posibles iniciativas legislativas populares. Nos mienten, por
omisión, cuando hablan de convergencia europea en materia social, sabiendo que
se pasa de puntillas por los terrenos de los derechos sociolaborales y, en
cambio, se ensalza continuamente la construcción de una economía fuertemente
competitiva y un mercado laboral de lo más flexible. En fin, nada dice que los
canarios vamos a tener un sueldo similar al de un alemán o luxemburgués, ni que
vamos a tener las prestaciones sociosanitarias de un sueco o un austriaco, ni la
calidad educativa de un holandés. Lo que sí parece estar más claro es que se
mantendrá el caudaloso río de subvenciones que se quedarán, como siempre, en el
profundo regazo de la patronal y sus acólitos.
Varias son las similitudes entre la Constitución Europea y la reforma del
Estatuto de Canarias. Si en Europa se constituyó un comité de notables sin
ninguna representatividad popular para la redacción de La Carta Magna, con
idéntico aval democrático aquí se creó por decreto un conciliábulo de expertos
juristas presididos por José Miguel Ruano, Consejero de Educación del Gobierno
de Canarias. Eso sí, la Ponencia institucional del Parlamento canario
estudiará y someterá a votación las propuestas de reforma para finalmente
presentarla en sociedad en las Cortes Españolas. Esto es lo que Paulino Rivero
-el gran Paulino- denomina democracia participativa. Otra analogía es el sigilo
con que en ambos casos se llevó a cabo todo el proceso, presentándolo como un
hecho ya consumado ante la opinión pública. El desconocimiento ciudadano de los
dos documentos es idéntico, y me atrevo a decir que intencionado.
La reforma estatutaria canaria, como el Estatuto vigente, sigue estando llena de
eufemismos, o mentiras sin más, al igual que la gran mayoría de la
constituciones burguesas: “La defensa de la identidad y de los valores del
pueblo canario”; “El acceso de todos los ciudadanos canarios a un sistema
educativo, sanitario y de promoción de la salud y de protección social adecuado
y de calidad”; por su actualidad, destaca el artículo 5 bis (apartado f) que
resalta como uno de los principios rectores de los poderes públicos “La
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social de Canarias”. Siguiendo al pie de la letra el espíritu que realmente
encierra la reforma estatutaria, el bicéfalo poder canario- Coalición y PP- no
permitió la discusión de la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) del puerto de
Granadilla en el Parlamente avalada por 56.000 firmas. Incluso se tuvo que oir a
la presidenta del PP en Tenerife, Cristina Tavío, llamar con tonos insultantes
“fundamentalista ecológicos” a quienes defendía la no construcción del Puerto de
Granadilla. Sin embargo, sí se admitió para su discusión una ILP promovida por
el Cabildo de El Hierro, con un ridículo respaldo popular, para que se
legalizaran viviendas que incumplen flagrantemente la Ley del Territorio de
Canarias. El mundo al revés: una ley para legalizar el delito.
Nos mienten Ruano y sus compinches de Coalición cuando dicen que el actual
estatuto no permite la reforma de la Ley Electoral de Canarias ni del sistema de
circunscripciones electorales insulares que viene recogido en su artículo 9, que
consagra la desigualdad del valor de las personas y sus votos dependiendo de la
isla donde se resida. Sirva de ejemplo que para la obtención de un diputado al
Parlamento de Canarias en El Hierro, en el teórico caso de que no existiera
abstención, son necesarios 2943 votos, mientras que en Fuerteventura se
necesitan 6861, en Gran Canaria serían 40.322 y 40.448 en Tenerife. Este injusto
sistema expulsa a organizaciones políticas del sistema parlamentario, aquellas
a las que los bancos y cajas no consiguen echar, consagrando el bipartidismo en
el ámbito de la Comunidad y los reinos de taifas en las islas no capitalinas
como El PIL en Lanzarote, AHÍ en El Hierro, Asamblea Majorera en Fuerteventura y
la API en La Palma, aunque ésta plenamente integrada en Coalición Canaria.
Ya metidos en faena, estos expertos se han dedicado a demandar mayor
autogobierno poniendo nervioso a un PSOE tan despistado como ambiguo cuando se
habla de “competencias plenas” y no de “competencias exclusivas”. Entre estas
competencias plenas destaca todo lo relacionado con la inmigración, con la
intención de poner en marcha una Ley de residencia ampliamente demandada por lo
más recalcitrante del derechismo nacionalista o también para silenciar, con la
colaboración de sus prostíbulos mediáticos, los desmanes de las mafias
autóctonas que comercian con la miseria, como sucedió con los diez empresarios
agrícolas detenidos en el sur de Gran Canaria por contratar ilegalmente a
inmigrantes y de lo que nunca más se supo. La comisión de notables no vio
necesario reformar los potentes instrumentos de exoneración fiscal que contempla
el REF (Régimen Económico y Fiscal), pieza fundamental del neoliberalismo en
Canarias, como son la RIC y la ZEC -Reserva Canaria de Inversiones y la Zona
Especial Canaria, respectivamente-. La RIC es un artilugio infernal para la
clase trabajadora, elimina hasta el 90% de los impuestos sobre los beneficios
de empresarios y profesionales liberales, impuestos que deberían ir a parar a
las partidas presupuestarias destinadas a satisfacer las necesidades sociales.
Estos capitales RIC se pueden depositar en una entidad financiera durante cinco
años, y para que no lo arriesguen creando empresas y empleo, el propio Gobierno
de Canarias y los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria emiten Deuda Pública donde
se pueden invertir, con lo que finalmente los trabajadores y todos aquellos que
pagamos los impuestos en Canarias acabamos, encima, financiando los fabulosos
ahorros fiscales de los “bondadosos empresarios” que nos dan trabajo al tipo de
interés que marque el Construgobierno. ¡Qué sería del capital si existieran
sindicatos de clase conscientes y no estos agentes del contubernio neoliberal!
Para cerrar el círculo demoníaco del terrorismo fiscal canario, los políticos
sin escrúpulos y sus señores se montan su paraíso (la ZEC). Más exenciones
fiscales para los suyos, menos derechos sociolaborales para todos; más riqueza para unos pocos, más policias para protegerlos; más subvenciones al empleo, más empleo en pecario; más dinero para cursos de formación, más sindicalismo domesticado.
Si usted no es uno de ellos, no lo dude, vote NO al tratado de Constitución Europea. Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 23/01/2005 - Modificar
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