Secciones: Sáhara Occidental - El Problema EspañolTítulo: El Rey de España repite los argumentos del Ejecutivo socialista y se distancia del Plan Baker para el Sahara Occidental.- Enlace 1 - Enlace 2 - Enlace 3 Texto del artículo:
De nuestra compañera M.L.González de Radio Guiniguada
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=10347
(ENLACE 1)
Durante su visita oficial a Marruecos
El Rey de España repite los argumentos del Ejecutivo socialista y se distancia del Plan Baker para el Sahara Occidental.
M. L. González.
Rebelión.
Los monarcas españoles terminaron este martes su segundo viaje de Estado a
Marruecos en lo que, según muchos analistas, ha sido la prueba feaciente de unas
nuevas relaciones entre España y el reino alauí cuyo carácter está muy marcado
por la política del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en torno al Sáhara
Occidental.
En este sentido, las últimas actuaciones del ejecutivo socialista han
supuesto, desde la ambigüedad inicial, un acercamiento sin precedentes a las
tesis marroquíes en lo que se refiere al conflicto que enfrenta a Marruecos con
el Frente Polisario desde hace treinta años.
Los votos abstencionistas de España en la Cuarta Comisión de Descolonización
de la ONU de octubre de 2004 y en la 59 sesión de la Asamblea General de
Naciones Unidas de diciembre, al abordarse el tema del Sáhara Occidental, han
llevado a la monarquía y al gobierno del país magrebí un balón de oxígeno con el
que no contaban antes de que el PSOE ganara las elecciones del pasado mes de
marzo.
El Rey pudo marcar la diferencia pero, no lo hizo. De nada sirvieron las
cartas dirigidas a él por la Asociación de familiares de presos y desaparecidos
saharauis (AFAPREDESA), las organizaciones españolas de solidaridad o la Unión
de Juristas saharauis pidiéndole que aprovechara la oportunidad para abogar,
frente a las autoridades marroquíes, por el el fin de una situación en la que el
incumplimiento de la legalidad internacional y las de violaciones sistemáticas
de los Derechos Humanos de los ciudadanos saharauis en los territorios ocupados
(torturas, detenciones arbitrarias, disolución violenta de manifestaciones
civiles pacíficas, desaparición de prisioneros de guerra...) forman parte de una
realidad incompatible con la defensa de los valores de la democracia, el respeto
de las leyes y la garantía de las libertades fundametales.
Pasando por alto las disposiciones legales vigentes, ratificadas por el
Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas, Juan Carlos de
Borbón, en su comparecencia ante el Parlamento marroquí, afirmó que " España
tiene especial interés en ayudar a acercar posiciones para conseguir una
solución consensuada, justa y definitiva, negociada por todas las partes
concernidas, en el marco de la legalidad internacional y de los esfuerzos de las
Naciones Unidas".
Igual que el Gobierno socalista, el Rey, con su discurso,optaba por mirar
hacia otro lado ante el hecho de que esa solución consensuada, justa y
definitiva ya existe, desde que Marruecos y el Frente Polisario firmaran el
Plan de Arreglo de 1991 y que sólo las obstrucciones marroquíes han impedido que
se lleve a efecto, pese a las concesiones que significaron los Acuerdos de
Houston (1997) y el último Plan Baker (2003).
De esta manera, el máximo representante de la monarquía española prefería
ignorar las bases establecidas por la ONU para la solución de un conflicto que
arrastra de forma sangrante al pueblo saharaui pero que hace lo mismo con los
dirigentes políticos e institucionales de España cuya responsabilidad no asumida
los coloca en una posición muy incómoda en el panorama internacional. (1)
Los antecedentes del pulso en la ONU.
Sin embargo, el tratamiento dado por el rey a la cuestión del Sáhara
Occidental, en su visita a Marruecos, no añade ningún elemento nuevo a la
política exterior española puesta en práctica por el PSOE desde que ganara las
elecciones de marzo de 2004.
La ruptura del consenso tanto en la Asamblea General, como antes en la
Cuarta Comisión de Descolonización de la ONU, había supuesto ya un cambio
radical en los términos de las negociaciones diplomáticas concernientes al
enfrentamiento que sostienen Marruecos y el Frente Polisario desde la invasión
del Sáhara Occidental. El reto entre las dos fuerzas no podía dejar las cosas en
el mismo punto en el que estaban hasta ese momento.
Marruecos, con el respaldo de Francia y sobre todo, con el acercamiento a
sus tesis del Gobierno español pugnaba por incluir, en ambas resoluciones, el
nombre de Alvaro de Soto como sustituto del dimitido James Baker, autor del plan
de Paz vigente para el Sáhara Occidental (resolución 1495/2003 del Consejo de
Seguridad) según el cual, la solución política óptima del conflicto pasa por la
celebración de un referéndum que garantice el derecho de autodeterminación del
pueblo saharaui reconocido por las leyes internacionales desde el mismo año
(1975) en que la antigua colonia española fue ocupada ilegalmente por el
ejército marroquí. (2)
El objetivo de esta inclusión no era otro que el de ampliar el mandato de De
Soto (base de la apuesta española) para igualar sus competencias con las del ex
secretario de Estado norteamericano y asegurarse de este modo los posibles
retoques del Plan Baker a favor de las peticiones de la monarquía alauíta.
Los representantes saharauis dejaron bien clara su postura desde el
principio. Por un lado, los eventuales "ajustes" del Plan Baker, defendidos por
Marruecos y España eran inviables por cuanto afectarían al espíritu mismo del
papel jugado por la ONU o tendrían que ver con cuestiones menores que los
harían irrelevantes. Por otro, Alvaro De Soto era el representate especial del
secretario general de la ONU, no su enviado personal y por tanto no podía asumir
sus funciones.
Ahmed Bujari, representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas
exponía de forma meridiana la posición de su gobierno en un artículo publicado
en el diario El País, el 25 de octubre de 2004 en el que afirmaba que "los
responsables españoles no son explícitos porque en realidad el Plan Baker no
puede ser modificado sino mediante su eliminación total. Eso es lo que quiere
Marruecos, a fin de reemplazarlo por un nuevo plan, por una nueva dinámica que
concentre los esfuerzos (...) en un estatuto autonómico para el Sáhara
Occidental como parte "integrante " de Marruecos".(3)
En referencia a Álvaro De Soto, Bujari explica en el texto que "(...)El
planteamiento tomado desde la inocencia implica que De Soto puede triunfar allí
donde Baker fracasó, es decir, vencer a la resistencia marroquí y francesa a un
proceso de solución basado en la legalidad internacional".
Ya entonces, inmersas todas las delegaciones en un pulso que se desarrollaba
en medio de los debates de la Cuarta Comisión de Descolonización de la ONU, el
diplomático saharaui esbozaba el cuadro de las reivindicaciones políticas de su
país frente a los esfuerzos del equipo negociador español (con Moratinos al
frente) por inclinar la balanza hacia los intereses de Marruecos.
Ahmed Bujari remarcaba en ese artículo que El Plan de Arreglo (1991)
completado más tarde por los Acuerdos de Houston (1997) no fueron impuestos a
las partes. Lejos de eso, la firma de ambos trazó las líneas maestras de un
acuerdo "mutuamente aceptado por Marruecos y por el Frente Polisario con el
respaldo de la Comunidad Internacional". En la misma tónica, el representante
saharaui abundaba en el dictamen del Departamento jurídico de Naciones Unidas
que nunca había reconocido que los Acuerdos Tripartitos de Madrid (por los que
España entregó y dividió el Sáhara Occidental entre Marruecos y Mauritania antes
de que el ejército marroquí invadiera el territorio en la tristemente recordada
Marcha Verde) supusieran "un eximente de las obligaciones que unieron a España
con su antigua provincia".(4)
Desde esa perspectiva, resultaba más que cuestionable el hecho de que la
diplomacia española, haciendo una apuesta situada en las antípodas de la
postura mantenida hasta ese momento por los anteriores Gobiernos de España, se
empeñara en cambiar los términos que la legalidad internacional (amparada en la
Carta de Naciones Unidas y en las resoluciones dela ONU) había establecido para
la solución del conflicto del Sáhara Occidental.
Aquel pulso quedó en tablas porque si bien trajo consigo el fin del consenso
entre los Estados con representación en la ONU ante el contencioso del Sáhara
Occidental, lo que Marruecos y sus aliados no lograron fue abrir la posibilidad
de retocar el Plan Baker, valiéndose de una eventual ampliación del mandato de
Álvaro De Soto.
La contundencia de la posición saharaui fue expresada por su presidente,
Mohamed Abdelaziz, en una entrevista concedida al diario El Mundo días después
de que se reunieran la Cuarta Comisión y el Consejo de Seguridad . "El señor
Alvaro de Soto -dijo- es el representante especial del Secretario General de
Naciones Unidas (...). Lo aceptamos y respetamos como tal. Pero el señor Álvaro
De Soto no tiene competencia para emprender negociaciones políticas con nosotros
sobre la resolución del conflicto. El dossier político está en manos de Naciones
Unidas. No necesitamos a Álvaro De Soto para resolver el conflicto y no
negociaremos con él sobre este tema. Álvaro De Soto no es James Baker y no puede
ocupar su sitio". (5)
A modo de conclusión, cabe apuntar que el nuevo escenario ya está planteado.
La diplomacia de seguro se reactivará para invertir el retroceso sufrido tras un
estancamiento de años y propiciar la pronta salida a una crisis demasiado larga
y demasiado injusta para los saharauis.
Situarse a un lado o a otro de la frontera que separa a los países que
defienden la justicia de los que no lo hacen es una decisión que corresponde a
los Gobiernos de esos países pero, también a sus ciudadanos. Exigir a qué
"límites" se quiere pertenecer hará que todos o sólo algunos se conviertan en
deudores de la Historia.
NOTAS.
(1)España sigue siendo, a día de hoy, la potencia administradora del Sáhara
Occidental. De hecho, el dictamen del Tribunal de La Haya (CIJ, Sáhara
Occidental. Opninión Consultiva, 1975) contempla que "(...) La Corte no ha
encontrado lazos legales cuya naturaleza pueda afectar la aplicación de la
resolución 1514 (XV) de la Asamblea General respecto a la descolonización del
Sáhara Occidental, particularmente del principio de autodeterminación, a través
de la libre y genuina expresión de las poblaciones del Territorio ".
(2) La resolución 1495 (2003) del Consejo de Seguridad de la ONU significó el
apoyo unánime del órgano de Naciones Unidas al Plan Baker II, denominado "Plan
de paz para la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental", según el
cual la celebración de un referéndum de autodeterminación era la solución
política óptima del conflicto. Dicho referéndum se llevaría a cabo después de un
período de autonomía de cinco años y en base a un censo que incluiría a los
colonos marroquíes establecidos en el territorio antes del año 2000.
(3) Bujari, Ahmed. La diplomacia española y el Sáhara Occidental. El País (sección España), 25 de octubre de 2004, página 30.
VER MÁS ABAJO EL CONTENIDO DE ESE ARTICULO
(4) La ONU, en un pronunciameinto específico sobre el Sáhara Occidental enviado
por e secretario de Asuntos Jurídicos al Presidente del Consejo de Seguridad, en
enero de 2002, afirma que "Los Acuerdos de Madrid no han supuesto una
transferencia de soberanía sobre el Territorio ni han concedido a ninguno de
los firmantes el estatus de potencia administradora, calidad que España no
podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de autoridad
administrativa sobre el Territorio en 1975 no afecta a su eststus internacional
en tanto que territorio no autónomo"
(5) Las decalarciones de Mohamed Abdelaziz han sido extraídas de la
entrevista que el Presidente de la República Árabe
Saharaui Democrática concedió al Alí Lamrabet y que fue publicada por el
Diario El Mundo, el día 14 de noviembre de
2004.
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POEMARIO POR UN SAHARA LIBRE
Radio Guiniguada 105.9 FM. Canarias
Jueves de 17 a 18h (hora canaria)
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ARTICULO DE LA REFERENCIA 3, PUBLICADO EN EL PAIS EL 25/10/04:
La diplomacia española y el Sáhara Occidental
El autor pide al Gobierno español que mantenga el compromiso con el 'plan Baker' y el referéndum para respetar los "intereses y derechos" del pueblo saharaui.
AHMED BUJARI
EL PAÍS - España - 25-10-2004
Con los ojos puestos en la próxima reunión del Consejo de Seguridad, la diplomacia española ha sido activada desde el verano con la aparente intención de librar una batalla decisiva por una solución al conflicto del Sáhara Occidental. Tras un periodo de balbuceos y ambigüedades bien sincronizados, la naturaleza y parámetros de la solución que se persigue empiezan a despuntar con cierta claridad en el horizonte. El optimismo inicialmente retenido por la dirección política saharaui ha sido gradualmente menguado por una percepción más realista en virtud de la cual se asume hoy que el rumbo de la diplomacia española se dirige con toda probabilidad hacia una colisión directa no provocada con las aspiraciones legítimas del pueblo saharaui de alcanzar su plena independencia. La diplomacia saharaui se prepara a sí misma, a sus aliados y amigos para este escenario que era hace unos meses algo remoto.
En efecto, España dice que busca introducir ajustes al Plan Baker (1); otorgar a Álvaro de Soto un "nuevo mandato" (2) que le permita iniciar una "nueva dinámica" (3) con el objetivo de lograr un "gran acuerdo que garantice los derechos de todas las partes" (4).
Tomados en su conjunto, los cuatro elementos reflejan la emergencia de un análisis centrado en una inesperada visión hobbesiana sobre el presente y futuro de la región del norte de África que no cuadra con las exigencias del multilateralismo sano exhibido en otras latitudes.
La seguridad y estabilidad del trono marroquí, que los dirigentes marroquíes han atado erróneamente con el "botín" del Sáhara Occidental en lugar de revalidarlas con una política honesta en aras a un desarrollo económico y democrático internos que todos estaríamos dispuestos a apoyar, se convierte en un eje esencial de esta visión que deja en segundo plano todo lo demás, incluida la legalidad internacional y el mantenimiento de la confianza de otros actores fundamentales en el devenir de dicha región desde donde procede el suministro seguro de gran parte de las fuentes energéticas esenciales para el país y para Europa.
Tomados en su individualidad, los cuatro elementos están articulados sobre un planteamiento cuyo trasfondo hace tabla rasa de la doctrina de la ONU sobre la descolonización que ha hecho del principio de autodeterminación el pilar básico de su enfoque sobre el Sáhara Occidental. El Plan de Arreglo de 1990 y el Plan de Paz o Plan Baker de 2003 fueron, con la aprobación del Consejo de Seguridad, concebidos con el explícito objetivo de responder a este principio, que Marruecos aceptó voluntariamente. El referéndum no ha podido hasta ahora ser organizado, no por deficiencias estructurales de dichos planes, sino porque Marruecos, con el apoyo nunca negado de Francia, decidió finalmente sabotear el proceso que había inicialmente aceptado.
Cuando se habla de "introducir" ajustes al Plan Baker, los responsables españoles no son explícitos. Y en realidad no pueden serlo. El Plan Baker, como el Plan de Arreglo, está construido sobre dos pilares inseparables, que son un periodo transitorio y un referéndum de autodeterminación. El primero es necesario para el despliegue de las Naciones Unidas en el territorio. El segundo es la razón de ser de la implicación de la ONU. No caben ajustes o cambios. No hay por donde meter el dedo meñique por mucho que nos arremanguemos las mangas de la camisa, ya que, el ajuste, la modificación o es estructural, lo cual es simplemente inaceptable o afecta a un elemento irrelevante en la estructura, lo que hace innecesaria la insistencia en la modificación.
Los responsables españoles no son por tanto explícitos porque en realidad el Plan Baker no puede ser modificado sino mediante su eliminación total. Eso es lo que quiere Marruecos, a fin de reemplazarlo por un nuevo plan, por una nueva dinámica, que descartando la opción de la independencia de todo referéndum, concentre los esfuerzos, las "negociaciones" en la mayor o menor dimensión de un estatuto autonómico al Sáhara Occidental como parte "integrante" del Reino de Marruecos.
El segundo elemento del despliegue diplomático español hace referencia a Álvaro de Soto. La insistencia marroquí -como lo prueban los debates actuales en la IV Comisión de la ONU- y española en obtenerle un mandato amplio conlleva ciertas interrogantes legítimas y no ayuda en todo caso al propio Álvaro de Soto, sea cual fuere su rol en el futuro.
El planteamiento tomado desde la inocencia implica que De Soto puede triunfar ahí donde Baker fracasó; es decir, vencer la resistencia marroquí y francesa a un proceso de solución basado en la legalidad internacional. Si bien los milagros existen la presunción no es del todo realista en este caso específico del Sáhara Occidental y ello no debe ser tomado fuera de contexto. Álvaro de Soto es el representante especial del secretario general, cuyas funciones están definidas por el Plan de Arreglo. No es el enviado personal. Ni puede acumular las dos funciones.
El tercer elemento, como el primero, parte de la asunción de que en el transcurso de los 17 años anteriores, no hubo dinámica hacia una solución. Hubo efectivamente una que contó no sólo con el acuerdo del Frente Polisario y de Marruecos, sino también con el respaldo del Consejo de Seguridad. Si el fundamento de la "nueva dinámica" es el respeto al derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, ponerla en marcha es un ejercicio de dudosa utilidad en la medida en que supondría poner el cuentakilómetros en posición cero y emprender de nuevo el largo camino recorrido tras 16 años de intensos combates, 17 años de esfuerzos y 750 millones de dólares invertidos por la comunidad internacional, para llegar posiblemente al punto de estancamiento actual, ya que el problema no radica en la dinámica, sino en la obstrucción marroquí a toda dinámica que desemboque en un referéndum de autodeterminación justo y libre.
Si por el contrario, el fundamento es otra cosa distinta y opuesta a este principio básico e irrenunciable por medio del cual Andorra, Kuwait, Timor, Tuvalu y tantos otros, son junto a España y China naciones con asiento en la ONU, dicha dinámica no tiene ciertamente ninguna posibilidad de avanzar mas allá de algunos metros. Decidir recorrerlos causaría un choque frontal con los intereses del pueblo saharaui y un daño innecesario a la credibilidad interna e internacional de la diplomacia que se arriesgue a ello.
Finalmente, el cuarto elemento, parte de la presunción de que todas las partes "tienen derechos". Marruecos puede que tenga "intereses" por ahora ilegítimos. Mas no tiene, estrictamente hablando, derechos que puedan ser alegados o contemplados como parte inexorable de un posible acuerdo global.
En segundo lugar, este cuarto elemento parte también de la presunción de que en el pasado no hubo acuerdo cuando el Plan de Arreglo fue el producto de un "gran acuerdo" entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos. Fue, y lo es todavía, una solución "mutuamente aceptable" y "mutuamente aceptada" por las dos partes y respaldada por la Comunidad Internacional. No fue una solución "impuesta". Los acuerdos de Houston, que complementaron el plan, fueron firmados por las dos partes. No fueron tampoco impuestos. Desde estas premisas, qué posibilidades tendría para cuajar el preconizado "acuerdo global" que no tuvieron los anteriores acuerdos es una pregunta cuya respuesta no la tiene por ahora la diplomacia española, si es que hay respuesta.
Durante los encuentros hispano-saharauis celebrados entre junio y septiembre de este año, se le pidió al Gobierno español tres cosas alternativas.
Una, moral, consistente en el deseo saharaui de que España asuma las responsabilidades que le incumbieron como potencia administradora del Territorio y retomar el proceso de descolonización trágicamente abandonado en 1975 para encauzarlo a su culminación natural y legal. Ello tendría un profundo impacto estratégico en las relaciones de futuro. Conviene recordar que, según su Departamento jurídico, las Naciones Unidas no reconocen a los acuerdos tripartitos de Madrid un valor eximente de las obligaciones que unieron España con su antigua provincia.
Dos, racional, consistente en mantener el compromiso del anterior Gobierno con el Plan Baker y con los Acuerdos de Houston. Es una opción que un Gobierno socialista con relaciones históricas con el Frente Polisario puede tranquilamente asumir, y tiene al mismo tiempo el mérito de evitar la confrontación con una u otra parte, ya que dichos acuerdos son obra de la ONU. Es decir, obra de la legalidad internacional.
Tres, difícil de calificar, que en caso de que España no quiera hacer ninguna de las dos cosas anteriores, se le pidió que no haga nada entonces, ya que hacerlo, conduciría, en las circunstancias presentes, a chocar con la posición de una u otra parte.
Los actuales acontecimientos indican que el choque con los intereses y derechos del pueblo saharaui es casi inevitable. Espero y deseo sinceramente que, por el bien de la gran amistad que nos une a los socialistas y une a las dos opiniones públicas, no se llegue a un punto de no retorno.
Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 23/01/2005 - Modificar
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