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Texto del artículo:
Pedro del Cura pide una comparecencia urgente del presidente del Poder Judicial en el Congreso y anticipa que participarán en cualquier iniciativa “para restituir los derechos que tanto nos ha costado conseguir”
Pero el viernes, la Sala de lo Contencioso Administrativo congeló esa sentencia dejando la decisión en manos de los 31 magistrados del Pleno en un giro sin precedentes, con el argumento la “enorme repercusión económica y social” que podría tener este fallo, suspendiendo así temporalmente todos los recursos pendientes hasta que se reúna el Pleno.
“Ante este giro inédito lo único que podemos decir es que los grupos parlamentarios deberían exigir de manera urgente que el presidente del Consejo General de Poder Judicial comparezca para dar explicaciones”, asegura Del Cura tras conocer esta decisión. “Lo que hace el poder judicial es embargar los derechos de millones de familias”. “
Participaremos en cualquier iniciativa política y jurídica para restituir los derechos que tanto nos ha costado conseguir
”
, advierte.
Mientras el Pleno se decide, el sector barre para casa y hará pagar a los clientes hasta que se aclare la situación. Y los movimientos por el derecho a la vivienda han vuelto a ver cómo los bancos tratan de frenar los pasos en firme por los derechos de la ciudadanía.
Nuevo escándalo
— PAH Barcelona (@PAH_BCN) 20 de octubre de 2018
Tras dictar la sentencia de que las consumidoras podrán recuperar los gastos de gestión, sólo han hecho falta unas horas para que , una vez más, la banca demuestre de nuevo su poder y el TS de marcha atrás#QuePaguenLosBancos
#TSconLAbANCA
https://t.co/LKkrT5ghQP
Para Javier Rubio, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la palabra es “alucine”. “La sentencia que revisa el criterio anterior venía a poner un poco de equidad en la relación banco ciudadanos y ciudadanas, y por tanto lo que hace es una interpretación muy constitucional”, explica. Porque este impuesto beneficia a los bancos, y son ellos quienes deben pagarlo porque “el beneficio que tiene esto es ni más ni menos que poder ejecutar la hipoteca en caso de impago sin necesidad de pasar por el juzgado para el reconocimiento de su derecho”. “A los ciudadanos les da igual que la hipoteca se inscriba o no en el registro y como el único beneficiario es el banco, debe ser este quien tiene que pagar ese impuesto”, explica.
El abogado de la PAH Javier Rubio recuerda que “cuando el Supremo dijo que eran los ciudadanos los que tenían que pagar, no se movió ni un dedo desde la judicatura”
Lian Lay Fournier, que se convertirá el 12 de octubre en nuera del nieto de Franco, es la nueva propietaria del edificio de Olmo 35, uno de los bloques de Lavapiés, en Madrid, que se enfrenta al desalojo de sus vecinos tras su compra por parte de un fondo de inversión.
Rubio llama la atención sobre la incongruencia en las cifras que se han manejado desde el jueves, y que supuestos expertos a quien califica como “amigos de los bancos” bancarios han cifrado en números tan dispares como 4.000 o 18.000 millones de euros. “Se trata de asustar para evitar que esto se consolide el fallo”, dice.
Incluso dando por válidas estas cifras, aclara, se trata de cantidades poco significativas para las entidades bancarias, cuyo beneficio no corre ningún riesgo: “No es que los bancos vayan de dejar de ser rentables; en comparación, es un poquito para ellos, pero ni a eso quieren renuncia porque son unos usureros”.
“La desobediencia civil se ha convertido en la única forma de asegurar los derechos fundamentales de las personas, y la organización social la forma de protegernos contra los abusos de la banca y los especuladores”, dice Gil. “Sentencias y noticias como la de hoy, son solo una más, la cuestión es que seamos capaces de aprovechar estos momentos para organizar respuestas hasta el punto de que no haya partido político, gobierno ni juez, que pueda negar las reivindicaciones sociales”.
Para Rubio, es necesario utilizar todos los mecanismos de presión y manifestación de opiniones para hacer ver “el escandalazo que supone que un Presidente de una sala del Tribunal Supremo intente, seguramente por las presiones que habrá recibido, echar para atrás una sentencia de una sala del Supremo”. “Cuando Cuando ocurrió lo contrario, cuando el Supremo dijo que eran los ciudadanos los que tenían que pagar, no se movió ni un dedo desde la judicatura”, zanja.
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Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 23/10/2018 - Modificar
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Actualizado a 12/09/25
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