Secciones: Europa - El Problema EspañolTítulo: REFERÉNDUM "CONSTITUCIÓN" EUROPEA: CASO INÉDITO DE FARSA Y ENGAÑO ELECTORAL, por Pascual Serrano Texto del artículo:
El primer referéndum sobre la Constitución europea será un caso inédito de farsa y engaño electoral
20-F, el gran fraude
Pascual Serrano
Rebelión
El referéndum español sobre la Constitución Europa no solamente ha sido un ejemplo de falta de información y de debate, sino el mayor caso de fraude democrático de nuestra historia. Una campaña informativa que escondía toda una apología del tratado, un apagón informativo para los partidarios del No, una
ofensiva represiva contra esos partidarios y un uso fraudulento de los fondos públicos para apoyar el Si.
Para empezar, lo que se vota el día 20 no es sólo el documento que se está distribuyendo como tratado constitucional. El folleto que incluye el envío de las papeletas del Ministerio del Interior señala en su letra pequeña: "El Tratado consta también de 36 protocolos y dos anejos, que forman parte
integrante del mismo. Su voto afecta a la totalidad del texto". Algo así como si
firmáramos un contrato que dice que, además de lo señalado en él, también nos
comprometemos a otras cláusulas que no están ahí escritas pero que están
guardadas en la oficina de la otra parte contratante.
Como la legislación española no permite dotar de presupuesto a los partidos
políticos para la campaña de un referéndum, el Consejo de Ministro aprobó el 14
de enero un apaño según el cual cada diputado recibirá 8.571 euros para sufragar
la campaña de explicación y divulgación del tratado. Dado que los diputados del
Si (PSOE, PP, CiU, PNV y CC) suman 332, la cantidad que correspondió para la
campaña a favor fue de 2.845.572 euros, mientras que para los partidarios del No
(IU, ERC, BNG, CHA, EA, NA-BAI) será de 154.278 euros, dieciocho veces menos.
Para los partidos sin representación parlamentaria o cualquier otro colectivo de
la sociedad civil no hubo presupuesto ni ayuda alguna. Un buen comienzo para una
campaña justa y participativa.
La campaña informativa del gobierno se ha fundamentado en la selección y
descontextualización de los artículos más seductores del tratado acompañados de
la imagen de famosos que proporcionaran una imagen positiva del contenido del
tratado, algo que no se puede considerar que cumple con el criterio de
"objetividad" que establece la ley. Con el mismo método se podría interpretar
igual de neutral la difusión del artículo del tratado en el que se establece la
"pena de muerte por actos cometidos en tiempos de guerra" con la imagen de algún
conocido asesino en serie. El coordinador de Izquierda Unida Gaspar Llamazares
denunció que "se da la imagen de una Constitución idílica y unánime porque no se
lee ninguno de los artículos polémicos y, en esas condiciones, nosotros no
podemos aceptar la campaña".
El slogan gubernamental "Los primeros en Europa" llegó a ser prohibido por la
Junta Electoral pero de un modo fraudulento, puesto que se negaron a prohibirlo
antes del inicio de la campaña alegando que el referéndum no había sido
oficialmente convocado, por lo que fue utilizado por el gobierno durante más de
dos meses. Es decir no existe campaña electoral para aplicar la ley pero sí para
vulnerarla. No suficiente con esto, la coalición electoral Otradem denunció que,
a pesar de la sentencia de la Junta Electoral Central sobre esta prohibición, el
slogan seguía expuesto en todo tipo de lugares como "facultades, centros
escolares, centros comerciales, gasolineras, supermercados, centros deportivos y
en general en todos los lugares donde el propio gobierno distribuyó material con
dicho lema". El slogan prohibido continuaba en las páginas web institucionales
de lugares tan significativos como El portal del ciudadano, el Ministerio del
Interior, la Dirección General de la Policía, la Revista Electrónica de la
Federación Española de Municipios y Provincias o la Comisión Europea en su
representación en España.
Además, Izquierda Unida denunció pocos días antes del referéndum que en los
billetes de lotería para el día de la reflexión también figuraba el slogan
prohibido "Los primeros en Europa". El organismo Loterías y Apuestas del Estado,
dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, se limita a argumentar que
"no resultaba posible ninguna corrección sobre los billetes ya distribuidos".
El papel jugado por los representantes políticos del Si no ha podido ser más
parcial. A pesar de que en los actos institucionales los líderes políticos no
debían pronunciarse hacia ninguna de las opciones de voto, en el primer acto de
este tipo del inicio de la campaña, en el paraninfo de la Universidad de Alcalá
de Henares, durante la entrega de un galardón al presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao Barroso, el presidente español Rodríguez Zapatero, en
la recta final de su discurso afirmó: "En un marco de diálogo, tolerancia y buen
talante, como es el marco universitario, quiero apoyar sin fisuras la
Constitución Europea y pedir el voto afirmativo en el referendo del próximo día
20". En la misma línea de vulneración de la legalidad el alcalde de La Coruña,
Francisco Vázquez, afirmaba en la información institucional "neutral" de las
cuñas gubernamentales en Radio 5 que "Europa, desde París a Londres es el lugar
de la libertad. La Constitución Europea consagra esa libertad". En capitales de
provincia, como Albacete, las convocatorias a los actos a favor del Si llegaban
a los medios de comunicación en papel con membrete de la Alcaldía.
A nivel regional, las campañas de los gobiernos autonómicos también han sido
denunciadas por diferentes colectivos. Así, la Asamblea de colectivos de
Cantabria contra la Constitución Europea presentó denuncia y recurso ante la
Junta Electoral contra el gobierno regional por considerar que "en todas las
informaciones, documentación y material publicado al efecto por parte de la
correspondiente Consejería se observa de forma clara un llamamiento al voto
favorable". Una campaña que contó con 150.00 euros para el año 2004 y 350.000
para el 2005. Todo ello les llevó a presentar una denuncia por vía penal por
presuntos delitos de prevaricación y malversación contra los miembros del
gobierno regional responsables de la campaña institucional.
Para el reparto de tiempo o de aparición de candidatos en los bloques de
información electoral, la Junta Electoral no estableció un esquema estricto de
reparto como suele hacer en las elecciones, lo que TVE interpretó como un "mayor
margen de maniobra para aplicar criterios periodísticos en la cobertura de la
campaña". Parece que dejar a la decisión arbitraria de la dirección de los
medios el reparto de los espacios es ahora un criterio periodístico. Mientras,
en las regiones, donde habitualmente todos los grupos políticos tienen espacios
publicitarios en las elecciones, ahora sólo hay lugar para quienes tienen
representación parlamentario autonómica. En la mayoría de las autonomías toda la
representación parlamentaria está ocupada por partidos del Si. Desaparece por
tanto la opción del No en los espacios gratuitos de los medios de comunicación
públicos de las autonomías. Ante esta situación, Gaspar Llamazares llegó a
afirmar en una entrevista en la cadena Ser que los partidarios del No en el
referéndum "están amordazados".
El Si ha sido explotado hasta la saciedad de forma ilegítima por colectivos y
organizaciones que sin criterios democráticos de participación de sus miembros
se han apuntado a su publicidad. El domingo 28 de noviembre, una página entera
del diario El País es contratada por la Sociedad General de Autores (SGAE) para
una "declaración de apoyo a la ratificación de la Constitución Europea". ¿Todos
los miembros de la sociedad estaban a favor del Si? Del mismo modo aparecen como
hongos pronunciamientos por el Sí con publicidad pagada en prensa de múltiples
colegios profesionales. ¿Han hecho acaso un referéndum entre sus asociados?
Instituciones oficiales organizan debates y mesas redondas en las que el Si es
unánime. Como la celebrada en Castilla-La Mancha en el Museo Municipal de
Albacete con la presencia de los sindicatos UGT y CC.OO., de las organizaciones
empresariales CECAM y FEDA, y de los partidos políticos PSOE y PP. El titular de
prensa al día siguiente es evidente: " Referéndum: Sí rotundo de empresarios,
sindicatos y políticos".
La persecución a los partidarios del No y la campaña de silenciamiento ha
llegado a un nivel incompatible con un estado democrático. El 23 de enero,
durante el partido U.D. Las Palmas- Universidad de Las Palmas, los servicios de
seguridad del estadio retiraron y requisaron una pancarta de las Juventudes
Comunistas en la que se pedía el No argumentado los responsables del estadio que
"no se podían poner consignas políticas en el campo". Algo falso puesto que la
ley sólo establece la prohibición de pancartas alusivas a la violencia. Aunque
se les negó la devolución de la pancarta en un primer momento, tras reclamar al
final del partido les fue entregada argumentado ahora que la razón de la
retirada era una orden procedente de Madrid motivada por la presencia en el
partido del ministro de Justicia, López Aguilar y del presidente del cabildo de
Gran Canaria. El domingo anterior, en la misma autonomía, en el estadio
Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, la liga de fútbol profesional ondeó una
bandera pidiendo el Si sin que hubiese ninguna objeción.
La represión contra los partidarios del No ha sido constante. El 25 de enero,
miembros del Foro Social de Sevilla fueron multados por la policía local de esa
localidad cuando pegaban carteles del No en una tapia repleta de carteles
publicitarios. Media hora más tarde esa misma policía se conformaba con
amonestar a una persona que pegaba publicidad comercial en ese mismo lugar. El
delito no era pegar carteles, sino pedir el No. En la misma ciudad, el 21 de
enero también se prohibió a un grupo de ciudadanos repartir propaganda contra la
Constitución en la puerta de la Universidad de Sevilla. Los conserjes les
echaron a la calle, según señalaron, por orden del rectorado debido a que en
esos momentos el ministro de Exteriores tenía una conferencia en ese lugar.
En la localidad alicantina de Elx, el Ayuntamiento prohibió a la Plataforma
contra la Constitución europea la realización de un mural en un lugar repleto de
póster y donde en anteriores ocasiones se les había autorizado. La justificación
de la autoridades municipales es que no podían dar permiso para llevar a cabo un
acto político.
Asimismo, la Junta Electoral Provincial de Barcelona prohibió la manifestación
para el sábado 12 de febrero en esta ciudad convocada por la Campaña de los
Países Catalanes contra la Constitución Europea. La delegación del gobierno en
Cataluña la informó negativamente por considerarla un acto electoral. En la
localidad barcelonesa de Mataró, el jefe de departamento de la concejalía de
Participación Ciudadana prohibió un acto público del PSUC para el 10 de febrero
al que asistía el secretario general del PCE Francisco Frutos, la justificación
fue que el local anunciado esta bajo competencia de la Junta Electoral de Zona.
El lunes 24 de enero a las siete y media de la mañana en la madrileña estación
de Atocha, varios guardias de seguridad impidieron que tres miembros de la
Plataforma de Madrid por el No pudieran repartir folletos, argumentado que
estaba prohibida la distribución de propaganda. Mientras se retiran indignados
comprueban la llegada de una comitiva con el líder del PSOE madrileño Rafael
Simancas que, sin ningún problema, comienza a distribuir sus panfletos a favor
de la Constitución.
En la localidad madrileña de Alcorcón unos desconocidos incendiaron el 13 de
enero el local de la Asociación Cívica por los Derechos Sociales, centro de
actividades y de reunión de la Plataforma por el No a la Constitución Europa. La
policía consideró el atentado como una gamberrada de delincuencia común y la
noticia fue silenciada en los grandes medios de comunicación.
El colectivo Corriente Roja denunció en un comunicado la persecución constante a
la que se veían sometidos: "además de no tener acceso a los medios de
comunicación de masas, se nos entorpece continuamente el trabajo de difusión por
los únicos medios de los que disponemos (reparto de octavillas, carteles,
etc...). Nos queman las sedes como en el caso de Alcorcón. La policía nos pide
la identificación y nos prohíbe continuar bajo la amenaza de multa o detención
cuando pegamos carteles. Los servicios municipales de limpieza arrancan los
carteles a los pocos minutos de haberlos colocado. Y los guardias de seguridad
de Metro y de RENFE nos prohíben repartir octavillas y poner pegatinas". La
Plataforma del No de Madrid también denunciaba en otro comunicado que se veían
sometidos a "casi sin voz, discutir con la pléyade de policías privadas, policía
municipal y policía nacional que con toda dulzura nos recordaban que, mientras
nuestras octavillas era propaganda ilegal, lo que se veía en la tele, se oía en
la radio y hermoseaba en las vallas publicitarias constituía sólo información
veraz". También criticaban que no habían "sido invitados por un solo medio de
comunicación que no sean los alternativo a confrontar opiniones, mientras
tertulianos y tertulianos cuya opinión entre el sí crítico y el sí rotundo se
desgañitan en los debates"
La conclusión es clara, la ofensiva de fraude desde el poder político y
económico a la que nos hemos enfrentado en España con motivo de este referéndum
ha sido de tal envergadura que podemos afirmar si duda alguna que el resultado
del 20 de febrero no tiene ninguna legitimidad democrática. No puede bastar con
la resignación plañidera y la indignación en el discurso, hay que afirmar con
voz alta y firme que no reconocemos ese resultado. No es democrático porque no
lo fue el proceso previo, porque millones de euros del dinero público se
dedicaron a una determinada opción, porque a los ciudadanos no se les informó de
lo que votaban, porque se recurrió a todos los medios miserables de embaucación
de la opinión pública con imágenes de famosos y artículos estrella seleccionados
que no tienen ninguna garantía de cumplimiento, porque se prohibió la legítima
difusión de los argumentos a favor de una de las opciones y porque se persiguió,
multó y se arrinconó a la clandestinidad a quienes no compartían las posiciones
de los grandes poderes. Por todo ello, a partir del día 20 de febrero, al igual
que sucede en los regímenes dictatoriales, por muy ilegal que sea, no será
ilícito cualquier incumplimiento individual de ese tratado, ni cualquier vía de
enfrentamiento y desobediencia a él.
www.pascualserrano.netArtículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 20/02/2005 - Modificar
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