1. Desde 2014 sólo se han concedido 154 estatutos de asilo a personas procedentes de Latinoamérica: Colombia, 79; Venezuela, 49; Honduras, 23; Nicaragua, 5; y El Salvador, 3. Y únicamente 3 de protección subsidiaria a personas procedentes de Guatemala.^[3]


2. El porcentaje de denegaciones para las solicitantes de asilo procedentes de Latinoamérica es superior al 95 %.


3. Esta práctica restrictiva se reitera en la instrucción de las solicitudes de protección internacional realizadas en puesto fronterizo, en particular con las peticiones de personas procedentes de Colombia y Centroamérica.


4. En general, el Ministerio del Interior deniega de manera casi automática las solicitudes de protección internacional derivadas de la violencia de las maras o pandillas, de grupos del crimen organizado, de grupos paramilitares o guerrilleros, cuando las víctimas no tienen un determinado perfil político. Lo hace bajo la asunción de que sus Estados de origen pueden ofrecerles protección eficaz. Y lo hace contraviniendo resoluciones de la propia Audiencia Nacional de España, que en el caso de Honduras y El Salvador, ha calificado la situación de estos países como de "conflicto interno".


5. 
   

   No existe jurisprudencia del Tribunal Supremo de España que reconozca que las víctimas de la persecución perpetrada por maras son susceptibles de protección internacional: por el contrario, este le da el tratamiento de "delincuencia común".

   
   

Además de los altos porcentajes de denegación, el procedimiento de protección internacional se convierte en un instrumento revictimizante:

1. Se obstaculiza/impide el acceso al procedimiento mediante prácticas administrativas restrictivas como el retraso de meses en poder realizar la solicitud de protección internacional y la incoación de expedientes de expulsión de las solicitantes.

2. La instrucción de los expedientes se lleva a cabo de manera restrictiva: las entrevistas iniciales no suelen cumplir con los requerimientos mínimos y suelen ser realizadas por personal no suficientemente cualificado, con manifiesto desconocimiento de los contextos de violencia que afectan a los países latinoamericanos; hecho constatable ante la escasa y no pertinente utilización de información del país de origen en los fundamentos de las decisiones. En general, no se realiza una segunda entrevista de instrucción en la casi totalidad de las solicitudes y, en el caso de las mujeres y niñas, no se aplica con pertinencia el enfoque de género exigido, entre otras medidas, por el artículo 46 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

3. La falta de previsión de la Administración ha generado que, a 31 de diciembre de 2018, 78.810 expedientes de protección internacional estuviesen sin resolver: tales procedimientos administrativos duran actualmente, por lo general, más de tres años.

4. Los recortes de derechos económicos y sociales para las personas solicitantes de protección internacional se han traducido en obstáculos e impedimentos para acceder al sistema de acogida y de ayudas, lo que ha generado que muchas de las personas solicitantes, a pesar de tener legalmente reconocidos estos derechos no hayan podido ejercerlos.

5. La Administración está incumpliendo con su obligación de documentar en fecha a las personas solicitantes, lo que ha supuesto que muchas de estas hayan tenido su documentación caducada o se haya demorado meses la posibilidad de tener un documento en el que se recoja la autorización de trabajo.

Estos incumplimientos por parte de la Administración han supuesto desde pérdidas de empleo y dificultades a la hora de acceder al sistema de atención sanitaria, hasta el cierre de cuentas en entidades bancarias por tener la documentación caducada, entre otros daños que impiden el ejercicio pleno de los derechos más elementales.