Manu Pineda, Responsable de Relaciones Internacionales del PCE
28/08/2025
Desde el 7 de octubre de 2023, la Franja de Gaza se ha convertido en el epicentro de una maquinaria de destrucción metódica y calculada, un experimento de castigo colectivo que desafía los límites de la crueldad humana en el siglo XXI. Bajo el paraguas político, militar y económico incondicional de los Estados Unidos y con la cómplice aquiescencia de una Unión Europea paralizada por sus intereses estratégicos y su hipocresía moral, el régimen israelí está ejecutando una secuencia de crímenes que se inscriben con precisión en la definición de genocidio según la Convención de 1948. No se trata de exabruptos bélicos ni de daños colaterales; es la aplicación sistemática de una estrategia diseñada para desmantelar toda forma de vida y esperanza en un territorio cercado.
Los mecanismos de esta estrategia son tan evidentes como monstruosos:
—Bombardeos indiscriminados y uso de fuerza contra civiles. El patrón es claro: ataques masivos y repetidos sobre áreas densamente pobladas —barrios residenciales, mercados, campos de refugiados— donde la distinción entre combatiente y civil es deliberadamente ignorada. El objetivo no es táctico, es territorial: pulverizar el tejido urbano hasta hacerlo irreconconocible, borrando la memoria y la existencia de una comunidad.
—Arrasamiento de la infraestructura de supervivencia. Hospitales, Colegios, Universidades, sistemas de agua, redes eléctricas, universidades y panaderías son convertidos en escombros. Esta no es una consecuencia de la guerra; es su objetivo primario. Privar a una población de los mínimos elementos para la supervivencia biológica es un acto premeditado de exterminio por medios indirectos, una condena a muerte por enfermedad y hambre.
—Bloqueo y uso del hambre como arma de guerra. La restricción deliberada de alimentos, agua, medicinas y combustible, incluso ante órdenes claras de la Corte Internacional de Justicia, confirma la instrumentalización del sufrimiento. El mensaje es inequívoco: la sumisión o la inanición. Es un crimen de lesa humanidad ejecutado con burocracia meticulosa.
—Persecución y criminalización de actores humanitarios y mediáticos. El asesinato de periodistas, trabajadores de la ONU y equipos médicos no es un error de cálculo. Es una estrategia para silenciar los testigos, opacar la evidencia y operar en una penumbra de impunidad donde la narrativa del verdugo pueda reinar sin contestación.
—Desplazamiento forzado y limpieza demográfica. Las órdenes de evacuación, la destrucción de las viviendas y la imposibilidad absoluta de retorno constituyen una empresa de expulsión masiva. No es una reubicación temporal; es un destierro definitivo, un cambio demográfico forzado que busca resolver la «cuestión palestina» mediante la erradicación física de los palestinos de su tierra.
—Ejecuciones, detenciones masivas y tortura. Los testimonios y las imágenes de civiles desnudos, humillados, ejecutados sumariamente o enterrados vivos en fosas comunes revelan el desprecio total por la vida humana. Son actos de terror destinados a quebrar la voluntad de una nación.
Este cuadro no es el resultado de un conflicto; es la ejecución de un plan. Y este plan no sería viable sin el patrocinio y la complicidad internacional.
El patrocinio y la complicidad: el eje del impunidad
El genocidio en Gaza es una empresa colectiva. No podría perpetuarse sin el soporte activo y pasivo de actores globales clave.
—Estados Unidos proporciona el blindaje diplomático absoluto mediante el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, anulando cualquier posibilidad de acción coercitiva. Simultáneamente, alimenta la maquinaria de muerte con un flujo constante de armamento, financiación, inteligencia y apoyo logístico. Washington no es un mero espectador; es el cómplice necesario, el garante de la impunidad.
—La Unión Europea, por su parte, encarna la complicidad lucida.
Sus declaraciones de «preocupación» y sus llamadas a la «moderación» son un ejercicio de cinismo que sirve para lavar una conciencia colectiva mientras se mantienen relaciones económicas, diplomáticas y militares con el perpetrador. La «equidistancia» europea es, en la práctica, una licencia para continuar. Bruselas prefiere el orden del poder al orden del derecho.
En este panorama de abdicación moral, el Gobierno español ha destacado por una política de gestos valientes dentro del contexto europeo. El reconocimiento del Estado palestino, la retórica de condena al genocidio y el intento de impulsar medidas en foros internacionales son acciones que rompen con la complacencia general. Sin embargo, y este es el núcleo de la cuestión, estos gestos son radicalmente insuficientes. En el abismo que separa la declaración de la acción, se pierden miles de vidas. Los gestos diplomáticos, sin la fuerza coercitiva que los respalde, son hojas arrastradas por el viento de la realpolitik. Se celebran en los titulares y se olvidan en los cráteres de Gaza.
La indignación no es suficiente: la urgencia de una fuerza militar de protección
La doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P), adoptada por la ONU en 2005, establece la obligación de la comunidad internacional de intervenir bajo la doctrina de frenar un genocidio cuando el perpetrador es, precisamente, el que debería garantizar la seguridad de la población. La R2P deja de ser una teoría y se convierte en un imperativo moral y legal ineludible.
Por ello, la única respuesta coherente, necesaria y urgente es la movilización inmediata de una Fuerza Militar Internacional de Protección bajo mandato de la ONU. Esta fuerza no debe confundirse con una misión de paz tradicional (UNIFIL, UNTSO), que depende del consentimiento de las partes. La situación exige una fuerza de interposición coercitiva, desplegada bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU, con un mandato claro e inequívoco:
Imponer un alto el fuego inmediato y permanente mediante la interposición física entre la población palestina y las fuerzas israelíes.
Garantizar la entrada masiva, segura y sin obstáculos de ayuda humanitaria en las cantidades requeridas para evitar la hambruna y la crisis sanitaria.
Proteger físicamente a la población civil en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este de ataques, detenciones arbitrarias y violencia.
Facilitar el retorno seguro y digno de los desplazados a sus hogares.
Supervisar y garantizar la retirada de las fuerzas de ocupación israelíes.
El Gobierno de España, si su compromiso es genuino, debe ser el paladín de esta iniciativa. El camino existe a pesar del bloqueo en el Consejo de Seguridad por el veto estadounidense: la convocatoria urgente de la Asamblea General bajo la resolución «Unión por la Paz» (377/V), que permite recomendar medidas colectivas cuando el Consejo fracasa en su deber. España debe liderar esta coalición de naciones valientes.
Del gesto a la acción: el decálogo de la coherencia
Más allá de esta iniciativa fundamental, España debe adoptar de inmediato un paquete de medidas nacionales y europeas que trasladen la retórica a los hechos:
Suspensión inmediata de toda cooperación militar y de seguridad con Israel. No se puede condenar un genocidio y comprar y vender armas o compartir inteligencia con el genocida. Es una complicidad directa.
Aprobación de una ley que prohíba el comercio de armas y material de doble uso con Israel. El Parlamento debe blindar jurídicamente al Estado español contra toda participación en la maquinaria de destrucción.
Ruptura de relaciones diplomáticas. No se mantienen relaciones de «amistad» y «cooperación» con un régimen que está cometiendo genocidio. La normalidad diplomática es una recompensa al cumplimiento del Derecho Internacional, no a la barbarie.
Impulso de sanciones económicas y políticas reales en la UE. España debe liderar la imposición de un paquete de sanciones contundentes y comprehensivas, dirigidas a terminar con la impunidad económica del régimen israelí.
Apoyo activo y material a la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ). España debe presentarse como parte querellante, aportar toda la evidencia disponible y exigir órdenes de arresto internacional contra los líderes políticos y militares responsables.
La hora de la verdad
El genocidio en Gaza no es una tragedia lejana; es el termómetro de nuestra humanidad. España se encuentra en una encrucijada histórica: puede contentarse con ser la voz más crítica en el coro de la inacción europea, o puede dar el salto cualitativo y convertirse en el líder de una coalición internacional por la vida.
Los gestos han agotado su crédito. Las declaraciones son irrelevantes. La única moneda de cambio que vale en Gaza es la acción concreta, valiente y coercitiva. La propuesta de una fuerza de protección de la ONU no es una idea utópica; es la única solución práctica y disponible para detener la masacre. Exigirla, promoverla y liderar su creación es el único antídoto real contra la complicidad.
El tiempo de la simple indignación ha pasado. Es el tiempo de la responsabilidad. España debe elegir: ser recordada como el país que lo condenó todo pero no hizo lo suficiente, o como la nación que, frente a la cobardía general, tuvo el valor de actuar para interponerse entre el verdugo y sus víctimas. No hay término medio. No hay más excusas. Gaza no puede esperar.
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