(Segunda parte del díptico sobre la historia de la República Popular China cuyo título se refiere al poema de Mao Zedong, de 1935. Se centra en el despegue chino propiciado por el socialismo de mercado).
Junio de 1989 fue uno de los momentos más peligrosos para el socialismo chino: Estados Unidos arremete contra China, con sanciones económicas y acoso en los organismos internacionales, y en el verano se abre la crisis del socialismo europeo, donde en agosto cae el gobierno comunista polaco, después se disuelve el partido de los comunistas húngaros, MSZMP, y en noviembre desaparece el muro de Berlín. El retorno al capitalismo en toda Europa oriental y el golpe final con la ilegal y fraudulenta disolución de la Unión Soviética en 1991, una traición en toda regla, fue una derrota de dimensiones históricas que el PCCh tuvo muy presente para modular los cambios económicos y políticos. Los liberales chinos se refuerzan entonces y aparecen sectores que abogan por levantar una economía semejante al capitalismo occidental, pero el país pudo mantener la estabilidad impulsando un proceso de «rectificación económica», controlando los precios, aumentando la producción y dedicando mayor atención y recursos a la sanidad, las pensiones y la vivienda, aunque tuvo que afrontar con enormes dificultades el acoso político de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.
Se
mantuvo la reforma y se abrieron bolsas de valores en Shanghái y
Shenzhen, y se levanta la Nueva
Área de Pudong
en Shanghái. El PCCh concluye que el análisis sobre la evolución y
la reforma debía tener presente si desarrollaba las fuerzas
productivas, si elevaba el nivel de vida y si contribuía al
fortalecimiento del socialismo. Jiang Zemin introduce entonces el
concepto de «economía socialista de mercado». Pero la
desaparición de la Unión Soviética, además de suponer un serio
aviso para el PCCh y para todo el movimiento com111unista
mundial, abrió un peligroso vacío en las cinco repúblicas de Asia
central, con guerras y golpes de Estado y una creciente inestabilidad
durante años causada por los yihadistas apoyados por Estados Unidos:
Pekín decide en el año 2000 que deben reforzarse la fronteras del
oeste de China y establece relaciones con otros países sobre la base
de los cinco principios de coexistencia pacífica. En 1995, China
había diseñado ya una nueva política exterior, rechazando los
bloques de la guerra
fría,
y su diplomacia insiste en evitar enfrentamientos y que algunos
países intervengan militarmente en otros, en clara referencia a
Estados Unidos.
En la última década del siglo XX
China supera la crisis financiera asiática de 1997, iniciada con las
devaluaciones de Thailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas, y que
afecta duramente a Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán. En esa década,
China se lanza a desarrollar el oeste del país con nuevas líneas de
ferrocarril, carreteras y aeropuertos, gasoductos y proyectos
hidráulicos, y después las regiones centrales. Consigue poner fin a
la habitual escasez de cereales, acaba con el analfabetismo,
desarrolla las infraestructuras y se propone terminar con la pobreza
(que afectaba a unos ochenta millones de personas) en siete años. El
PCCh y el gobierno sitúan entre sus objetivos la protección del
medio ambiente, una campaña permanente para evitar la contaminación
atmosférica y de las aguas, y se empieza a reforestar el norte del
país (el problema de las tormentas de arena afectaba mucho a Pekín
y Tianjin). También se mejora la primacía de las leyes por encima
de cualquier otra consideración: se pretende construir un Estado de
derecho socialista, concepto que se introdujo en la Constitución en
1999, y se define la economía socialista de mercado como la síntesis
de economía socialista y mercado, con predominio de la propiedad
pública, tanto estatal como colectiva en diferentes ámbitos. Una
fórmula la resume: «el Estado regula el mercado, y el mercado
orienta a las empresas», es decir, el mercado distribuye los
recursos, controlado por el Estado. En el sector financiero y en la
fiscalidad se organiza un estricto control por el Banco Popular de
China, con la definición de los impuestos que nutren al gobierno y
los que atañen a gobiernos locales. Se reforma el sector textil, el
de materiales de construcción y el metalúrgico, la minería,
reduciendo el número de trabajadores en empresas estatales y
asegurando nuevos empleos para quienes dejan de trabajar en ellas. A
final de siglo se completó la reforma de las empresas estatales, que
empezaron a ser rentables, y se apuesta por el predominio de la
economía de propiedad pública, insistiendo en la eficacia y la
igualdad. Así, en 1997 se había cuadruplicado el volumen de la
economía china de 1980.
En 2001, China ingresa en la
Organización Mundial del Comercio, que agrupa en ese momento a más
de 140 países. El cálculo estadounidense es apoderarse de buena
parte de la economía china y estimular así su conversión al
capitalismo: fue uno de los grandes errores estratégicos de
Washington, porque China consigue capitales y tecnología extranjera
y se convierte en la fábrica del mundo, aumentando su reserva de
divisas: si quince años atrás apenas disponía de 5.000 millones de
dólares, en los primeros años del siglo XXI cuenta ya con más de
250.000 millones de dólares. La nueva China se fortalece con
rapidez. El mismo año, se crea la Organización de Cooperación de
Shanghái, OCS, que cuenta hoy con ocho países miembros y otros
observadores y socios, y en 2009 se celebra la primera cumbre de los
BRICS+, asociación que China impulsa decididamente.
La creación de la SASAC (Comisión
Estatal para Supervisión y Administración de Activos del Estado) en
2003 permite supervisar con eficacia las empresas públicas. Hay que
recordar que casi todas las más importantes empresas chinas son
públicas y de las mayores del mundo en su sector, como China Mobile,
el banco ICBC, China Construction Bank, PetroChina, Bank of China, la
petrolera SINOPEC, o China Life (de seguros, de las más importantes
del planeta). En 2006 se lanzó el Programa
Nacional para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
(2006-2020),
con el objetivo de alcanzar el desarrollo tecnológico de los países
avanzados, y se suprimió el tributo agrícola que pagaban los
campesinos por la superficie de tierra o por la producción. En ese
año, eran unos 800 millones de campesinos y la agricultura suponía
el 13 % del PIB, frente al 86 % de la industria y los servicios. La
capacidad de sacrificio, el trabajo constante de los campesinos y de
científicos como Yuan Longping (el ingeniero agrónomo que hizo
posible un arroz más productivo y que pretendía conseguir quince
toneladas de arroz en cada hectárea) reforzó la agricultura, y ha
evitado el hambre en muchas regiones del mundo. Junto a
éxitos innegables, como los Juegos Olímpicos de 2008 y, dos años
después, la Exposición Universal de Shanghái, China también
recibió duros golpes: el brote del síndrome respiratorio, SARS, de
2003; los graves disturbios en Lhasa y el Tíbet en marzo de 2008, y
el grave terremoto de Sichuán en mayo del mismo año; y los saqueos
y asesinatos en julio de 2009 en Xinjiang. Tanto en el Tíbet como en
Xinjiang se constató la mano de organizaciones independentistas
financiadas por Estados Unidos.
En
2010, China se había convertido ya en la segunda economía del
mundo, había completado el entramado jurídico del socialismo e
incluyó entre sus objetivos alcanzar una «civilización
ecológica»: dos años antes había creado el Ministerio de
Protección del Medio Ambiente porque el rápido desarrollo
industrial causó un serio deterioro del entorno natural, de forma
que en 2017 se optó por una civilización ecológica como “Plan
del Milenio”. En 2024 se habían invertido
835.000 millones de euros en energías renovables y limpias, y se ha
puesto
freno a la desertización en el norte de China con el cinturón
verde,
gracias a una política de reforestación que ha conseguido notables
avances.
Esta última década está marcada por
la dirección de Xi Jinping. En 2012, el XVIII Congreso elige a Xi y
busca crear una sociedad «moderadamente próspera» para
2021, culminando la transformación de China en un país socialista
moderno en 2049. En 2013, durante una inspección en la pequeña
aldea de Shibadong, en Hunan, Xi Jinping lanzó la campaña para
erradicar por completo la pobreza que movilizó a casi tres millones
de personas para ayudar a las poblaciones pobres y que ha sido
culminada con éxito. En 2015 se propuso el objetivo de asegurar en
2020 que todos los habitantes de las zonas rurales tuviesen asegurada
alimentación y vestimenta, educación obligatoria completa,
asistencia médica básica y vivienda. En ese año, 1.000 millones de
personas estaban apuntadas al seguro de vejez básico, y 1.380
millones al seguro médico, y China
ha conseguido mantener el empleo estable para toda la población. El
seguro médico ofrece una cobertura básica universal, que en 2023
llegaba al 95 % de la población. El sistema de
seguridad social abarca las pensiones, sanidad, desempleo, trabajo y
vivienda. Las pensiones aseguran cobertura para trabajadores urbanos
y rurales, y la edad de jubilación se sitúa en los
60 años para
hombres, 55
para mujeres en empleos administrativos,
y en 50 para las
obreras. También un seguro de desempleo hasta 24 meses, otro para
accidentes de trabajo, y licencia por maternidad de, al menos, 98
días. La vivienda se adquiere en el mercado privado o se accede a
viviendas sociales con alquileres económicos y viviendas en
propiedad con algunas restricciones. Uno de los problemas son los
elevados precios de las viviendas en las grandes ciudades, Pekín,
Shanghái, etc, que alcanzan doce veces el salario anual medio, y
donde los alquileres superan los mil quinientos euros en el centro
urbano, aunque depende del tipo de vivienda, en los barrios de la
periferia es menor; las viviendas sociales cuestan unos 200 euros
mensuales, aunque hay listas de espera para acceder a ellas. En 2025,
por ejemplo, está prevista la construcción de 6’5 millones de
viviendas sociales.
Junto
a ello, se asegura el acceso a museos, galerías, bibliotecas y
entidades culturales en todo el país: China cuenta con más de
45.000 centros culturales, unas 3.300 bibliotecas públicas, unos
7.000 museos, más de 1.000 radios, y la televisión central, CCTV,
con más de cincuenta canales; y la CGTN, con seis canales y
emisiones en castellano, ruso, inglés, francés, coreano y árabe;
además de televisiones provinciales en las veintitrés provincias,
cinco regiones autónomas y cuatro municipios (como Pekín TV, Hunan
TV, Shanghái Media Group). Todas son de propiedad pública, y en
2025 estarán completamente digitalizadas. Hoy, existen más de
quinientos Institutos Confucio en unos 150 países para difundir la
lengua y la cultura china.
China
ha pasado de impulsar un rápido crecimiento económico a buscar un
desarrollo innovador, sostenible, de alta tecnología. En el XIX
Congreso, en 2017, Xi Jinping insistió en la importancia de combatir
las desigualdades que había creado el desarrollo, y el XX Congreso,
en 2022, consideró que la contradicción principal es el contraste
entre la demanda popular que quiere mejorar sus condiciones de vida y
el insuficiente desarrollo, con desequilibrios entre regiones. Junto
a ello, el gobierno identifica los objetivos más arduos: anular los
riesgos más importantes (con la mirada puesta en el imperialismo
estadounidense), impedir la pobreza y eliminar la contaminación. En
2013, el gobierno aprobó el Plan
contra la contaminación atmosférica
y para asegurar la pureza de las aguas. Se pretende también culminar
la modernización en 2035, y levantar para mediados de siglo un
«poderoso país socialista moderno». En esa línea, China
ha impulsado la nueva
ruta de la seda,
o Iniciativa de la Franja y la Ruta, con el plan para el desarrollo
conjunto de Pekín-Tianjin-Hebei, la Franja Económica del río
Yangtsé
y la
Gran Área de la Bahía de Cantón-Hong Kong-Macao, además de la
nueva área de la futurista
Xiong’an para descongestionar Pekín, entre otros muchos proyectos.
El
sistema político está basado en la Asamblea Popular Nacional, con
organismos locales para la participación popular como los comités
campesinos y de barrios. El proceso electivo de los diputados de la
APN es indirecto: los ciudadanos eligen a los diputados de las
Asambleas Populares locales, y esos diputados locales eligen a la
Asamblea Provincial; finalmente, los diputados provinciales eligen a
quienes serán sus representantes en la APN. Una Asamblea Popular
provincial tiene entre quinientos y mil diputados, según su
población. En 2025 existen más de 550.000 comités en pequeñas
localidades y unos 110.000 comités urbanos. La participación es muy
alta: en las elecciones para la APN de 2016 en pueblos y distritos
participaron más de 900 millones de personas, y en las de 2021, más
de 1.100
millones. El Consejo de Estado (o gobierno) es responsable ante la
APN. Además, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino,
CCPPCh, donde están representados ocho partidos además del Partido
Comunista, desempeña también una importante función. En cuanto a
la satisfacción de los chinos con su sistema político, la
Universidad de Harvard concluyó en 2021 que era del 93 %, y otras
encuestas han ofrecido resultados similares: el informe de 2024 de la
Alliance
of Democracies,
AoD (una entidad danesa poco sospechosa de sesgo prochino: la fundó
Anders Fogh Rasmussen tras dejar la secretaría general de la OTAN),
afirma que para el
92 % de la población la democracia es importante, el 79 % defiende
que China es democrática, el 91 % que el gobierno defiende los
intereses de la mayoría de la población y no los de un pequeño
grupo, y el 85 % que todas las personas tienen los mismos derechos.
En las «dos sesiones» de
2025, el gobierno fijó el crecimiento para este año en el 5%,
seguir impulsando la investigación (inteligencia artificial y
tecnología cuántica), combatir el cambio climático, un aumento del
7% del presupuesto militar, que está en unos 300.000 millones de
dólares; hacer frente a los aranceles de Trump, estimular la
natalidad, e impulsar la energía eólica y solar. Pero el acoso
estadounidense es un serio problema para el futuro: en
2006, el Pentágono señaló a China como objetivo a neutralizar, y
Obama impulsó el «giro a Asia» que Washington mantiene con
una concepción militarista que mueve sus hilos: la
empresa CK Hutchison Holdings Ltd., del plutócrata más rico de Hong
Kong, Li Ka-shing, iba a vender sus negocios portuarios en el canal
de Panamá a la empresa estadounidense Black Rock, pero el organismo
antimonopolio chino bloqueó la venta. Por el canal de Panamá,
esencial para el transporte marítimo del planeta, pasa el 6 % del
comercio marítimo mundial, y la marina mercante china representa el
21 % del volumen de carga, por lo que es una ruta fundamental para el
comercio entre China y América Latina y el Caribe. El gobierno
estadounidense y el propio Trump han afirmado públicamente que la
influencia del Partido Comunista de China en el canal de Panamá es
demasiado relevante y que, en caso de conflicto, Pekín podría
cerrar el canal, prohibiendo el paso de barcos estadounidenses,
incluidos buques de guerra. China niega la versión de que «controla
el canal». A ese acoso se une la constante difusión de
mentiras, como se hizo años atrás con la «noticia» del
Daily
Mail
de la pantalla gigante en Tiananmén que mostraba la salida del sol:
supuestamente, como los pekineses no lo podían ver por la
contaminación, el gobierno había puesto esa pantalla. En realidad,
era un reclamo turístico de una región china, pero la manipulación
fue recogida por toda la prensa occidental. O como el documental de
Channel Four, Las
habitaciones de la muerte,
con orfanatos donde supuestamente dejaban morir a niñas chinas con
minusvalías.
¿Hay
problemas? Por supuesto: envejecimiento de la población, la función
futura de los chinos que se han enriquecido como Jack Ma, control de
las desigualdades creadas por el crecimiento económico, escasez de
tierras agrícolas, cambio climático mundial. Hacia 1990, China se
había propuesto no superar los 1.300 millones de habitantes en el
año 2000 y estableció un estricto control de la natalidad de forma
que el índice de fecundidad se sitúa en 1’8 por mujer, es decir, se
reduce la población. Hoy, la situación es otra y el envejecimiento
es un serio problema para el futuro. Ya en 1989, el PCCh lanzó un
serio aviso sobre la corrupción, con la campaña llamada de «los
tres énfasis» que llamaba a los militantes a insistir en el
estudio, la política y la honradez. Por eso, el PCCh instruye a sus
miembros en la ética personal, el rechazo a la burocracia, el
liberalismo y el abuso de poder, y los insta a vincularse todavía
más con la población. Sin olvidar la inspección, el control y
supervisión a todos los niveles, incluso a los principales
dirigentes, a través de la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía
Popular. Un ejemplo bastará: en el lustro entre 1997 y 2002, más de
ochocientas mil personas fueron sancionadas, se abrieron 37.000
procesos judiciales, y unos 135.000 militantes fueron expulsados del
partido. En 2008 se lanzó una campaña, que duró casi dos años y
en la que participaron 75 millones de militantes del PCCh, sobre las
formas del desarrollo y la práctica llevada a cabo, que examinó
comportamientos irregulares y nocivos en más de un millón de casos,
de forma que hasta 2o12 se examinaron más de 600.000 casos de
corrupción y fueron sancionadas 670.000 personas. Porque el veneno
de la corrupción ha alcanzado incluso a algunos ministros. Ahí está
la figura de Ling Jihua (que con Hu Jintao fue director de la Oficina
General del Comité Central) condenado por corrupción tras el asunto
de la muerte de su hijo en el accidente del Ferrari. O Lei Zhengfu,
responsable de Beibei, junto a Chongqing, que fue condenado por
corrupción. Y Chen Liangyu, alcalde de Shanghái y miembro del
Comité permanente del Buró Político del PCCh, condenado en 2008 y
expulsado del partido por el fraude de pensiones; precisamente fue
sustituido por Xi Jinping. Sin olvidar el juicio público a Bo Xilai
en 2012, y los casos de Zhou Yongkang, Xu Caihou y el ex jefe del
ejército, el general Guo Boxiong, que ilustran la campaña que
impulsó Xi Jinping contra «los tigres y las moscas» de la
corrupción. En estos últimos años, decenas de miles de personas
han sido condenadas por corrupción, y en 2018, por ejemplo,
recibieron sanciones disciplinarias más de medio millón de
militantes del PCCh.
La
nueva política, con la reforma de Deng, supuso que en los años
ochenta se redujese notablemente la ayuda
a los comunistas del sudeste asiático, África, y América Latina.
Si
el viaje de Nixon en febrero de 1972 inicó las relaciones con
Estados Unidos, a partir de 1989 empeoraron. Con Trump siempre han
sido malas, desde 2017. Con Japón, China estableció intercambios
diplomáticos en 1972. Con Israel, Pekín lo hizo en 1992, y apoyó
los acuerdos de Oslo. Con Rusia existe un pacto estratégico. China
propone un nuevo tipo de relaciones internacionales, construir un
«futuro compartido» para la humanidad (así lo denominan) y
la reforma de las estructuras de gobernanza global, como la ONU.
Las
protestas de Tiananmén en 1989 fueron un serio riesgo para la
estabilidad política del país, exageradas y difundidas hasta el
hartazgo por la propaganda occidental, que sigue recurriendo a ello
cada 4 de junio, como sigue manipulando sobre Taiwán (ignorando que
siempre ha sido parte de China), el Tíbet, Xinjiang, Hong Kong, el
Mar de China meridional o con el recurrente y falso «expansionismo
chino». La fantasmal «revuelta del jazmín», en
febrero de 2011, fue otro intento de desestabilizar China, tras la
gran campaña que lanzó Estados Unidos y sus aliados occidentales
con la figura de Liu Xiaobo, defensor de la invasión estadounidense
de Iraq, del apartheid
palestino y de que China se «occidentalizara». En Pekín
los servicios occidentales hicieron correr rumores de concentraciones
en Wangfujing los domingos a las que acudieron sobre todo periodistas
extranjeros y el embajador estadounidense John Huntsman. Las
referencias occidentales son siempre al «movimiento por la
democracia», ocultando la evidente intromisión de los servicios
secretos estadounidenses que facilitaron recursos y materiales de
todo tipo para estimular las protestas, como después se hizo en 2014
con el Maidán
ucraniano, al que siguió el golpe de Estado, y en la preparación de
la denominada «revolución de los paraguas» en Hong Kong el
mismo año, o recientemente en Georgia.
En
2025, China crecerá un 5 %, la población urbana llegará al 70 %,
creará doce millones de puestos de trabajo, e impulsará fuertemente
el I+D, y es el país que registra más nuevas patentes en el mundo.
Zhongguancun, distrito tecnológico de Pekín, es uno de los centros
de la investigación china en inteligencia artificial, como el
Instituto
de Automatización (BAAI)
y las universidades de Pekín;
el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial de Shanghái
(SAIRI), el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial de
la Universidad de Zhejiang (ZJU), en Hangzhou; y el Instituto de
Tecnología Avanzada (SIAT), y el Tencent AI Lab, como Huawei,
Tencent, ZTE, en Shenzhen. Desde
DeepSeek a Unitree Robotics, que está desarrollando robots
humanoides, China acelera en IA. Kai-Fu
Lee aseguraba no hace mucho que Silicon Valley ya parece lento en
comparación con los avances chinos en inteligencia artificial. Pero
la fortaleza estadounidense sigue siendo muy relevante. La
computación cuántica será el siguiente salto tecnológico, e
institutos públicos chinos y empresas como Tencent, Baidu y Alibaba
trabajan intensamente en su desarrollo.
Pekín
también ha reducido a casi la mitad los bonos del Tesoro
estadounidenses que poseía en 2013; ahora, tiene 750.000 millones de
dólares. En su primer mandato, Trump subió los aranceles al 19 % a
casi tres cuartas partes de las exportaciones chinas que llegaban a
Estados Unidos, y Biden los mantuvo. Ahora, Trump los aumenta de
nuevo. Pero Estados Unidos no va a ganar esta guerra comercial, y el
ascenso pacífico de China es evidente: en los últimos cuarenta y
cinco años no ha participado en ninguna guerra, ni ha invadido
ningún país, a diferencia de Estados Unidos. La cita de Alaska, en
marzo de 2021, fue un punto de inflexión en la política exterior
china. Antony Blinken y el asesor de Seguridad
Nacional, Jake Sullivan, lanzaron duros ataques contra China,
aludiendo con mentiras a Xinjiang, Tíbet, Hong Kong y Taiwán, pero
recibieron una contundente respuesta de Yang Jiechi y del ministro
Wang Yi. Los estadounidenses no estaban acostumbrados a que se
denunciaran sus invasiones, golpes de Estado y matanzas, y se les
exigiera públicamente coherencia. La
nueva China muestra la fuerza del socialismo, y no hubiera sido
posible sin la victoria del Partido Comunista en 1949. Es más: es
posible que sin el triunfo de la revolución, China hubiera sido
despedazada por Occidente. La Larga
Marcha
no ha terminado.
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