Secciones: El Problema Español - Documentos militante IU/ PCETítulo: POR EL LAICISMO DEL ESTADO Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES - PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA Texto del artículo:
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Por medio del presente escrito y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento de la Cámara , el Grupo Parlamentario
Izquierda Verde- Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds,
formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate
de política general en torno al estado de la Nación.
Propuesta de Resolución
POR EL LAICISMO DEL ESTADO Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN DEFENSA
DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES.
En los últimos años la sociedad española ha experimentado una
profunda secularización, sin embargo no ha sucedido lo mismo con el
Estado. Los sucesivos gobiernos del Estado Español han mantenido unas
relaciones políticas con la institución de la Iglesia Católica que la
han garantizado una situación claramente privilegiada en numerosos
aspectos sociales, educativos, culturales y económicos.
La financiación del clero y de la Conferencia Episcopal, la enseñanza
de la religión en la escuela, un régimen abusivo de conciertos con la
enseñanza privada, un régimen fiscal más que favorable y un protocolo
institucional que la convierte sin fundamento jurídico en religión
oficial, son algunos de estos privilegios recogidos en el Acuerdo
General de 1976 que revisaba el Concordato de 1953. Un acuerdo que
fue completado con el "Acuerdo sobre Asuntos Culturales y Educativos"
(Acuerdo de la Santa Sede). Este Acuerdo data de enero de 1979,
aspecto nada baladí teniendo en cuenta que tan sólo un mes antes fue
aprobada la Constitución española y que este protocolo se negoció con
el Vaticano por un gobierno preconstitucional.
Con respecto al contenido del acuerdo, una de las cuestiones
fundamentales es la situación de privilegio (que no de derecho), de
la Iglesia en el sistema educativo. Una pacto que determina que la
asignatura de religión tendrá el mismo rango que el resto de
asignaturas fundamentales, es decir, será tan importante como las
matemáticas, el inglés, la historia. Del mismo modo se establece que
la asignatura de religión católica siempre se impartirá en el período
lectivo, sus libros son los únicos que no pueden ser revisados por la
autoridad educativa y los profesores de religión son elegidos por los
obispos y pagados por el Estado (son los únicos a los que la
administración les permite educar sin que la propia administración
compruebe su preparación para ello).
Este protocolo es producto de un contexto histórico superado por
nuestra democracia hace mucho tiempo y en el que la Iglesia mantenía
un poder extraordinario como consecuencia de su alianza con el
franquismo. Una cuerdo que le ha servicio como cadena de hierro con
el que maniatar a los gobiernos democráticos, que aun hoy sigue
vigente y lamentablemente tras las últimas declaraciones del gobierno
del señor Zapatero, no tiene visos de ser revisado.
A pesar del mantenimiento de los privilegios de la institución
católica sobre la educación y otros aspectos, la reforma del sistema
educativo planteada por el actual gobierno, las recomendaciones del
Consejo Escolar del Estado y determinadas iniciativas legislativas a
favor de los derechos civiles y las libertades, como son el
reconocimiento del matrimonio y adopción de parejas homosexuales, han
provocado toda una campaña desde la Conferencia Episcopal contra los
derechos y libertades, llamando a sus fieles a la movilización
apelando a una supuesta agresión desde el Estado y el gobierno.
Un Estado democrático debe defender, sin ambigüedades, la laicidad de
las Administraciones Públicas. El laicismo es consustancial al Estado
democrático, por lo que deben ser rechazadas todo tipo de injerencias
dogmáticas sobre el Estado de derecho, al igual que las imposiciones
morales propias de cualquier religión al conjunto de la sociedad ya
que ésta debe regirse por una ética civil en la que no tenga cabida
ningún tipo de discriminación. Las creencias religiosas forman parte
del ámbito de lo privado y, por tanto la enseñanza religiosa debe
quedar al margen de la enseñanza obligatoria y fuera del currículo
escolar. La escuela debe ser un espacio público donde el
adoctrinamiento religioso e ideológico quede a sus puertas. Es
necesario un modelo de Escuela Laica que eduque sin dogmas en valores
humanistas, científicos y universales. Una escuela para la formación
de la ciudadanía y la educación en la igualdad, donde se sientan
cómodos tanto no creyentes como creyentes de las diversas religiones
o creencias.
En la Constitución y, en la práctica, España debe ser un Estado laico
que garantice la libertad de pensamiento, que fortalezca la enseñanza
pública en los valores cívicos y constitucionales y que respete los
distintos credos y religiones.
Por todo ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Derogar los Acuerdos con la Santa Sede: Concordato franquista
de 1953, el Acuerdo General preconstitucional de 1976 y el Acuerdo
preconstitucional sobre asunto Culturales y Educativos de 1979,
negociando nuevos acuerdos que garanticen la separación total de la
Iglesia y el Estado.
2. Adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la
restitución del IRPF no recaudado por el tesoro público y la
modificación de la regulación del mismo impuesto en la perspectiva de
la eliminación del impuesto religioso.
3. Que en la tramitación de la reforma educativa la enseñanza
religiosa quede al margen de la enseñanza obligatoria y fuera del
currículo y del horario escolar.
4. Reformar/Modificar la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de
Libertad Religiosa con el fin de acabar con la actual injusticia,
regulando la Libertad de Conciencia como un derecho de todos y cada
uno de los ciudadanos que no discrimine ni compartimente a los
mismos, en función de sus convicciones y restableciendo así este
derecho fundamental.
5. Habilitar partidas presupuestarias en los Ministerios de
Educación y Justicia y canalizadas por las asociaciones laicistas,
humanistas y ateas, para promover valores humanistas y laicistas en
la sociedad y en las escuelas.
6. Modificar el Código Civil en materia de matrimonio con el fin
de suprimir los efectos directos civiles del matrimonio canónico
católico.
7. Crear una comisión interministerial para el estudio y acción
contra las prácticas que atenten contra las libertades individuales y
derechos fundamentales en el interior de las organizaciones privadas,
sean éstas religiosas o de cualquier otro tipo, en especial sobre
aquellas prácticas autoritarias que se ejercen contra los jóvenes y
niños.
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid a 13 de mayo de 2005
Fdo.: Gaspar Llamazares Trigo Fdo.: Joan Herrera
Torres
Pte.Portavoz del G.P.IV-IU-ICV Portavoz del
G.P.IV-IU-ICV
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