Sección: EuropaTítulo: Socialdemocracia y referéndum francés, Carlos Taibo- Enlace 1 Texto del artículo:
Carlos Taibo
Rebelión
Merece una glosa el sesgo con que muchos de nuestros medios de comunicación han
decidido encarar el referéndum francés sobre la mal llamada Constitución de la
UE. Parece como si a los ojos de casi todos Francia se viese sacudida por un
seísmo que no puede por menos que levantar incomprensión, primero, y repulsa,
después. La inquietud de estas horas se antoja en buena medida una secuela,
claro, de lo que no hicimos entre nosotros en febrero pasado: discutir crítica,
franca y abiertamente sobre el tratado constitucional. Lo que se impuso entonces
fue un espasmo de europeísmo papanata adobado de desidia general --facilitó que
los mensajes simplones colasen o, al menos, no fuesen contestados-- y, a menudo,
de un pragmatismo rayano en la frivolidad.
Pero volvamos a Francia y hagamos un esfuerzo para dejar de lado las
admoniciones que tantos de nuestros medios lanzan contra una derecha
ultramontana y una izquierda radical, empeñadas en hurgar --se nos dice-- en
falsos y arcanos debates como los relativos a la soberanía nacional, la
globalización o la ampliación de la UE. Ocupémonos, porque a la postre la cosa
tiene más miga, del relato que muchos de esos medios han decidido asumir a la
hora de dar cuenta de lo que ocurre en el Partido Socialista francés. El
discurso al uso se deja llevar, con formidable desparpajo, por valoraciones que
determinan un canon de perfección --el que corresponde a los defensores del
tratado-- y una enloquecida herejía fuera del mundo --la abrazada por los
detractores de aquél-- dentro del propio Partido Socialista galo. Varios son los
sambenitos que se cuelgan sobre quienes han tenido la mala idea de rechazar el
texto en cuestión. Se nos habla, así, de la vieja guardia estatalista, incapaz
de deshacerse de los dogmas marxistas, reacia a cualquier suerte de
"aggiornamento" --Bad Godesberg no va con ellos-- e impregnada de mezquino
oportunismo; segmentos notorios del Partido Socialista habrían sucumbido, por
añadidura, al chauvinismo más deleznable, y ello cuando no se habrían dejado
seducir por dirigentes cuyo liviano currículo de contestación del neoliberalismo
--Fabius-- invitaría como poco a la duda. Frente a ese retoño local del eje del
mal se hallaría, entre tanto, la socialdemocracia europeísta, honesta defensora
de un tratado que, lleno de virtudes, aparecería dramáticamente deformado en los
labios de sus detractores.
Me resisto a creer que entre nosotros, y vuelvo a la carga, el recurso a tan
abruptas simplificaciones nada tiene que ver con lo que ocurrió en febrero, al
calor de un referéndum malhadado. Porque entonces el oportunismo más prosaico y
el designio de desfigurar el contenido del texto que se sometía a consulta no
faltaron entre quienes se inclinaron por defender el tratado. Lo diré con
contundencia: doy por seguro que si el Partido Socialista Obrero Español hubiese
perdido las elecciones de marzo de 2004, en sus filas se habría registrado, en
lo que al tratado de marras respecta, una discusión tan agria como la que
impregna ahora a su casi homólogo francés. Esto es lo que invita a concluir, sin
ir más lejos, un hecho llamativo: en febrero fueron muchos los cuadros del PSOE
que lejos de los micrófonos confesaron su descontento con un texto que bien se
cuidaban de contestar, eso sí, en público. Para explicar semejante conducta no
había que ir muy lejos: lo que había cobrado cuerpo era un disciplinado cierre
de filas cuyo propósito principal, comprensible, era no enturbiar con disputas
internas la posición, relativamente cómoda, de la que disfrutaba el Gobierno
español.
Si el tratado constitucional se hace realidad, el silencio que despuntó en
febrero --pan para hoy, hambre para mañana-- bien puede ser un flaco favor para
la causa, que cabe suponer viva, de la socialdemocracia consecuente. Conviene
argumentar, claro, por qué. Desde posiciones críticas con el texto a menudo se
ha aseverado que los problemas de éste no residen en sus dos primeras partes
sino, antes bien, en la tercera. No es exactamente así. Digamos, por lo pronto,
que en las partes primera y segunda hay artículos lamentables, en tanto en la
tercera --la que describe las políticas concretas-- los hay muy respetables. El
problema llega de otro lado: el perfil de cada uno de esos grandes agregados es
distinto cuando se consideran por separado y cuando se encaran, por el
contrario, de manera conjunta. Y lo es porque la parte tercera determina el
significado preciso de las dos anteriores, de tal suerte que principios y
derechos a primera vista saludables dejan, entonces, de serlo. El lenguaje
empleado en las dos partes iniciales es llamativamente distinto, por lo demás,
del utilizado en la tercera. Si en aquéllas se habla de "desarrollo duradero",
"pleno empleo" y "economía social de mercado", en ésta la apuesta lo es en
provecho de precios estables, finanzas saneadas y "economía de mercado abierta
con competencia libre". El efecto final resulta iluminador: mientras el tratado
recurre en 78 ocasiones a la palabra "mercado" y reclama en 27 oportunidades la
"libre competencia", hay que buscar con lupa, en cambio, las citadas expresiones
de "pleno empleo" y "economía social de mercado", perdidas en la fanfarria
retórica de la parte inicial.
Así las cosas, los derechos sociales salen inequívocamente mal parados. Si, por
un lado, los que se enuncian no se ven acompañados de garantías, por el otro lo
acordado se halla visiblemente por detrás de lo aceptado por los miembros de la
CEE en 1966, de la mano del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Apenas sorprenderá que con estos mimbres los
socialdemócratas escandinavos --y muchos de los franceses-- se muestren
renuentes a acatar un texto que puede servir de catapulta para una nueva
ofensiva neoliberal. Por si poco fuera, nada se prevé en materia de armonización
social y fiscal, y otro tanto sucede, en los hechos, con la protección de los
consumidores y la lucha contra el fraude. Merced a la presión ejercida por
conservadores y liberales, el tratado rehuye hablar, en suma, de servicios
públicos, y postula sin más "servicios económicos de interés general",
sometidos, naturalmente, a la libre competencia, residuales, hipercontrolados y
sin atención global alguna dentro de la UE. Por cierto que --se diga lo que se
diga-- la ya célebre "directiva Bolkestein" encaja a la perfección en la trama
desreguladora de la que bebe el tratado constitucional.
Con el mercado y la libre competencia emplazados obscenamente por encima de los
derechos sociales, del medio ambiente, de la calidad de los servicios y de la
propia seguridad de usuarios y consumidores, lo más relevante no es que el
tratado cierre el camino --era de esperar-- a transformaciones revolucionarias.
Más llamativo resulta, como antes sugerimos, que imponga obstáculos, acaso
insalvables, para el proyecto que comúnmente se atribuye a la socialdemocracia
consecuente: el de un Estado entregado a la intervención activa en la economía y
a la defensa de los más débiles. Y que nadie busque acomodo en la superstición
de que los hechos discurren por otros cauces: conservadores y liberales --los
promotores, junto con buena parte de la familia socialista, del tratado-- son
estrictos en su credo. Durão Barroso, el presidente de la Comisión, no ha dudado
en aseverar que la pelea por la competitividad obliga a dejar en segundo plano
los derechos sociales y el medio ambiente. El más necio sabe, claro, que los
progresos en competitividad, sobre el papel tan halagüeños, se han saldado para
muchos en derechos en retroceso, salarios cada vez más bajos, jornadas laborales
más prolongadas y, en suma, precariedad por todas partes. Quiere uno creer que
es esto, y no alguna esotérica cuestión, lo que conduce a muchos ciudadanos
franceses a tomar partido contra el tratado constitucional. Y a discutir sobre
él, que falta hace. Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 18/05/2005 - Modificar
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