Sección: El Problema EspañolTítulo: ONU da 90 días al Estado español para que aporte me didas contra la tortura. Texto del artículo:
Los servicios de inteligencia tras LAB
Según el organismo internacional «la falta de un castigo apropiado es
incompatible con la obligacion de prevenir esta practica»
La ONU da al Estado español 90 días para que aporte medidas contra la
tortura
Rebelión
El Comité contra la Tortura de la ONU ha admitido la queja presentada
por Kepa Urra después de que el Gobierno español indultara a tres
guardias civiles que habían sido condenados por torturarle. Tras
estudiar el caso, este órgano de Naciones Unidas concluye que el Estado
español ha vulnerado los artículos 2, 4 y 14 de la Convención y le da
90 días para que informe sobre las medidas adoptadas para acabar con la
tortura.
A raíz de la queja que Kepa Urra presentó el 8 de febrero de 2002 por
la vulneración de los artículos 2, 4 y 14 de la Convención Contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el
Comité contra la Tortura de la ONU concluye que, en efecto, el Estado
español violó dichos artículos y le insta a «velar por que en la
práctica se impongan penas adecuadas a los autores de actos de tortura
y a asegurar una reparación completa». Además, le concede un plazo de
90 díaspara que informe sobre «las medidas adoptadas» para poner fin a
la impunidad y a la práctica de la tortura.
La resolución de la ONU recoge los hechos expuestos por Urra, que fue
detenidopor la Guardia Civil en enero de 1992: «Lo condujeron hacia un
terreno amplio. Fue desnudado, esposado, arrastrado por el sue- lo y
golpeado. Después de seis horas de interrogatorio, tuvo que ser llevado
al hospital ya que su pulso era muy alto, no hablaba, estaba sin
fuerzas y en estado inconsciente; su boca y nariz sangraban. En el
hospital, los médicos constataron lesiones en la cabeza, cara,
párpados, nariz, espalda, estómago, cadera, brazos y piernas. También
presentaba un traumatismo cervical que motivó su inmovilización».
Con motivo de la denuncia de Urra, la Audiencia de Bizkaia condenó en
1997 a tres guardias civiles por un delito de torturas a sendas penas
de cuatro años, dos meses y un día de prisión, así como a seis años y
un día de inhabilitación y a la suspensión de sus funciones durante el
tiempo de prisión. El fallo fue recurrido por la Fiscalía ante el
Tribunal Supremo, que rebajó las penas de prisión a un año. Consideró
que «se había probado la existencia de una tortura ‘indagatoria’ que
superaba en intensidad los tratos inhumanos o degradantes» y que la
pena de un año era «proporcional a la gravedad del delito». El 16 de
julio de 1999, el Consejo de Ministros concedió el indulto a los tres
agentes.
El Comité concluye que «la falta de un castigo apropiado es
incompatible con el deber de prevenir actos de tortura» y que «la
imposición de penas menos severas y la concesión del indulto son
incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas. Los
guardias civilesno quedaron sujetos a un proceso disciplinario durante
el proceso penal, pese a que la gravedad de las imputaciones ameritaba
la apertura de una investigación disciplinaria». Añade que «la
reparación a la víctima de un acto de tortura» requiere, entre otras
medidas, «garantizar la no repetición de las violaciones».
Tras explicar los pormenores del caso, el abogado Didier Rouget y el
representante de TAT Aiert Larrarte resaltaron la importancia de esta
decisión «ampliamente motivada y detallada que se suma a las adoptadas
por otros organismos como el Relator, AI, CPT, HRW...».
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«Ya es hora de acabar con esta cacería», reclama Rafa Díez al Gobierno
del PSOE
La Policía española lleva al menos dos años pinchando teléfonos de LAB
Gara
El abogado Iñigo Iruin explicó ayer que en los pasillos de la Audiencia
Nacional han sido habituales los rumores sobre posibles operaciones
contra LAB. Unas sospechas que han adquirido visos de realidad tras
conocerse que 24 teléfonos de sedes del sindicato y de sus militantes
más destacados han sido objeto de escuchas durante al menos los dos
últimos años. La investigación lleva el sello de la Policía española y
la firma de la Audiencia Nacional.
Desde junio de 2003, la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la
Policía española tiene «pinchados» dos docenas de teléfonos fijos y
móviles pertenecientes a oficinas del sindicato LAB, a su secretario
general Rafa Díez y a otros destacados dirigentes y militantes.
El «pastel» fue descubierto, según explicó ayer el abogado Iñigo Iruin,
a raíz del proceso de ilegalización de Aukera Guztiak, acaecido antes
de los pasados comicios autonómicos del 17 de abril. Entonces, la
Fiscalía aportó como «indicio» una conversación telefónica entre Rafa
Díez y el empresario Antxon Lafont, uno de los impulsores de esa
plataforma ciudadana además de presidente del Consejo Económico y
Social.
Tras la decisión del Tribunal Supremo en favor de la ilegalización, la
defensa de Aukera Guztiak presentó un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional, preguntándose entre otros aspectos sobre la
licitud de las escuchas al secretario general de LAB. En respuesta, la
Fiscalía presentó una solicitud de la UCI al Juzgado de Intrucción
número 5 de la Audiencia Nacional, en la que se pedía al juez Baltasar
Garzón autorización para «pinchar» varios teléfonos fijos y móviles.
La Policía enmarcaba esta demanda dentro de las «investigaciones en
torno al sindicato LAB, en las que se ha puesto de manifiesto la
utilización de la cobertura que brinda el mismo para el funcionamiento
y actividades del entramado organizativo de carácter criminal
denominado Movimiento Nacional de Liberación Vasco, dirigido por ETA-
EKIN».
Garzón dio su visto bueno a unas intervenciones telefónicas que se han
prolongado al menos hasta el pasado abril. En principio, estas
diligencias previas se realizaban bajo el epígrafe 288/03. Iñigo Iruin
explicó que el juez Fernando Grande-Marlaska, actual titular del
Juzgado número 5, las ha acumulado a otros dos informes.
Uno es el 201/03, que recoge una «investigación de las actividades de
presuntos responsables de Ekin». El otro se denomina 17/05 y recoge las
pesquisas «en torno a la actividades de responsables de Batasuna que
tenían por objeto intentar eludir las consecuencias de la ilegalización
de HB-EH-Batasuna con la presentación de ‘listas blancas’». Los tres
procedimientos se encuentran unificados bajo el código 201/03.
Iñigo Iruin anunció que tanto Rafa Díez, a nivel personal, como el
propio sindicato han presentado «escritos de personación en las
diligencias previas, al objeto de tratar de conocer el alcance y la
situación actual de esas diligencias. Todavía no hemos obtenido
respuesta».
Para el letrado, los datos son «preocupantes», puesto que «se reproduce
el esquema de los sumarios que se han instruido contra las
organizaciones de la izquierda abertzale en los últimos siete años. Es
decir, operativos policiales y judiciales sustentadas en informes de la
UCI y en escuchas telefónicas».
Iñigo Iruin subrayó que «todos sabemos que la Audiencia Nacional es una
carta de la baraja, que se maneja para realizar jugadas que atienden
más a criterios de oportunidad política o de intereses de Estado que a
principios de legalidad. Parece, por los datos que hay, que se estaba o
se está en disposición de una eventual operación contra el sindicato».
Denuncias desde ELAy Askatasuna
Germán Kortabarria, secretario general adjunto de ELA, consideró que
este tipo de intervenciones responden a un «modelo de guerra» que
se «contradice» con «los mensajes de optimismo que envía el Gobierno
español». Indicó que «si Zapatero quiere tener credibilidad, debe parar
estas cosas», y añadió que el Ejecutivo español cuenta con
las «herramientas» necesarias para ello. Askatasuna también denunció el
espionaje contra la izquierda abertzale. -
«Se habla de paz, pero se llena el camino de minas»
Rafa Díez aventuró que, en vista de que las escuchas se iniciaron en
junio de 2003, se podría deducir que el Gobierno Aznar había previsto
que el sindicato fuera «el último eslabón» de la cadena de ataques
contra organismos de la izquierda abertzale. Las elecciones de marzo de
2004 trajeron un cambio de Ejecutivo en Madrid, pese a lo cual
prosiguen los operativos judiciales y políticos.
En este sentido, el secretario general de LAB instó al
PSOEa «desactivar la herencia política del PP. Es hora de terminar con
esta cacería». Díez resaltó las diferencias existentes entre los
discursos de José Luis Rodríguez Zapatero y la práctica diaria, y
consideró incompatible que se hable de paz y, a la vez, «llenar el
camino de minas».
Manifestación en Bilbo
El dirigente de la central abertzale quiso enviar un mensaje
de «tranquilidad y confianza» a sus más de 37.000 afiliados y a la
ciudadanía vasca. «Tenemos clara cuál es nuestra labor en defensa de la
clase trabajadora y de los derechos nacionales que le corresponden a
EuskalHerria. Nadie apartará a LAB de ese camino», manifestó.
Ante la situación creada, Rafa Díez consideró «imprescindible»
la «activación de la sociedad vasca» si de verdad se desea un proceso
de normalización. «No podemos estar esperando a la fumata blanca. La
sociedad es un sujeto clave para llevar este proceso por donde tiene
que ir». Por ello, llamó a acudir a la manifestación que se celebrará
mañana en Bilbo bajo el lema «Orain herria, orain bakea». Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 04/06/2005 - Modificar
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