Secciones: Ecologismo, Movilidad y Soberanía Alimentaria - Prensa / Medios comunicaciónTítulo: AFEMA Revista de prensa sobre ecología 14/10/05- Enlace 1 Texto del artículo:
20051014 AFEMA Revista de prensa
Area Federal de Medio Ambiente de IU
Índice de contenidos
1 EL PAÍS – Andalucía
13-10-2005
IU convocará una reunión urgente para expulsar al alcalde de Camas si el
juez confirma su imputación
2 EL PAÍS
14-10-2005
Detenidos el alcalde de Manilva y su cuñado por un caso de presunta
corrupción urbanística
3 EL PAÍS – Comunidad de Madrid
14-10-2005
PP e IU se unen en la censura a la alcaldesa socialista de Morata
4 EL PAÍS – Cataluña
13-10-2005
Vic pone en marcha un sistema gratuito de transporte en bicicleta
5 EL PAÍS – País Vasco
13-10-2005
"Que el Estado construya la 'Y' y si pide ayuda el Gobierno vasco se la
dará"
6 EL PAÍS
14-10-2005
Roldán dice que utilizó a Siemens para manipular fondos reservados
7 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
14-10-2005
Las principales organizaciones agrarias exigen el inicio de las obras del
nuevo trasvase Júcar-Vinalopó
8 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
13-10-2005
Los ecologistas dicen que la ley del golf vulnera la norma estatal de usos
preferenciales del agua
9 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
13-10-2005
Las organizaciones agrarias defienden en un informe que los trasvases exigen
consenso de los afectados
10 AMIGOS DE LOS HUMEDALES DEL SUR DE ALICANTE, AHSA
14 de octubre de 2005
AHSA SOLICITA QUE LA DESALADORA DE TORREVIEJA REDUZCA SU CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN DE AGUA MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE REGADÍOS ILEGALES Y EL USO
CONJUNTO DE AGUAS DESALADAS Y DEPURADAS
11 “Ecologistas en Acción de Cádiz”
13/10/2005
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CALIFICA DE SALVAJADA EL DESVÍO Y HORMIGONADO DEL
GUADALETE EN GRAZALEMA
12 “Plataforma Toledo Aire Limpio”
12 de octubre de 2005.
LA PLATAFORMA TOLEDO AIRE LIMPIO INFORMA A LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS DE MADRID SOBRE LOS PROYECTOS DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS EN LAS
FABRICAS DE CEMENTO DE LA SAGRA Y SUS GRAVES AFECCIONES PARA EL MEDIO
AMBIENTE Y LA SALUD DE LOS CIUDADANOS
13 EL PAÍS – País Vasco
13-10-2005
La UE reclama más datos del proyecto del parque eólico de Ordunte
14 “Aquí Europa”
13 de octubre de 2005
España pide la exclusión de ciertos sectores industriales de la propuesta de
reglamento REACH
15 Boletín WWF/Adena
Octubre 2005
La tercera central eléctrica más contaminante en la UE es española
16 “ <http://www.fundacionentorno.org/> Fundación Entorno”
13 de octubre de 2005
Madrid acoge el próximo martes un seminario sobre la integración de la
energía eólica en el sistema eléctrico
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EL PAÍS – Andalucía
13-10-2005
IU convocará una reunión urgente para expulsar al alcalde de Camas si el
juez confirma su imputación
Pavón y otros 4 investigados por el supuesto soborno a una edil declaran hoy
en el juzgado
EL PAÍS / EFE - Sevilla
El juez que investiga el supuesto soborno a Carmen Lobo, edil de Camas,
tomará hoy declaración al alcalde de esta localidad sevillana, Agustín
Pavón, a otros dos ediles del Ayuntamiento, Antonio Fraile y José del
Castillo, a un concejal del municipio vecino de Castilleja de Guzmán,
Aureliano Lucas y al empresario Eusebio Gaviño. La policía les relaciona de
forma directa con la operación para que Lobo cambiara su voto y permitiera
así al gobierno local, en minoría, sacar adelante varios proyectos
urbanísticos. Izquierda Unida abordará de forma urgente la expulsión
definitiva de Agustín Pavón como integrante de la formación si el juez
confirma hoy que le imputa un supuesto delito de cohecho. El coordinador
regional de IU, Diego Valderas, adelantó el lunes en la comisión permanente
de la federación de izquierdas que convocará una reunión urgente de la
ejecutiva regional de su formación para que apruebe la expulsión del alcalde
de Camas (Sevilla), Agustín Pavón, si el juez confirma su imputación. El
dirigente de IU argumentó que en este asunto no existe discrepancia alguna
entre los miembros de la Ejecutiva regional y la provincial de Sevilla, y
dijo que lo que desea la "mayoría" de la organización es aclarar "de una vez
por todas este asunto" y adoptar una actuación "firme" una vez que se haya
pronunciado la justicia.
La ejecutiva de IU ya decidió suspender de forma cautelar la militancia de
Pavón y le reclamó dejara, también de forma temporal, la Alcaldía hasta que
hubiese alguna resolución judicial. Pero el primer edil de Camas no aceptó
las decisiones de su partido: ha presentado un recurso ante la comisión de
garantías de IU sobre la suspensión de militancia -que será analizado la
próxima semana- y sigue al frente del Ayuntamiento de Camas.
Si la expulsión de Pavón de IU se consuma, la situación del Ayuntamiento se
complicaría aún más. Los otros dos ediles imputados, Fraile (que se dio de
baja del PP) y Del Castillo (independiente del que se ha desligado el PA) ya
no pertenecen a ningún partido político. Tampoco está ya en las filas del PP
Juan José Jurado, que optó por quedarse en el gobierno local pese a los
requerimientos de su partido. Y aún respaldan a Pavón los otros seis ediles
de IU, a los que la formación de izquierda pedirá que retiren ese apoyo si
se confirma la imputación. La oposición (PSOE, NI y las dos ediles no
adscritas Lobo e Inmaculada Larrinaga) ya es mayoritaria, pero no puede
presentar una moción de censura al permitirse sólo una por mandato (ya
intentó una en enero y fracasó).
Jurado
El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla ha citado a declarar a
partir de las 9.30 a los cinco imputados. Fuentes judiciales indicaron que
la Fiscalía de Sevilla prepara un informe que elevará al Fiscal
Anticorrupción sobre las investigaciones realizadas y el tipo de
imputaciones, con el objetivo de decidir si debe intervenir el fiscal
anticorrupción.
La denuncia judicial ha sido tramitada según la Ley del Jurado, ya que el
cohecho (soborno a un cargo público) es uno de los delitos tipificados para
ser enjuiciados por un jurado popular. Tras los cinco imputados, la ex
concejal de IU en Camas Carmen Lobo y su amigo, el empresario Francisco
Javier Gordo deberán comparecer ante el juez para ratificar su denuncia por
el presunto cohecho a cambio de votar a favor de varios proyectos
urbanísticos, pero aún no han sido oficialmente citados, según confirmó ayer
su letrada.
Entre las pruebas aportadas al juez, destacan las conversaciones pinchadas
por la policía al empresario Eusebio Gaviño en las que habla de la operación
con varios de los implicados, la entrega de un sobre de 12.000 euros de
Gaviño a Carmen Lobo, que fue también vigilada por la policía y
conversaciones grabadas por Lobo y Gordo en las que el empresario hace
ofrecimientos económicos por el voto de la edil delante del alcalde y los
dos ediles de Camas.
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EL PAÍS
14-10-2005
Detenidos el alcalde de Manilva y su cuñado por un caso de presunta
corrupción urbanística
Pedro Tirado, implicado en la operación Ballena Blanca, tenía en su casa
770.000 euros en bolsas
JORGE A. RODRÍGUEZ - Madrid
La policía detuvo ayer al alcalde de Manilva (Málaga), Pedro Tirado, y a su
cuñado Francisco Calle, por un supuesto caso de corrupción urbanística,
vinculado a la red de blanqueo de dinero de la droga desmantelada en la
Operación Ballena Blanca. El regidor, un ex miembro del GIL que ahora lidera
el Partido Democrático de Manilva, había firmado convenios urbanísticos con
una de las empresas de la red (Royal Marbella Estates), para recalificar y
aumentar la edificabilidad de un terreno de 1,3 millones de metros
cuadrados, cuyo precio pasó en un par de años de 12 a 160 millones de euros.
Un 1.300% más. El alcalde está acusado de prevaricación y cohecho, ya que,
según la policía, hay "bastantes" indicios de su participación en hechos
relacionados con "el tráfico de influencias, adopción de resoluciones
injustas a sabiendas y aceptación de dádivas para dictar una determinada
resolución". Tirado fue sometido a investigación después de que fuera
analizada la documentación incautada en marzo en el despacho de abogados Del
Valle, de Marbella, cuyo propietario fue detenido en la primera fase de la
Operación Ballena Blanca.
La pesquisa se centró en los cambios urbanísticos en la finca Cortijo La
Parrada, de 1,3 millones de metros cuadrados, del municipio de Manilva, en
el límite entre Málaga y Cádiz. El terreno había sido adquirido por la
sociedad Royal Marbella Estates SL por unos 12 millones de euros. La compra
y los posteriores manejos supuestamente fueron llevados a cabo por el cuñado
del alcalde y el finlandés Aki Kujala, ya en prisión.
El terreno fue recalificado en noviembre de 2003 como urbanizable
programado, lo que supuso un fuerte aumento de su valor. Posteriormente, en
agosto de 2004, el alcalde firmó un convenio urbanístico con la antedicha
sociedad, que elevó la edificabilidad de la finca de 10 a 18 viviendas por
hectárea, con la posibilidad añadida de construir bloques de apartamentos
junto a casas unifamiliares.
El convenio disparó el precio de la finca y permitió a Kujala y Calle la
venta del terreno, algo más de un mes después, a cinco promotoras
inmobiliarias. El precio de venta del terreno, tras la última modificación,
pasó de 130 a 160 millones de euros en apenas 45 días, según la Agrupación
Socialista de Manilva. Es decir, el terreno había aumentado su valor, en dos
años, en un 1.300%. Estas operaciones supusieron ingresos para el municipio
de 5,7 millones.
El cuñado, también relacionado con la empresa Gestierra Andalucía (también
vinculada a Kujala y dedicada a la construcción de hoteles y campos de
golf), ha sido detenido por las mismas acusaciones del alcalde, aunque
también "por intento de corromper a la autoridad con dádivas para obtener
una determinada resolución". La policía registró ayer las casas de Tirado y
Calle, donde encontró fuertes sumas de dinero en metálico. En la vivienda
del alcalde, los agentes de la Udyco de la Costa del Sol y de la Comisaría
General de Policía Judicial hallaron, repartidos en bolsas de plástico,
770.000 euros en metálico, así como al menos un reloj Rolex de oro de una
partida que había sido comprada por Kujala. En la del cuñado, la policía
halló otros 20.000 euros en billetes. En la operación también ha sido
detenida en Marbella Sonia María R. G., una sevillana acusada de ser la
testaferro de sociedades constituidas por Sophian Hambli, detenido en la
primera fase de la Operación Ballena Blanca y que ya suma 57 presos.
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EL PAÍS – Comunidad de Madrid
14-10-2005
PP e IU se unen en la censura a la alcaldesa socialista de Morata
Los populares afirman que la decisión fue pactada hace meses con la
coalición
DANIEL SÁNCHEZ - Madrid
La alcaldesa socialista de Morata de Tajuña, Concepción Loriente, se
tambalea. PP e IU pusieron ayer juntos una moción de censura a la regidora.
Ambos partidos suman siete concejales (seis populares, uno la coalición)
contra cinco del PSOE. La actual oposición justifica la moción por la
"soberbia" de Loriente y el "estancamiento" del pueblo. Francisco Granados,
secretario general del PP, asegura que esta moción viene negociándose desde
hace meses con la dirección regional de IU, que calificó de "calumnia" la
afirmación de Granados. Loriente lleva 10 años gobernando en este municipio
de 6.048 habitantes y situado a 38 kilómetros de Madrid por la carretera de
Valencia (A-3). Accedió al cargo a través de una moción de censura en
diciembre de 1995. Las últimas elecciones municipales de Morata las ganó el
PP (por 6 concejales frente a los cinco del PSOE), pero los dos ediles de IU
-Luis Cano y la ahora tránsfuga Selina Gonzalo- optaron por renovar a
Loriente en el cargo. La alcaldesa planea multiplicar por seis la actual
población del municipio dentro de 15 años.
Sin embargo, tras la investidura de Loriente, los dos partidos (PSOE e IU)
no alcanzaron ningún pacto de gobierno, de modo que la socialista se quedó
sola al frente del Ayuntamiento. Las discrepancias llegaron en torno a la
primera tenencia de alcaldía, principal reclamación de IU para apoyar al
PSOE. Ambos partidos habían alcanzado un acuerdo, según reconocen sus
respectivos líderes. Sólo quedaba firmarlo. Nunca se llegaron a estampar las
rúbricas y el preacuerdo se rompió entre acusaciones mutuas de Loriente y
Cano de ser el culpable.
Las mismas discrepancias se produjeron en torno al presupuesto municipal de
2005, que no llegó a aprobarse. PSOE e IU también habían alcanzado un
acuerdo previo, pero tampoco se firmó. Cano culpó ayer a Loriente por
incluir un "pelotazo urbanístico" a última hora. La alcaldesa replicó que
"no es cierto". También Ruth Porta, secretaria de Política Institucional
socialista, afirmó ayer que Cano rompió este acuerdo con una "reivindicación
en el último minuto".
A raíz de estas desavenencias, Cano, único concejal que le queda a IU, ha
optado por apoyar al PP en una moción de censura y cambiar de alcalde, si
bien "no gobernará con el PP por cuestiones ideológicas". Este concejal
recuerda que la decisión no ha sido sólo suya, sino que ha sido votada "casi
por unanimidad" por la asamblea local de la agrupación. El portavoz de IU
esgrime como principal argumento que el municipio lleva años "estancado",
extremo en el que coincide con Mariano Franco, su homólogo del PP y que será
el nuevo alcalde si la moción sale adelante.
Granados, secretario general del PP-Madrid, asegura que su partido y la
dirección regional de IU vienen negociando esta moción desde hace meses y
que esta última había dado "su respaldo" a la operación. La dirección
regional de la coalición de izquierdas negó este extremo y acusó al
secretario popular de "calumniar". IU afirmó que este pacto iría contra su
"proyecto político".
Para que la moción fructifique tendrá que autorizarlo la ejecutiva regional
de IU, que no parece por la labor. Gerardo del Val, secretario de Política
Institucional, expresó ayer su "rechazo rotundo a este tipo de mociones" y
aseguró que su partido trabajará para intentar convencer a Cano de que
cambie de opinión en los próximos 10 días, el tiempo que transcurrirá hasta
que se vote la moción en el pleno. El secretario de Relaciones
Institucionales de IU añadió que "ni por acción ni por omisión" permitirá
que "gobierne el PP en el municipio". Por último, del Val aseguró que, si no
consiguen hacer cambiar de opinión al concejal le suspenderán la militancia
y le abrirán expediente. Sin embargo, del Val también achacó que su concejal
haya "perdido la cabeza" a la "soberbia" de la alcaldesa, a la que conminó a
abandonar el puesto, y al uso "de forma encubierta" de la tránsfuga de IU
por Loriente.
El concejal Cano se mostró ayer dispuesto a entregar su acta de concejal si
el partido se la pide -"lleva año y medio colgada en la agrupación del
partido para quien quiera cogerla"-, aunque también explicó que no piensa
cambiar de opinión. "Esto lo hemos pensado con detenimiento y votado en la
asamblea local", argumentó.
La ejecutiva regional del PSOE se mostró indignada por este acuerdo entre PP
e IU. Porta destacó el "enorme esfuerzo" de su partido para alcanzar un
acuerdo y alertó sobre las "extrañas relaciones" entre los populares de
Morata y Cano, al que acusó de "traicionar a la mayoría del voto de la
izquierda en las elecciones de 2003".
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EL PAÍS – Cataluña
13-10-2005
Vic pone en marcha un sistema gratuito de transporte en bicicleta
EVA CLOTA - Vic
La ciudad de Vic se ha puesto en guardia ante el creciente número de
vehículos privados que circulan por la ciudad y los problemas de tráfico y
contaminación que comportan. En una iniciativa pionera en Cataluña, las
concejalías de Medio Ambiente y Urbanismo han ideado un servicio totalmente
gratuito, bautizado como Bici Vic, para fomentar el uso de la bicicleta al
más puro estilo de Holanda o Dinamarca, donde este medio de transporte está
muy arraigado. Se han puesto al servicio de los ciudadanos y turistas 18
bicicletas repartidas en siete puntos de la ciudad.
Los usuarios que vayan a ser habituales tienen que hacerse un carnet a
cambio de 30 euros de fianza en la concejalía de Medio Ambiente. Después
sólo tienen que ir a uno de los emplazamientos y llevarse la bicicleta
durante todo el día. Para devolverla no hace falta llevarla al mismo punto
de recogida, sino que se pueden retornar en cualquier de los siete
existentes. Durante el día estos espacios, abiertos de lunes a sábado de
10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00, y los domingos por la mañana,
también se pueden usar como aparcamiento. Para los usuarios esporádicos, a
quienes se les toman los datos y se les exige un depósito de 10 euros para
llevarse una bicicleta, el punto de entrega y devolución se reduce a uno: la
oficina de turismo.
Desde su reciente puesta en marcha, hace tres semanas, 21 personas se han
registrado ya como usuarios habituales y tan sólo tres, casualmente dos de
ellos turistas holandeses, han utilizado el servicio de forma esporádica.
El concejal de Medio Ambiente, Ramon Sala, considera positivos estos
primeros días pese a que las cifras de usuarios no han sido espectaculares.
Sala pide tiempo y espera que en las próximas semanas, a medida que se vaya
conociendo el Bici Vic, la demanda vaya en aumento. En este sentido, el
consistorio está elaborando una campaña de divulgación centrada
especialmente en la Universidad de Vic y en las asociaciones de vecinos.
Vic dispone de 20,7 kilómetros de carril bici y 4,5 provisionales, y tiene
previsto habilitar 13 kilómetros más.
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EL PAÍS – País Vasco
13-10-2005
"Que el Estado construya la 'Y' y si pide ayuda el Gobierno vasco se la
dará"
EDUARDO AZUMENDI - Vitoria
La nueva consejera de Transportes y Obras Públicas, Nuria López de Guereñu
(Éibar, 1969), es tajante al hablar de la Y: "La responsabilidad, la
titularidad y la competencia sobre la Y ferroviaria es del Gobierno del
Estado". Asegura que el Ejecutivo vasco está dispuesto a colaborar en lo que
haga falta y que lo que ha hecho hasta ahora ha sido por la urgente
necesidad que tiene Euskadi de contar con esta infraestructura. Lo que echa
de menos es una planificación real de toda la ejecución de la línea. "No
basta con consignar una partida en los presupuestos", asegura.
Pregunta. Su antecesor dejó el cargo a punto de adjudicar dos concursos de
obras de la Y ferroviaria. El Tribunal Constitucional ha paralizado el
proceso. ¿Cuál es el momento actual de esta infraestructura?
Respuesta. Para hablar de la situación hay que remitirse a la administración
que es la competente, titular y responsable de la ejecución, es decir, el
Gobierno del Estado. El Ejecutivo vasco considera que se trata de una
infraestructura fundamental para este país y está dispuesto a colaborar con
el Gobierno del Estado para sacar adelante el proyecto. Dejando muy claro
quien es el responsable, lo único que digo es que el Gobierno vasco está
dispuesto a colaborar para que se haga realidad.
P. Noto un tono de cautela en su discurso con relación al del ex consejero
Álvaro Amann. No habla de sacar concursos ni de seguir con el proyecto si no
hay acuerdo con Madrid. ¿Se ha cambiado la estrategia?
R. No creo que haya un cambio de postura. Lo que ocurre es que soy
consciente de que es una infraestructura muy complicada y sé de quién es la
responsabilidad. Y en la medida en que el Gobierno vasco desea que sea una
realidad está dispuesto a colaborar. Y lo hecho hasta ahora hay que
entenderlo desde el punto de vista de la necesidad que tiene Euskadi de
contar con la Y ferroviaria.
P. Entonces, una vez aceptado por parte del Gobierno vasco que la
competencia es de la Administración central debería ser fácil resolver el
conflicto competencial suscitado ante el Tribunal Constitucional.
R. Sería una muestra de buena voluntad que el Estado retirase los recursos
porque reflejaría que quiere aceptar nuestra colaboración. Se han paralizado
unas iniciativas que el Gobierno vasco había puesto en marcha porque veía
que no se estaba abordando con una planificación y una dotación
presupuestaria suficiente la construcción. Que el Estado construya la Y y si
pide ayuda el Gobierno vasco se la dará.
P. ¿Ha tenido noticias de la ministra de Fomento para mantener una
entrevista que desbloquee el conflicto?
R. Lo importante en este caso es saber que hay contactos y que estamos
dispuestos a hablar sobre la cuestión. Espero que la prioridad de las dos
instituciones sea que la infraestructura sea una realidad. Una vez de
acuerdo en esa visión, el Gobierno vasco adoptará el papel más adecuado.
P. De momento, los presupuestos generales del Estado han consignado 150
millones de euros para el próximo año para proyectos relacionados con la Y.
¿Le parece una muestra de buena voluntad?
R. La existencia de esa partida es interesante, pero echo de menos una
planificación real de toda la ejecución de la línea de alta velocidad.
Porque ya sabemos lo que pasa con poner partidas de dinero a un presupuesto
que después no se ejecuta. La partida indica algo, pero no es la apuesta
real por la infraestructura, que pasa por poner una planificación encima de
la mesa que vaya acompañada de compromisos presupuestarios plurianuales.
P. Los problemas también son de orden interno con el socio Ezker Batua, que
no comulga con el actual trazado.
R. Hay una cosa clara: el trazado actual no es el resultado de que alguien
se haya puesto a pintar encima de un mapa, sino que es consecuencia de un
proceso largo en el que han participado varias administraciones y se han
tenido en cuenta todos los aspectos.
P. ¿Cómo se puede reducir el actual nivel de tráfico en las carreteras
vascas?
R. Es cierto que hay un gran tráfico, tanto de camiones como de coches. Hay
que abordar otro tipo de sistemas de transporte que complementen a la
carretera y, desde luego, que sean sostenibles. De ahí la importancia del
transporte ferroviario. Estamos trabajando en coordinación con las
diputaciones para que el transporte público responda a las necesidades de la
ciudadanía.
P. ¿La ampliación del puerto de Pasaia no choca con el plan territorial
sectorial del litoral que elabora el Departamento de Medio Ambiente?
R. Ahora no chocan porque sólo hay borradores. El borrador contempla una
reserva para proteger la zona del litoral. Es una herramienta de
planificación que sigue su trámite y al que se pueden presentar alegaciones.
Nosotros también estamos desarrollando el plan territorial sectorial de
puertos. Son planes de ordenación que tienen que casar al final. No tienen
que chocar. En principio, no son herramientas pensadas para limitar las
actividades.
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EL PAÍS
14-10-2005
Roldán dice que utilizó a Siemens para manipular fondos reservados
EP - Madrid
El ex director de la Guardia Civil Luis Roldán ratificó ayer ante la Sección
Decimoséptima de la Audiencia de Madrid, que juzga el caso AVE, que la
multinacional Siemens, adjudicataria de las obras del tren de alta velocidad
Madrid-Sevilla, ingresó a finales de los 80 en una cuenta abierta a su
nombre en Suiza diversos talones a cambio de que su testaferro, Jorge
Esparza, les hiciera entrega de efectivo procedente de los fondos reservados
del Ministerio del Interior.
Roldán, que reside en Zaragoza, donde disfruta del tercer grado
penitenciario, fue interrogado como testigo por videoconferencia. En este
juicio, en el que están imputadas 13 personas, se juzga la presunta
financiación irregular del PSOE a finales de los 80, a través del cobro de
comisiones ilícitas de las obras del AVE.
La mecánica del cobro de cheques de la multinacional alemana, que Roldán
dice conocer por Esparza, ya que él nunca la ejecutó, era la siguiente: el
testaferro canjeaba en una sucursal del BBVA los talones de dinero de los
fondos reservados obtenidos por Roldán, y luego ese efectivo era entregado a
Siemens, que a cambio facilitaba talones que acababan en una cuenta en
Ginebra (Suiza) de la que era titular el ex director de la Guardia Civil.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
14-10-2005
Las principales organizaciones agrarias exigen el inicio de las obras del
nuevo trasvase Júcar-Vinalopó
La Unió, AVA y UPA cifran las necesidades hídricas del campo en 353
hectómetros cúbicos
ROSA BIOT - Valencia
Las principales organizaciones agrarias valencianas firmaron ayer el
documento de consenso sobre la situación hídrica en el que empezaron a
trabajar hace algo más de dos meses. La Unió de Llauradors-COAG, AVA-Asaja y
UPA suscribieron un documento que recoge el apoyo al cambio de trazado del
trasvase Júcar-Vinalopó aunque exigieron que no sufra retrasos y que las
obras comiencen "lo antes posible". Reclamaron al Gobierno que "doble sus
esfuerzos". De la firma se desmarcaron las otras dos organizaciones
provinciales de Asaja, Fepac (Castellón) y Jóvenes Agricultores (Alicante).
El documento de consenso que ayer suscribieron La Unió de Llauradors, la
Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y la Unión de Pequeños
Agricultores (UPA), recoge un apoyo al cambio de trazado supeditado a que
las obras se inicien "lo antes posible". Joan Brusca, secretario general de
la Unió de Llauradors, pidiópor ello al Gobierno, durante la rueda de
prensa, que doble sus esfuerzos para que el periodo de ejecución "sea el
mismo que el del trazado anterior". Brusca recordó que hay tramos en fase
muy avanzada de ejecución que se pueden aprovechar para la toma desde el
Azud de la Marquesa (Cullera). Los representantes agrarios pidieron también
que el precio sea asequible para los agricultores y que el Gobierno asuma
"el posible sobrecoste de las obras", así como que se garanticen los fondos
europeos.
El documento presentado ayer tras algo más de dos meses de trabajo contempla
un resumen de las necesidades hídricas del campo valenciano. Necesidades que
cifran en 353 hectómetros cúbicos al año. De este total, 80 hectómetros
cúbicos corresponderían al trasvase Júcar-Vinalopó, 45 hectómetros cúbicos a
la cuenca del Turia y 35 hectómetros cúbicos a transferencia del Ebro a
Sagunto. El informe desglosa las necesidades de agua por zonas y plantea
soluciones que incluyen desde la modernización de regadíos hasta la
reutilización de aguas residuales o la cesión de aguas sobrantes desde una
cuenca excedentaria a otra deficitaria "siempre y cuando haya un consenso
social", puntualiza el documento.
Brusca explicó también que el documento recoge la petición de revisar el
Plan Nacional de Regadíos que los firmantes consideran que perjudica a la
Comunidad Valenciana ya que reconoce el derecho de todas las autonomías a
mantener y recuperar la superficie de regadío. Un reconocimiento del que
carece la Comunidad Valenciana, que ha visto desaparecer en diez años entre
30.000 y 35.000 hectáreas de regadío.
El documento está abierto a aportaciones y será remitido ahora a los
partidos políticos, comunidades de regantes y organizaciones empresariales.
El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, explicó que el documento "hecho con
la mejor voluntad" es un "libro abierto" a aportaciones. Aguado pidió
respeto al resultado del trabajo y defendió que el trabajo de las
organizaciones agrarias "acaba aquí". Añadió, por ello, que son ahora los
políticos los que deben demostrar que "son capaces" de sentarse a hablar.
El secretario general de UPA, Rafael Cervera, destacó la importancia de un
pacto, "suscrito por la mayor parte de las organizaciones agrarias" y que
"demuestra que se pueden conseguir soluciones de consenso y sin llegar a los
enfrentamientos estériles que nos perjudican a todos".
Del documento de consenso, con todo, se han desmarcado las otras dos
organizaciones provinciales de Asaja en la Comunidad Valenciana, Jóvenes
Agricultores (Alicante) y Fepac (Castellón). El secretario técnico de la
Federación Provincial de Agricultores de Castellón (FEPAC-ASAJA), Doménech
Nácher, justificó su ausencia en un acto en el que se le esperaba hasta
última hora en que el documento establece las necesidades de Valencia y
Alicante pero "no incluye" a Castellón.
Y el presidente de Jóvenes Agricultores en Alicante, Eladio Aniorte, afirmó
que el documento suscrito "no representa a Alicante ni a Castellón" y
rechazó que se trate de un documento de "consenso" ya que cree que tiene una
índole "puramente política".
Las críticas también volvieron a llover desde el Consell. El consejero de
Infraestructuras, José Ramón García Antón, cuestionó ayer el papel y la
representatividad de las organizaciones agrarias en el debate en torno al
trasvase Júcar-Vinalopó y otorgó en su lugar un papel destacado a la
Federación Valenciana de Regantes, de la que resaltó que "aún no se ha
posicionado". García Antón consideró que son los usuarios del Júcar y del
Vinalopó los que deben ponerse de acuerdo sobre el proyecto, pero no dejó
pasar la ocasión para reiterar la posición del Consell del PP a favor del
trazado actual que defienden los usuarios alicantinos y para afirmar que los
regantes del Júcar han cambiado de posición al apoyar la modificación del
trasvase. El consejero también alabó la propuesta de la patronal Cierval de
construir el trazado comenzado y estudiar como "segunda solución
complementaria" la toma de agua en el Azud de la Marquesa.
En defensa del trabajo de las tres organizaciones que ayer firmaron el
documento de consenso, por el contrario, se pronunció el secretario de Medio
Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV, Francesc Signes, quien valoró un
acuerdo que, dijo, demuestra "el sentido común de los representantes de los
agricultores valencianos y supone un fuerte varapalo" para el presidente de
la Generalitat Francisco Camps, "y a su guerra del agua".
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
13-10-2005
Los ecologistas dicen que la ley del golf vulnera la norma estatal de usos
preferenciales del agua
Aseguran que el cálculo del Consell sobre consumo de un campo es un 40%
inferior al real
SANTIAGO NAVARRO - Alicante
El grupo Ecologistas en Acción del País Valenciano considera que el
anteproyecto de Ley de Campos de Golf del Consell contradice dos normas
básicas para el desarrollo de la agricultura, en concreto la Ley de Aguas,
que prioriza el agua para uso agrícola sobre el recreativo, y la legislación
de modernización de regadíos. El colectivo afirma que el cálculo del Consell
sobre consumo de un campo de golf de 18 hoyos es un 40% inferior al real. Y
cuestiona los considerandos de la norma sobre las aportaciones de esas
instalaciones a la protección del entorno y vertebración del territorio. El
grupo Ecologistas en Acción del País Valenciano ha presentado un documento
de alegaciones al Anteproyecto de Ley de Campos de Golf, aprobado por el
Consell el pasado 25 de julio por el Consell, que cuestiona la propuesta en
cuatro puntos de su articulado y, aparte, discrepa de los argumentos
esgrimidos por el Consell para regular la puesta en marcha de estas
instalaciones, a saber, el valor añadido de los campos de golf para la
conservación del medio ambiente y para la vertebración del territorio.
En el apartado legislativo, los ecologistas sostienen que el Anteproyecto de
Ley de Campos de Golf vulnera otro precepto legislativo de superior rango,
en este caso el Texto Refundido de la Ley de Aguas, donde se fija la
preferencia del sector agrario sobre el recreativo para el aprovechamiento
de los recursos hídricos. El fin recreativo está incluido en el último lugar
del listado de la mentada norma estatal, que encabeza el abastecimiento de
la población. Sólo por razones de interés general, el Ministerio de Medio
Ambiente puede variar, con carácter excepcional, el orden de prioridades.
"No estando justificadas las razones de interés general para la implantación
de los campos de golf, no puede una ley autonómica convertir en norma una
excepción de la ley estatal", puntualiza el texto de alegaciones.
Ecologistas en Acción del País Valenciano destaca que el anteproyecto entra
en colisión con la ley 8/2002, de 5 de diciembre, de Ordenación y
Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana. Para
los ecologistas, esa norma, en su apartado de obras de interés general, no
prevé la implantación de campos de golf en suelos agrícolas.
Una parte destacada de las alegaciones de los ecologistas va dirigida a
cuestionar los elementos justificativos de la ley. En cuanto, a los
supuestos beneficios de los campos de golf para la conservación del entorno,
los ecologistas mantienen que el efecto es el contrario: primero, por la
gran cantidad de herbicidas y pesticidas que requiere el mantenimiento del
césped, más de 700 kilogramos al año de preparados químicos, según estudios
de expertos; y, en segundo lugar, por el ingente consumo de agua. En este
apartado, e igualmente en base a estudios de especialistas, el consumo medio
de un campo de golf de 18 hoyos es de 500.000 metros cúbicos al año, un 40%
más que la estimación recogida en el documento del Consell.
El colectivo también discrepa de la aportación de los campos de golf al
crecimiento económico y vertebración del territorio y tachan el
planteamiento de "reduccionista". "No se puede limitar el desarrollo
económico al crecimiento urbanístico y turístico", precisa el texto de los
ecologistas. El grupo resalta "las dudas" que desata el binomio
construcción-turismo para garantizar la sostenibilidad económica y la
pervivencia de los valores intrínsecos del sistema industrial. Los
ecologistas difieren, por último, de la disposición de recursos hídricos
para el manteniendo de los campos de gol, preferentemente con agua
reciclada. "A corto plazo puede ser una alternativa viable, pero parece poco
probable que lo sea a medio plazo y de modo generalizado", dice el texto.
"Su uso comporta no pocos inconvenientes, fundamentalmente los relacionados
con los altos costes de inversión y mantenimiento de las instalaciones
depuradoras y/o desalinizadoras, sin olvidar la salinización de los suelos y
los riesgos de aparición de vertederos infecciosos", añade.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
13-10-2005
Las organizaciones agrarias defienden en un informe que los trasvases exigen
consenso de los afectados
S. V. - Valencia
El documento conjunto sobre la situación hídrica de la Comunidad Valenciana
que presentarán hoy las principales organizaciones agrarias defiende que los
trasvases, siempre que sean viables económica y medioambientalmente, exigen
el consenso de las partes afectadas, y en especial de la cuenca que cede el
agua. El informe preparado por la Unión de Llauradors-COAG, AVA-Asaja y la
Unión de Pequeños Agricultores (UPA-PV), que ayer se mantenía abierto a
posibles modificaciones, pretende ser la base para un pacto del agua que
aleje la búsqueda de soluciones de la crispación política.
Las organizaciones agrarias lanzaron el ofrecimiento de este pacto a raíz de
la polémica desatada en julio por el posible cambio de la toma de agua del
trasvase Júcar-Vinalopó, que entonces apoyaron abiertamente los responsables
de la Unió, Joan Brusca, y de AVA, Cristóbal Aguado, como una solución que
daría agua a Alicante sin merma de las necesidades de los regantes de la
Ribera. El Ministerio de Medio Ambiente, que apuesta por modificar el
trazado, aún no ha anunciado su decisión.
La iniciativa de las organizaciones agrarias para reconducir el debate del
agua ha tomado cuerpo en los últimos meses en un documento que repasa la
situación hídrica y las posibles soluciones al déficit de recursos en la
Comunidad Valenciana, según fuentes conocedoras del texto. Así, las
organizaciones firmantes, que ayer estaban pendientes de cerrar el acuerdo,
no abordan sólo la polémica del trasvase Júcar-Vinalopó, sino que analizan
también otros aspectos y métodos para ganar agua desde una posición técnica
que concluye que las diferentes opciones no son excluyentes. Al contrario,
los agricultores defienden la combinación de la modernización de regadíos,
la desalación, la reutilización de aguas residuales, entre otras medidas.
Además, no desechan los trasvases, pero insisten en que deben contar con el
consenso de los implicados para evitar controversias como la del
Júcar-Vinalopó, que enfrenta a regantes y poblaciones de Alicante y
Valencia. Los agricultores reivindican, siempre que haya acuerdo, a un
trasvase de agua del Ebro por el canal Xerta-Càlig para Castellón y Sagunto,
de modo que podrían liberarse caudales para Alicante. Tras analizar el
proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó, el documento reitera el apoyo al
cambio del trazado para situar la toma de agua en el Azud de la Marquesa, en
la desembocadura del río, una postura que hará difícil el consenso con
Asaja-Alicante.
El apoyo al cambio de trazado también choca con la férrea posición del PP,
que exige la ejecución de la obra desde Cortes de Pallás. El PP no dudó en
atacar duramente a las organizaciones agrarias, y en especial al presidente
de AVA, Cristóbal Aguado. "Hay que tener cuidado del lado de quién se pone
cada uno", llegó a decir el portavoz del Consell, Esteban González Pons. El
informe de los sindicatos agrarios será debatido también con los regantes y
otras organizaciones con el fin de ampliar el acuerdo y despolitizar el
debate del agua.
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AMIGOS DE LOS HUMEDALES DEL SUR DE ALICANTE, AHSA
14 de octubre de 2005
AHSA SOLICITA QUE LA DESALADORA DE TORREVIEJA REDUZCA SU CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN DE AGUA MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE REGADÍOS ILEGALES Y EL USO
CONJUNTO DE AGUAS DESALADAS Y DEPURADAS
PLANTEAN QUE LA HUERTA TRADICIONAL DEL SEGURA SE BENEFICIE DEL PROYECTO
MUESTRAN SU OPOSICIÓN A QUE LA DESALADORA PUEDA ALIMENTAR NUEVOS PROCESOS DE
OCUPACIÓN URBANÍSTICA
En las alegaciones que hemos presentado ante la Confederación Hidrográfica
del Segura al proyecto de la desaladora de los regadíos del trasvase
Tajo-Segura (desaladora de Torrevieja), además de mostrar nuestro rechazo a
que la desaladora se pretenda ubicar dentro de la zona periférica de
protección del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, hemos
solicitado que se reduzca la capacidad de producción de agua de la
desaladora, lo cuál redundaría tanto en un menor impacto sobre el medio
marino al reducirse el volumen de salmuera a verter, como en un menor
consumo energético.
El vertido de salmuera al medio marino se produce dentro de un Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) marino, el LIC de Cabo Roig, caracterizado por
la presencia de importantes praderas de fanerógamas marinas, en especial de
Posidonia oceanica. Consideramos que el gran volumen de salmuera que se
prevé verter al medio marino, 220.000 metros cúbicos diarios, puede tener
una grave afección sobre dichas praderas, por lo que una reducción de la
capacidad de la planta entre un tercio y un 50% significaría pasar de
220.000 metros cúbicos diarios de vertido de salmuera a entre 145.000 y
110.000 metros cúbicos diarios. Esa reducción de los volúmenes de salmuera,
junto a la mayor dilución posible que pueda realizarse con agua de mar
previamente al vertido, podría minimizar el impacto del vertido sobre las
praderas de fanerógamas marinas.
La reducción que proponemos de la capacidad de producción de la planta sería
posible, por un lado, mediante la eliminación de los regadíos ilegales que
durante los últimos años se han establecido en el ámbito regable asociado al
trasvase Tajo-Segura, muy especialmente en el entorno del Embalse de La
Pedrera. Y por otro lado, mediante el uso de las aguas residuales depuradas
en la EDAR de Torrevieja. Se prevé que con la ampliación en marcha de la
EDAR puedan tratarse hasta 65.000 metros cúbicos al día, en torno a un
tercio de la producción prevista de agua desalada, estimada en 180.000
metros cúbicos diarios. Creemos por ello que sería interesante plantear el
uso conjunto de los caudales desalados en la desaladora y de los caudales
depurados en la EDAR, tanto en el ámbito regable del trasvase Tajo-Segura
como en el ámbito de la Huerta Tradicional del tramo final del rio Segura.
La inclusión en el proyecto de la desaladora de Torrevieja del ámbito
regable de la Huerta Tradicional del Segura supondría garantizar a este
valioso espacio agroambiental un aporte de agua de calidad de la que
actualmente carece, para lo cuál sería necesario construir una
infraestructura de conducción que conectara la EDAR de Torrevieja con la
planta desaladora y con la Huerta Tradicional. Dicha conducción podría
trazarse junto a la N-332 y la CV-95 entre la EDAR y el emplazamiento que
proponemos para la desaladora junto a la salida a Torrevieja de la autopista
de peaje Alicante-Cartagena, pudiendo discurrir a continuación junto al
trazado de la autopista hasta llegar a la zona de Huerta Tradicional a la
altura del cruce de la autopista con el cauce del río Segura. En ningún caso
esa conducción debiera de invadir la zona periférica de protección del
Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.
En otra de las alegaciones mostramos nuestra oposición a que el agua
desalada en la planta pueda alimentar nuevos procesos de ocupación
urbanística en la ya castigada franja litoral del sur de Alicante en los
términos de Orihuela, San Miguel de Salinas, Almoradí, Los Montesinos,
Rojales, Guardamar o Torrevieja. Consideramos que el uso predominante del
agua desalada ha de ser el uso agrícola, no debiéndose permitir que los
usuarios agrícolas vendan sus derechos sobre el agua desalada para
destinarla a usos urbanos o a campos de golf. Sólo en casos excepcionales
debiera de permitirse el destino del agua desalada para abastecimientos
urbanos, como en el caso de sequías que impidan el normal abastecimiento de
agua potable a las poblaciones del entorno de la planta desaladora por
parte de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
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“Ecologistas en Acción de Cádiz”
13/10/2005
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CALIFICA DE SALVAJADA EL DESVÍO Y HORMIGONADO DEL
GUADALETE EN GRAZALEMA
Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, y las Consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente, las
obras que se están realizando en el río Guadalete a su paso por la localidad
de Grazalema, al parecer promovidas por el propio Ayuntamiento, por estar
afectando gravemente al río y a sus riberas. En concreto, en el mismo casco
urbano se ha procedido a desviar el cauce del río, que ha quedado convertido
en un canal de rocas y hormigón.
Ecologistas en Acción alegó el pasado mes de febrero contra este proyecto
que salió a información pública bajo el eufemismo de “Adecuación y
recuperación ambiental del Dominio Público Hidráulico del río Guadalete a su
paso por Grazalema”. En nuestras alegaciones, que lamentablemente no han
sido aceptadas, considerábamos una aberración este proyecto. También
advertíamos que esta actuación no sólo no reduciría el riesgo de inundación,
sino que lo agravaría.
De hecho, las obras realizadas han destruido ya el cauce natural del río y
la totalidad de la vegetación de sus riberas, sólo para permitir la
construcción de un bloque de viviendas, cuya planta, ya levantada, llega
hasta la que era la orilla del cauce natural del río. Las obras han
modificado el régimen hidráulico del río en ese tramo, ya que al eliminar
los bloques de rocas del cauce e incrementar la pendiente, provocará un
aumento de la velocidad y turbulencia de las aguas, incrementando la
torrencialidad y creando un riesgo de desbordamiento antes inexistente,
riesgo que aumenta aún más si se tiene en cuenta que las viviendas se están
construyendo a una cota menor que el cauce canalizado del río, del que lo
separa un muro de obra.
Esta obra se ha realizado sobre una zona que, además de la protección propia
del dominio público hidráulico, está clasificada por el actual PGMO,
aprobado el pasado mes de diciembre, como Sistema General de Espacios
Libres, gozando por tanto de la máxima protección. El desvío y hormigonado
del río vulnera también el actual Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Sierra de Grazalema, que en su art. 2.1.1.f prohíbe “La realización
de actuaciones constructivas que atenten contra la conservación y/o
funcionalidad de los espacios del dominio público, en particular de las vías
pecuarias y riberas de ríos y embalses”. No deja de extrañar la pasividad de
las administraciones con esta barbaridad, sobre todo de la Consejería de
Medio Ambiente que, a pesar de que los ríos están estrictamente protegidos
en el parque natural, y de que la obra es muy llamativa, no ha hecho nada
por paralizarla.
Ecologistas en Acción ha solicitado la paralización inmediata de las obras,
la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores contra los
responsables de este despropósito, y la exigencia de la restitución del río
y sus riberas a su estado original, restaurando el daño causado.
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“Plataforma Toledo Aire Limpio”
12 de octubre de 2005.
LA PLATAFORMA TOLEDO AIRE LIMPIO INFORMA A LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS DE MADRID SOBRE LOS PROYECTOS DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS EN LAS
FABRICAS DE CEMENTO DE LA SAGRA Y SUS GRAVES AFECCIONES PARA EL MEDIO
AMBIENTE Y LA SALUD DE LOS CIUDADANOS
La Plataforma Toledo Aire Limpio ha sido recibida por el Presidente de la
Comisión de Medio Ambiente de la Federación de Municipios y Provincias de
Madrid, quién se ha mostrado interesado por conocer los pormenores de estos
proyectos de incineración, cuyos negativos efectos contaminantes afectarán
por igual al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos de las
poblaciones cercanas, ya sean del norte de Toledo como del Sur de Madrid,
pues el aire y la contaminación no conocen límites administrativos en su
expansión.
Desde la Plataforma Toledo Aire Limpio, hemos emprendido una campaña
informativa ante las instituciones de la Comunidad de Madrid, ya que desde
la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha no se ha informado ni
a esa Comunidad ni a los Ayuntamientos vecinos Madrid, a pesar de que sus
ciudadanos sufrirán igualmente los efectos de la contaminación producida por
la incineración de residuos en las Fábricas de Cementos de Yeles, Yepes y
Villaluenga.
Toledo Aire Limpio, valora de forma positiva el interés y la preocupación
mostrada por la FEMP de Madrid al recibir a nuestra Plataforma, y muestra su
extrañeza por no haber recibido el mismo trato todavía por la parte de la
FEMP de Castilla-La Mancha, entidad a la que también nos hemos dirigido y de
la que no hemos obtenido respuesta alguna, a pesar de que los proyectos
contaminantes de incineración están ubicados en poblaciones de Toledo.
La Plataforma Toledo Aire Limpio continuará con su campaña informativa tanto
a la población como a las instituciones afectadas, en la lucha hasta
conseguir parar estos proyectos de incineración de residuos en fábricas de
cemento y por EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A RESPIRAR AIRE LIMPIO.
Integran la Plataforma Toledo Aire Limpio: Plataforma ciudadana
Anti-incineración de residuos de Yepes Asociación de vecinos Al Sagra de
Illescas, Asociación de vecinos Esquivias Progreso de Esquivias ,
Asociación de Vecinos de Villaluenga de la Sagra, Ecologistas en Acción de
Toledo, Greenpeace, CNT de Aranjuez, Izquierda Unida, Asociación de vecinos
de Yeles, Colectivo de ciudadanos del Barrio de La Estación de Yeles,
Asociación de vecinos de Seseña,, Asociación Valle Grande de Seseña, Foro
Ambiental de la provincia de Toledo.
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EL PAÍS – País Vasco
13-10-2005
La UE reclama más datos del proyecto del parque eólico de Ordunte
A. URIONA - Bilbao
La Unión Europea ha pedido más información sobre la afección medioambiental
del parque eólico de Ordunte. Bruselas investiga este proyecto desde junio
de 2004, cuando la asociación Karrantza Naturala presentó una denuncia al
considerar que se vulneraban varias directivas comunitarias sobre la
protección de la fauna y la flora.
La Dirección de Medio Ambiente de la UE ha solicitado a las autoridades
españolas, que a su vez tramitarán la petición ante el Gobierno vasco, que
se facilite todo el proyecto y especialmente la afección del área donde se
quiere instalar el parque a los llamados Lugares de Interés Comunitario
(LIC). El monte de Ordunte, en el límite de Vizcaya y Burgos, está declarado
desde diciembre de 2004 como zona LIC, abarcando un área superior a la
prevista para la instalación de los aerogeneradores.
Un portavoz de Karrantza Naturala aseguró que el Gobierno gallego ha
anunciado recientemente que revisará las concesiones administrativas de los
proyectos de parques eólicos ubicados en zonas LIC. Agregó que realizarán el
mismo planteamiento a las consejerías vascas de Industria y Medio Ambiente.
Este colectivo se reunirá el 26 de octubre con el viceconsejero de Medio
Ambiente, Ibon Galarraga, a quien pedirá la paralización del proyecto hasta
que la Unión Europea decida si cumple o no las directivas comunitarias.
Karrantza Naturala, que junto a otros 33 grupos que han conformado una
plataforma contraria al parque, ha convocado una manifestación para el
sábado para evitar el inicio de las obras.
Los promotores de la manifestación pretenden demostrar al Ayuntamiento y al
Gobierno vasco la "aberración medioambiental y desastre ecológico, económico
y social" de instalar un parque eólico de estas características, "el mayor
de la comunidad autónoma vasca al contar con 52 aerogeneradores". La
plataforma advierte de que la instalación obliga a la construcción de una
línea de alta tensión para evacuar la energía del parque "que cruzará la
mayor parte de los municipios de las Encartaciones, no respetando en varias
poblaciones las distancias mínimas de seguridad recomendadas por la UE".
El proyecto del parque de Ordunte, el quinto en Euskadi, se paralizó en
enero por la falta de informes de afección ambiental. Los promotores,
Eólicas de Euskadi, presentaron un nuevo plan en julio, ahora en fase de
alegaciones, que eliminaba 5 de los 57 molinos previstos y salvaba el monte
Zalama, la zona de mayor valor medioambiental.
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“Aquí Europa”
13 de octubre de 2005
España pide la exclusión de ciertos sectores industriales de la propuesta de
reglamento REACH
Minerva Blanco Serrano
Bruselas.- El ministro español de Industria, Turismo y Comercio, José
Montilla, solicitó este martes que sectores industriales como el del vidrio,
el refractario, los azulejos, las fritas cerámicas y el cemento queden
excluidos del ámbito de aplicación de la propuesta de reglamento para el
Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas
(REACH). La intervención del ministro se produjo en el marco de la reunión
de ministros de Competitividad que se celebró esta semana en Luxemburgo.
Según les ha explicado Montilla a sus homólogos europeos, 'se trata de
sectores cubiertos por otra legislación que considera aspectos relacionados
con la seguridad, la salud y el medio ambiente, para los que REACH no
aportaría ventajas adicionales en estos ámbitos'. La Presidencia británica
pretende que se llegue a un acuerdo sobre el texto en el próximo consejo de
Competitividad del 28 de noviembre.
Con este nuevo sistema en materia de sustancias y preparados químicos, la UE
pretende proporcionar un elevado nivel de protección de la salud humana y el
medio ambiente, tanto para la generación actual como para las venideras, y
al mismo tiempo garantizar un buen funcionamiento del mercado interior y la
competitividad de la industria química, alentando el desarrollo de
sustancias más seguras.
Con vistas a alcanzar un acuerdo final, los ministros de Competitividad de
la UE se han pronunciado sobre aquellas cuestiones identificadas como las
más relevantes en los tres primeros títulos del reglamento. En primer lugar,
sobre la exigencia de datos para las sustancias comprendidas entre 1 y 100
toneladas, que comprenden el grupo más numeroso de las 30.000 existentes que
se tendrían que registrar bajo REACH.
José Montilla ha señalado que apoya 'un enfoque selectivo' en función de la
peligrosidad de las sustancias químicas. Además, para que este enfoque
funcione y coincidiendo con la idea de la Comisión Europea, ha advertido de
la necesidad de que 'la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
realice un proceso electrónico de selección que identifique las sustancias
sobre las que deban presentar información adicional'. De esta forma, las
empresas dispondrían de un elemento de control y ayuda para la correcta
interpretación y aplicación de los criterios que se establezcan.
Por otra parte, los responsables europeos del ramo han debatido sobre la
reducción de los requisitos de información para las sustancias por encima de
las 10 toneladas. Según el ministro español, los requisitos que se exijan
'deben reducirse a los realmente necesarios para determinar sus efectos de
peligrosidad para la salud y el medio ambiente'.
Compartir los datos
En tercer lugar, los ministros de Competitividad han analizado si debería
ser obligatorio que las empresas que registran una misma sustancia compartan
y presenten conjuntamente todos los datos sobre ensayos, permitiendo que se
expresen diferencias de opinión. Al respecto, Montilla ha señalado que esta
propuesta conlleva importantes beneficios para las pequeñas y medianas
empresas (pymes), pero que puede presentar 'dificultades en algunos casos,
por lo que debería dejarse abierta la posibilidad de establecer excepciones,
debidamente justificadas por los interesados ante la Agencia'.
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Boletín WWF/Adena
Octubre 2005
Las 30 centrales térmicas más sucias
La tercera central eléctrica más contaminante en la UE es española
WWF/Adena presentó el informe <http://www.wwf.es/las30massucias.php> "Las
30 centrales mas contaminantes”, que analiza las centrales eléctricas de
Europa que emiten más CO2, principal gas causante del cambio climático.
Dentro de esta lista, figuran cuatro centrales españolas, una de
Hidrocantábrico y tres de Endesa. El estudio concluye que la de central de
Hidrocantábrico, situada en Aboño (Gijón), es la tercera que más CO2 emite
por Kw/h producido en la UE.
WWF/Adena ha analizado las emisiones absolutas de CO2 ¾en millones de
toneladas por año¾ de las centrales eléctricas de los 25 países de la UE y
ha clasificado a las 30 que más dióxido de carbono emiten de acuerdo con su
nivel de eficiencia o emisiones relativas (gramos de CO2 por kilovatio
hora). La gran mayoría de las treinta más contaminantes están ubicadas en
Alemania (9 centrales), Polonia (5 centrales), e Italia, España y Gran
Bretaña (con 4 plantas cada una). España destaca por ocupar el tercer lugar
en la lista, con su central eléctrica de Hidrocantábrico situada en Aboño
(Gijón) por sus emisiones de CO2 en relación con la electricidad producida.
Las otras tres que aparecen en esta clasificación son de Endesa y están
localizadas en As Pontes (A Coruña), Compostilla (León) y Litoral de Almería
(Almería).
Las emisiones de CO2 son la causa principal del cambio climático y de los
devastadores impactos del clima en las personas y la naturaleza.“El sector
eléctrico es responsable de la cuarta parte de las emisiones de nuestro
país, debido en gran parte a las centrales eléctricas de carbón que son las
que más CO2 emiten por Kw/h producido. Para combatir el cambio climático
tenemos que reemplazarlas por alternativas más limpias, como son las
energías renovables”, comenta Mar Asunción, Responsable del Programa de
Cambio Climático de WWF/Adena.
El informe “Las 30 centrales mas contaminantes” muestra que tan sólo media
docena de grandes empresas son responsables de la mayoría de las centrales
eléctricas más emisoras de Europa. De hecho, 19 de las 30 centrales
analizadas están en manos de RWE (Alemania), Vattenfall (Suecia), Enel
(Italia), Endesa (España), EON (Alemania) y EDF (Francia).
En los próximos 20 años, se cerrarán muchas de las centrales europeas más
contaminantes- una oportunidad histórica para cortar las emisiones de CO2.
Los escenarios de reemplazo para las treinta centrales más contaminantes
muestran que un cambio a centrales muy eficientes de gas disminuiría las
emisiones de CO2 en un 47,8 % para 2030. Sin embargo, sustituirlas por
centrales nuevas de carbón tan sólo significaría una reducción de 13,5 %, en
ningún caso una reducción cercana a la necesaria. Asimismo, reemplazar
centrales antiguas por energías renovables significaría un descenso masivo
de las emisiones de CO2 de un 73,4%.
“El comercio de emisiones podría desempeñar un papel importante en la
reducción de emisiones del sector eléctrico europeo. WWF/Adena pide que se
limiten drásticamente los derechos de emisión que los gobiernos distribuirán
a las centrales eléctricas de carbón, y que se incentiven combustibles menos
intensivos en carbono y las inversiones en energía eólica, solar y mini
hidráulica”, comenta Mar Asunción.
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“ <http://www.fundacionentorno.org/> Fundación Entorno”
13 de octubre de 2005
Madrid acoge el próximo martes un seminario sobre la integración de la
energía eólica en el sistema eléctrico
La Asociación Multidisciplinar de Profesionales de Medioambiente (APROMA)
celebra el próximo martes, día 20, el V Seminario de Energías Renovables de
su ciclo Energía y Medio Ambiente, que en esta ocasión está centrado en 'La
integración de la energía eólica en el sistema eléctrico'. El objetivo de la
jornada es dar una visión del estado actual del aprovechamiento de la
energía eólica para la producción de electricidad, con especial hincapié en
el panorama nacional, tanto en instalaciones como en el desarrollo de la
industria nacional y analizar las perspectivas futuras sobre la aportación
que esta fuente limpia y renovable puede realizar dentro de la estructura
energética mundial.
Según informa la asociación, existen diversas fuentes de energías
renovables, que pueden desempeñar un papel para garantizar la seguridad y la
diversidad de abastecimiento de energía de una forma respetuosa con el medio
ambiente. La energía eólica ha realizado en los últimos años un desarrollo
espectacular, que aporta una brisa de esperanza dentro del sector de la
generación eléctrica.
La jornada será inaugurada por Concepción Moreno Alonso, directora de
Programas Docentes de EOI y Luis Cordero Garrido, presidente de APROMA. En
el transcurso de la misma intervendrán Félix Avia Aranda y Enrique Soria
Lascorz, investigadores del CIEMAT, quienes expondrán el panorama actual de
la energía eólica y la situación de la industria nacional en el sector. A
continuación, Alberto Ceña Lázaro, de la AEE, hará una presentación sobre el
mercado nacional de la energía eólica y Victor Olmos, del IDAE, realizará un
análisis económico de un parque eólico.
La jornada se clausurará con una mesa redonda sobre las "Perspectivas
futuras en la utilización de la energía eólica. Identificación de posibles
barreras", en la que intervendrán Enrique Soria, Alberto Ceña, Víctor Olmo y
Félix Avia, moderados por Benigno Sánchez (APROMA).
La jornada está dirigida a estudiantes, diplomados y licenciados de
disciplinas científicas y técnicas, profesionales del sector y cualquier
persona con interés y sensibilidad hacia la energía eólica como fuente de
energía renovable.
<http://www.fundacionentorno.org/download.asp?docid=10270&attachdoc=4547>
Consultar el programa de la jornada
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Sitio desnuclearizado, campaña de Ecologistas en Acción
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NO A LA GUERRA: El Partido Comunista de España condena el ataque de la Federación Rusa a Ucrania-
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