Sección: El Problema EspañolTítulo: Ante una coyuntura marcada por la ofensiva de la derecha - Comunicado de CR de Alicante- Enlace 1 Texto del artículo:
No se puede combatir a la derecha sin hacer frente a las medidas antipopulares del Gobierno
A casi dos años de la constitución del Gobierno Zapatero nos hallamos en una situación de reflujo de la movilización social y política de los trabajadores y la juventud. Es la burguesía quien actualmente lleva la iniciativa en lo económico y social, cercenando las conquistas obreras en las empresas y marcando la política económica y social del Gobierno. Y en lo político, es también la derecha la que marca la agenda y condiciona las leyes y las medidas del Gobierno.
El Gobierno de Zapatero navega sin mas oposición que la derecha, que una y otra vez le aprieta las clavijas.
La verdad es que los trabajadores no se fían de este Gobierno y, sin embargo, lo ven al mismo tiempo como un dique de contención frente a los energúmenos de la derecha. Está todavía viva la imagen de cuando Aznar era Presidente del Gobierno de la guerra y el chapapote, y se teme el retorno de alguien como él. Cada vez que Rajoy, Acebes o los obispos abren la boca, parecen iluminar la aureola de Zapatero. Esta percepción general se refuerza debido a que los grandes aparatos sindicales y la izquierda institucional hacen piña con el Gobierno y apoyan incondicionalmente cada una de sus medidas.
La ofensiva política de la derecha
El PP, heredero político del franquismo, nunca aceptó la humillante derrota electoral que el 14-M de 2004 lo apeó del gobierno, al calor de las multitudinarias marchas contra la guerra y tras dos años de grandes movilizaciones.
Convencida de la debilidad del nuevo Gobierno del PSOE y amparándose en los aparatos de Estado y en la polarización social existente, la derecha decidió apretar las tuercas al Gobierno. Los pretextos son múltiples: los “papeles de Salamanca”, el terrorismo, los matrimonios gay, la LOE y, con especial virulencia, el proceso de reforma del Estatuto catalán.
Han movilizado a sus ayuntamientos, autonomías y medios de comunicación. Han sacado a la calle a su base social. Han promovido el “ruido de sables” y dado cobertura a las amenazas pro-golpistas del teniente general Mena. Han utilizado el aparato judicial, con el juez Hernando y la Audiencia Nacional como puntas de lanza y hoy hacen campaña alrededor del siniestro fiscal Fungairiño. Han coordinado esfuerzos con los obispos para movilizar masivamente a los sectores más reaccionarios, en defensa de los intereses económicos y del aparato de control ideológico de la Iglesia. La actual campaña de firmas lanzada por el PP refleja el empeño por mantener movilizadas a la base social que le sustenta “en defensa de la unidad de España”
Esta virulenta ofensiva ha puesto en evidencia que el núcleo de los aparatos militar y judicial --pilares últimos de la actual “democracia monárquica”-- es la continuidad de aquellos aparatos franquistas que la Transición dejó intactos. Y lo mismo puede decirse del núcleo duro de la jerarquía eclesiástica. El descarado papel de todos ellos en la campaña derechista muestra su incompatibilidad profunda con las libertades democráticas y anuncia para el futuro choques inevitables con la lucha popular.
El españolismo como bandera
Tomando como bandera el discurso “patriótico”, el PP ha buscado –y busca- provocar a cualquier precio una crisis político-institucional en torno al Estatuto catalán. Una crisis que sirva para hacer descarrilar al gobierno Zapatero, bien forzando nuevas elecciones o bien desestabilizando al PSOE en beneficio de su ala más “patriótica”, personificada en Bono. La apertura de eventuales conversaciones con ETA o Batasuna será, sin duda, motivo para lanzar otra virulenta campaña antigubernamental.
Sin embargo, hay que ser consciente de que el PP no pretende, en las actuales circunstancias históricas, promover un golpe militar para “poner orden” y “garantizar la sagrada unidad de España”. Como tampoco es favorable a impulsar un movimiento de carácter fascista, en el sentido propio del término, aunque no tenga reparos en dar cobijo a la extrema derecha. En el PP saben que un golpe militar hoy no es necesario ni deseable para la burguesía y que actualmente el mejor régimen para ésta sigue siendo la actual Monarquía parlamentaria. Un golpe militar ahora provocaría justo lo que quieren evitar: una fuerte reacción popular y la apertura de una gravísima crisis del régimen monárquico.
Pero la derecha está jugando con fuego al extremar la crispación política. Esta crispación, de momento, se desarrolla sobre todo en las alturas y no se corresponde actualmente con lo que, en su conjunto, vive la sociedad. Esto es así, entre otras cosas, porque la situación económica (sustentada en la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento masivo) se aguanta, aportando beneficios record a la burguesía y una situación holgada para las clases medias.
Sectores de la burguesía se muestran, sin embargo, preocupados ante los riesgos de radicalización política y social que puede acarrear la actual política del PP. Esto es lo que refleja el “caso Piqué”, que vio con buenos ojos el pacto Zapatero-Mas sobre el Estatut y que, al poco, fue públicamente desautorizado por la dirección central del PP.
El Gobierno Zapatero: concesión tras concesión a la derecha
La reacción del Gobierno Zapatero ante la ofensiva del PP ha sido --y sigue siendo—la de ceder la calle a la derecha, frenar e impedir la respuesta popular a sus desmanes y hacerle concesión tras concesión. El caso más reciente, el de los “papeles” de Salamanca, es bien ilustrativo: han trasladado los “papeles” con nocturnidad y de manera vergonzante. Ante el chantaje militar del teniente general Mena, el Gobierno, en lugar de aprovechar para desarticular la extrema derecha militar, reaccionó con un castigo ridículo y repitiendo una y otra vez, contra toda evidencia, que era un caso aislado. Cuando los jueces reaccionarios dictan resoluciones descaradamente favorables a la derecha, el Gobierno no depura el aparato judicial ni disuelve ese Tribunal de Orden Público camuflado que es la Audiencia Nacional. Por el contrario, se limita a “respetar” la voluntad judicial.
Cuando, a cuenta de la LOE, la derecha y la Conferencia episcopal salieron a la calle en defensa de los inaceptables privilegios de la Iglesia católica, el Gobierno no sólo se negó a movilizar al pueblo, sino que incorporó a la ley todas las grandes reivindicaciones de la patronal católica y prometió seguir financiando a la Iglesia con los fondos públicos.
Mención especial merece la cuestión catalana. El acuerdo Zapatero-Mas muestra los estrechos límites hasta donde puede llegar la burguesía española y las reales aspiraciones de la burguesía catalana. El Pacto Zapatero-Mas es una nueva versión del viejo Estatut, con alguna nueva competencia, compartida con Madrid. Es la continuidad de la negativa a reconocer a Cataluña como nación y, más aún, a reconocer su derecho a la autodeterminación. Es, finalmente, una promesa de rebajar el déficit fiscal catalán.
El acuerdo es, en realidad, un pacto para “reacomodar” a la burguesía catalana en el capitalismo español. Por eso Zapatero ha pactado directamente con el representante más genuino de la burguesía catalana, Artur Mas, humillando al Tripartito y a sus “aliados preferentes” de ERC, a los que ha exigido su adhesión al acuerdo. El precio, sin embargo, es que el nuevo Estatuto, que según Zapatero había de resolver el problema catalán para decenios, se convierte en un nuevo apaño.
Los límites del pacto Zapatero-Mas muestran también las grandes dificultades a las que se va a enfrentar el Gobierno para encarrilar el problema vasco, a pesar de la voluntad conciliadora de su burguesía, representada por el PNV, y de la necesidad de la Izquierda abertzale de dar una salida al acuciante problema de los presos y refugiados.
Gobiernan para la patronal
El Gobierno Zapatero y sus defensores hablan de “patriotismo social”, pero su política económica es lo opuesto. El Gobierno mantiene el mismo esquema de acumulación capitalista que aplicó el Gobierno Aznar y con el que vienen amasando fortunas en las últimas décadas, constructoras, banqueros y multinacionales. También utiliza la coartada de que sube el Salario Mínimo (cosa que hace muy por detrás de lo necesario), para defender en los hechos una política sistemática de contención salarial, comenzando por la administración pública, mientras la inflación devora los salarios obreros.
Ha comenzado el año a “tarifazo” limpio, subiendo sin recato las tarifas de los servicios públicos (electricidad, gas, transporte...), en beneficio de las grandes empresas monopolistas. Dice que ha regularizado a los trabajadores inmigrantes, pero lejos de las cifras anunciada, la penosa y falsa regularización no superó los 500.000 trabajadores inmigrantes, lo que deja a más de un millón sin legalizar, como mano de obra semiesclava que empuja a la baja de las condiciones generales de trabajo.
El Gobierno, mientras agita la bandera de la lucha contra la precariedad, está promoviendo una reforma laboral que en realidad la profundiza, abaratando los despidos, ampliando el campo de las ETTs y reduciendo las aportaciones patronales a la Seguridad Social. Envolviéndose en la bandera de las subidas de las pensiones mínimas (muy lejanas de las necesidades básicas de los jubilados), prepara una nueva reforma destinada a recortar las pensiones futuras, alargar la edad de jubilación y favorecer los planes privados de pensiones. Diciendo que quiere favorecer a las rentas de los trabajadores, la reforma fiscal que anuncia Solbes no es sino la continuidad de las de Aznar: los principales beneficiarios serán las rentas más altas (que bajarían del 45% al 43%), las rentas de capital (que tributarían a un tipo fijo del 18%) y las empresas, cuyos beneficios pasarían de tributar el 35% al 30% (25% las pymes).
La última novedad es la llamada Ley de dependencia, que Zapatero y los dirigentes de CCOO y UGT presentan como la mayor conquista social en décadas, La Ley ilustra bien el carácter del Gobierno y de sus políticas. Aprovechando el actual superávit presupuestario, han decidido aumentar el gasto en estos servicios sociales, pero al precio de entregarlos masivamente al capital privado y de precarizar al extremo el empleo en el sector. La imperiosa necesidad de atender a las personas dependientes se convierte así en un inmenso negocio capitalista.
La burocracia sindical y la izquierda institucional hacen bloque con la política de derechas del Gobierno
El gobierno ha llevado y lleva adelante todos estos planes vistiéndolos de demagogia social y a pequeñas dosis. Pero, sobre todo, cubriéndose con el apoyo expreso de la izquierda política institucional (IU-IC, ERC y BNG) y de los aparatos sindicales de CCOO y UGT, que han formado con el PSOE un verdadero bloque de gobierno. El pacto Zapatero-Mas, ha mostrado el papel de comparsas de ERC e ICV, pero este hecho, lejos de eximirlos de sus responsabilidades, los deja más en evidencia.
La continuidad en la política social con el anterior Gobierno se muestra en las deslocalizaciones de empresas, la generalización de las dobles escalas salariales y la precarización masiva de la juventud trabajadora y amplios sectores laborales, que han seguido crecido bajo el Gobierno Zapatero.
La última infamia contra el movimiento obrero ha sido el reciente despido de 660 trabajadores de SEAT, aprobados por el Gobierno tripartito catalán (socialistas, IC-EUiA y ERC), tras ser pactados por las burocracias de UGT y CCOO (que han participado en la confección de la lista de despedidos), sin consulta alguna a la plantilla. Ha sido un fuerte golpe en la mayor empresa industrial del país, un gravísimo precedente y una muestra acabada de la extrema degeneración de los aparatos sindicales de UGT y CCOO (y también, por desgracia, del grave retraso en la reconstrucción del sindicalismo de clase, que se ha evidenciado en una CGT que se ha mostrado incapaz de levantar una alternativa, cuando tenía las condiciones para hacerlo).
Si la política antiobrera de este Gobierno no es percibida con tanta claridad es porque el gradualismo preside todo el accionar de Zapatero, que quiere evitar así choques frontales con los trabajadores. Esta política gradualista sería inaplicable sin la colaboración cómplice de los aparatos políticos de la izquierda y de la burocracia sindical.
No se puede combatir a la derecha sin combatir las medidas del Gobierno
El Gobierno Zapatero, con estas políticas, favorece al capital y a la derecha, agrede a los que le dieron su voto, desmoviliza y desmoraliza a la clase trabajadora y a los pueblos.
A los trabajadores/as que aún confían en él o lo miran como dique de contención de la derecha, les decimos que este Gobierno, con sus políticas de derechas, en lugar de parar al PP, está preparando su retorno.
Compitiendo con el PP sobre quién es más patriota español o quién defiende mejor la unidad de la patria o las posesiones coloniales norteafricanas, Zapatero no le va a restar base al PP y sí, en cambio, perderá la propia en las nacionalidades y pueblos colonizados. Aplicando tarifazos, deslocalizaciones de empresas o precarización, no se va a garantizar el apoyo incondicional y perpetuo de la burguesía, pero sí el desconcierto y la desmoralización de la clase obrera, la juventud y los sectores más humildes.
Para parar a la reacción y evitar la vuelta de los Aznar y compañía, no hay mas garantías que repetir, multiplicado y mejorado, lo que hicimos para echarlos: la movilización social.
Llamamos a los trabajadores/as y a las organizaciones que hablan en su nombre y en el de la izquierda, a combatir de forma consecuente a los Rajoy y Acebes, a los Hernando y a los Mena.
Les llamamos a exigir del Gobierno medidas contra la reacción, tales como:
a) eliminar el artículo octavo de la Constitución que legaliza el golpismo,
b) depurar el ejército y limpiar de fascistas la judicatura, disolviendo ese TOP encubierto que es la Audiencia Nacional,
c) derogar la antidemocrática ley de partidos y acercar los presos vascos.
d) retirar la anunciada nueva reforma laboral y poner fin a las deslocalizaciones y cierres de empresas.
e) No dar ni un euro más a la Iglesia y a su negocio educativo
A la derecha y a la reacción no se le combate con talante. El Gobierno tiene la obligación de convocar a la movilización popular frente a las provocaciones del PP, y así se lo exigimos.
Los trabajadores y trabajadoras no debemos dejar pasar sin respuesta cada una de las medidas antiobreras y antidemocráticas del Gobierno e impulsar la movilización para obligarle a retirarlas.
Nosotros/as, que no hemos tenido, ni tenemos, la menor confianza en este Gobierno y no hemos comprometido nuestro apoyo político, vamos a seguir luchando, en forma paciente, por convencer a los trabajadores/as y a la juventud de que, para combatir a la derecha y a la patronal, la gran tarea hoy es organizar la oposición de izquierda al Gobierno.
Apoyar y alentar las luchas para organizar esa oposición de izquierdas
En este contexto general, Corriente Roja estará volcada a apoyar las luchas en curso, las grandes que puedan darse como recientemente en SEAT o las más humildes, como estos días la de los trabajadores/as de Cobra-Telemarketing.
Seguiremos concentrando los esfuerzos prácticos en la campaña contra la nueva reforma laboral, alentado la explicación entre los trabajadores y trabajadoras e impulsando los organismos y acciones unitarias, en continuidad con las que se desarrollan estos días. Vamos a ayudar así a dar pasos en la conformación de un movimiento sindical unitario, de clase y combativo, contra la patronal y la burocracia sindical.
Vamos a trabajar por potenciar entre los estudiantes la lucha contra la privatización de la Universidad y la degradación de la enseñanza pública
Estamos incondicionalmente del lado del pueblo vasco. Sosteniendo, a contracorriente, que la solución política y el fin de la violencia en Euskal Herria sólo serán posibles a través de la libre expresión de la voluntad de su pueblo, culminando en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de sus gentes y en la excarcelación de los presos y presas.
Frente a la infame reacción que el PP representa y al cinismo del Gobierno, que mantiene la ilegalización de Batasuna, explicaremos a los trabajadores y la juventud la necesidad de la negociación entre el gobierno y ETA acerca de su desarme, la excarcelación de los más de 700 presos, la vuelta de los exiliados y el cese de la represión del Estado. Apoyamos con la misma decisión el derecho democrático de Batasuna -y de las organizaciones de la Izquierda Abertzale- a que le sean restablecidos todos sus derechos políticos como fuerza representativa de un importante sector del pueblo vasco.
Corriente Roja seguirá alentando el movimiento unitario por la República. En este año cargado de fechas históricas, combatiremos el intento de diluir la creciente conciencia antimonárquica y por la República en actos nostálgicos. La batalla por la República no es para reivindicar una 3ª República como la 2ª . El avance de la lucha republicana en estos tres últimos años se ha producido porque se ha sabido señalar que la clave de bóveda de la persistencia de las estructuras de poder económico, social y militar que heredamos del franquismo, es la Monarquía. Las crecientes manifestaciones, que han tenido a la juventud como protagonista, cuestionan la legitimidad de la Constitución monárquica de 1978 y reclaman en la calle la III República y el Derecho de Autodeterminación. Se trata, pues, de poner manos a la obra en la preparación de las manifestaciones de Abril, la del 22 con carácter estatal y las del 14 en diversos lugares.
Febrero/2006
Corriente Roja de Alicante
Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 18/02/2006 - Modificar
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